El ministro Alfonso Prat Gay presentó el proyecto de Presupuesto en el Congreso en tiempo y forma.
El 15 de setiembre, el Ejecutivo, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, llevó al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2017. Tanto funcionarios como legisladores oficiales coinciden en que se trata de un cálculo “más realista” que los anteriores. A continuación, sus principales puntos:
Metas generales: El Presupuesto estima que en 2017 se crecerá un 3,5%, sustentado en un moderado incremento del consumo (+3,5%), mayor inversión (+14,4%) y mejoras en las exportaciones (+7,7%). En tanto, 2016 cerraría con una caída del 1,5%, muy lejos del 3% de crecimiento previsto en el Presupuesto de este año.
La inflación promedio se estima que debería oscilar entre el 12 y 17%, en 2018 entre 8 y 12% y en 2019 entre 3,5 y 6,5%. Esos índices se alcanzarían por “el compromiso de las autoridades políticas de generar una senda decreciente de déficits fiscales” que debería brindar “los grados de libertad requeridos para implementar un programa de metas de inflación”. No obstante, el déficit fiscal proyectado muestra un rojo de 6,9 puntos del PBI, apenas levemente menor al 7,33% del PBI que se registraría a fin de 2016. El dólar promedio será de $17,92, un 19,5% superior a los $14.99 de promedio de 2016.
Inversión: Se estima que la inversión alcanzará el año próximo el 17,7% del PBI versus el 15,9% de 2016. El Presupuesto dice que los gastos de capital aumentarán un 32,1% por encima del 21,2% de los gastos corrientes. La inversión real directa se sustenta en proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad en la “función transporte”, en tanto las transferencias de capital que son el componente más importante (62,2% del total) “tienen como destino la financiación de la inversión principalmente de gobiernos provinciales y municipales
Salarios: El gobierno quiere que las subas salariales tengan el limite del techo inflacionario del 17%. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) dice que “el gobierno ha incluido una pauta salarial cercana al 17% para los incrementos a otorgar en el próximo año”. Agrega que “en general las distintas administraciones suelen ser reacias a difundir esos montos porque consideran que al hacerlo se establece un piso para la discusión paritaria” y señala que “de acuerdo con estos valores, las remuneraciones ganarían 0,4 puntos porcentuales de participación sobre el total del gasto, sobre el 10,8% que absorben en el presupuesto actual”. De concretarse esta pauta salarial, se consolidaría la pérdida salarial de 2016 – que se estima de entre 10 y 15%– lo que dependerá en parte del grado de conflicto laboral y social. Por eso, Hernán Hirsch de FyE Consult plantea que si el 17% de pauta salarial y de jubilaciones se quedará corta “y el presupuesto terminará aumentado tras su tratamiento parlamentario, la probable eliminación gradual de los superpoderes presupuestarios, que vendrá en ley aparte, podría hacer que la política fiscal de gasto público termine siendo aún más expansiva, si bien menos capitalizable por el oficialismo”.
Costo de exenciones y reducciones impositivas: Los llamados “gastos tributarios” están estimados para 2017 en $314.932 millones (3,23% del PBI), equivalentes al 12,4% de la recaudación impositiva y de Seguridad Social. Es un aumento nominal de casi $100.000 millones respecto de 2016 y un alza del 0,46% del PBI. IVA y Ganancias son los impuestos que más pesan en el total por la aplicación de exenciones y alícuotas más reducidas para determinados sectores y productos y por regímenes de promoción económica. En Ganancias, “los beneficios más importantes en este tributo corresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros (títulos públicos, depósitos bancarios y obligaciones negociables) y de las entidades sin fines de lucro”, precisa el Mensaje que acompaña al proyecto. En tanto, las exenciones provenientes de la compra de acciones figuran “sin dato” por la dificultades para valuarlas. El costo de la exención a los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales es de $5.606,4 millones.
Presión Fiscal: El Gobierno espera recaudar el año próximo 2 billones y medio de pesos, el 25,97% del PBI, lo que representa un alza del 26,7% (superior a la inflación) respecto a 2016. El Gobierno lo atribuye a la esperada mejora de la actividad económica y del comercio exterior y “por las mayores ganancias obtenidas tanto por las sociedades como por las personas físicas”. Ganancias subiría de 5,38% al 5,57% del PBI en parte porque el aumento del mínimo no imponible y la actualización de las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas a asalariados, jubilados y autónomos serán inferiores a las prometidas. Maximilano Castillo, de ACM Consultora, dice que el proyecto no incluye “ninguna reducción adicional en los derechos de exportación” y que los riesgos a la baja de la recaudación que se abre con la discusión parlamentaria “en parte podrían ser compensados con los ingresos del blanqueo de capitales que, a nuestro entender, tampoco están incluidos en el Proyecto”.
Jubilaciones, pensiones y retiros: La partida aumenta 35,2% porque se incorporan los pagos por las retroactividades y los reajustes de haberes de los que acepten la oferta de la ANSeS. Para la cancelación de las deudas del sistema previsional se destinan $ 31.816,5 millones, de los cuales $ 15.000 millones son para los pagos de sentencias firmes (una cifra similar a la partida ampliada de 2016) y $ 16.816,5 millones para los pagos del Programa de Reparación Histórica. Además hay otros $ 2.756,7 millones para las deudas con los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, de Seguridady Penitenciaria Federal. El Presupuesto estima que en 2017 habrá 6.922.296 beneficios jubilatorios, con un haber promedio de $9.106, y 1.478.636 pensiones no contributivas que incluyendo a ex-combatientes arrojaría un promedio de $5.348 por beneficio. La AUH alcanzará a 4.188.322 chicos.
Comercio Exterior: La previsión del Presupuesto es que habrá déficit comercial tanto en 2017 (-US$1.866 millones), como en 2018 (-US$3.800 millones) y 2019 (-US$4.929 millones). El Gobierno lo atribuye a que las importaciones aumentarán más que las exportaciones porque el crecimiento de la inversión “dinamiza las importaciones vinculadas al aparato productivo”. De aquí se desprende que la cuenta corriente de la balanza de pagos será fuertemente negativa, en mayor medida que la que se está verificando en los últimos años, porque el balance de servicios también es negativo y se sumarán los giros por intereses y por utilidades y dividendos a las casas matrices. No obstante, aclara que esa previsión se basa en que los “valores de los términos de intercambio que se estima no empeorarán para el período analizado”.
Déficit Fiscal: Para 2017, el proyecto de Presupuesto aspira a registrar un déficit financiero de $480.801 millones, el 4,93% del PBI. Pero con transferencias del BCRA y ANSeS por 246.629 millones, o 1,98% del PBI. Así el rojo fiscal sumaría 6,91% del PBI, con una reducción de apenas 0,42% del PBI con relación al de 2016 que sumaría 7,33% del PBI. Básicamente esa pequeña caída del déficit se explicaría en el rubro “transferencias corrientes” que engloba la cuenta de subsidios que aparece con una caída del 1,53% del PBI. Como viene pasando en los últimos años, el déficit del año próximo también será financiado vía deuda interna y externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales y anticipos del Banco Central y Banco Nación, aunque habrá menores “ayudas” del BCRA y mayores emisiones de duda. En relación a este punto Castillo, de ACM, dice “los fondos que girará la autoridad monetaria en términos nominales son similares a los previstos para este año ($ 154.000 millones), esto implica una reducción significativa en términos reales del 18,5%. Las necesidades de financiamiento del déficit y las amortizaciones de deuda equivalen al 17,8% del PBI, pero como varios vencimientos pueden ser refinanciados de manera automática, “las necesidades de financiamiento “efectivas” pasan a ser de $ 977.287 millones, equivalente al 10% del PBI”.
Subsidios: Las transferencias corrientes son la única partida del gasto corriente que presenta una caída nominal. ASAP consigna que “las transferencias a empresas privadas tienen una reducción del 31,4%, a la vez que las destinadas a empresas públicas no financieras caen un 17,6%, en ambos casos debido a una disminución de los montos asignados a subsidios económicos, particularmente a los sectores de energía”. Por su parte, “las transferencias a gobiernos provinciales muestran una caída del 11,8%, luego de haber crecido a tasas superiores al 90% interanual durante este ejercicio, en tanto que las correspondientes a universidades nacionales crecen un 26,9% y las destinadas a Municipios un 16,1%.
Servicios de la deuda: El pago de intereses sumaría $246.629 millones, un aumento del 32,3% y equivalen al 2,53% del PBI versus 2,36% de este año. Corresponden a los intereses por los diversos bonos y Letras, entre los que se incluyen los emitidos para cancelar la deuda con los fondos buitres, compromisos con los organismos financieros internacionales y el pago por los acuerdos con el Club de París.
El 15 de setiembre, el Ejecutivo, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, llevó al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2017. Tanto funcionarios como legisladores oficiales coinciden en que se trata de un cálculo “más realista” que los anteriores. A continuación, sus principales puntos:
Metas generales: El Presupuesto estima que en 2017 se crecerá un 3,5%, sustentado en un moderado incremento del consumo (+3,5%), mayor inversión (+14,4%) y mejoras en las exportaciones (+7,7%). En tanto, 2016 cerraría con una caída del 1,5%, muy lejos del 3% de crecimiento previsto en el Presupuesto de este año.
La inflación promedio se estima que debería oscilar entre el 12 y 17%, en 2018 entre 8 y 12% y en 2019 entre 3,5 y 6,5%. Esos índices se alcanzarían por “el compromiso de las autoridades políticas de generar una senda decreciente de déficits fiscales” que debería brindar “los grados de libertad requeridos para implementar un programa de metas de inflación”. No obstante, el déficit fiscal proyectado muestra un rojo de 6,9 puntos del PBI, apenas levemente menor al 7,33% del PBI que se registraría a fin de 2016. El dólar promedio será de $17,92, un 19,5% superior a los $14.99 de promedio de 2016.
Inversión: Se estima que la inversión alcanzará el año próximo el 17,7% del PBI versus el 15,9% de 2016. El Presupuesto dice que los gastos de capital aumentarán un 32,1% por encima del 21,2% de los gastos corrientes. La inversión real directa se sustenta en proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad en la “función transporte”, en tanto las transferencias de capital que son el componente más importante (62,2% del total) “tienen como destino la financiación de la inversión principalmente de gobiernos provinciales y municipales
Salarios: El gobierno quiere que las subas salariales tengan el limite del techo inflacionario del 17%. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) dice que “el gobierno ha incluido una pauta salarial cercana al 17% para los incrementos a otorgar en el próximo año”. Agrega que “en general las distintas administraciones suelen ser reacias a difundir esos montos porque consideran que al hacerlo se establece un piso para la discusión paritaria” y señala que “de acuerdo con estos valores, las remuneraciones ganarían 0,4 puntos porcentuales de participación sobre el total del gasto, sobre el 10,8% que absorben en el presupuesto actual”. De concretarse esta pauta salarial, se consolidaría la pérdida salarial de 2016 – que se estima de entre 10 y 15%– lo que dependerá en parte del grado de conflicto laboral y social. Por eso, Hernán Hirsch de FyE Consult plantea que si el 17% de pauta salarial y de jubilaciones se quedará corta “y el presupuesto terminará aumentado tras su tratamiento parlamentario, la probable eliminación gradual de los superpoderes presupuestarios, que vendrá en ley aparte, podría hacer que la política fiscal de gasto público termine siendo aún más expansiva, si bien menos capitalizable por el oficialismo”.
Costo de exenciones y reducciones impositivas: Los llamados “gastos tributarios” están estimados para 2017 en $314.932 millones (3,23% del PBI), equivalentes al 12,4% de la recaudación impositiva y de Seguridad Social. Es un aumento nominal de casi $100.000 millones respecto de 2016 y un alza del 0,46% del PBI. IVA y Ganancias son los impuestos que más pesan en el total por la aplicación de exenciones y alícuotas más reducidas para determinados sectores y productos y por regímenes de promoción económica. En Ganancias, “los beneficios más importantes en este tributo corresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros (títulos públicos, depósitos bancarios y obligaciones negociables) y de las entidades sin fines de lucro”, precisa el Mensaje que acompaña al proyecto. En tanto, las exenciones provenientes de la compra de acciones figuran “sin dato” por la dificultades para valuarlas. El costo de la exención a los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales es de $5.606,4 millones.
Presión Fiscal: El Gobierno espera recaudar el año próximo 2 billones y medio de pesos, el 25,97% del PBI, lo que representa un alza del 26,7% (superior a la inflación) respecto a 2016. El Gobierno lo atribuye a la esperada mejora de la actividad económica y del comercio exterior y “por las mayores ganancias obtenidas tanto por las sociedades como por las personas físicas”. Ganancias subiría de 5,38% al 5,57% del PBI en parte porque el aumento del mínimo no imponible y la actualización de las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas a asalariados, jubilados y autónomos serán inferiores a las prometidas. Maximilano Castillo, de ACM Consultora, dice que el proyecto no incluye “ninguna reducción adicional en los derechos de exportación” y que los riesgos a la baja de la recaudación que se abre con la discusión parlamentaria “en parte podrían ser compensados con los ingresos del blanqueo de capitales que, a nuestro entender, tampoco están incluidos en el Proyecto”.
Jubilaciones, pensiones y retiros: La partida aumenta 35,2% porque se incorporan los pagos por las retroactividades y los reajustes de haberes de los que acepten la oferta de la ANSeS. Para la cancelación de las deudas del sistema previsional se destinan $ 31.816,5 millones, de los cuales $ 15.000 millones son para los pagos de sentencias firmes (una cifra similar a la partida ampliada de 2016) y $ 16.816,5 millones para los pagos del Programa de Reparación Histórica. Además hay otros $ 2.756,7 millones para las deudas con los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, de Seguridady Penitenciaria Federal. El Presupuesto estima que en 2017 habrá 6.922.296 beneficios jubilatorios, con un haber promedio de $9.106, y 1.478.636 pensiones no contributivas que incluyendo a ex-combatientes arrojaría un promedio de $5.348 por beneficio. La AUH alcanzará a 4.188.322 chicos.
Comercio Exterior: La previsión del Presupuesto es que habrá déficit comercial tanto en 2017 (-US$1.866 millones), como en 2018 (-US$3.800 millones) y 2019 (-US$4.929 millones). El Gobierno lo atribuye a que las importaciones aumentarán más que las exportaciones porque el crecimiento de la inversión “dinamiza las importaciones vinculadas al aparato productivo”. De aquí se desprende que la cuenta corriente de la balanza de pagos será fuertemente negativa, en mayor medida que la que se está verificando en los últimos años, porque el balance de servicios también es negativo y se sumarán los giros por intereses y por utilidades y dividendos a las casas matrices. No obstante, aclara que esa previsión se basa en que los “valores de los términos de intercambio que se estima no empeorarán para el período analizado”.
Déficit Fiscal: Para 2017, el proyecto de Presupuesto aspira a registrar un déficit financiero de $480.801 millones, el 4,93% del PBI. Pero con transferencias del BCRA y ANSeS por 246.629 millones, o 1,98% del PBI. Así el rojo fiscal sumaría 6,91% del PBI, con una reducción de apenas 0,42% del PBI con relación al de 2016 que sumaría 7,33% del PBI. Básicamente esa pequeña caída del déficit se explicaría en el rubro “transferencias corrientes” que engloba la cuenta de subsidios que aparece con una caída del 1,53% del PBI. Como viene pasando en los últimos años, el déficit del año próximo también será financiado vía deuda interna y externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales y anticipos del Banco Central y Banco Nación, aunque habrá menores “ayudas” del BCRA y mayores emisiones de duda. En relación a este punto Castillo, de ACM, dice “los fondos que girará la autoridad monetaria en términos nominales son similares a los previstos para este año ($ 154.000 millones), esto implica una reducción significativa en términos reales del 18,5%. Las necesidades de financiamiento del déficit y las amortizaciones de deuda equivalen al 17,8% del PBI, pero como varios vencimientos pueden ser refinanciados de manera automática, “las necesidades de financiamiento “efectivas” pasan a ser de $ 977.287 millones, equivalente al 10% del PBI”.
Subsidios: Las transferencias corrientes son la única partida del gasto corriente que presenta una caída nominal. ASAP consigna que “las transferencias a empresas privadas tienen una reducción del 31,4%, a la vez que las destinadas a empresas públicas no financieras caen un 17,6%, en ambos casos debido a una disminución de los montos asignados a subsidios económicos, particularmente a los sectores de energía”. Por su parte, “las transferencias a gobiernos provinciales muestran una caída del 11,8%, luego de haber crecido a tasas superiores al 90% interanual durante este ejercicio, en tanto que las correspondientes a universidades nacionales crecen un 26,9% y las destinadas a Municipios un 16,1%.
Servicios de la deuda: El pago de intereses sumaría $246.629 millones, un aumento del 32,3% y equivalen al 2,53% del PBI versus 2,36% de este año. Corresponden a los intereses por los diversos bonos y Letras, entre los que se incluyen los emitidos para cancelar la deuda con los fondos buitres, compromisos con los organismos financieros internacionales y el pago por los acuerdos con el Club de París.
