Argentina
El Gobierno impulsa penar con prisión de hasta 8 años por cometer delitos financieros
A seis días del inicio de la cumbre con GAFI, en París, el proyecto que ataca el fondeo al terrorismo y el de la manipulación de mercado serán tratados en Diputados después de las elecciones presidenciales.
Una de las nuevas figuras que se quiere introducir en la legislación es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada.
Por Francisco Martirena Auber
A seis días del inicio de la cumbre con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, el proyecto que ataca el fondeo al terrorismo y el de la manipulación de mercado comenzarán a ser tratados en la Cámara de Diputados después de las elecciones presidenciales.
En cuanto a esta última iniciativa, según la información brindada ayer por el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Hernán Fardi, el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros estará penado con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años de prisión; el abuso de información privilegiada tendrá un castigo de 2 a 4 años de prisión, y la manipulación de valores, también tendrá esa pena.
El anuncio fue realizado durante el Seminario sobre Políticas de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que se desarrolló ayer en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que organizó el foro junto a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín.
En cuanto a las dos iniciativas anunciadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, ingresaron en Diputados el viernes por la tarde con las firmas del funcionario y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntaron fuentes oficiales.
Delitos financieros. Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada, que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada, por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Además de la pena de prisión de 2 a 4 años, se prevé una multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta 5 años, que puede ser agravada por las circunstancias vigentes.
En cuanto a la figura del cohecho financiero , la pena de cárcel de 2 a 6 años será para quien recibiera un beneficio o ventaja económica con el fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
Durante sus respectivas alocuciones, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Mena, destacó que “con la nueva normativa sobre financiamiento al terrorismo, la Argentina ya está en los más elevados estándares internacionales”.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, planteó que “existe un fuerte compromiso del ministro de Economía, Amado Boudou”, y apuntó que la importancia del plan de acción se verifica en que “el G-20 trabaja sobre la línea del lavado de activos”.
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, dijo que “la normalización del Estado nacional requiere en muchos casos el fin de la impunidad en los delitos económicos”, en referencia a los proyectos de ley para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la manipulación de mercados.
Por su parte, el titular de la SIGEN, Daniel Reposo, dijo que las instituciones de control del Estado estuvieron “condenadas al ostracismo hasta el 2003”, y remarcó que actualmente “hay una política para fortalecer la gestión de esos organismos y dotarlos de recursos para desarrollar su tarea”.
El Gobierno nacional creó ayer mediante el decreto 1.642, el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Plan anual de fiscalización
De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) elaborarán un plan anual de supervisión, fiscalización e inspección in situ y lo remitirán a esta Unidad de Información Financiera (UIF), veinte días antes del comienzo de cada año.
Asimismo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, a cargo de Francisco Durañona, elaborará un plan trimestral de supervisión, fiscalización e inspección in situ y también lo remitirá a la UIF veinte días antes del comienzo de cada trimestre.
En forma paralela, se creó un Comité de Selectividad basada en Riesgo, el que tendrá como función principal proponer a la UIF los Sujetos Obligados principalmente sospechados.
La selección de los mismos deberá efectuarse en función del riesgo que el incumplimiento de la normativa pueda ocasionar al sistema establecido por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Como dato aleatorio, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, apuntó ayer que en el último comunicado del G-20, durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas, fue incorporado el concepto de los paraísos fiscales, sobre los cuales volverá un seguimiento más agudo por parte de las naciones más desarrolladas.
La Argentina procuró en las últimas citas con el GAFI que los paraísos estén en la agenda.
La Comisión Europea busca sancionar penalmente a los delitos financieros
La Comisión Europea (CE) presentará el jueves finalmente su propuesta para endurecer las sanciones por los abusos en los mercados, al postular por primera vez la posibilidad de que éstas tengan carácter penal, en el caso de las infracciones más serias.
“El sector financiero también tiene responsabilidades, incluyendo responsabilidades penales. Haremos esta semana una propuesta en este sentido dentro de nuestras iniciativas para regular el mercado financiero”, indicó el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, tras la cumbre social tripartita celebrada ayer.
“Nos aseguraremos de que haya niveles de sanciones apropiados en los diferentes Estados miembros y por primera vez vamos a establecer la obligación para los Estados miembros de prever sanciones de carácter penal para las infracciones más serias”, señaló por su parte una fuente de la Unión Europea conocedora de la propuesta.
El Tratado de Lisboa permite la imposición de sanciones penales. Las sanciones penales formarán parte de la revisada Directiva sobre Abusos en los Mercados (MAD, en sus siglas en inglés), que en 2003 introdujo un marco integral consistente de cuatro directivas y una regulación para poner freno a las negociaciones con información privilegiada y prácticas de manipulación de los mercados.
Según otra fuente europea, MAD, que tiene ahora rango de regulación, será convertida en una directiva. La CE afirma que las sanciones impuestas por los Estados miembros divergen en aspectos esenciales como los tipos de sanciones posibles, el ámbito de aplicación por sectores y la cuantía de las multas, por lo que existe el peligro de que los actores del mercado se refugien donde las sanciones son menores o improbables.
Por ejemplo, en lo que se refiere a sanciones por negociaciones con información privilegiada o manipulación de mercados, Bulgaria no tiene castigos para ninguna de esas infracciones, y varios otros como Austria, Eslovaquia, República Checa, Estonia, Finlandia y Eslovenia sólo tienen medidas punitivas para uno de los dos abusos.
Solamente trece Estados miembros cuentan con penas de cárcel para delitos financieros, según el Comité de Reguladores de Valores Europeos. No obstante, la CE finalmente no propondrá unos estándares mínimos o unificados para todos los Estados miembros, sino que dejará estas decisiones a la “discreción” de las autoridades nacionales de los países, según las fuentes.
La MAD también ampliará el alcance de la directiva al extender las obligaciones sobre abusos, negociaciones con información privilegiada y manipulación de precios, entre otras infracciones, a “todos los activos y todas las plataformas” de negociación, explicaron.
El Gobierno impulsa penar con prisión de hasta 8 años por cometer delitos financieros
A seis días del inicio de la cumbre con GAFI, en París, el proyecto que ataca el fondeo al terrorismo y el de la manipulación de mercado serán tratados en Diputados después de las elecciones presidenciales.
Una de las nuevas figuras que se quiere introducir en la legislación es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada.
Por Francisco Martirena Auber
A seis días del inicio de la cumbre con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, el proyecto que ataca el fondeo al terrorismo y el de la manipulación de mercado comenzarán a ser tratados en la Cámara de Diputados después de las elecciones presidenciales.
En cuanto a esta última iniciativa, según la información brindada ayer por el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Hernán Fardi, el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros estará penado con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años de prisión; el abuso de información privilegiada tendrá un castigo de 2 a 4 años de prisión, y la manipulación de valores, también tendrá esa pena.
El anuncio fue realizado durante el Seminario sobre Políticas de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que se desarrolló ayer en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que organizó el foro junto a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín.
En cuanto a las dos iniciativas anunciadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, ingresaron en Diputados el viernes por la tarde con las firmas del funcionario y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntaron fuentes oficiales.
Delitos financieros. Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada, que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada, por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Además de la pena de prisión de 2 a 4 años, se prevé una multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta 5 años, que puede ser agravada por las circunstancias vigentes.
En cuanto a la figura del cohecho financiero , la pena de cárcel de 2 a 6 años será para quien recibiera un beneficio o ventaja económica con el fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
Durante sus respectivas alocuciones, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Mena, destacó que “con la nueva normativa sobre financiamiento al terrorismo, la Argentina ya está en los más elevados estándares internacionales”.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, planteó que “existe un fuerte compromiso del ministro de Economía, Amado Boudou”, y apuntó que la importancia del plan de acción se verifica en que “el G-20 trabaja sobre la línea del lavado de activos”.
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, dijo que “la normalización del Estado nacional requiere en muchos casos el fin de la impunidad en los delitos económicos”, en referencia a los proyectos de ley para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la manipulación de mercados.
Por su parte, el titular de la SIGEN, Daniel Reposo, dijo que las instituciones de control del Estado estuvieron “condenadas al ostracismo hasta el 2003”, y remarcó que actualmente “hay una política para fortalecer la gestión de esos organismos y dotarlos de recursos para desarrollar su tarea”.
El Gobierno nacional creó ayer mediante el decreto 1.642, el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Plan anual de fiscalización
De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) elaborarán un plan anual de supervisión, fiscalización e inspección in situ y lo remitirán a esta Unidad de Información Financiera (UIF), veinte días antes del comienzo de cada año.
Asimismo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, a cargo de Francisco Durañona, elaborará un plan trimestral de supervisión, fiscalización e inspección in situ y también lo remitirá a la UIF veinte días antes del comienzo de cada trimestre.
En forma paralela, se creó un Comité de Selectividad basada en Riesgo, el que tendrá como función principal proponer a la UIF los Sujetos Obligados principalmente sospechados.
La selección de los mismos deberá efectuarse en función del riesgo que el incumplimiento de la normativa pueda ocasionar al sistema establecido por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Como dato aleatorio, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, apuntó ayer que en el último comunicado del G-20, durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas, fue incorporado el concepto de los paraísos fiscales, sobre los cuales volverá un seguimiento más agudo por parte de las naciones más desarrolladas.
La Argentina procuró en las últimas citas con el GAFI que los paraísos estén en la agenda.
La Comisión Europea busca sancionar penalmente a los delitos financieros
La Comisión Europea (CE) presentará el jueves finalmente su propuesta para endurecer las sanciones por los abusos en los mercados, al postular por primera vez la posibilidad de que éstas tengan carácter penal, en el caso de las infracciones más serias.
“El sector financiero también tiene responsabilidades, incluyendo responsabilidades penales. Haremos esta semana una propuesta en este sentido dentro de nuestras iniciativas para regular el mercado financiero”, indicó el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, tras la cumbre social tripartita celebrada ayer.
“Nos aseguraremos de que haya niveles de sanciones apropiados en los diferentes Estados miembros y por primera vez vamos a establecer la obligación para los Estados miembros de prever sanciones de carácter penal para las infracciones más serias”, señaló por su parte una fuente de la Unión Europea conocedora de la propuesta.
El Tratado de Lisboa permite la imposición de sanciones penales. Las sanciones penales formarán parte de la revisada Directiva sobre Abusos en los Mercados (MAD, en sus siglas en inglés), que en 2003 introdujo un marco integral consistente de cuatro directivas y una regulación para poner freno a las negociaciones con información privilegiada y prácticas de manipulación de los mercados.
Según otra fuente europea, MAD, que tiene ahora rango de regulación, será convertida en una directiva. La CE afirma que las sanciones impuestas por los Estados miembros divergen en aspectos esenciales como los tipos de sanciones posibles, el ámbito de aplicación por sectores y la cuantía de las multas, por lo que existe el peligro de que los actores del mercado se refugien donde las sanciones son menores o improbables.
Por ejemplo, en lo que se refiere a sanciones por negociaciones con información privilegiada o manipulación de mercados, Bulgaria no tiene castigos para ninguna de esas infracciones, y varios otros como Austria, Eslovaquia, República Checa, Estonia, Finlandia y Eslovenia sólo tienen medidas punitivas para uno de los dos abusos.
Solamente trece Estados miembros cuentan con penas de cárcel para delitos financieros, según el Comité de Reguladores de Valores Europeos. No obstante, la CE finalmente no propondrá unos estándares mínimos o unificados para todos los Estados miembros, sino que dejará estas decisiones a la “discreción” de las autoridades nacionales de los países, según las fuentes.
La MAD también ampliará el alcance de la directiva al extender las obligaciones sobre abusos, negociaciones con información privilegiada y manipulación de precios, entre otras infracciones, a “todos los activos y todas las plataformas” de negociación, explicaron.
