Malas decisiones y ahora riesgo de ilegalidad respecto de un órgano del MERCOSUR

Autor: Lilia Puig
Los procesos de integración entre países han sido siempre difíciles. Aún el más exitoso y que incluye delegación de las soberanías de los estados miembros, el de la Unión Europea, exhibe hoy problemas de legitimidad que se reconocen en la historia de ese proceso. El Brexit es clara demostración de ello y las elecciones próximas no auguran buenas noticias.
En el caso latinoamericano el Mercosur aparece como el intento más exitoso. Su origen se remonta a la intención de los Presidentes Alfonsin y Sarney de poner punto final a la hipótesis bélica entre la Argentina y Brasil y cimentar la paz poniendo fin a la tradición nacionalista militarista que separaba nuestros pueblo y les negaba la posibilidad de una alianza estratégica para lograr el desarrollo y la inserción internacional coordinada en el nuevo escenario global en el que renacían las nuevas democracias del sur latinoamericano.
La visión estratégica de ambos estadistas garantizó la paz en la región y se inició una época de colaboración transfronteriza que llevó, entre otras decisiones de la sociedad civil, al aprendizaje del portugués y del español por amplios sectores de nuestras sociedades lo que permitió una comunicación fluida en las profesiones, el comercio, los negocios, las universidades. De la mano de una cooperación inteligente ambos países integraron equipos de investigación en materia nuclear, biotecnológica, nanotecnológica e informática. Y se desplegaron redes entre las universidades y centros de investigación y ciudades de ambos países. Ese marco amplio de relaciones sociales permitió que el acuerdo de Ouro Preto, fundador el MERCOSUR fuera tramitado sin obstáculos nacionalistas.
La intención de la construcción del Mercosur era para el Presidente Alfonsin claramente política: tenía que ver con la democracia, la paz en la región y el desarrollo.
Sin embargo, los gobierno que siguieron al iniciado en 1983 cambiaron el enfoque. Ello llevo a que el 9 de mayo de 2005 al celebrarse los 20 años de los acuerdos de Iguazú el ex presidente Raul Alfonsín sostuviera:
“..el proceso de integración latinoamericano es un instrumento y un objetivo estratégico para fortalecer la democracia, afrontar el problema de la deuda y posibilitar la modernización productiva”. Alfonsin criticaba a quienes habían reemplazado la estrategia inicial del Mercosur que estaba basada en “el gradualismo, la prudencia y la convergencia política, tras el objetivo de la integración productiva, por una oportunista reducción del plazo inicial para su concreción, el olvido de las asimetrías de la economía real y la reducción del proceso a la esfera comercial”.
Este es el contexto en el que se viene desenvolviendo la política oficial de la argentina respecto del MERCOSUR y sus órganos. Hasta ahora esta se caracteriza por cierta ambigüedad en el plano de las relaciones económicas donde por un lado, se empuja los acuerdos Unión Europea Mercosur, pero por otro lado se habla de “flexibilización de las normas del MERCOSUR” sin demasiada claridad y en el marco del silencio frente a la venta de trigo que Brasil realizara a Estados Unidos violando la normativa del bloque. Por otro lado, se impulsa el reemplazo de UNASUR creando una nueva entidad PROSUR donde se destaca la ausencia de Uruguay. País con el cual tampoco se tiene una política común respecto de la situación venezolana. Pareciera que se profundiza la perspectiva económico comercial del MERCOSUR sobre la visión política de la integración que en tiempos del Presidente Alfonsin que permitió a la Argentina liderar los procesos de integración del Grupo de Apoyo a Contadora y el Consenso de Cartagena.
El gobierno se ha empeñado en una especial descalificación y negación del Parlamento del Mercosur. El Parlamento es un órgano creado por un Protocolo que recibió el apoyo unánime del Congreso Argentino y que lo incorporó a su ordenamiento jurídico y político. El Parlamento del MERCOSUR es el órgano que reemplaza a la Comision Legislativa Conjunta que a regañadientes se incluyera en el último artículo del protocolo de creación de la organización del MERCOSUR y que desde los inicios ha tenido que lidiar con el conflicto de intereses que se generan entre las cancillerías y los congresos, entre las perspectivas tecno-burocráticas y las políticas.
Una mirada al Protocolo fundacional deja en claro que el Parlamento tiene una finalidad suprema que no tiene ningún otro órgano del MERCOSUR, cual es velar por la democracia, la paz en la región, la vigencia de los derechos humanos, la ampliación de la integración, la participación ciudadana, y el desarrollo. La representación de los pueblos que se adjudica al Parlamento busca que la integración escape a la única mirada interesada de los gobiernos de los países miembros, que se expresan a través de las burocracias de las cancillerías, y que se pueda escapar al control gubernamental de los congresos cuando los ejecutivos los dominan. Sin embargo, la normativa contempla los vínculos institucionales de los Congresos y el Parlamento a fin de facilitar la armonización legislativa. El congreso de Brasil cuenta con una normativa interna que jerarquiza su representación y el tratamiento de las decisiones del órgano regional. El Parlamento del Mercosur es una organización en transición hacia una completa representación popular aspirándose a su integración total por la vía de la elección directa de la ciudadanía.
La Argentina sancionó en 2015 la ley que habilitó la elección directa de los representantes. La ley se resolvió cumpliendo con las exigencias de la mayoría especial que establece la Constitución Nacional para la legislación electoral. No contó con el apoyo de todos los partidos políticos que integraron la coalición oficialista. No obstante, se conformaron las listas nacionales y provinciales y se concurrió a las elecciones de 2015 sin realizar declaración pública alguna respecto de este órgano o su representación.
Sin embargo, a partir de la elección se fueron sucediendo hechos que demostraron la falta de interés del Poder Ejecutivo en el Parlamento del Mercosur y de su objetivo de desconocimiento del mismo apoyado en una creencia negativa a la existencia de un MERCOSUR que trascendiera las relaciones de mercado.
Así desde 2016 se eliminaron las oficinas que vinculaban al Congreso Argentino y ese órgano, razón por la cual ni los miembros de la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados tienen relación alguna con el Parlamento. Todos los otros congresos de la región tienen vínculos con el Parlamento del Mercosur a través de una oficina exigida por el protocolo fundacional. A ello se sumó la decisión de no hacerse cargo de las exigencias legales respecto de la remuneración de los representantes y de optar porque los parlamentarios realizaran acciones judiciales para forzar el cumplimiento de la ley. La Cámara Nacional Electoral intimó al Congreso de la Nación para que presupuestara los ingresos de los parlamentarios y que se pusieran a disposición del Parlamento del MERCOSUR para los pagos correspondientes, sin lograr que ello se cumpliera. Paralelamente, la Jefatura de Gabinete, temerosa del incumplimiento del Protocolo que sanciona a los gobiernos que impiden la asistencia de los parlamentarios a las sesiones, organizó un mecanismo de pagos de viáticos similares a los de los funcionarios de la administración pública y de los pasajes para las sesiones plenarias que se realizan ininterrumpidamente desde diciembre de 2015 todos los meses durante el período ordinario. Sostengo que estas decisiones han sido malas y caras y que se han regido por una perspectiva ideológica que niega el valor de la representación política parlamentaria bajo una lógica decisionista. Si el Poder Ejecutivo no esta de acuerdo con la existencia del Parlamento del Mercosur debió enviar al Congreso una propuesta de denuncia del Protocolo. Si se consideraba que la dieta contemplada en la legislación era excesiva por ser igual a la de un diputado nacional debió haber promovido un acuerdo político en el Congreso y reducir el monto y no pagar viáticos ni pasajes. Además debió promover la remoción de algunas incompatibilidades de forma tal de permitir el trabajo en organismos públicos por parte de los parlamentarios. Estas malas decisiones le van a costar dinero a los contribuyentes si los parlamentarios que los han iniciado ganan los juicios. Costo que hoy el gobierno achaca a la elección directa y que en realidad lo ha generado una mala política.
A estas malas decisiones que han ido acompañadas de acoso mediático contra casi todos los parlamentarios se ha sumado ahora otra que puede hacer caer al gobierno en la ilegalidad.
La Cancillería Argentina, aprovechando la presidencia pro tempore de la Argentina, ha impulsado una declaración de los cancilleres del Mercosur buscando suspender la elección directa de los parlamentarios del MERCOSUR. Debe destacarse que sólo Paraguay que eligió representantes el año pasado y Argentina que debe hacerlo este año, tienen elecciones directas. Esa declaración pretende ser presentada como una norma del Mercosur y, además, se busca con ella suspender la elección de los parlamentarios argentinos. La lectura pormenorizada de la declaración nos muestra un conjunto de problemas para la pretensión de validez de la declaración, a saber.1) Las declaraciones de los cancilleres no son una norma MERCOSUR ya que el Consejo del Mercado Común se expresa a través de decisiones. 2) se fundamenta la declaración de los Cancilleres en un Protocolo adicional que no ha sido todavía aprobado por los Congresos de los países miembros y cuya validez depende del paso de 30 días posteriores a la entrega de los mismos a la Cancillería de Paraguay. 3) se sostiene la suspensión de las elecciones de nuestros países en la falta de simultaneidad de la convocatoria a elecciones de los países desconociendo que se han realizado tres elecciones en Paraguay y una en la Argentina sin reacción alguna en contra por el Consejo del Mercosur. Lo que torna el argumento en una falacia. 4) Se busca escapar a la legislación del MERCOSUR apelando al tratado de Viena que en uno de sus artículos permite la denuncia de tratados entre los estados siendo que el propio tratado de Viena considera la aplicación del mismo cuando no existan normas propias de una organización internacional. Obviamente, este no es el caso ya que el MERCOSUR tiene su propia normativa. Y esta es la que se está incumpliendo. El tratado de Viena es supletorio y no puede ser invocado para pasar por alto las obligaciones que emergen del propio organismo.
La declaración de los Cancilleres no debería ser utilizada para ningún acto destinado a la suspensión de la convocatoria a elecciones de parlamentarios del MERCOSUR en la Argentina. La Cámara Nacional Electoral ya las ha convocado en el pasado mes de febrero y hacerlo implicaría violar la constitución que no sólo establece mayorías especiales para modificar tratados de integración como es el caso del Parlamento del MERCOSUR sino también impide que el Poder Ejecutivo tenga potestades legislativas sobre cuestiones electorales. Estas, a su vez, requieren también de mayorías especiales cuando son tratadas en el congreso.
El Parlamento del MERCOSUR está estigmatizado por quienes reniegan de la orientación política de los presidentes que lo iniciaron y se le niega valor apelando a los mismos argumentos que usaban los que en épocas de crisis política y tutela militar se la negaban a los congresos. Fundamentalmente, se apela a los sentimientos antipolítica que existen en cualquier sociedad compleja y se argumenta en contra fundándose en dos cuestiones: el costo de la representación y que no legisla. Lamentablemente, esta visión ideológica ha impedido una conversación seria sobre el mejoramiento de ese Parlamento que tendría que tener una agenda de integración y para ello se ha aprobado una recomendación de Convergencia Legislativa, impulsada Maria Luisa Storani y los parlamentarios radicales que es desconocida para quienes niegan la dimensión política del MERCOSUR.
Impulsar la suspensión de la elección directa de los parlamentarios en los países en los que existe en vez de extender el plazo para los países que no existe es no entender la propuesta del Presidente Alfonsin sobre la necesidad del gradualismo en el proceso de integración y quedar involucrado en una perspectiva que niega el valor de la representación política y el carácter progresivo del derecho.