«Si a General Motors, a AT&T y a las familias individuales se les exigiera equilibrar sus presupuestos del mismo modo como se le exige al gobierno Federal, no existirían obligaciones empresariales ni hipotecas ni préstamos bancarios, y habría muy pocos automóviles, teléfonos y viviendas».
William Vickrey (Premio Nobel de Economía, 1996)
Por Fabián Amico* y Alejandro Fiorito**
El gobierno de Cambiemos hizo de la disminución del déficit fiscal un punto medular de su política. La contención/ajuste del gasto público debía llevar a una baja del déficit fiscal, lo que desencadenaría una serie de eventos que llevarían a retomar el crecimiento.
Veamos esto más de cerca. La idea de reducir el déficit fiscal en términos del PIB supone reducir un ratio o proporción ((G-T)/Pib) cuyos elementos interactúan. La contabilidad hogareña no sirve aquí de mucho simplemente porque la analogía entre el gobierno y una economía familiar o una empresa privada es falsa. Una familia no imprime dinero y una empresa no puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus deudas. Pese a los esfuerzos por hacer que el Estado se parezca a una familia (por caso, prohibiendo que se financie con «emisión»), es imposible que se parezcan.
Una familia nunca influirá sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí. Una familia «austera» puede controlar el resultado de sus gastos e ingresos; el gobierno no. Los ingresos del gobierno no son independientes de sus gastos. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto «ganar» (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (hagamos de cuenta que estamos en una economía cerrada).
Cuando el gobierno expande su gasto, aumenta el PIB aunque en una proporción mayor dado que existe un cierto efecto multiplicador. Para nuestros fines, basta con suponer un multiplicador modesto, apenas por encima de la unidad. En este contexto, el mayor gasto público supone mayores ingresos privados y por ende aumenta la recaudación tributaria. Ocurre al revés con la reducción del gasto: hay menor actividad y menores impuestos. Pero la recaudación tampoco varía proporcionalmente con el PIB: la elasticidad de los principales impuestos ante cambios del PIB en Argentina es entre 1,4 y 1,9 (muy alta). O sea, cuando el PIB cae 1%, la recaudación disminuye entre 1,4 y 1,9%.
¿Por qué el gobierno está empecinado en disminuir/ eliminar el déficit fiscal? Porque esa sería una condición para el aumento (o llegada) de inversiones, que sería el motor «genuino» del crecimiento sostenido. La inversión aumentaría gracias a la mejora de la confianza y también por la reducción de los costos de financiamiento resultante de la disminución del déficit fiscal.
Hay aquí un problema adicional para el gobierno. Uno de los trabajos empíricos más completos sobre los determinantes de la inversión productiva privada en Argentina es el realizado por Coremberg y otros economistas (Coremberg, Marotte, Rubini & Tisocco, «Inversión privada en Argentina, 1950-2000”). El análisis econométrico los llevó a concluir que “el comportamiento de la inversión privada en Argentina durante el período 1950-2000 habría sido procíclico, mayormente asociado a las variaciones en la demanda agregada, similar al mecanismo del acelerador”.
Primera mala noticia: la reducción de la demanda agregada, consecuencia del ajuste fiscal, supone así un obstáculo infranqueable al aumento de la inversión privada. Más simplemente, y como todos los economistas y periodistas están comprobando a diario: ¿quién va a invertir si no hay a quién venderle la mayor producción?
Segunda mala noticia: Coremberg y cia comprobaron también que las variables proxy del costo de invertir (tasas de interés nominal y real, activa y pasiva, etc.) “no resultan significativas en una relación de largo plazo con la inversión privada” y agregan que el volumen de crédito no resulta significativo para explicar la inversión privada. Por tanto, aun suponiendo que la reducción del déficit tenga alguna relación con el costo del financiamiento, el ajuste sería de todos modos un esfuerzo inútil, ya que el costo de invertir no resulta relevante para la inversión agregada, así como tampoco lo es el volumen de crédito.
Tercera mala noticia: Coremberg y cia examinaron la relevancia de la llamada «inseguridad jurídica» sobre la inversión y las regresiones ensayadas con variables dicotómicas proxy de quiebres institucionales significativos no revelaron ninguna correlación definida. La «confianza» parece no ser tan importante.
La implicancia directa del análisis previo es que si el ajuste fiscal impacta negativamente en la demanda agregada (como lo está haciendo), eso implica una reducción en el PIB y por tanto una caída de la inversión! (lo contrario de lo que busca el gobierno).
Así llegamos a la «desagradable» aritmética del ajuste en curso. Haciendo cuentas simples: si el gobierno recorta el gasto público real, eso hace caer el PIB por el monto recortado más un múltiplo. El menor PIB induce una caída de la inversión, que a su vez reduce adicionalmente el PIB (porque la inversión es también un componente de la demanda). Finalmente, la recaudación cae más que proporcionalmente que la caída del PIB. Por ende, los ingresos fiscales caen más rápido que los gastos y que el PIB. Nuestro ratio, (G-T)/Pib empeora (aumenta) y el PIB y la inversión disminuyen.
Y después de todo, ¿es tan apremiante eliminar el déficit fiscal? Si el gobierno se endeudara en moneda doméstica para financiar el déficit, no hay ninguna posibilidad de que el Estado quiebre en su propia moneda. Sea una bono del Tesoro o las Lebac del BCRA, ninguna deuda en pesos podrá «explotar» nunca. Si hay desempleo (hay) y existe capacidad ociosa (existe), cuando el gobierno se endeuda para gastar eso aumenta el nivel de actividad y de empleo. El problema es el endeudamiento en dólares, justamente porque no «fabricamos» esos billetes verdes, y ahí -como sabemos- se puede quebrar en grande.
Esto ayuda a comprender el sinsentido del «gradualismo», que en verdad sería una política igualmente contractiva, solo que menos contractiva. Por ende, hace menos ajuste que los partidarios del shock, pero hace ajuste. Así, la política del gobierno, sea gradualista o de shock, no consigue disminuir el déficit fiscal, ni aumentar la inversión ni relanzar el crecimiento. Más bien, en Argentina el crecimiento sería una condición previa para disminuir el déficit fiscal, lo cual torna bastante irrelevante la propia preocupación por el déficit, como sostenían Abba Lerner y los viejos keynesianos.
Lo menos que se puede pedir es que si van a comparar el gobierno con una empresa, al menos la comparación se realice con una empresa real, como bien decía William Vickrey en la cita inicial. En fin, las deudas son parte integrante de la economía moderna. Solo hay que elegir con cuidado en qué moneda nos endeudamos.
Original: Pagina 12
William Vickrey (Premio Nobel de Economía, 1996)
Por Fabián Amico* y Alejandro Fiorito**
El gobierno de Cambiemos hizo de la disminución del déficit fiscal un punto medular de su política. La contención/ajuste del gasto público debía llevar a una baja del déficit fiscal, lo que desencadenaría una serie de eventos que llevarían a retomar el crecimiento.
Veamos esto más de cerca. La idea de reducir el déficit fiscal en términos del PIB supone reducir un ratio o proporción ((G-T)/Pib) cuyos elementos interactúan. La contabilidad hogareña no sirve aquí de mucho simplemente porque la analogía entre el gobierno y una economía familiar o una empresa privada es falsa. Una familia no imprime dinero y una empresa no puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus deudas. Pese a los esfuerzos por hacer que el Estado se parezca a una familia (por caso, prohibiendo que se financie con «emisión»), es imposible que se parezcan.
Una familia nunca influirá sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí. Una familia «austera» puede controlar el resultado de sus gastos e ingresos; el gobierno no. Los ingresos del gobierno no son independientes de sus gastos. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto «ganar» (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (hagamos de cuenta que estamos en una economía cerrada).
Cuando el gobierno expande su gasto, aumenta el PIB aunque en una proporción mayor dado que existe un cierto efecto multiplicador. Para nuestros fines, basta con suponer un multiplicador modesto, apenas por encima de la unidad. En este contexto, el mayor gasto público supone mayores ingresos privados y por ende aumenta la recaudación tributaria. Ocurre al revés con la reducción del gasto: hay menor actividad y menores impuestos. Pero la recaudación tampoco varía proporcionalmente con el PIB: la elasticidad de los principales impuestos ante cambios del PIB en Argentina es entre 1,4 y 1,9 (muy alta). O sea, cuando el PIB cae 1%, la recaudación disminuye entre 1,4 y 1,9%.
¿Por qué el gobierno está empecinado en disminuir/ eliminar el déficit fiscal? Porque esa sería una condición para el aumento (o llegada) de inversiones, que sería el motor «genuino» del crecimiento sostenido. La inversión aumentaría gracias a la mejora de la confianza y también por la reducción de los costos de financiamiento resultante de la disminución del déficit fiscal.
Hay aquí un problema adicional para el gobierno. Uno de los trabajos empíricos más completos sobre los determinantes de la inversión productiva privada en Argentina es el realizado por Coremberg y otros economistas (Coremberg, Marotte, Rubini & Tisocco, «Inversión privada en Argentina, 1950-2000”). El análisis econométrico los llevó a concluir que “el comportamiento de la inversión privada en Argentina durante el período 1950-2000 habría sido procíclico, mayormente asociado a las variaciones en la demanda agregada, similar al mecanismo del acelerador”.
Primera mala noticia: la reducción de la demanda agregada, consecuencia del ajuste fiscal, supone así un obstáculo infranqueable al aumento de la inversión privada. Más simplemente, y como todos los economistas y periodistas están comprobando a diario: ¿quién va a invertir si no hay a quién venderle la mayor producción?
Segunda mala noticia: Coremberg y cia comprobaron también que las variables proxy del costo de invertir (tasas de interés nominal y real, activa y pasiva, etc.) “no resultan significativas en una relación de largo plazo con la inversión privada” y agregan que el volumen de crédito no resulta significativo para explicar la inversión privada. Por tanto, aun suponiendo que la reducción del déficit tenga alguna relación con el costo del financiamiento, el ajuste sería de todos modos un esfuerzo inútil, ya que el costo de invertir no resulta relevante para la inversión agregada, así como tampoco lo es el volumen de crédito.
Tercera mala noticia: Coremberg y cia examinaron la relevancia de la llamada «inseguridad jurídica» sobre la inversión y las regresiones ensayadas con variables dicotómicas proxy de quiebres institucionales significativos no revelaron ninguna correlación definida. La «confianza» parece no ser tan importante.
La implicancia directa del análisis previo es que si el ajuste fiscal impacta negativamente en la demanda agregada (como lo está haciendo), eso implica una reducción en el PIB y por tanto una caída de la inversión! (lo contrario de lo que busca el gobierno).
Así llegamos a la «desagradable» aritmética del ajuste en curso. Haciendo cuentas simples: si el gobierno recorta el gasto público real, eso hace caer el PIB por el monto recortado más un múltiplo. El menor PIB induce una caída de la inversión, que a su vez reduce adicionalmente el PIB (porque la inversión es también un componente de la demanda). Finalmente, la recaudación cae más que proporcionalmente que la caída del PIB. Por ende, los ingresos fiscales caen más rápido que los gastos y que el PIB. Nuestro ratio, (G-T)/Pib empeora (aumenta) y el PIB y la inversión disminuyen.
Y después de todo, ¿es tan apremiante eliminar el déficit fiscal? Si el gobierno se endeudara en moneda doméstica para financiar el déficit, no hay ninguna posibilidad de que el Estado quiebre en su propia moneda. Sea una bono del Tesoro o las Lebac del BCRA, ninguna deuda en pesos podrá «explotar» nunca. Si hay desempleo (hay) y existe capacidad ociosa (existe), cuando el gobierno se endeuda para gastar eso aumenta el nivel de actividad y de empleo. El problema es el endeudamiento en dólares, justamente porque no «fabricamos» esos billetes verdes, y ahí -como sabemos- se puede quebrar en grande.
Esto ayuda a comprender el sinsentido del «gradualismo», que en verdad sería una política igualmente contractiva, solo que menos contractiva. Por ende, hace menos ajuste que los partidarios del shock, pero hace ajuste. Así, la política del gobierno, sea gradualista o de shock, no consigue disminuir el déficit fiscal, ni aumentar la inversión ni relanzar el crecimiento. Más bien, en Argentina el crecimiento sería una condición previa para disminuir el déficit fiscal, lo cual torna bastante irrelevante la propia preocupación por el déficit, como sostenían Abba Lerner y los viejos keynesianos.
Lo menos que se puede pedir es que si van a comparar el gobierno con una empresa, al menos la comparación se realice con una empresa real, como bien decía William Vickrey en la cita inicial. En fin, las deudas son parte integrante de la economía moderna. Solo hay que elegir con cuidado en qué moneda nos endeudamos.
Original: Pagina 12
