La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría ratificó ayer que los porteños que no vayan a votar el 14 de agosto y no tramiten una justificación tampoco podrán hacerlo en las generales de octubre. La decisión de la magistrada abrió así una polémica en los partidos políticos, la Justicia electoral y el gobierno.
Si bien argumentó que la iniciativa busca asegurar la participación en las primarias, varios sectores la cuestionaron por limitar un «derecho» cívico y porque esa opción no está escrita en la ley electoral.
En una resolución que dio a conocer ayer en Tribunales con fecha del martes pasado, Servini ratificó que «aquellos ciudadanos que no cumplan su deber de sufragar en las próximas elecciones internas y no justifiquen su omisión, en el plazo de 60 días, no podrán votar en las elecciones generales del 23 de octubre en el distrito Capital Federal».
«El artículo 45 de la ley 26.571 establece que sólo pueden participar de las elecciones generales aquellas agrupaciones que hayan obtenido como mínimo un total de sufragios igual o superior al 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos», recordó la magistrada.
Precisamente en este punto la jueza justificó su decisión: pretende evitar un «vaciamiento» de votantes en la primaria, lo que implicaría posiblemente que varios partidos se vean imposibilitados de presentarse a las generales por no reunir ese porcentaje mínimo de respaldos.
«Debo velar con extrema dedicación por el cumplimiento de la obligación constitucional de votar, en el entendimiento de que el principal bien jurídico a tutelar es el sistema democrático, que se consagra mediante la participación popular de los ciudadanos, que eligen libremente a sus gobernantes», aclaró Servini.
Servini señaló que el artículo 37 de la Constitución nacional y el artículo 12 del Código Electoral nacional «imponen al elector el deber de votar en las elecciones nacionales de su distrito».
«No votar impide al infractor realizar cualquier gestión o trámite durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales, como asimismo que no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años», agregó la jueza en la resolución.
Discusión. Si bien esos castigos siempre existieron, la nueva disposición de Servini que sólo rige en Capital Federal abrió una polémica en torno a la potestad que tiene la jueza para decidir sobre quién podrá votar o no el 23 de octubre.
Fuentes de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que la medida «no tiene antecedentes» y que tampoco «está en la ley» que rige los comicios. Además, señalaron que «seguramente la jueza dé instrucción a las autoridades de mesa para que implementen el sistema en Capital», pero descartaron que la iniciativa se traslade a otro distrito del país.
«La jueza tiene competencia en la ciudad de Buenos Aires, y si concreta esta medida sólo será en ese distrito», enfatizaron desde la Dirección Nacional Electoral, que dirige Alejandro Tullio, y pusieron en duda la puesta en marcha del plan a nivel país.
En la Cámara Nacional Electoral, en tanto, afirmaron que por ahora no pueden expresarse en torno a la validez de la disposición de Servini, ya que sería una forma de «prejuzgamiento», teniendo en cuenta que la decisión que adoptó la magistrada podría recibir impugnaciones de parte de los electores.
Extrañeza y descontento. La medida despertó el descontento de los sectores políticos, como la candidata a gobernadora por Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, Margarita Stolbizer, quien afirmó que no se puede cercenar los «derechos» de los ciudadanos.
«No se puede impedir votar en octubre a quien no vote en agosto. No existe en ninguna norma y afecta derechos fundamentales», se quejó la diputada nacional y agregó que «si está en el padrón, se puede votar», resalto Stolbizer.
Por su parte, el candidato presidencial de Unión Popular, Eduardo Duhalde, consideró «extraño» que la Justicia electoral no permita votar en octubre a quienes no participen de las primarias. «El ciudadano tiene derecho a votar. Nunca la sanción del que no vota es que no pueda votar en la próxima» elección, indicó Duhalde.
Si bien argumentó que la iniciativa busca asegurar la participación en las primarias, varios sectores la cuestionaron por limitar un «derecho» cívico y porque esa opción no está escrita en la ley electoral.
En una resolución que dio a conocer ayer en Tribunales con fecha del martes pasado, Servini ratificó que «aquellos ciudadanos que no cumplan su deber de sufragar en las próximas elecciones internas y no justifiquen su omisión, en el plazo de 60 días, no podrán votar en las elecciones generales del 23 de octubre en el distrito Capital Federal».
«El artículo 45 de la ley 26.571 establece que sólo pueden participar de las elecciones generales aquellas agrupaciones que hayan obtenido como mínimo un total de sufragios igual o superior al 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos», recordó la magistrada.
Precisamente en este punto la jueza justificó su decisión: pretende evitar un «vaciamiento» de votantes en la primaria, lo que implicaría posiblemente que varios partidos se vean imposibilitados de presentarse a las generales por no reunir ese porcentaje mínimo de respaldos.
«Debo velar con extrema dedicación por el cumplimiento de la obligación constitucional de votar, en el entendimiento de que el principal bien jurídico a tutelar es el sistema democrático, que se consagra mediante la participación popular de los ciudadanos, que eligen libremente a sus gobernantes», aclaró Servini.
Servini señaló que el artículo 37 de la Constitución nacional y el artículo 12 del Código Electoral nacional «imponen al elector el deber de votar en las elecciones nacionales de su distrito».
«No votar impide al infractor realizar cualquier gestión o trámite durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales, como asimismo que no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años», agregó la jueza en la resolución.
Discusión. Si bien esos castigos siempre existieron, la nueva disposición de Servini que sólo rige en Capital Federal abrió una polémica en torno a la potestad que tiene la jueza para decidir sobre quién podrá votar o no el 23 de octubre.
Fuentes de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que la medida «no tiene antecedentes» y que tampoco «está en la ley» que rige los comicios. Además, señalaron que «seguramente la jueza dé instrucción a las autoridades de mesa para que implementen el sistema en Capital», pero descartaron que la iniciativa se traslade a otro distrito del país.
«La jueza tiene competencia en la ciudad de Buenos Aires, y si concreta esta medida sólo será en ese distrito», enfatizaron desde la Dirección Nacional Electoral, que dirige Alejandro Tullio, y pusieron en duda la puesta en marcha del plan a nivel país.
En la Cámara Nacional Electoral, en tanto, afirmaron que por ahora no pueden expresarse en torno a la validez de la disposición de Servini, ya que sería una forma de «prejuzgamiento», teniendo en cuenta que la decisión que adoptó la magistrada podría recibir impugnaciones de parte de los electores.
Extrañeza y descontento. La medida despertó el descontento de los sectores políticos, como la candidata a gobernadora por Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, Margarita Stolbizer, quien afirmó que no se puede cercenar los «derechos» de los ciudadanos.
«No se puede impedir votar en octubre a quien no vote en agosto. No existe en ninguna norma y afecta derechos fundamentales», se quejó la diputada nacional y agregó que «si está en el padrón, se puede votar», resalto Stolbizer.
Por su parte, el candidato presidencial de Unión Popular, Eduardo Duhalde, consideró «extraño» que la Justicia electoral no permita votar en octubre a quienes no participen de las primarias. «El ciudadano tiene derecho a votar. Nunca la sanción del que no vota es que no pueda votar en la próxima» elección, indicó Duhalde.
