Sucesos similares a los producidos por las recientes crisis policiales en las provincias ya habían sacudido a la Argentina 12 años atrás y concluyeron con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
No sólo estos acontecimientos sumergieron a los argentinos en el túnel del tiempo, sino que volvieron a aparecer los cortes de energía en distintas poblaciones del país. Esas interrupciones en el suministro vital para las sociedades modernas provocaron graves inconvenientes en la vida de millones de personas, que debieron modificar sus hábitos para adaptarse a la situación.
Una crisis similar se produjo 25 años atrás, durante la gestión de Raúl Alfonsín, cuando no existían las actuales inversiones en la generación térmica y la Argentina dependía –básicamente– de la energía nuclear e hidroeléctrica. Una sequía histórica, así como paradas de las centrales de Atucha y Embalse, obligó en aquel entonces a cortes programados en el servicio.
Luego vinieron las privatizaciones e inversiones durante la década menemista. Si bien mejoraron la cantidad y calidad del servicio eléctrico, en términos de dólares los argentinos llegaron a pagar el fluido en uno de los niveles más caros del mundo en relación con los ingresos de sus habitantes.
Tras la crisis de 2001, el kirchnerismo decidió penalizar a las empresas generadoras y distribuidoras con el congelamiento de tarifas, lo cual tuvo compensaciones parciales –mediante subsidios– a las centrales, pero no así a las empresas que transportaban y distribuían el fluido.
En Córdoba, Epec desarrolla las tres etapas –generación, transporte y distribución–, mientras que en otras provincias, esas prestaciones están a cargo de distintas compañías.
Durante la década que el oficialismo califica como ganada, el precio por la distribución no varió en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, por lo cual más de 12 millones de consumidores pagan valores irrisorios a las prestadoras Edenor, Edesur y Edelap, las cuales no efectuaron en los últimos años inversiones para mejorar el tendido y proveer la mayor demanda.
Hoy, la Argentina repite el triste espectáculo de los cortes de luz y de traer energía desde Uruguay. Además, se destinan subsidios multimillonarios para atender la importación de gasoil y fuel oil , que se destinan a las centrales termoeléctricas para generar electricidad.
El déficit de la balanza energética llegó en los 10 primeros meses a 6.008 millones de pesos, según un análisis del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.
Es necesario que el Gobierno nacional modifique su relato de que todo está perfectamente planificado y que la culpa siempre es de los otros, y que avance en definir un plan que permita recuperar el autoabastecimiento energético y evitar este regreso al pasado.
