El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF), la corte suprema del país, cerró este lunes el llamado caso mensalão, el proceso más largo y el mayor escándalo de corrupción política de su historia, con 25 condenas y siete absoluciones. Antes de iniciarse la fase de sentencias, el tribunal deberá definir los empates registrados en torno a siete acusados, entre los cuales destaca el exministro de Transporte Anderson Adauto, que fueron declarados culpables por cinco de los jueces e inocentes por otros cinco.
El tribunal decidió finalmente que parte de los acusados habían formado una cuadrilla o asociación criminal para cometer varios delitos. Todos ellos ya habían sido condenados por otros crímenes. Era el tema más delicado y el que más había divido a los jueces en este proceso, que comenzó el 3 de agosto y fue retransmitido en directo y al completo por la televisión.
Según los jueces tres núcleos constituían esta asociación delictiva. En primer lugar, el político que comprendía a los tres principales responsables del Partido de los Trabajadores en 2003, durante el primer gobierno Lula: el exministro del gobierno y brazo derecho del mismo, José Dirceu, el entonces Presidente del partido, José Genoino, ambos exguerrilleros durante la dictadura militar, y el entonces tesorero, Delubio Soares. En segundo lugar, el núcleo financiero, en torno al Banco Rural. Y por último, el grupo operacional, formado por las empresas de publicidad de Marcos Valerio.
Finalmente, 11 de los 13 acusados fueron condenados por seis votos a cuatro, de formar parte de dicha asociación, tras una fuerte discusión sobre el concepto de este delito, que implica poner en peligro la paz social. Los que votaron por la condena, entre ellos, el Presidente del Supremo, Ayres Brito, y el decano del mismo, Celso de Mello, consideraron que la paz pública se quebranta cuando a través de un escándalo de corrupción de esa emvergadura “la sociedad pierde la fe en el Estado”. Según Mello, se intentó condenar no a la política ni a los políticos en general, sino a un grupo de servidores públicos “con una perversa vocación para un control criminal del poder que intentaba perpetuarse ilegalmente”.
En los próximos días, el Supremo deberá fijar las penas de cada uno de los 25 condenados, algo complejo ya que algunos fueron condenados por varios delitos o por uno solo perpetrado hasta 15 veces. Los magistrados tendrán en cuenta también la responsabilidad de cada condenado según la importancia de las funciones que ejercían en el esquema criminal que ha sido juzgado y condenado en la línea presentada por el Fiscal General del Estado y por el juez instructor.
Ahora se espera una declaración del expresidente Lula da Silva que ha visto condenados a los hombres de su partido que lo llevaron al poder. Lula advirtió días atrás que hablaría sólo tras el veredicto final del Supremo. Lula se había quedado fuera de la denuncia al considerar el Fiscal que no había pruebas de su participación en el esquema criminal del soborno a los diputados.
Sin embargo, dado que la oposición insistía en que de alguna forma también él resultaría salpicado si condenaban a los que fueran sus personas de confianza, se adelantó a decir que él ya había sido “absuelto por las urnas”, refiriéndose al hecho de que después de haber estallado el escándalo, fue reelegido para un segundo mandato.
El tribunal decidió finalmente que parte de los acusados habían formado una cuadrilla o asociación criminal para cometer varios delitos. Todos ellos ya habían sido condenados por otros crímenes. Era el tema más delicado y el que más había divido a los jueces en este proceso, que comenzó el 3 de agosto y fue retransmitido en directo y al completo por la televisión.
Según los jueces tres núcleos constituían esta asociación delictiva. En primer lugar, el político que comprendía a los tres principales responsables del Partido de los Trabajadores en 2003, durante el primer gobierno Lula: el exministro del gobierno y brazo derecho del mismo, José Dirceu, el entonces Presidente del partido, José Genoino, ambos exguerrilleros durante la dictadura militar, y el entonces tesorero, Delubio Soares. En segundo lugar, el núcleo financiero, en torno al Banco Rural. Y por último, el grupo operacional, formado por las empresas de publicidad de Marcos Valerio.
Finalmente, 11 de los 13 acusados fueron condenados por seis votos a cuatro, de formar parte de dicha asociación, tras una fuerte discusión sobre el concepto de este delito, que implica poner en peligro la paz social. Los que votaron por la condena, entre ellos, el Presidente del Supremo, Ayres Brito, y el decano del mismo, Celso de Mello, consideraron que la paz pública se quebranta cuando a través de un escándalo de corrupción de esa emvergadura “la sociedad pierde la fe en el Estado”. Según Mello, se intentó condenar no a la política ni a los políticos en general, sino a un grupo de servidores públicos “con una perversa vocación para un control criminal del poder que intentaba perpetuarse ilegalmente”.
En los próximos días, el Supremo deberá fijar las penas de cada uno de los 25 condenados, algo complejo ya que algunos fueron condenados por varios delitos o por uno solo perpetrado hasta 15 veces. Los magistrados tendrán en cuenta también la responsabilidad de cada condenado según la importancia de las funciones que ejercían en el esquema criminal que ha sido juzgado y condenado en la línea presentada por el Fiscal General del Estado y por el juez instructor.
Ahora se espera una declaración del expresidente Lula da Silva que ha visto condenados a los hombres de su partido que lo llevaron al poder. Lula advirtió días atrás que hablaría sólo tras el veredicto final del Supremo. Lula se había quedado fuera de la denuncia al considerar el Fiscal que no había pruebas de su participación en el esquema criminal del soborno a los diputados.
Sin embargo, dado que la oposición insistía en que de alguna forma también él resultaría salpicado si condenaban a los que fueran sus personas de confianza, se adelantó a decir que él ya había sido “absuelto por las urnas”, refiriéndose al hecho de que después de haber estallado el escándalo, fue reelegido para un segundo mandato.
