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Clarín recibió el fallo con cautela y a la espera de una reacción oficial
Hackearon la página web del diario Clarín
La oposición lo celebró como un triunfo propio
Hoy, 7-D, será un viernes más. No habrá una fiesta política ni el cristinismo habrá derrotado a nadie. En el plazo de hoy estaba escondida la única y caprichosa carta que la Presidenta escondía frente a las adversidades de los últimos tiempos. Tanta expectativa oficial se había depositado en el 7-D que Cristina Kirchner imaginaba un antes y un después en su vida de mujer pública. Fueron tan enormes esas ilusiones que el gobierno personalista de la Presidenta tiró abajo cualquier límite que respetara la división de poderes. El Congreso se puso al servicio de pobres intereses políticos para presionar a la cabeza de un poder de la República, la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura, una institución política del Poder Judicial, fue arrasado por la impronta fanática de funcionarios kirchneristas.
El Gobierno confundió el vencimiento , siempre eventual, de una medida cautelar con un estricto plazo legal. Armó una fiesta con esa fantasía. El kirchnerismo podía seguir la huella de esa épica, pero no la Justicia.
El resultado amargo de los últimos días fue la constatación definitiva de que el cristinismo ha decidido convertir a los jueces en instrumento de sus apetencias políticas. Un puñado de magistrados, todos pertenecientes al fuero federal en lo Civil y Comercial, fue perseguido, difamado y apartado. Nunca había sucedido semejante ensañamiento con nadie en la democracia argentina, mucho menos con exponentes del Poder Judicial. Algunos jueces carecieron de coraje; otros demostraron que todavía existen en el país reservas de valentía personal. Necesitarán ser valientes. La decisión que tomaron ayer los jueces María Najurieta y Francisco de las Carreras tendrá consecuencias políticas.
Cristina Kirchner había depositado en el 7-D la revancha por los cacerolazos del 13-S y del 8-N, y por la huelga general del 20-N. El final de ópera de ayer era innecesario, pero era el final que construyó la propia Presidenta. A matar o morir. Victoria o derrota. El final fue, en efecto, más dramático que el comienzo de todo el proceso. La ley de medios se inició con una exhortación general a la democratización de todos los medios audiovisuales y terminó en una guerra cuerpo a cuerpo con el Grupo Clarín. Terminó empapada por el espíritu que sí tuvieron los dos Kirchner desde que lanzaron esa ley.
Algunas lecciones podrían sacarse si se mirara bien lo que pasó. La primera de ellas es que la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia fundamental para respaldar o para abandonar a los jueces. En rigor, los camaristas del fuero Civil y Comercial comenzaron a actuar vertiginosamente luego de la última resolución de la Corte, que les indicó la necesidad de que tomaran decisiones. Ni siquiera la Corte le puede decir a un juez cómo debe decidir, pero sí le puede ordenar que actúe. Es lo que hizo. Con ese respaldo explícito, los jueces rechazaron falsas e injustas recusaciones, repusieron en sus funciones a los magistrados naturales del caso y éstos se pusieron a escribir sentencias. Es lo que se espera de la Justicia.
Otra lección es que la prepotencia tiene el límite de la dignidad. Cristina se ha rodeado en los años recientes de personas especialmente prepotentes. Algunos lo fueron siempre. Otros no lo fueron nunca, pero se volvieron pendencieros para salvar sus puestos. La Presidenta los quiere a todos arrogantes y barriobajeros. Aplicaron ese sistema para fulminar a un grupo de jueces. Pero, ¿cómo reaccionarían los otros jueces? «O resistíamos o perdíamos nuestra razón de existir», explicó ayer uno de los firmantes del más duro documento que los magistrados hayan firmado contra un gobierno. Reclamaron masivamente por la independencia del Poder Judicial en una clara reacción ante los atropellos recientes. Denunciaron, incluso, las campañas mediáticas de acoso y descalificación de jueces no sólo en medios privados, amigos del Gobierno, sino también en los propios medios estatales.
Ese documento lo firman, entre muchos magistrados de todo el país, dos juezas que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Destaca la presencia de Highton de Nolasco, una prestigiosa jurista con una relativa simpatía por ciertas políticas de Cristina. La firma de Argibay, en cambio, era previsible; ella es, en síntesis, la más perfecta expresión de lo que debe ser un juez independiente de cualquier poder.
La dignidad, en efecto, le puso un límite a la prepotencia. El Gobierno había llegado en los últimos días hasta la obscenidad. Dijo públicamente que volvió a recusar a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial porque simplemente intuía que votarían contra los intereses del Gobierno. Fue un caso memorable de autoritarismo: había que matar al juez si el juez no era amigo.
Otro miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, debería reflexionar sobre su destino: ¿quiere ser juez o militante? Una cosa es su cercanía con el Gobierno, que ya es manifiesta, y otra cosa es hacer uso de posición pública para defender discutibles posiciones circunstanciales del oficialismo. Ayer, la misma Cámara que prorrogó la cautelar determinó que, aún cuando el Grupo Clarín perdiera en todas las instancias su planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, luego contará con un año para desinvertir. Era el derecho que no le reconocía el Gobierno y que Zaffaroni avaló de alguna manera cuando el miércoles pasado dijo que hoy se terminarían todos los plazos. No se terminó ninguno, pero él ayudó a la construcción de un vaho triunfalista que concluyó en una derrota.
Las óperas necesitan un final de arrebatos, de gritos y de llantos. Es lo que veremos en los próximos días. Las expresiones más duras del cristinismo ya están hablando de un golpe de Estado propinado por la Justicia. Es el recurso habitual del kirchnerismo. Habla de un fantasma que nadie ve. Pero es así.
Por mucho menos, porque la Corte no le ordenó a la jueza Sarmiento que dejara de proteger la autonomía de Martín Redrado en el Banco Central, la Presidenta acusó de golpista a la Corte. Esa línea de mayor tensión fraccionará aún más la política. El fanatismo será también más fanático. Hasta que otra guerra se lleve la polvareda de esta guerra.
Sin embargo, las cosas están en manos de la Justicia. ¿Cómo seguirá ahí? El Gobierno podrá apelar la decisión de ayer ante la Corte Suprema de Justicia. Es su derecho. Seguramente lo hará. Tiene un problema: las apelaciones de cautelares no suspenden las cautelares. Sólo un pronunciamiento explícito y formal del máximo tribunal de justicia de país podría cambiar la decisión de los jueces Najurieta y De las Carreras.
El drama perpetuo es la sustancia del kirchnerismo. El de ayer podría haber sido un simple trámite judicial, destinado a ser revisado por otra instancia. Se ha convertido, en cambio, en el embrión de una segura crisis política..
Clarín recibió el fallo con cautela y a la espera de una reacción oficial
Hackearon la página web del diario Clarín
La oposición lo celebró como un triunfo propio
Hoy, 7-D, será un viernes más. No habrá una fiesta política ni el cristinismo habrá derrotado a nadie. En el plazo de hoy estaba escondida la única y caprichosa carta que la Presidenta escondía frente a las adversidades de los últimos tiempos. Tanta expectativa oficial se había depositado en el 7-D que Cristina Kirchner imaginaba un antes y un después en su vida de mujer pública. Fueron tan enormes esas ilusiones que el gobierno personalista de la Presidenta tiró abajo cualquier límite que respetara la división de poderes. El Congreso se puso al servicio de pobres intereses políticos para presionar a la cabeza de un poder de la República, la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura, una institución política del Poder Judicial, fue arrasado por la impronta fanática de funcionarios kirchneristas.
El Gobierno confundió el vencimiento , siempre eventual, de una medida cautelar con un estricto plazo legal. Armó una fiesta con esa fantasía. El kirchnerismo podía seguir la huella de esa épica, pero no la Justicia.
El resultado amargo de los últimos días fue la constatación definitiva de que el cristinismo ha decidido convertir a los jueces en instrumento de sus apetencias políticas. Un puñado de magistrados, todos pertenecientes al fuero federal en lo Civil y Comercial, fue perseguido, difamado y apartado. Nunca había sucedido semejante ensañamiento con nadie en la democracia argentina, mucho menos con exponentes del Poder Judicial. Algunos jueces carecieron de coraje; otros demostraron que todavía existen en el país reservas de valentía personal. Necesitarán ser valientes. La decisión que tomaron ayer los jueces María Najurieta y Francisco de las Carreras tendrá consecuencias políticas.
Cristina Kirchner había depositado en el 7-D la revancha por los cacerolazos del 13-S y del 8-N, y por la huelga general del 20-N. El final de ópera de ayer era innecesario, pero era el final que construyó la propia Presidenta. A matar o morir. Victoria o derrota. El final fue, en efecto, más dramático que el comienzo de todo el proceso. La ley de medios se inició con una exhortación general a la democratización de todos los medios audiovisuales y terminó en una guerra cuerpo a cuerpo con el Grupo Clarín. Terminó empapada por el espíritu que sí tuvieron los dos Kirchner desde que lanzaron esa ley.
Algunas lecciones podrían sacarse si se mirara bien lo que pasó. La primera de ellas es que la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia fundamental para respaldar o para abandonar a los jueces. En rigor, los camaristas del fuero Civil y Comercial comenzaron a actuar vertiginosamente luego de la última resolución de la Corte, que les indicó la necesidad de que tomaran decisiones. Ni siquiera la Corte le puede decir a un juez cómo debe decidir, pero sí le puede ordenar que actúe. Es lo que hizo. Con ese respaldo explícito, los jueces rechazaron falsas e injustas recusaciones, repusieron en sus funciones a los magistrados naturales del caso y éstos se pusieron a escribir sentencias. Es lo que se espera de la Justicia.
Otra lección es que la prepotencia tiene el límite de la dignidad. Cristina se ha rodeado en los años recientes de personas especialmente prepotentes. Algunos lo fueron siempre. Otros no lo fueron nunca, pero se volvieron pendencieros para salvar sus puestos. La Presidenta los quiere a todos arrogantes y barriobajeros. Aplicaron ese sistema para fulminar a un grupo de jueces. Pero, ¿cómo reaccionarían los otros jueces? «O resistíamos o perdíamos nuestra razón de existir», explicó ayer uno de los firmantes del más duro documento que los magistrados hayan firmado contra un gobierno. Reclamaron masivamente por la independencia del Poder Judicial en una clara reacción ante los atropellos recientes. Denunciaron, incluso, las campañas mediáticas de acoso y descalificación de jueces no sólo en medios privados, amigos del Gobierno, sino también en los propios medios estatales.
Ese documento lo firman, entre muchos magistrados de todo el país, dos juezas que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Destaca la presencia de Highton de Nolasco, una prestigiosa jurista con una relativa simpatía por ciertas políticas de Cristina. La firma de Argibay, en cambio, era previsible; ella es, en síntesis, la más perfecta expresión de lo que debe ser un juez independiente de cualquier poder.
La dignidad, en efecto, le puso un límite a la prepotencia. El Gobierno había llegado en los últimos días hasta la obscenidad. Dijo públicamente que volvió a recusar a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial porque simplemente intuía que votarían contra los intereses del Gobierno. Fue un caso memorable de autoritarismo: había que matar al juez si el juez no era amigo.
Otro miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, debería reflexionar sobre su destino: ¿quiere ser juez o militante? Una cosa es su cercanía con el Gobierno, que ya es manifiesta, y otra cosa es hacer uso de posición pública para defender discutibles posiciones circunstanciales del oficialismo. Ayer, la misma Cámara que prorrogó la cautelar determinó que, aún cuando el Grupo Clarín perdiera en todas las instancias su planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, luego contará con un año para desinvertir. Era el derecho que no le reconocía el Gobierno y que Zaffaroni avaló de alguna manera cuando el miércoles pasado dijo que hoy se terminarían todos los plazos. No se terminó ninguno, pero él ayudó a la construcción de un vaho triunfalista que concluyó en una derrota.
Las óperas necesitan un final de arrebatos, de gritos y de llantos. Es lo que veremos en los próximos días. Las expresiones más duras del cristinismo ya están hablando de un golpe de Estado propinado por la Justicia. Es el recurso habitual del kirchnerismo. Habla de un fantasma que nadie ve. Pero es así.
Por mucho menos, porque la Corte no le ordenó a la jueza Sarmiento que dejara de proteger la autonomía de Martín Redrado en el Banco Central, la Presidenta acusó de golpista a la Corte. Esa línea de mayor tensión fraccionará aún más la política. El fanatismo será también más fanático. Hasta que otra guerra se lleve la polvareda de esta guerra.
Sin embargo, las cosas están en manos de la Justicia. ¿Cómo seguirá ahí? El Gobierno podrá apelar la decisión de ayer ante la Corte Suprema de Justicia. Es su derecho. Seguramente lo hará. Tiene un problema: las apelaciones de cautelares no suspenden las cautelares. Sólo un pronunciamiento explícito y formal del máximo tribunal de justicia de país podría cambiar la decisión de los jueces Najurieta y De las Carreras.
El drama perpetuo es la sustancia del kirchnerismo. El de ayer podría haber sido un simple trámite judicial, destinado a ser revisado por otra instancia. Se ha convertido, en cambio, en el embrión de una segura crisis política..
