Por Alejandro Bercovich
-Yo soy un técnico, no un político. Este tipo de inquietudes son para el Presidente. Lo que puedo hacer es preguntarle a él y responderles.
Anochecía el lunes en la City porteña. Un parco y algo irritado Juan José Aranguren cortó en seco con esa frase al gobernador santafesino Miguel Lifschitz apenas terminó de explicarle la crisis que sacude a la industria de su provincia tras el tarifazo eléctrico mayorista que la compañía EPE debió trasladar a los usuarios.
Ingeniero como él, Lifschitz llevaba consigo copias de las facturas que llegaron a la fábrica de herramientas Bahco, que pasó de pagar $228.000 a $612.000 bimestrales tras el aumento, de la usina láctea Milkaut, cuya boleta saltó de $1,8 millón a $5,1 millones, y del frigorífico Recreo, que vio trepar su costo eléctrico de $298.000 a $944.000. Para evitar despidos y suspensiones masivas, el mandatario venía a proponerle que la Nación le devuelva a Santa Fe los $953 millones que invirtió la EPE en obras en los últimos años, para financiar con esos fondos un traslado gradual de los incrementos.
El ministro de Energía ya había escuchado una semana antes un planteo similar del presidente de la Unión Industrial, Adrián Kaufmann, para el que tampoco tuvo respuesta. Ayer, en un amable almuerzo en su sede con todo el equipo de Pancho Cabrera, la cúpula de la UIA en pleno se despachó a gusto contra el “ministro del Petróleo”, como llaman allí con sorna al exCEO de Shell, exponente del ala del gabinete que impuso el shock frente al gradualismo a la hora de aplicar el ajuste. Una página de la presentación desplegada en una pantalla gigante levantó un murmullo en el salón: si el tarifazo no se atenúa, corren peligro 39 mil empleos directos fabriles y 95 mil si se incluyen los de empresas de servicios asociados.
Al retirarse del viejo edificio de Avenida de Mayo y Lima, uno de los secretarios de Estado que acompañaron a Cabrera se arrimó a Kaufmann y le dijo en voz baja: “Ese cálculo de posible pérdida de empleos es conservador. A nosotros nos da un poco más”. Un dato preocupante tras los 100 mil empleos destruidos sólo en el primer trimestre del año y mientras el gremialismo avisa que “se terminó la luna de miel”, como hizo ayer el camionero Pablo Moyano.
El entrerriano Héctor Motta, dueño de una de las mayores feanadoras avícolas del país en pie tras el cierre de Cresta Roja, aprovechó el mismo almuerzo para advertir que sus galpones también corren riesgo tras el sinceramiento de precios relativos que favoreció a los productores de granos y cereales frente al resto de la economía. A los polleros y chancheros, eslabones iniciales de la agregación de valor agroindustrial, no sólo les subió la electricidad sino también el maíz, que ahora ya no paga retenciones. Sus costos locales subieron 270% y por eso volvieron a importar carne aviar de Brasil.
Modelos y modales
Si bien el establishment sigue encantado con los modales dialoguistas y la retórica modernizante de la administración Cambiemos, el embelesamiento empieza a ceder frente a realidades más acuciantes. Con los pagos de obras públicas paralizadas, cientos de industriales metalúrgicos dejaron de cobrar sus facturas a contratistas hace ya 120 días y no saben si en junio se prorrogará el reintegro del 14% para quienes producen bienes de capital. Sus costos energéticos saltaron de 4 a 9 centavos de dólar por kilowatt y ahora duplican a los de Estados Unidos o Brasil.
Por la crisis brasileña, para peor, las exportaciones industriales cayeron 40% en los últimos dos años. Pero el empleo se mantuvo, sostenido por el consumo interno y un gasto público que ahora empezó a recortarse con mucho pretendido gradualismo en los discursos pero bastante shock en las planillas. El nuevo problema, además de la aspiradora de pesos del Banco Central que jaquea al consumo y penaliza la inversión productiva con intereses del 40% anual, son los saldos que quedan sin vender al otro lado de la frontera, donde se producen siete veces más aluminio y cinco veces más automóviles que acá.
Las grandes empresas locales aún confían en que la astringencia monetaria es temporaria y creen que Federico Sturzenegger irá apagando la aspiradora apenas la recesión empiece a hacer el trabajo sucio de frenar la inflación, sobre fin de año. Se esperanzan también con financiarse más barato en el exterior luego del espaldarazo inapelable que recibió el pago a los fondos buitre en el Senado. En definitiva, es lo que les promete el Gobierno, del mismo modo que Marcos Peña les prometía en campaña que si ganaba Macri, el peronismo se dividiría.
Ser y parecer
El problema del macrismo para hacer pasar un shock de ajuste es la ausencia de una crisis previa. No de un estancamiento o una desaceleración como los registrados en la Argentina post-2011, sino de un estallido como el Rodrigazo, la hiperinflación o el 2001. Pablo Gerchunoff, antiguo asesor de Juan Vital Sourrouille y de José Luis Machinea, lo sintetizó esta semana con la claridad a la que obligan los 140 caracteres de Twitter: “En democracia plena nunca se pudo hacer con éxito un ajuste programado. Siempre se ajustó por caos. Siempre”.
Detallista historiador de la economía argentina y coautor de un libro de referencia en la materia junto al vice del Central, Lucas Llach, Gerchunoff dio en la tecla al manifestar su escepticismo respecto del plan de ajuste actual. A Macri le faltó el Rodrigazo que hizo digerible el “sinceramiento” de Martínez de Hoz, mientras la represión ilegal acallaba las protestas que no ahogaba el hartazgo por aquel descalabro económico previo.
Si el caos previo no existió esta vez, la única alternativa a mano es fabricarlo. Y si los números del propio INDEC patean en contra, como ocurrió esta semana con la admisión oficial de que la economía creció un 2,1% en 2015, lo que queda es agigantar otros defectos reprochables del predecesor, como la corrupción. Por eso no extraña que el joven Llach haya reproducido en su propia cuenta de Twitter un exabrupto de la Doctora Pignata (@drapignata), un personaje humorístico que anima desde las sombras otro joven, Pablo Pérez Correa, vocero del ministro Hernán Lombardi. “Que nunca más nos metan el verso de los derechos humanos para llevársela toda”, escribió la ‘Doctora’ junto a una imagen del hijo de Lázaro Báez contando fajos de billetes en la Rosadita. Una banalización del horror que quizá pueda permitirse un anónimo pero no alguien de la investidura de Llach.
Es el problema de la red social del pajarito: del mismo modo que vehiculiza epifanías como la de Gerchunoff, desnuda el pensamiento más íntimo de funcionarios que luego lamentan sus impulsos y borran esas expresiones que, en una democracia plena como la que disfrutamos, deberían costarle el puesto.
-Yo soy un técnico, no un político. Este tipo de inquietudes son para el Presidente. Lo que puedo hacer es preguntarle a él y responderles.
Anochecía el lunes en la City porteña. Un parco y algo irritado Juan José Aranguren cortó en seco con esa frase al gobernador santafesino Miguel Lifschitz apenas terminó de explicarle la crisis que sacude a la industria de su provincia tras el tarifazo eléctrico mayorista que la compañía EPE debió trasladar a los usuarios.
Ingeniero como él, Lifschitz llevaba consigo copias de las facturas que llegaron a la fábrica de herramientas Bahco, que pasó de pagar $228.000 a $612.000 bimestrales tras el aumento, de la usina láctea Milkaut, cuya boleta saltó de $1,8 millón a $5,1 millones, y del frigorífico Recreo, que vio trepar su costo eléctrico de $298.000 a $944.000. Para evitar despidos y suspensiones masivas, el mandatario venía a proponerle que la Nación le devuelva a Santa Fe los $953 millones que invirtió la EPE en obras en los últimos años, para financiar con esos fondos un traslado gradual de los incrementos.
El ministro de Energía ya había escuchado una semana antes un planteo similar del presidente de la Unión Industrial, Adrián Kaufmann, para el que tampoco tuvo respuesta. Ayer, en un amable almuerzo en su sede con todo el equipo de Pancho Cabrera, la cúpula de la UIA en pleno se despachó a gusto contra el “ministro del Petróleo”, como llaman allí con sorna al exCEO de Shell, exponente del ala del gabinete que impuso el shock frente al gradualismo a la hora de aplicar el ajuste. Una página de la presentación desplegada en una pantalla gigante levantó un murmullo en el salón: si el tarifazo no se atenúa, corren peligro 39 mil empleos directos fabriles y 95 mil si se incluyen los de empresas de servicios asociados.
Al retirarse del viejo edificio de Avenida de Mayo y Lima, uno de los secretarios de Estado que acompañaron a Cabrera se arrimó a Kaufmann y le dijo en voz baja: “Ese cálculo de posible pérdida de empleos es conservador. A nosotros nos da un poco más”. Un dato preocupante tras los 100 mil empleos destruidos sólo en el primer trimestre del año y mientras el gremialismo avisa que “se terminó la luna de miel”, como hizo ayer el camionero Pablo Moyano.
El entrerriano Héctor Motta, dueño de una de las mayores feanadoras avícolas del país en pie tras el cierre de Cresta Roja, aprovechó el mismo almuerzo para advertir que sus galpones también corren riesgo tras el sinceramiento de precios relativos que favoreció a los productores de granos y cereales frente al resto de la economía. A los polleros y chancheros, eslabones iniciales de la agregación de valor agroindustrial, no sólo les subió la electricidad sino también el maíz, que ahora ya no paga retenciones. Sus costos locales subieron 270% y por eso volvieron a importar carne aviar de Brasil.
Modelos y modales
Si bien el establishment sigue encantado con los modales dialoguistas y la retórica modernizante de la administración Cambiemos, el embelesamiento empieza a ceder frente a realidades más acuciantes. Con los pagos de obras públicas paralizadas, cientos de industriales metalúrgicos dejaron de cobrar sus facturas a contratistas hace ya 120 días y no saben si en junio se prorrogará el reintegro del 14% para quienes producen bienes de capital. Sus costos energéticos saltaron de 4 a 9 centavos de dólar por kilowatt y ahora duplican a los de Estados Unidos o Brasil.
Por la crisis brasileña, para peor, las exportaciones industriales cayeron 40% en los últimos dos años. Pero el empleo se mantuvo, sostenido por el consumo interno y un gasto público que ahora empezó a recortarse con mucho pretendido gradualismo en los discursos pero bastante shock en las planillas. El nuevo problema, además de la aspiradora de pesos del Banco Central que jaquea al consumo y penaliza la inversión productiva con intereses del 40% anual, son los saldos que quedan sin vender al otro lado de la frontera, donde se producen siete veces más aluminio y cinco veces más automóviles que acá.
Las grandes empresas locales aún confían en que la astringencia monetaria es temporaria y creen que Federico Sturzenegger irá apagando la aspiradora apenas la recesión empiece a hacer el trabajo sucio de frenar la inflación, sobre fin de año. Se esperanzan también con financiarse más barato en el exterior luego del espaldarazo inapelable que recibió el pago a los fondos buitre en el Senado. En definitiva, es lo que les promete el Gobierno, del mismo modo que Marcos Peña les prometía en campaña que si ganaba Macri, el peronismo se dividiría.
Ser y parecer
El problema del macrismo para hacer pasar un shock de ajuste es la ausencia de una crisis previa. No de un estancamiento o una desaceleración como los registrados en la Argentina post-2011, sino de un estallido como el Rodrigazo, la hiperinflación o el 2001. Pablo Gerchunoff, antiguo asesor de Juan Vital Sourrouille y de José Luis Machinea, lo sintetizó esta semana con la claridad a la que obligan los 140 caracteres de Twitter: “En democracia plena nunca se pudo hacer con éxito un ajuste programado. Siempre se ajustó por caos. Siempre”.
Detallista historiador de la economía argentina y coautor de un libro de referencia en la materia junto al vice del Central, Lucas Llach, Gerchunoff dio en la tecla al manifestar su escepticismo respecto del plan de ajuste actual. A Macri le faltó el Rodrigazo que hizo digerible el “sinceramiento” de Martínez de Hoz, mientras la represión ilegal acallaba las protestas que no ahogaba el hartazgo por aquel descalabro económico previo.
Si el caos previo no existió esta vez, la única alternativa a mano es fabricarlo. Y si los números del propio INDEC patean en contra, como ocurrió esta semana con la admisión oficial de que la economía creció un 2,1% en 2015, lo que queda es agigantar otros defectos reprochables del predecesor, como la corrupción. Por eso no extraña que el joven Llach haya reproducido en su propia cuenta de Twitter un exabrupto de la Doctora Pignata (@drapignata), un personaje humorístico que anima desde las sombras otro joven, Pablo Pérez Correa, vocero del ministro Hernán Lombardi. “Que nunca más nos metan el verso de los derechos humanos para llevársela toda”, escribió la ‘Doctora’ junto a una imagen del hijo de Lázaro Báez contando fajos de billetes en la Rosadita. Una banalización del horror que quizá pueda permitirse un anónimo pero no alguien de la investidura de Llach.
Es el problema de la red social del pajarito: del mismo modo que vehiculiza epifanías como la de Gerchunoff, desnuda el pensamiento más íntimo de funcionarios que luego lamentan sus impulsos y borran esas expresiones que, en una democracia plena como la que disfrutamos, deberían costarle el puesto.
