Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
@sebalacunza
En 1983, Raúl Alfonsín heredó servicios de Inteligencia que acababan de participar de una de las masacres más graves del siglo XX en América Latina. Uno de los represores de la dictadura, el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, llegó a ser custodia presidencial. En la difícil tarea de reconstruir la democracia, Alfonsín no supo, no quiso o no pudo transformar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, hoy SI). Mientras el gobierno de la UCR se veía acosado por asonadas militares y múltiples conspiraciones, lobos de Inteligencia aparecían vinculados a secuestros extorsivos.
Incluso, cuando la presidencia de Alfonsín ya se encontraba en extrema debilidad, la oposición peronista acusó a la SIDE de organizar disturbios para enlodar masivos actos de protesta en Plaza de Mayo. Una vez más, la mano negra de los servicios aparecía en el debate público.
Con el peronista conservador Carlos Menem, la Inteligencia argentina cobró dimensiones desconocidas. Los “sobres” a periodistas y medios de comunicación pasaron a ser legendarios. El exjefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández habló de una lista de periodistas a sueldo del gobierno durante el menemismo, a la que dijo no encontrar nunca. No todo fueron sobres. También explotaron los célebres videos extorsivos, alguno de los cuales tuvo como protagonista a un juez federal que sirvió a todos los gobiernos desde entonces. Al cabo de los diez años de Menem en el poder, la famosa “inseguridad” pasó a ser un megatema de la agenda pública, de la mano de las “malditas policías”. Los servicios de inteligencia, una vez más, la vieron pasar. Desde 1994, la SIDE trabajó activamente en la causa AMIA, ensuciándola.
Del gobierno del radical conservador Fernando de la Rúa, que llegó con la promesa de transparentar la administración pública, se recuerda a la SIDE por el aumento descontrolado de fondos, denunciado por el propio Alfonsín, que era del mismo partido que el entonces Presidente. Alguna tapa de revista contra un adversario interno del gobierno y otros vicios, pero ninguno tan importante como el papel de Inteligencia para el pago de coimas a senadores para aprobar una reforma laboral draconiana; extremo que, para la Justicia argentina, nunca existió.
Llegamos a los Kirchner. La Presidenta acaba de descubrir un nido de víboras capaz de cometer las peores cosas. El oficialismo sugiere que la mafia del espionaje pudo haber dominado a un fiscal, instarlo a denunciar a la Jefa de Estado de orquestar una “conspiración criminal” para encubrir a los presuntos responsables del atentado terrorista contra la AMIA. Esa misma mafia también pudo haber sido, según insinúa la Casa Rosada, la que asesinó o instó al suicidio del fiscal Alberto Nisman el día antes de acudir al Congreso a exponer sus argumentos.
Ya se ha dicho, con evidente razón, que el argumento del gobierno lo deja en una posición incómoda. Esos grupos, ahora señalados como mafiosos, ocuparon un rol central en el manejo de la Inteligencia hasta diciembre pasado. Si Antonio Stiusso, principal proveedor de información de Nisman, es el responsable de todos esos pecados luego de más de tres décadas de tareas de operaciones y contraespionaje, no hace falta explayarse cuánto pudo haber hecho durante doce años de kirchnerismo en su relación con la Justicia y otros factores de poder. Las operaciones contra opositores, sean graves, burdas y hasta bizarras, acompañaron al kirchnerismo desde el año 2003.
Dos organizaciones serias, Asociación por los Derechos Civiles y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se pronunciaron esta semana sobre la situación de los servicios de Inteligencia. Ambas coinciden en marcar la relativa autonomía de los espías argentinos como una constante.
Una paradoja frecuente es que algunos de los que aparecen como víctimas de la inteligencia turbia, sean jueces, fiscales o periodistas, también emergen como principales usuarios de sus servicios negros, con lo cual, la denuncia contra un sistema en esencia antidemocrático queda entrampada en su laberinto.
La presidenta Cristina Kirchner, jefa del Estado que debe poner todo al servicio de aclarar las circunstancias de la muerte de Nisman, se dedicó esta semana a pronunciarse a través de la red social Facebook. Commentator-in-Chief, de acuerdo a la lúcida definición del columnista del Herald Marcelo García.
En uno de esos comentarios, ponderó la tapa del Herald en la que se daba cuenta de la notoria endeblez argumentativa de la denuncia del fiscal Nisman.
En efecto, este diario tiene a una rigurosa periodista como principal redactora del caso, Luciana Bertoia, y sus editores constatamos que la denuncia del fiscal Nisman sobre una impunidad orquestada para levantar las alertas rojas contra los sospechosos e incrementar el comercio bilateral carece de sustento. No sólo porque fue desmentida con claridad por un exjefe de Interpol, sino porque la denuncia completa, difundida el martes por el Centro de Información Judicial dependiente de la Corte Suprema, se basa en especulaciones, recortes periodísticos y escuchas con relativo valor.
El juzgado federal de Ariel Lijo decidirá sobre el pedido de indagatoria de la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios. Quizás, nadie debería descartarlo, el resultado sea el procesamiento de una red de lobistas o de espionaje compuesta por individuos de baja calidad y escasa influencia. De su existencia también deberá dar cuenta el Gobierno. Mientras tanto, en el Herald creemos que la mejor forma de ser independientes es conservar apego a los hechos y respetar a los lectores.
Mientras se imprime este diario, Damián Pachter, un joven periodista que trabaja en el BuenosAiresHerald.com y fue el que primero informó la noticia de la muerte del fiscal Nisman desde su cuenta personal de Twitter en la medianoche del domingo pasado, estará fuera del país. Damián tuvo el gran mérito de confiar en una fuente clave y vivió su semana profesional más importante. Antes de partir, afirmó al sitio Infobae.com que tenía información de que su vida corría peligro y por ello se vio compelido a dejar el país en la madrugada de ayer. Aparentemente, los lobos de inteligencia siguen sueltos. El Herald seguirá fiel a sus principios, investigará el origen de las amenazas narradas por Pachter y exigirá a las autoridades que le brinden la seguridad que se merece.
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
@sebalacunza
En 1983, Raúl Alfonsín heredó servicios de Inteligencia que acababan de participar de una de las masacres más graves del siglo XX en América Latina. Uno de los represores de la dictadura, el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, llegó a ser custodia presidencial. En la difícil tarea de reconstruir la democracia, Alfonsín no supo, no quiso o no pudo transformar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, hoy SI). Mientras el gobierno de la UCR se veía acosado por asonadas militares y múltiples conspiraciones, lobos de Inteligencia aparecían vinculados a secuestros extorsivos.
Incluso, cuando la presidencia de Alfonsín ya se encontraba en extrema debilidad, la oposición peronista acusó a la SIDE de organizar disturbios para enlodar masivos actos de protesta en Plaza de Mayo. Una vez más, la mano negra de los servicios aparecía en el debate público.
Con el peronista conservador Carlos Menem, la Inteligencia argentina cobró dimensiones desconocidas. Los “sobres” a periodistas y medios de comunicación pasaron a ser legendarios. El exjefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández habló de una lista de periodistas a sueldo del gobierno durante el menemismo, a la que dijo no encontrar nunca. No todo fueron sobres. También explotaron los célebres videos extorsivos, alguno de los cuales tuvo como protagonista a un juez federal que sirvió a todos los gobiernos desde entonces. Al cabo de los diez años de Menem en el poder, la famosa “inseguridad” pasó a ser un megatema de la agenda pública, de la mano de las “malditas policías”. Los servicios de inteligencia, una vez más, la vieron pasar. Desde 1994, la SIDE trabajó activamente en la causa AMIA, ensuciándola.
Del gobierno del radical conservador Fernando de la Rúa, que llegó con la promesa de transparentar la administración pública, se recuerda a la SIDE por el aumento descontrolado de fondos, denunciado por el propio Alfonsín, que era del mismo partido que el entonces Presidente. Alguna tapa de revista contra un adversario interno del gobierno y otros vicios, pero ninguno tan importante como el papel de Inteligencia para el pago de coimas a senadores para aprobar una reforma laboral draconiana; extremo que, para la Justicia argentina, nunca existió.
Llegamos a los Kirchner. La Presidenta acaba de descubrir un nido de víboras capaz de cometer las peores cosas. El oficialismo sugiere que la mafia del espionaje pudo haber dominado a un fiscal, instarlo a denunciar a la Jefa de Estado de orquestar una “conspiración criminal” para encubrir a los presuntos responsables del atentado terrorista contra la AMIA. Esa misma mafia también pudo haber sido, según insinúa la Casa Rosada, la que asesinó o instó al suicidio del fiscal Alberto Nisman el día antes de acudir al Congreso a exponer sus argumentos.
Ya se ha dicho, con evidente razón, que el argumento del gobierno lo deja en una posición incómoda. Esos grupos, ahora señalados como mafiosos, ocuparon un rol central en el manejo de la Inteligencia hasta diciembre pasado. Si Antonio Stiusso, principal proveedor de información de Nisman, es el responsable de todos esos pecados luego de más de tres décadas de tareas de operaciones y contraespionaje, no hace falta explayarse cuánto pudo haber hecho durante doce años de kirchnerismo en su relación con la Justicia y otros factores de poder. Las operaciones contra opositores, sean graves, burdas y hasta bizarras, acompañaron al kirchnerismo desde el año 2003.
Dos organizaciones serias, Asociación por los Derechos Civiles y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se pronunciaron esta semana sobre la situación de los servicios de Inteligencia. Ambas coinciden en marcar la relativa autonomía de los espías argentinos como una constante.
Una paradoja frecuente es que algunos de los que aparecen como víctimas de la inteligencia turbia, sean jueces, fiscales o periodistas, también emergen como principales usuarios de sus servicios negros, con lo cual, la denuncia contra un sistema en esencia antidemocrático queda entrampada en su laberinto.
La presidenta Cristina Kirchner, jefa del Estado que debe poner todo al servicio de aclarar las circunstancias de la muerte de Nisman, se dedicó esta semana a pronunciarse a través de la red social Facebook. Commentator-in-Chief, de acuerdo a la lúcida definición del columnista del Herald Marcelo García.
En uno de esos comentarios, ponderó la tapa del Herald en la que se daba cuenta de la notoria endeblez argumentativa de la denuncia del fiscal Nisman.
En efecto, este diario tiene a una rigurosa periodista como principal redactora del caso, Luciana Bertoia, y sus editores constatamos que la denuncia del fiscal Nisman sobre una impunidad orquestada para levantar las alertas rojas contra los sospechosos e incrementar el comercio bilateral carece de sustento. No sólo porque fue desmentida con claridad por un exjefe de Interpol, sino porque la denuncia completa, difundida el martes por el Centro de Información Judicial dependiente de la Corte Suprema, se basa en especulaciones, recortes periodísticos y escuchas con relativo valor.
El juzgado federal de Ariel Lijo decidirá sobre el pedido de indagatoria de la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios. Quizás, nadie debería descartarlo, el resultado sea el procesamiento de una red de lobistas o de espionaje compuesta por individuos de baja calidad y escasa influencia. De su existencia también deberá dar cuenta el Gobierno. Mientras tanto, en el Herald creemos que la mejor forma de ser independientes es conservar apego a los hechos y respetar a los lectores.
Mientras se imprime este diario, Damián Pachter, un joven periodista que trabaja en el BuenosAiresHerald.com y fue el que primero informó la noticia de la muerte del fiscal Nisman desde su cuenta personal de Twitter en la medianoche del domingo pasado, estará fuera del país. Damián tuvo el gran mérito de confiar en una fuente clave y vivió su semana profesional más importante. Antes de partir, afirmó al sitio Infobae.com que tenía información de que su vida corría peligro y por ello se vio compelido a dejar el país en la madrugada de ayer. Aparentemente, los lobos de inteligencia siguen sueltos. El Herald seguirá fiel a sus principios, investigará el origen de las amenazas narradas por Pachter y exigirá a las autoridades que le brinden la seguridad que se merece.
