05 de Noviembre de 2014
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberían ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberían ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
Mucho se ha avanzado hasta nuestros días desde aquel «Que se vayan todos» con el que la ciudadanía se pronunció sobre los resultados de las políticas neoliberales de la década del ’90 que condujeron a la crisis de 2001/2003. Sin ánimos de estigmatizar a los que fueron responsables de la implementación de dichas políticas, puede ser que algunos, o la mayoría de ellos, no hayan sido conscientes de las consecuencias que las mismas provocaron. Estoy seguro que nadie buscó los resultados que se obervaron.
Dejando esto a salvo, quiero referirme a un aspecto que –creo– aún no ha sido profundizado en este camino de reconstrucción institucional: la plena recuperación y consolidación de los partidos políticos.
De esta manera, de acuerdo con lo previsto por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento jurídico en consonancia con aquélla, los partidos políticos son herramientas ineludibles de nuestro diseño institucional, por el que: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal…» y, simultáneamente se erigen como los mecanismos políticos principales a través de los cuales la ciudadanía debe ejercer la designación de sus representantes.
El peronismo, a lo largo de sus 70 años de historia, ha pasado por muy disímiles situaciones. Desde su surgimiento y la década fundacional, pasando por los 18 años de proscripciones y resistencia, los desencuentros y enfrentamientos de principios de los ‘70, los miles de perseguidos, desaparecidos, encarcelados, exiliados y asesinados de la última dictadura oligárquica, a la ardua reconstrucción de los años ‘80, las defecciones neoliberales de los ’90 y la crisis de 2001/2003.
A pesar de todo lo vivido, considero que hoy estamos en una etapa en la que hemos alcanzado una institucionalidad con plena participación democrática de todos los peronistas identificados con los postulados doctrinarios, políticos, ideológicos y programáticos del peronismo fundacional, adaptado a los requerimientos sociales de los tiempos que corren. Asimismo, creo que otras fuerzas políticas no han logrado el mismo grado de reconstrucción y consolidación, lo que explica que en cada elección surjan y luego se eclipsen formaciones que, independientemente de las intenciones de quienes organizan las listas de candidatos y de los que las votan, no logran consolidarse.
¿No será esa la razón de la persistencia de prácticas corporativas que intentan sistemáticamente condicionar el ejercicio de las funciones que la ciudadanía encomienda a sus representantes a través del voto? No negamos el derecho y la necesidad que tienen los integrantes de los distintos sectores productivos, empresarios, sindicales, culturales, religiosos y de todo tipo, de expresar sus problemáticas, necesidades, aspiraciones y reclamos a través de sus entidades representativas. Recordemos que fue Juan Domingo Perón quien expresó el concepto de la «comunidad organizada». Pero creemos que el planteo sectorial no puede convertirse en una representación institucional sustitutiva de la función de los partidos políticos, tal como lo determina nuestro ordenamiento jurídico.
A diario vemos numerosos ejemplos de limitaciones impuestas por aquel poder político que no fue designado por el voto popular; son sectores que no se ven sujetos a la periodicidad republicana en el ejercicio de sus funciones, lo cual impide a la ciudadanía que ratifique o dé por concluído el ejercicio de las mismas.
Es el caso del Poder Judicial, el único poder político del Estado que pareciera estar más atento a los reclamos corporativos de los poderosos que a escuchar a los representantes elegidos por la voluntad popular.
Y en este sentido, coincido con el Dr. E. Raúl Zaffaroni, cuando afirma que «… pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos».
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberían ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberían ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
Mucho se ha avanzado hasta nuestros días desde aquel «Que se vayan todos» con el que la ciudadanía se pronunció sobre los resultados de las políticas neoliberales de la década del ’90 que condujeron a la crisis de 2001/2003. Sin ánimos de estigmatizar a los que fueron responsables de la implementación de dichas políticas, puede ser que algunos, o la mayoría de ellos, no hayan sido conscientes de las consecuencias que las mismas provocaron. Estoy seguro que nadie buscó los resultados que se obervaron.
Dejando esto a salvo, quiero referirme a un aspecto que –creo– aún no ha sido profundizado en este camino de reconstrucción institucional: la plena recuperación y consolidación de los partidos políticos.
De esta manera, de acuerdo con lo previsto por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento jurídico en consonancia con aquélla, los partidos políticos son herramientas ineludibles de nuestro diseño institucional, por el que: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal…» y, simultáneamente se erigen como los mecanismos políticos principales a través de los cuales la ciudadanía debe ejercer la designación de sus representantes.
El peronismo, a lo largo de sus 70 años de historia, ha pasado por muy disímiles situaciones. Desde su surgimiento y la década fundacional, pasando por los 18 años de proscripciones y resistencia, los desencuentros y enfrentamientos de principios de los ‘70, los miles de perseguidos, desaparecidos, encarcelados, exiliados y asesinados de la última dictadura oligárquica, a la ardua reconstrucción de los años ‘80, las defecciones neoliberales de los ’90 y la crisis de 2001/2003.
A pesar de todo lo vivido, considero que hoy estamos en una etapa en la que hemos alcanzado una institucionalidad con plena participación democrática de todos los peronistas identificados con los postulados doctrinarios, políticos, ideológicos y programáticos del peronismo fundacional, adaptado a los requerimientos sociales de los tiempos que corren. Asimismo, creo que otras fuerzas políticas no han logrado el mismo grado de reconstrucción y consolidación, lo que explica que en cada elección surjan y luego se eclipsen formaciones que, independientemente de las intenciones de quienes organizan las listas de candidatos y de los que las votan, no logran consolidarse.
¿No será esa la razón de la persistencia de prácticas corporativas que intentan sistemáticamente condicionar el ejercicio de las funciones que la ciudadanía encomienda a sus representantes a través del voto? No negamos el derecho y la necesidad que tienen los integrantes de los distintos sectores productivos, empresarios, sindicales, culturales, religiosos y de todo tipo, de expresar sus problemáticas, necesidades, aspiraciones y reclamos a través de sus entidades representativas. Recordemos que fue Juan Domingo Perón quien expresó el concepto de la «comunidad organizada». Pero creemos que el planteo sectorial no puede convertirse en una representación institucional sustitutiva de la función de los partidos políticos, tal como lo determina nuestro ordenamiento jurídico.
A diario vemos numerosos ejemplos de limitaciones impuestas por aquel poder político que no fue designado por el voto popular; son sectores que no se ven sujetos a la periodicidad republicana en el ejercicio de sus funciones, lo cual impide a la ciudadanía que ratifique o dé por concluído el ejercicio de las mismas.
Es el caso del Poder Judicial, el único poder político del Estado que pareciera estar más atento a los reclamos corporativos de los poderosos que a escuchar a los representantes elegidos por la voluntad popular.
Y en este sentido, coincido con el Dr. E. Raúl Zaffaroni, cuando afirma que «… pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos».
