A simple vista, el nombre pasa desapercibido entre tantos otros: Gerardo Alberto Martínez. Está ubicado en el orden número 2798 de un listado inquietante: la llamada “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983”, es decir, el de la dictadura. El Martínez del puesto 2798 tiene el DNI 11.934.882. Eso sí dice. Se trata entonces del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), uno de los sindicalistas más poderosos del país, ex secretario general de la CGT, cargo al que aspiraba volver con el impulso de la presidenta Cristina Kirchner. El pasado de agente civil de Inteligencia durante gobierno militar era desconocido. Ayer, el sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), la CTA opositora y diferentes organizaciones de Derechos Humanos presentaron una denuncia penal contra Martínez: piden que sea detenido y se lo someta a declaración indagatoria por haber sido integrante “del Batallón 601” que “fuera definido judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el estado argentino en la última dictadura militar”.
Los querellantes, que presentaron su escrito en el juzgado federal de Sergio Torres, reclaman además que se investigue puntualmente si Martínez cometió crímenes de lesa humanidad relativos a los casos de los 105 detenidos-desaparecidos de la dictadura que eran afiliados a la UOCRA. Según fuentes gremiales, Martínez entró justamente en el sindicato que hoy lidera en el año 1978.
Dice el escrito judicial de SITRAIC, CTA, CORREPI y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (entre otras organizaciones): “Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el seguimiento de cautivos y ocultamiento o destrucción de cuerpos”.
Clarín se comunicó el lunes con la UOCRA para preguntar si efectivamente Martínez había sido agente civil de Inteligencia durante la dictadura y, sí había sido así, se pidió que se explique cuáles habían sido sus funciones. Ayer se repitió el llamado.
Martínez evitó responder sobre el tema . Desde su sindicato se deslizó en un principio que el jefe gremial tiene ahora 55 años, por lo que habría sido demasiado joven en la dictadura como para haber tenido labores de relevancia. La matemática más simple desmuestra que el jefe de la UOCRA tenía 22 años en 1978.
La llamada “Nómina de Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983” está on line en el sitio del Archivo Nacional de la Memoria, y se hizo pública gracias al decreto 4/2010 firmado por la presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Justicia, Julio Alak, y la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.
Pasó más de un año desde que el listado de los agentes de Inteligencia de las FF.AA. durante la dictadura se hizo público hasta que se supo que Martínez estaba incluido en él.
La denuncia presentada ayer en el juzgado de Torres se pregunta “cómo resultó posible, desde su ingreso a la estructura represiva de inteligencia, hasta la fecha, que el denunciado gozara de suficiente protección oficial para seguir desempeñando sus funciones sindicales sin que se conociera su vinculación con el aparato genocida represivo de la dictadura”. Siguiendo esa lógica, los querellantes piden que se “establezca, puntualmente, quiénes fueron los responsables del encubrimiento, máxime considerando que el listado del personal que revistó en el Batallón 601 fue hecho público por el propio Gobierno, silenciando la filiación del imputado”.
El 15 de mayo, en su columna “La primacía política”, publicada en Página/12, Horacio Verbitsky escribió que el Gobierno “sugiere” que no impulsa a Gerardo Martínez para que reemplace a Hugo Moyano en la secretaría general de la CGT, un fantasma que acecha al camionero, y agrega una línea que tal vez ahora toma mayor sustento: “Por último, el Gobierno nacional tiene un informe descalificatorio sobre la actuación de Martínez durante la dictadura militar”.
¿Qué dice esa carpeta? ¿Tiene información sobre el accionar del secretario general de la UOCRA como agente civil de Inteligencia del Batallón 601? El Gobierno no la ha hecho pública, ni tampoco se ha presentado en la Justicia para denunciar a Martínez.
Los querellantes, que presentaron su escrito en el juzgado federal de Sergio Torres, reclaman además que se investigue puntualmente si Martínez cometió crímenes de lesa humanidad relativos a los casos de los 105 detenidos-desaparecidos de la dictadura que eran afiliados a la UOCRA. Según fuentes gremiales, Martínez entró justamente en el sindicato que hoy lidera en el año 1978.
Dice el escrito judicial de SITRAIC, CTA, CORREPI y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (entre otras organizaciones): “Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el seguimiento de cautivos y ocultamiento o destrucción de cuerpos”.
Clarín se comunicó el lunes con la UOCRA para preguntar si efectivamente Martínez había sido agente civil de Inteligencia durante la dictadura y, sí había sido así, se pidió que se explique cuáles habían sido sus funciones. Ayer se repitió el llamado.
Martínez evitó responder sobre el tema . Desde su sindicato se deslizó en un principio que el jefe gremial tiene ahora 55 años, por lo que habría sido demasiado joven en la dictadura como para haber tenido labores de relevancia. La matemática más simple desmuestra que el jefe de la UOCRA tenía 22 años en 1978.
La llamada “Nómina de Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983” está on line en el sitio del Archivo Nacional de la Memoria, y se hizo pública gracias al decreto 4/2010 firmado por la presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Justicia, Julio Alak, y la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.
Pasó más de un año desde que el listado de los agentes de Inteligencia de las FF.AA. durante la dictadura se hizo público hasta que se supo que Martínez estaba incluido en él.
La denuncia presentada ayer en el juzgado de Torres se pregunta “cómo resultó posible, desde su ingreso a la estructura represiva de inteligencia, hasta la fecha, que el denunciado gozara de suficiente protección oficial para seguir desempeñando sus funciones sindicales sin que se conociera su vinculación con el aparato genocida represivo de la dictadura”. Siguiendo esa lógica, los querellantes piden que se “establezca, puntualmente, quiénes fueron los responsables del encubrimiento, máxime considerando que el listado del personal que revistó en el Batallón 601 fue hecho público por el propio Gobierno, silenciando la filiación del imputado”.
El 15 de mayo, en su columna “La primacía política”, publicada en Página/12, Horacio Verbitsky escribió que el Gobierno “sugiere” que no impulsa a Gerardo Martínez para que reemplace a Hugo Moyano en la secretaría general de la CGT, un fantasma que acecha al camionero, y agrega una línea que tal vez ahora toma mayor sustento: “Por último, el Gobierno nacional tiene un informe descalificatorio sobre la actuación de Martínez durante la dictadura militar”.
¿Qué dice esa carpeta? ¿Tiene información sobre el accionar del secretario general de la UOCRA como agente civil de Inteligencia del Batallón 601? El Gobierno no la ha hecho pública, ni tampoco se ha presentado en la Justicia para denunciar a Martínez.
