En la tarde del sábado 25 de agosto, un conjunto de intelectuales, docentes, militantes, investigadores y referentes de la cultura y la educación de distintas zonas del país –CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén, entre otras–, se reunieron en la Librería Caburé de la Ciudad de Buenos Aires, para presentar una declaración sobre la coyuntura cuyo título es “Crisis democrática en Argentina”. Durante la presentación se discutieron los puntos más salientes del texto que se empezará a difundir esta misma semana y que pueden leer como anticipo en esta edición.
Uno de los objetivos centrales del encuentro que produjo su primera síntesis en esta declaración es el de promover un espacio de intercambio intelectual y articulación federal que haga lugar a las particularidades de los conflictos, luchas y problemáticas que se despliegan actualmente en todas las provincias del país, y a los diversos posicionamientos que se van configurando a la hora de denunciar y enfrentar “el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri”. En uno de los tramos, el documento denuncia “el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados”. El otro objetivo, tan fundamental como aquel, remite a encontrar las mejores formas de enunciar y trabajar para “profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías”, tal como sostienen lxs firmantes del texto.
La economía está en crisis, la salud está en crisis, la educación está en crisis, el trabajo está en crisis, la democracia está en crisis. Como trabajadoras y trabajadores de la educación y la cultura observamos con preocupación y alarma esta situación y la utilización de resortes estatales para atacar conquistas y derechos democráticos elementales, así como el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri.
El ajuste dictado por el FMI y el capital financiero no ha hecho más que acentuar una tendencia generalizada (que ya se había preanunciado en medidas como la reducción de jubilaciones a través de la reforma previsional votada por el Congreso Nacional en el pasado diciembre, mientras se desplegaba un violento operativo represivo sobre quienes se manifestaban), arrastrando a vastas capas de la sociedad a una situación en la que el empobrecimiento general amenaza aún más la precaria paz social. Esa tendencia que condujo a la crisis, es preciso subrayar, no es obvia ni natural, sino que es producto de las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno. Se extiende así la certeza de que el macrismo y todo lo que él expresa carece de Patria, o de alguna noción cierta de bien común que vaya más allá del enriquecimiento de una minoría favorecida. Sólo eso explica la liviandad con la que llevaron al país a una situación de altísima vulnerabilidad económica, cuando es más que sabido que las élites de las principales potencias del mundo –que ellos admiran– exigen estas políticas para los países periféricos, pero las evitan en sus propios Estados.
Es en estas condiciones que Macri ha decidido no tomar medidas contra la crisis, sino contra la oposición. Optando siempre por la fuerza y el chantaje contra la razón y la sensibilidad, haciendo de la provocación una política, y en alianza con las fuerzas más oscuras de los poderes mediáticos y judiciales, Cambiemos opera para encerrar dirigentes sociales y políticos e intervenir partidos opositores, al tiempo que multa sindicatos y persigue manifestaciones disidentes con una saña y una belicosidad que no se habían visto desde la recuperación democrática en 1983. Este uso de la sanción judicial puede generar un punto de no retorno en la democracia argentina. Si esta máquina punitiva triunfa, le dará forma a una herramienta política “legal” de supresión y domesticación de la oposición que disolverá los principios básicos de la independencia de poderes y la construcción plural de la sociedad. Una democracia no puede durar con este tipo de herramientas políticas. El gobierno que las crea se verá pronto obligado a defender su monopolio, inventando otros atajos y mecanismos institucionales que pondrán en serio riesgo la vida democrática. Ese es el peligro que abre la construcción mediático-judicial del linchamiento de toda práctica social, cultural y política que no responda a los mandatos gubernamentales. Peligro que se incrementa con el decreto que autoriza a las FF.AA. a volver a ocuparse de asuntos de seguridad interior y le da un carácter aún más siniestro a aquella belicosidad, en tanto lesiona acuerdos mínimos de la convivencia legal que tan trabajosamente se construyeron durante los primeros años de la posdictadura.
En este sentido, enumerar algunos de los hitos de la progresiva degradación del Estado de Derecho a la que asistimos en los últimos dos años y medio es inevitable: desde la prisión ilegal de Milagro Sala y todas las vejaciones que aún sufre, pasando por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, los casos de gatillo fácil que se repiten a la vez que se consagra la doctrina Chocobar, la represión a la protesta social que empieza a instalarse como paisaje “normal”, hasta el encarcelamiento injustificado y circense de referentes opositores, donde no sienta jurisprudencia el derecho sino la venganza. En esta larga y no exhaustiva serie, el último episodio es el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados. Tal como hicieron con Lula en Brasil y como quieren hacer con Correa en Ecuador, se agitan “causas de corrupción” que privilegian el impacto mediático sobre las pruebas y transgreden toda garantía procesal: así, la derecha y las clases dominantes se proponen dejar sin expresión electoral a millones de argentinos y argentinas, y a la vez disciplinar las disidencias más activas del colectivo social. Si Cristina Kirchner es impedida de participar en condiciones legítimas, democráticas y transparentes, Argentina se habrá convertido en lo que ya fue durante buena parte del siglo XX: una ex democracia con mayorías populares proscriptas.
Por eso no hay que engañarse: la persecución apunta a los líderes, pero también a las organizaciones y los ciudadanos. Las universidades e institutos de formación docente protestan por las condiciones de enseñanza y reciben recortes presupuestarios, avasallamiento institucional y amedrentamiento policial; un multitudinario movimiento feminista reclama por la legalización del aborto y su presentación amplia y transversal es denegada por los votos de un grupo de senadores y senadoras; los gremios piden paritarias y son multados con montos millonarios por el Ministerio de Trabajo; los sectores de la economía popular reclaman por los trabajadores desocupados y precarizados mientras no deja de subir la carestía de vida; los hospitales públicos carecen de insumos y de la cantidad de profesionales necesarios para la adecuada atención de la población; la ciencia argentina es rematada por falta del financiamiento prometido; las escuelas públicas son abandonadas y se derrumban, igual que los comercios y la producción industrial. Sólo crecen la inflación, los tarifazos, la desesperación del pueblo y la falsa moralina de las élites, que se sienten más allá de toda ley porque tienen decenas de jueces adictos y más allá de toda crisis porque acuñan sus ganancias en moneda extranjera, y que escriben el presente más oscuro porque aplican la mano dura de los medios concentrados.
Esto que describimos debería entenderse también como una advertencia. Desoír las protestas sociales, negarles incluso la mera existencia desde la alianza –estrecha como pocas veces– entre un gobierno y los grandes medios de comunicación; tratar como trasnochados o delincuentes a quienes nos oponemos a un modelo que condena a generaciones a un endeudamiento que ya es una nueva prisión; todo esto asegura más y más desgarramientos en nuestro país que, irremediablemente, se encamina a un proceso de encendidas luchas sociales y políticas. Lo que siembran hoy en su afán de venganza, tarde o temprano se volverá contra ellos.
Por eso llamamos a todos los actores con incidencia en la vida pública argentina a sostener la democracia en su más amplio sentido. La democracia es creación de libertades, de derechos y garantías individuales y colectivas –fundamentalmente– para la expresión del disenso y la manifestación de posicionamientos antagónicos, junto con el sostenimiento de condiciones equitativas de disputa electoral para todos y todas. Exigimos entonces el restablecimiento de las plenas funciones del Estado de Derecho y el fin de la persecución a opositores políticos y luchadores sociales. Es mucho lo que se pierde si gana el autoritarismo persecutorio, la estigmatización y el odio. Pero, además, responder a la crisis actual con ajuste, denegación del otro y violencias de todo tipo es ahondar las injusticias y ocultar las verdaderas causas de nuestros problemas. Entendemos que profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías es el único camino ante la crisis: esta es la enseñanza más convincente que nos ha dado la historia argentina.
Firman: Ábalo, Facundo / Andermann, Jens / Bacci, Claudia / Barba, Julia / Bernini, Emilio / Biset, Emmanuel / Bruzzone, Pablo / Cámara, Mario / Cano, Virginia / Capelli, Darío / Caramés, Diego / Casullo Amado, Mariana / Catanzaro, Gisela / Ciucci, Juan / Ciucci, María Rita / Cosoy, Irene / Cristófalo, Américo / D’Iorio, Gabriel / Dipaola Esteban / Echeverría, Carlos / Espeche, Ximena / Farías, Matías / Farrán, Roque / Fernández Mouján, Alejandro / Gainza, Mariana / García, Luis / García Laval, Francisco / Garrido, Juan / Guiñazú, Luciano / Giorgi, Gabriel / Glozman, Mara / Gomez Florencia / González, Horacio / Habra, Adriana / Habra, María / Ipar, Ezequiel / Jacoby, Roberto / Jalil, Oscar / Kaufman, Alejandro / Kesselman, Violeta / Korn, Guillermo / Lewkowicz, Mariana / López, María Pia / Makedonsky, Diego / Mallach, Nelson / Manacorda, Julián / Mancinelli, Elena / Martínez, Marcela / Miletti, Mauro / Mirto, Rodrigo / Molina, Mariano / Mucillo, Carla / Nosetto, Luciano / Ramallo, Carolina / Ravazzani, Alejandro / Rinesi, Eduardo / Rodeiro, Matías / Rogovsky, Cinthia / Romé, Natalia / Julia Rosemberg / Rossi, María José / Russo, Sebastián / Sague, Lisandro / Selci, Damián / Taccetta, Natalia / Tartaglia, Leandro / Tatián, Diego / Trímboli, Javier / Varela, Gustavo / Vergalito, Esteban / Vilela, Nicolás / Wasserman, Fabio / y siguen las firmas.
Uno de los objetivos centrales del encuentro que produjo su primera síntesis en esta declaración es el de promover un espacio de intercambio intelectual y articulación federal que haga lugar a las particularidades de los conflictos, luchas y problemáticas que se despliegan actualmente en todas las provincias del país, y a los diversos posicionamientos que se van configurando a la hora de denunciar y enfrentar “el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri”. En uno de los tramos, el documento denuncia “el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados”. El otro objetivo, tan fundamental como aquel, remite a encontrar las mejores formas de enunciar y trabajar para “profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías”, tal como sostienen lxs firmantes del texto.
La economía está en crisis, la salud está en crisis, la educación está en crisis, el trabajo está en crisis, la democracia está en crisis. Como trabajadoras y trabajadores de la educación y la cultura observamos con preocupación y alarma esta situación y la utilización de resortes estatales para atacar conquistas y derechos democráticos elementales, así como el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri.
El ajuste dictado por el FMI y el capital financiero no ha hecho más que acentuar una tendencia generalizada (que ya se había preanunciado en medidas como la reducción de jubilaciones a través de la reforma previsional votada por el Congreso Nacional en el pasado diciembre, mientras se desplegaba un violento operativo represivo sobre quienes se manifestaban), arrastrando a vastas capas de la sociedad a una situación en la que el empobrecimiento general amenaza aún más la precaria paz social. Esa tendencia que condujo a la crisis, es preciso subrayar, no es obvia ni natural, sino que es producto de las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno. Se extiende así la certeza de que el macrismo y todo lo que él expresa carece de Patria, o de alguna noción cierta de bien común que vaya más allá del enriquecimiento de una minoría favorecida. Sólo eso explica la liviandad con la que llevaron al país a una situación de altísima vulnerabilidad económica, cuando es más que sabido que las élites de las principales potencias del mundo –que ellos admiran– exigen estas políticas para los países periféricos, pero las evitan en sus propios Estados.
Es en estas condiciones que Macri ha decidido no tomar medidas contra la crisis, sino contra la oposición. Optando siempre por la fuerza y el chantaje contra la razón y la sensibilidad, haciendo de la provocación una política, y en alianza con las fuerzas más oscuras de los poderes mediáticos y judiciales, Cambiemos opera para encerrar dirigentes sociales y políticos e intervenir partidos opositores, al tiempo que multa sindicatos y persigue manifestaciones disidentes con una saña y una belicosidad que no se habían visto desde la recuperación democrática en 1983. Este uso de la sanción judicial puede generar un punto de no retorno en la democracia argentina. Si esta máquina punitiva triunfa, le dará forma a una herramienta política “legal” de supresión y domesticación de la oposición que disolverá los principios básicos de la independencia de poderes y la construcción plural de la sociedad. Una democracia no puede durar con este tipo de herramientas políticas. El gobierno que las crea se verá pronto obligado a defender su monopolio, inventando otros atajos y mecanismos institucionales que pondrán en serio riesgo la vida democrática. Ese es el peligro que abre la construcción mediático-judicial del linchamiento de toda práctica social, cultural y política que no responda a los mandatos gubernamentales. Peligro que se incrementa con el decreto que autoriza a las FF.AA. a volver a ocuparse de asuntos de seguridad interior y le da un carácter aún más siniestro a aquella belicosidad, en tanto lesiona acuerdos mínimos de la convivencia legal que tan trabajosamente se construyeron durante los primeros años de la posdictadura.
En este sentido, enumerar algunos de los hitos de la progresiva degradación del Estado de Derecho a la que asistimos en los últimos dos años y medio es inevitable: desde la prisión ilegal de Milagro Sala y todas las vejaciones que aún sufre, pasando por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, los casos de gatillo fácil que se repiten a la vez que se consagra la doctrina Chocobar, la represión a la protesta social que empieza a instalarse como paisaje “normal”, hasta el encarcelamiento injustificado y circense de referentes opositores, donde no sienta jurisprudencia el derecho sino la venganza. En esta larga y no exhaustiva serie, el último episodio es el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados. Tal como hicieron con Lula en Brasil y como quieren hacer con Correa en Ecuador, se agitan “causas de corrupción” que privilegian el impacto mediático sobre las pruebas y transgreden toda garantía procesal: así, la derecha y las clases dominantes se proponen dejar sin expresión electoral a millones de argentinos y argentinas, y a la vez disciplinar las disidencias más activas del colectivo social. Si Cristina Kirchner es impedida de participar en condiciones legítimas, democráticas y transparentes, Argentina se habrá convertido en lo que ya fue durante buena parte del siglo XX: una ex democracia con mayorías populares proscriptas.
Por eso no hay que engañarse: la persecución apunta a los líderes, pero también a las organizaciones y los ciudadanos. Las universidades e institutos de formación docente protestan por las condiciones de enseñanza y reciben recortes presupuestarios, avasallamiento institucional y amedrentamiento policial; un multitudinario movimiento feminista reclama por la legalización del aborto y su presentación amplia y transversal es denegada por los votos de un grupo de senadores y senadoras; los gremios piden paritarias y son multados con montos millonarios por el Ministerio de Trabajo; los sectores de la economía popular reclaman por los trabajadores desocupados y precarizados mientras no deja de subir la carestía de vida; los hospitales públicos carecen de insumos y de la cantidad de profesionales necesarios para la adecuada atención de la población; la ciencia argentina es rematada por falta del financiamiento prometido; las escuelas públicas son abandonadas y se derrumban, igual que los comercios y la producción industrial. Sólo crecen la inflación, los tarifazos, la desesperación del pueblo y la falsa moralina de las élites, que se sienten más allá de toda ley porque tienen decenas de jueces adictos y más allá de toda crisis porque acuñan sus ganancias en moneda extranjera, y que escriben el presente más oscuro porque aplican la mano dura de los medios concentrados.
Esto que describimos debería entenderse también como una advertencia. Desoír las protestas sociales, negarles incluso la mera existencia desde la alianza –estrecha como pocas veces– entre un gobierno y los grandes medios de comunicación; tratar como trasnochados o delincuentes a quienes nos oponemos a un modelo que condena a generaciones a un endeudamiento que ya es una nueva prisión; todo esto asegura más y más desgarramientos en nuestro país que, irremediablemente, se encamina a un proceso de encendidas luchas sociales y políticas. Lo que siembran hoy en su afán de venganza, tarde o temprano se volverá contra ellos.
Por eso llamamos a todos los actores con incidencia en la vida pública argentina a sostener la democracia en su más amplio sentido. La democracia es creación de libertades, de derechos y garantías individuales y colectivas –fundamentalmente– para la expresión del disenso y la manifestación de posicionamientos antagónicos, junto con el sostenimiento de condiciones equitativas de disputa electoral para todos y todas. Exigimos entonces el restablecimiento de las plenas funciones del Estado de Derecho y el fin de la persecución a opositores políticos y luchadores sociales. Es mucho lo que se pierde si gana el autoritarismo persecutorio, la estigmatización y el odio. Pero, además, responder a la crisis actual con ajuste, denegación del otro y violencias de todo tipo es ahondar las injusticias y ocultar las verdaderas causas de nuestros problemas. Entendemos que profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías es el único camino ante la crisis: esta es la enseñanza más convincente que nos ha dado la historia argentina.
Firman: Ábalo, Facundo / Andermann, Jens / Bacci, Claudia / Barba, Julia / Bernini, Emilio / Biset, Emmanuel / Bruzzone, Pablo / Cámara, Mario / Cano, Virginia / Capelli, Darío / Caramés, Diego / Casullo Amado, Mariana / Catanzaro, Gisela / Ciucci, Juan / Ciucci, María Rita / Cosoy, Irene / Cristófalo, Américo / D’Iorio, Gabriel / Dipaola Esteban / Echeverría, Carlos / Espeche, Ximena / Farías, Matías / Farrán, Roque / Fernández Mouján, Alejandro / Gainza, Mariana / García, Luis / García Laval, Francisco / Garrido, Juan / Guiñazú, Luciano / Giorgi, Gabriel / Glozman, Mara / Gomez Florencia / González, Horacio / Habra, Adriana / Habra, María / Ipar, Ezequiel / Jacoby, Roberto / Jalil, Oscar / Kaufman, Alejandro / Kesselman, Violeta / Korn, Guillermo / Lewkowicz, Mariana / López, María Pia / Makedonsky, Diego / Mallach, Nelson / Manacorda, Julián / Mancinelli, Elena / Martínez, Marcela / Miletti, Mauro / Mirto, Rodrigo / Molina, Mariano / Mucillo, Carla / Nosetto, Luciano / Ramallo, Carolina / Ravazzani, Alejandro / Rinesi, Eduardo / Rodeiro, Matías / Rogovsky, Cinthia / Romé, Natalia / Julia Rosemberg / Rossi, María José / Russo, Sebastián / Sague, Lisandro / Selci, Damián / Taccetta, Natalia / Tartaglia, Leandro / Tatián, Diego / Trímboli, Javier / Varela, Gustavo / Vergalito, Esteban / Vilela, Nicolás / Wasserman, Fabio / y siguen las firmas.
