John D. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada. Si eso era así en la época en que lo dijo, ni qué hablar en la década del noventa. Las multinacionales ya sabían que el barril de petróleo, que estaba a 12 dólares, iría en creciente aumento. Argentina, aun sin ser un país propiamente petrolero, era un bocado apetecible; por ende, las presiones sobre su gobierno no se hicieron esperar. Ahí lo tuvimos a Menem, que accedió gustoso a entregar YPF.
Néstor y Cristina Kirchner apoyaron esa medida, argumentando que beneficiaba a Santa Cruz. No tuvieron en cuenta lo que significaría para la Argentina , su país. Después llegaron al gobierno de la Nación. Algunas de sus conductas políticas cambiaron, como en Derechos Humanos. En lo que no cambiaron hasta ayer fue en su aval a la política de privatización petrolera, a la que dieron continuidad.
Repsol-YPF, agradecida, se aprovechó de esa estrategia.
Extrajo los recursos de los pozos que fundamentalmente había perforado la empresa estatal. Así fue como bajaron sus reservas y producción. Paralelamente, el 90% de los 15.000 millones de dólares de ganancias fue repartido entre sus accionistas. Como bien dijo Axel Kicillof, Repsol llevó adelante una política de vaciamiento de YPF y de saqueo.
Lo que no dijo es que los gobiernos kirchneristas han sido cómplices de ello.
Además, la reforma constitucional de 1994 fue reglamentada por Néstor Kirchner en 2006 a través de la Ley Corta. Así, el dominio del subsuelo se transfirió a las provincias, lo que debilitó el poder de negociación del sector público.
Por último, en 2007, Kirchner presentó el ingreso a YPF de los Eskenazi como su argentinización. Esa incorporación se asemejó a un regalo de Repsol: se pagarían las acciones con las ganancias que fuera dando la petrolera. Llamativo y de gravísimas consecuencias, ya que esa forma de pago justificaba la distribución agresiva de dividendos en desmedro de las inversiones.
Allí estuvo Baratta, para avalarla con su voto . Así no parece creíble la apreciación de la Presidenta respecto de que Néstor Kirchner soñó con recuperar YPF para el país.
En un contexto de baja de la producción y las reservas de petróleo y gas, lo que sumado al crecimiento económico empujó para arriba las importaciones y complicó la balanza exterior energética, el Gobierno resuelve nacionalizar YPF. Más allá de las graves responsabilidades que le corresponden a la administración kirchnerista, es correcto renacionalizar YPF.
Peor sería darle continuidad a la política que nos condujo a esta crisis . Poner en manos del Estado la mayoría accionaria de YPF es el necesario primer paso para recuperar inversión y producción de hidrocarburos, aunque todo ello lleve tiempo y esfuerzo. Por eso cuenta con nuestro apoyo. Pero no es un cheque en blanco. A futuro, servirá la renacionalización de YPF si no está al servicio de capitalistas amigos del Gobierno.
En segundo lugar, la expropiación debería haber comprendido a las acciones de los Eskenazi, que avalaron todo. En tercer lugar, el precio a pagar debe contemplar las menguadas reservas que nos dejan y la deuda de 9.000 millones de dólares de YPF . Se debe investigar también el comportamiento de las demás empresas que operan en el privatizado mercado de hidrocarburos. Habría que haber federalizado YPF. En su directorio y acciones deberían participar todas las provincias y la CABA. Solo habrá mejor política con una nueva ley de hidrocarburos que contemple que el petróleo y el gas argentinos deben esencialmente servir para el desarrollo nacional.
Néstor y Cristina Kirchner apoyaron esa medida, argumentando que beneficiaba a Santa Cruz. No tuvieron en cuenta lo que significaría para la Argentina , su país. Después llegaron al gobierno de la Nación. Algunas de sus conductas políticas cambiaron, como en Derechos Humanos. En lo que no cambiaron hasta ayer fue en su aval a la política de privatización petrolera, a la que dieron continuidad.
Repsol-YPF, agradecida, se aprovechó de esa estrategia.
Extrajo los recursos de los pozos que fundamentalmente había perforado la empresa estatal. Así fue como bajaron sus reservas y producción. Paralelamente, el 90% de los 15.000 millones de dólares de ganancias fue repartido entre sus accionistas. Como bien dijo Axel Kicillof, Repsol llevó adelante una política de vaciamiento de YPF y de saqueo.
Lo que no dijo es que los gobiernos kirchneristas han sido cómplices de ello.
Además, la reforma constitucional de 1994 fue reglamentada por Néstor Kirchner en 2006 a través de la Ley Corta. Así, el dominio del subsuelo se transfirió a las provincias, lo que debilitó el poder de negociación del sector público.
Por último, en 2007, Kirchner presentó el ingreso a YPF de los Eskenazi como su argentinización. Esa incorporación se asemejó a un regalo de Repsol: se pagarían las acciones con las ganancias que fuera dando la petrolera. Llamativo y de gravísimas consecuencias, ya que esa forma de pago justificaba la distribución agresiva de dividendos en desmedro de las inversiones.
Allí estuvo Baratta, para avalarla con su voto . Así no parece creíble la apreciación de la Presidenta respecto de que Néstor Kirchner soñó con recuperar YPF para el país.
En un contexto de baja de la producción y las reservas de petróleo y gas, lo que sumado al crecimiento económico empujó para arriba las importaciones y complicó la balanza exterior energética, el Gobierno resuelve nacionalizar YPF. Más allá de las graves responsabilidades que le corresponden a la administración kirchnerista, es correcto renacionalizar YPF.
Peor sería darle continuidad a la política que nos condujo a esta crisis . Poner en manos del Estado la mayoría accionaria de YPF es el necesario primer paso para recuperar inversión y producción de hidrocarburos, aunque todo ello lleve tiempo y esfuerzo. Por eso cuenta con nuestro apoyo. Pero no es un cheque en blanco. A futuro, servirá la renacionalización de YPF si no está al servicio de capitalistas amigos del Gobierno.
En segundo lugar, la expropiación debería haber comprendido a las acciones de los Eskenazi, que avalaron todo. En tercer lugar, el precio a pagar debe contemplar las menguadas reservas que nos dejan y la deuda de 9.000 millones de dólares de YPF . Se debe investigar también el comportamiento de las demás empresas que operan en el privatizado mercado de hidrocarburos. Habría que haber federalizado YPF. En su directorio y acciones deberían participar todas las provincias y la CABA. Solo habrá mejor política con una nueva ley de hidrocarburos que contemple que el petróleo y el gas argentinos deben esencialmente servir para el desarrollo nacional.
