Los pocos detalles que hasta ahora se conocen sobre el asunto de la imprenta Donnelley alcanzan para calificar a la situación como de gravedad.
Pero más allá de lo adjetivo, resulta necesario comprender en toda su dimensión la complejidad de las redes de intereses que se tejen al interior de los distintos departamentos del Estado, en cualquiera de sus niveles, en los que hunden raíces. Que se organizan en torno de lo que políticamente puedan o quieran expresar determinados esquemas de negocios. E impulsan decisiones de gobierno, o generan situaciones que las interfieren, en forma irregular o, por lo menos, cuestionable. Desvinculadas, en principio, de los rumbos que decide la ciudadanía en las urnas.
Derivaciones del conflicto con los Fondos Buitre intervienen en el escenario cotidiano, sorprendiendo por su forma, pero no por el hecho en sí mismo, pues había expectativas de movimientos en tal sentido. De hecho, nosotros comentamos esa posibilidad en uno de nuestros últimos textos. Se trataría, pues, de la capacidad de las tropas de Paul Singer de operar sus múltiples membresías empresariales y sus respectivas complicidades para presionar, quiebra fraudulenta mediante, al gobierno nacional en función del diferendo judicial radicado en los tribunales de Nueva York a propósito del mínimo de deuda que aún permanece en estado de litigiosidad del default del año 2001 (culpas según la Historia, y no un fallo estrambótico, las asigna).
Agitando opinión favorable a un acuerdo riesgoso sobre la base de una ficción enviciada.
Los laberintos judiciales dirán lo suyo, pero son de orden distinto a lo que debe resolverse en política.
Aquí se juega no sólo la estrategia soberana del país en materia de endeudamiento externo, sino también la voluntad del Estado para encuadrar comportamientos empresarios en la letra de la ley donde le compete hacerlo. Conviene recordar que, a la misma hora, hay en análisis parlamentario iniciativas que quieren penar conductas de similar espíritu que se desarrollen en el mercado local. La denuncia de la presidenta CFK con fundamento en la ley antiterrorista significa mucho más que un expediente tribunalicio. Se está exponiendo al debate público la fractura que evoca una puja proyectiva profundísima. Así debe interpretarse una acusación por delitos que encubren un desafío de poder. Al que el kirchnerismo hace frente.
Todo esto en debate a, apenas, 18 meses de una sucesión presidencial que, según explican con frecuencia, incluirá también un fin de ciclo o una nueva Argentina, según la fórmula de marketing que se prefiera.
Frente a semejante cuadro, como ya expresáramos, quienes reclaman derechos al respecto persisten en su obstinación por no manifestar una toma de posición, siquiera mínima. Lo cual es especialmente llamativo cuando la trama implica definiciones que alcanzan incluso a lo que se considere que es o, en su defecto, debería ser el modelo productivo argentino. El silencio es, pues, una pista. Y viene también a poner en claro que la electoral 2015 no será una disputa de conductas éticas/morales: el mutismo lo es sobre una maniobra que difícilmente se podrá explicar en esos términos. No hay interés en la corrupción, sino en instrumentarla como método de impugnación al ingreso de nuevos actores y hojas de ruta en esos territorios. Habrá, el año que viene, que resolver lo mismo que está en crisis desde la rebelión de la patronal agraria de 2008: quién decide y qué.
Los dirigentes opositores, a esta hora, prefieren emular en la realidad lo que, parecía, eran sólo sketches televisivos graciosos (por así decirlo); o pegar afiches que simulan contadores de tiempo en las paredes de las calles. La mansedumbre.
Así, no requiere de mayores explicaciones la preferencia del establishment por ellos.
Tal vez lo mejor sea imitarlos en eso de cerrar la boca. Agregar algo sería redundante cuando, igual, se exponen brutalmente.
