05 de Noviembre de 2014
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberÃan ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberÃan ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
Mucho se ha avanzado hasta nuestros dÃas desde aquel «Que se vayan todos» con el que la ciudadanÃa se pronunció sobre los resultados de las polÃticas neoliberales de la década del ’90 que condujeron a la crisis de 2001/2003. Sin ánimos de estigmatizar a los que fueron responsables de la implementación de dichas polÃticas, puede ser que algunos, o la mayorÃa de ellos, no hayan sido conscientes de las consecuencias que las mismas provocaron. Estoy seguro que nadie buscó los resultados que se obervaron.
Dejando esto a salvo, quiero referirme a un aspecto que –creo– aún no ha sido profundizado en este camino de reconstrucción institucional: la plena recuperación y consolidación de los partidos polÃticos.
De esta manera, de acuerdo con lo previsto por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento jurÃdico en consonancia con aquélla, los partidos polÃticos son herramientas ineludibles de nuestro diseño institucional, por el que: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal…» y, simultáneamente se erigen como los mecanismos polÃticos principales a través de los cuales la ciudadanÃa debe ejercer la designación de sus representantes.
El peronismo, a lo largo de sus 70 años de historia, ha pasado por muy disÃmiles situaciones. Desde su surgimiento y la década fundacional, pasando por los 18 años de proscripciones y resistencia, los desencuentros y enfrentamientos de principios de los ‘70, los miles de perseguidos, desaparecidos, encarcelados, exiliados y asesinados de la última dictadura oligárquica, a la ardua reconstrucción de los años ‘80, las defecciones neoliberales de los ’90 y la crisis de 2001/2003.
A pesar de todo lo vivido, considero que hoy estamos en una etapa en la que hemos alcanzado una institucionalidad con plena participación democrática de todos los peronistas identificados con los postulados doctrinarios, polÃticos, ideológicos y programáticos del peronismo fundacional, adaptado a los requerimientos sociales de los tiempos que corren. Asimismo, creo que otras fuerzas polÃticas no han logrado el mismo grado de reconstrucción y consolidación, lo que explica que en cada elección surjan y luego se eclipsen formaciones que, independientemente de las intenciones de quienes organizan las listas de candidatos y de los que las votan, no logran consolidarse.
¿No será esa la razón de la persistencia de prácticas corporativas que intentan sistemáticamente condicionar el ejercicio de las funciones que la ciudadanÃa encomienda a sus representantes a través del voto? No negamos el derecho y la necesidad que tienen los integrantes de los distintos sectores productivos, empresarios, sindicales, culturales, religiosos y de todo tipo, de expresar sus problemáticas, necesidades, aspiraciones y reclamos a través de sus entidades representativas. Recordemos que fue Juan Domingo Perón quien expresó el concepto de la «comunidad organizada». Pero creemos que el planteo sectorial no puede convertirse en una representación institucional sustitutiva de la función de los partidos polÃticos, tal como lo determina nuestro ordenamiento jurÃdico.
A diario vemos numerosos ejemplos de limitaciones impuestas por aquel poder polÃtico que no fue designado por el voto popular; son sectores que no se ven sujetos a la periodicidad republicana en el ejercicio de sus funciones, lo cual impide a la ciudadanÃa que ratifique o dé por concluÃdo el ejercicio de las mismas.
Es el caso del Poder Judicial, el único poder polÃtico del Estado que pareciera estar más atento a los reclamos corporativos de los poderosos que a escuchar a los representantes elegidos por la voluntad popular.
Y en este sentido, coincido con el Dr. E. Raúl Zaffaroni, cuando afirma que «â€¦ pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos».
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberÃan ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
El punto de partida para analizar la evolución de la recuperación institucional deberÃan ser estos últimos 31 años, en los que con gran esfuerzo y perseverancia, se ha avanzado considerablemente. Creo que los resultados deben enorgullecernos y reafirmar nuestro compromiso ante el pueblo de continuar poniendo lo mejor de cada uno para recorrer los caminos que tenemos por delante, pues sabemos que es mucho lo que podemos y debemos mejorar. Conscientes igualmente que esa tarea nunca tiene fin, ya que los cambios y avances de las sociedades generan nuevas expectativas, necesidades y sueños, que debemos estimular, alentar y asumir como objetivos a alcanzar.
Mucho se ha avanzado hasta nuestros dÃas desde aquel «Que se vayan todos» con el que la ciudadanÃa se pronunció sobre los resultados de las polÃticas neoliberales de la década del ’90 que condujeron a la crisis de 2001/2003. Sin ánimos de estigmatizar a los que fueron responsables de la implementación de dichas polÃticas, puede ser que algunos, o la mayorÃa de ellos, no hayan sido conscientes de las consecuencias que las mismas provocaron. Estoy seguro que nadie buscó los resultados que se obervaron.
Dejando esto a salvo, quiero referirme a un aspecto que –creo– aún no ha sido profundizado en este camino de reconstrucción institucional: la plena recuperación y consolidación de los partidos polÃticos.
De esta manera, de acuerdo con lo previsto por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento jurÃdico en consonancia con aquélla, los partidos polÃticos son herramientas ineludibles de nuestro diseño institucional, por el que: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal…» y, simultáneamente se erigen como los mecanismos polÃticos principales a través de los cuales la ciudadanÃa debe ejercer la designación de sus representantes.
El peronismo, a lo largo de sus 70 años de historia, ha pasado por muy disÃmiles situaciones. Desde su surgimiento y la década fundacional, pasando por los 18 años de proscripciones y resistencia, los desencuentros y enfrentamientos de principios de los ‘70, los miles de perseguidos, desaparecidos, encarcelados, exiliados y asesinados de la última dictadura oligárquica, a la ardua reconstrucción de los años ‘80, las defecciones neoliberales de los ’90 y la crisis de 2001/2003.
A pesar de todo lo vivido, considero que hoy estamos en una etapa en la que hemos alcanzado una institucionalidad con plena participación democrática de todos los peronistas identificados con los postulados doctrinarios, polÃticos, ideológicos y programáticos del peronismo fundacional, adaptado a los requerimientos sociales de los tiempos que corren. Asimismo, creo que otras fuerzas polÃticas no han logrado el mismo grado de reconstrucción y consolidación, lo que explica que en cada elección surjan y luego se eclipsen formaciones que, independientemente de las intenciones de quienes organizan las listas de candidatos y de los que las votan, no logran consolidarse.
¿No será esa la razón de la persistencia de prácticas corporativas que intentan sistemáticamente condicionar el ejercicio de las funciones que la ciudadanÃa encomienda a sus representantes a través del voto? No negamos el derecho y la necesidad que tienen los integrantes de los distintos sectores productivos, empresarios, sindicales, culturales, religiosos y de todo tipo, de expresar sus problemáticas, necesidades, aspiraciones y reclamos a través de sus entidades representativas. Recordemos que fue Juan Domingo Perón quien expresó el concepto de la «comunidad organizada». Pero creemos que el planteo sectorial no puede convertirse en una representación institucional sustitutiva de la función de los partidos polÃticos, tal como lo determina nuestro ordenamiento jurÃdico.
A diario vemos numerosos ejemplos de limitaciones impuestas por aquel poder polÃtico que no fue designado por el voto popular; son sectores que no se ven sujetos a la periodicidad republicana en el ejercicio de sus funciones, lo cual impide a la ciudadanÃa que ratifique o dé por concluÃdo el ejercicio de las mismas.
Es el caso del Poder Judicial, el único poder polÃtico del Estado que pareciera estar más atento a los reclamos corporativos de los poderosos que a escuchar a los representantes elegidos por la voluntad popular.
Y en este sentido, coincido con el Dr. E. Raúl Zaffaroni, cuando afirma que «â€¦ pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos».
