¿Ruptura populista en Chile? y futuro del populismo en Argentina

Tengo para mí, después de haber leído la columna de Sebastián Etchemendy en Página 12 del día 1º de septiembre pasado; de volver a revisar, por enésima vez, el imprescindible (a los efectos de entender los procesos de cambio político de los últimos años en Sudamérica) La nueva izquierda de José Natanson; y de retomar los apuntes básicos de Ernesto Laclau, que Chile está viviendo algo parecido a lo que se llama ruptura populista. O, por lo menos, está bastante cerca.

En efecto, Laclau apunta que tal situación se produce cuando el sistema institucional vigente se revela incapaz de atender las demandas de distintos grupos sociales que luego irán por la vinculación que organice el espacio de reclamos, en apariencia –y prima facie- heterogéneos entre sí, en función de una identidad común. Hoy día, a los primigenios reclamos por la educación gratuita, se suman, a las revueltas chilenas, los sectores del trabajo, que también se ven en una situación lamentable, con, entre otras cosas, bajísimas tasas de sindicalización.

Esto no es novedad, ya Bachelet durante su mandato debió enfrentar reclamaciones furiosas: una también estudiantil y otra a causa de su finalmente malogrado intento de reformulación del sistema de transporte público. En el trabajo de Natanson aparece una entrevista a Carlos Ominami, en la cual el reporteado apuntaba, ya en 2008, que en Chile, aún con excelentes resultados en términos de reducción de la pobreza, se hacían cada vez más evidentes las problemáticas que traía aparejado el ítem desigualdad (una de las más graves de Latinoamérica). Un modelo, decía Ominami por entonces, en el que los ricos prácticamente no pagan impuestos… “y acumulan –por ello- cada día mayor capacidad de presión”.

Frente a esto, Piñera es meramente el, pésimo, administrador de algo que le explota en las manos; aunque lejos está, el actual presidente, de ser responsable de las causas que originan las protestas. Como dijo Martín Granovsky –el mismo 1º de septiembre, también en P/12-, la metáfora perfecta de lo que ocurrió con el experimento De La Rúa en Argentina, que heredó la bomba de tiempo construida por el iniciador del neoliberalismo en Argentina, Carlos Menem, aunque la Alianza llegó al poder, se sabe, planteando meramente cambios de estilos, no de fondo.

Pasó en Venezuela: allí, entre 1958 y 1998, tuvo lugar una democracia que, entendida a partir de los estándares del liberalismo de mercado, fue “perfecta”: el Pacto del Punto Fijo, y el nombre lo dice todo: el instante maldito en el que los distintos actores políticos de una sociedad deciden dejar de actuar libretos distintos, y por tanto de ser eficaces en la tarea de procesar la heterogeneidad social: el momento en que la democracia se desnaturaliza como tal, cuando los actores políticos abandonan capacidad de interpretar lo ineludiblemente contradictorio de los pueblos. Tanto que se mantuvo al margen de los vaivenes pseudo democráticos-militares que fueron regla, durante aquel período, en el resto de los países de la región. Hasta que un día simplemente dejó de funcionar. De “resolver los problemas concretos de la gente”, para ponerlo en palabras que podrían ser las de Macri o De Narváez –aunque también de Binner-; y pasar a solucionar sus déficit vía espaldas populares.

Claro, no todo fue tan corto y sencillo como el tránsito de una oración a otra, pero, en lo central, la brutal represión que en 1989 el gobierno pro yanqui de Carlos Andrés Pérez desató sobre la población venezolana hastiada por la deplorable situación socioeconómica a la que la había conducido –en su entendimiento (y en el mío, también)- el Punto Fijo; ante la cual reaccionaron los soldados comandados por Hugo Rafael Chávez Frías en 1992, fueron el inicio del fin de aquel sistema de gobierno. Y terminaron desembocando, seis años más tarde, en la llegada al poder del militar ex golpista a la presidencia del país bolivariano a través de elecciones democráticas, a partir de lo cual Venezuela ha experimentado una reconfiguración de sus estructuras institucionales que (grises mediante, claro) mejoró indiscutiblemente el nivel de vida de las clases populares bolivarianas. Una salida del sistema, por cuanto los que de é formaban parte simplemente habían dejado de servir, tanto como las estructuras que representaban.

En una sociedad –volviendo a Chile- que se alejó del hambre, las demandas, lejos de cesar, se renuevan, se complejizan. Y enfrentadas a un esquema que, no sólo no ha tocado los rasgos más elementales del esquema de reparto de riquezas neoliberal construido por el pinochetismo, sino que directamente no contempla la participación de actores sociales por cuanto sus lógicas han sido pensadas en función del privilegio de las clases acomodadas. En términos de atención de reclamos sociales, “eludían cualquier relación organizativa fuerte con actores sociopolíticos juveniles-estudiantiles, sindicales o movimientos sociales” –como apunta Etchemendy-. Es de la Concertación, débil centroizquierdismo socialdemócrata –ideología, mundialmente, en crisis- chileno –hoy en la oposición-, de quien habla, y no de Piñera. El resultado lógico es la virulencia con que se expresan las protestas que se ven por estos días.

Flaco futuro, entonces, el que le espera a Chile si no se decide, de una vez por todas, a incorporar a los que hoy están reclamando, tarea para cual deberá hacer más que tenerlos por simples receptores de decisiones de “arriba”. La institucionalidad chilena no está preparada para canalizar esas demandas, por cuanto no fue diagramada a tales fines; los colectivos movilizados tienen que pasar a formar parte de una nueva gestión del Estado como clave para administrar de algún modo un proceso que ha hecho perder la brújula de la gobernabilidad.

Sencillo: si no estás dotado con las herramientas necesarias a los efectos de interpelar un colectivo social, pues hazte, entonces, al menos, un lugar en tu agenda para departir con ellos acerca de cómo hacer con los quilombos que, inexorablemente, sabelo, se te van a presentar en el andar de la gestión. Ignorarlos no es el camino.

Cuando la política, los gobiernos, el Estado, no capturan el activismo social: no lo procesan, no lo administran, no lo interpelan, no lo incorporan –se le diga como se le quiera decir-, el desborde deviene inevitable. En Argentina se expresa, desde 2003, una disputa fuerte en torno de lo que corresponde que haga el Estado con las organizaciones de la vida civil. El kirchnerismo ha optado por hacerlas parte de su armado político al tiempo que recoge las bandera que ellas levantan desde mucho antes de la llega de Néstor y Cristina al poder. En el último número de Le Monde Diplomatique el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, escribe una nota -que es para recortar y guardar- acerca de las peripecias que recorre el gobierno boliviano en su objetivo de construir un nuevo orden republicano con base en la institucionalización de los movimientos sociales.

Con los matices propios de cada coyuntura, es lo que ha favorecido el cambio de época que, más/menos, ha atravesado a Sudamérica toda: además de Venezuela, también Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador han experimentado fracturas sociales que determinaron revoluciones institucionales y administrativas. Y cada uno se ha dado la solución que mejor pudo, atento las particularidades de cada especificidad, pero todas con un rasgo en común: la incorporación de actores sociales a los entramados políticos que se han hecho cargo de la gestión del Estado.

Por nuestras latitudes solemos oír fuertes críticas al Gobierno y a las organizaciones sociales que forman parte del colectivo militante que lo sustenta (principalmente, Movimiento Obrero Organizado y Organismos de DDHH) por lo que, en palabras del discurso derechista, ha significado “la politización de -por ejemplo- los organismos de DDHH”. Nunca podría, un colectivo que levanta demandas que para verse cristalizadas requieren de respuesta del poder institucional, no politizarse. El reclamo por Derechos es, por naturaleza, político.

La precariedad conceptual, y más, de que adolecen los voceros de tan charro razonamiento, les impide precisar que, en realidad, lo que deploran es, en todo caso, la partidización de dichos grupos. Con todo, es, apenas, ése, un modo –no exclusivo, por cierto- de ver las cosas: en este caso, las tácticas y estrategias por las que optan los movimientos sociales para conducirse en el debate público y la lucha social.

Son los últimos reflejos de lo que fuera el orden neoliberal argentino, que, a su turno, conoció su propia victoria cultural: en última instancia, uno escucha las críticas mentadas en boca de muchos que proclaman, al mismo tiempo, haber sido “opositores del menemismo y -o- de la Alianza”; cuando en realidad comparten –según se entiende de sus críticas a “la politización”- una matriz conceptual de fondo –esto es, económica- idéntica a la de los más conspicuos representantes del furioso capitalismo financiero asumido.

De nuevo: el fondo y las formas, quién impone lo común del piso y qué permite el orden social que se debata de aquello que construye.

Con mucha fuerza a partir de la impresionante participación del kirchnerismo en las PASO, en Argentina parecen haber echado raíces las condiciones necesarias a los fines de sentar las bases de una nueva institucionalidad, que galvanice los cambios de estilo que supuso el arribo del kirchnerismo al poder. La continuidad del modelo que, entre otros logros, ha consolidado el único proceso sostenido de reducción de pobreza desde 1983, y el más importante en cincuenta años de historia argentina, necesita, para quedar al margen de vaivenes electorales, darse una nueva burocracia gestionaria, cuadros, estructuras que pongan al nuevo sentido de Estado “por arriba” de la suerte que vayan a correr las personas de sus promotores.

Decía, la oportunidad parece estar al alcance de la mano: así lo marca el consenso que, al respecto del modelo, se desprende de las declaraciones que formulan -casi sin cesar desde que se confirmó que la Presidenta cuenta con más de la mitad del acompañamiento popular- desde tribunas cuyos intereses, prima facie, aparecerían como contrapuestos (empresarios, sindicalistas, patronales con necesidades suplementarias: todos dispuestos –parecería- a confluir), siendo que con esto les ha ido mejor que desde hace mucho tiempo: Cristina parece haber afianzado una administración que funge de base de un acuerdo social mucho más amplio, transversal respecto del nuevo modo de conducción del país que experimenta Argentina desde el 25 de mayo de 2003.

Terreno apto para sentar las vigas maestras de un nuevo andamiaje estatal, y de hacerlo sin dejar de, como hasta ahora se ha hecho, atender a las necesidades de los sectores a los que se representa como manual de instrucciones en la tarea. A esa tarea estamos llamados todos los que adhieran al espacio nacional y popular; y no solamente –ni tal vez principalmente- a la figura de su conductora: Cristina, indiscutiblemente. Hoy día.