Alrededor de Reutemann

Me llega este mail desde Biblioteca Latinoamericana es una nota de Carlitos del Frade sobre el benemérito corredor. También se la puede leer acá

LA IMPUNIDAD AL PODER

Carlos del Frade. Los grandes medios de comunicación nacionales, integrantes y defensores de las clases dominantes, quieren imponer la candidatura de Carlos Reutemann, no solamente en las elecciones legislativas de 2009, sino fundamentalmente a la presidencia de la Nación, en 2011. De allí que ya polaricen la contienda electoral en Santa Fe. El actual senador nacional, ex gobernador en dos posibilidades, es la demostración más palpable del triunfo de la impunidad en democracia. Jamás dio una sola explicación en tribunales provinciales o federales en torno a los dineros que por millones llegaron al norte santafesino de la mano de su ex delfín, Jorge Massat (fallecido en 2008), en forma paralela que se empobrecía aún más la región; tampoco nadie lo molestó para responder sobre los asesinatos de diciembre de 2001 como asimismo gambeteó cualquier cuestionamiento en torno al desborde del Salado que se tragó la tercera parte de la ciudad capital en 2003. Lejos de las tres banderas históricas del Justicialismo (aquellas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política), Reutemann, sin embargo, parece ser el hombre elegido para perpetuar el partido, en primera instancia, pero lo más importante, resulta la figura seductora para reciclar una estructura social injusta en donde hay más de tres millones cien mil pibes que no comen todos los días en un país hecho de carne, pan y riquezas. Sea una vez más la memoria una necesaria herramienta para detener este nuevo intento de llevar la impunidad al poder.

Poncio Pilatos

La candidatura presidencial de Carlos Reutemann fue criticada por la seccional Rosario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario adjunto, Gustavo Martínez, recordó que "Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de víctimas fatales durante la represión de diciembre del 2001", y que "aún nadie ha rendido cuentas por los 23 muertos en la inundación" de abril de 2003 en la ciudad capital, cuando el Lole era gobernador.
El dirigente aseveró: "«Yo no sabía», dice el senador ante la inundación. «No di orden de matar a nadie» en diciembre del 2001, argumenta. El Poncio Piloto (sic) santafesino podrá repetir esas vaguedades hasta el cansancio, pero ninguna palabra cambiará ya la historia y la realidad, que los muertos viven y sus voces se multiplican".
Martínez, también integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental de la Masacre de Diciembre de 2001, se preguntó "¿qué gobernante argentino en democracia armó su gabinete con ejecutores del genocidio en áreas clave como Seguridad y Economía?". Remarcó que "Reutemann gobernó dos veces la provincia, y sólo hubo un ministro de Hacienda: el contador Juan Carlos Mercier, que contaba como antecedente el haber sido secretario de Hacienda de la dictadura".
Destacó que los secretarios de Seguridad del Lole fueron "el teniente coronel (Rodolfo) Riegé, responsable de 40 desapariciones forzadas de personas, y Enrique Alvarez, quien formó y forma parte de la Side desde marzo de 1976". Martínez hizo suya la frase de Rubén Naranjo quien escribió hace 15 años que "Reutemann tiene predilección por los genocidas".
(Fuente: Diario La Capital, martes 13 de enero de 2009).
La dulce década en el extremo norte santafesino
El supuesto enriquecimiento ilícito del ya fallecido senador nacional Jorge Massat es la expresión política individual del neofeudalismo de fin de milenio que se viene practicando con la gente del departamento General Obligado desde hace una década.
Los mismos diez años que le sonrieron a Carlos Menem, Carlos Reutemann y al propio Massat, se pueden medir en casi cincuenta millones de dólares que pasaron a través del Ingenio Arno, la mayor fuente de mano de obra del norte profundo santafesino.
Dinero que, en la mayoría de los casos, fue tramitado por la dupla Reutemann – Massat, estableciendo no solamente una sociedad política sino económica, más allá de lo que diga o se niegue a aclarar el gobernador santafesino.
Los 17 millones de pesos que el ex senador nacional nunca explicó cómo se generaron en los mismos tres años en los que fue presidente de la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y Privatizaciones, forman parte de las repetidas promesas de empleo para los obreros del surco, los empleados del Arno y la reactivación para los productores de la región.
Desde 1991 hasta principios del tercer milenio, subsidios, reducción de aportes patronales, compras anticipadas de cosechas, cancelación de deudas varias, créditos otorgados por el Banco Provincial de Santa Fe declarados como perdidos, aportes del tesoro nacional, son las distintas máscaras detrás de las cuales se blanquearon millones de pesos que supuestamente debían ir hacia la gente y que hasta ahora no se sabe dónde terminaron.
En todos los casos, Reutemann y Massat actuaron en forma conjunta. Y en forma paralela, centenares de familias de Villa Ocampo y del departamento General Obligado, empeoraron sus existencias.
De los 18 mil habitantes que viven en la ciudad, hay mil chicos con distintas discapacidades. Según el propio ejecutivo municipal, de extracción peronista, la causa es la desnutrición que sufrieron sus madres. Las que los gestaron en la dulce década del noventa en la que la dupla Reutemann – Massat consiguieron más de 50 millones de dólares para esa misma gente. Herederos del saqueo medioambiental y social que produjo La Forestal.

Santafesinos ilustres
Liliana Gurdulich de Correa y Jorge Massat, como ex presidentes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones, convalidaron el 78 por ciento de las renegociaciones de las concesiones que hizo el estado nacional entre 1990 y 1999.
De los 161 dictámenes que se concretaron en la década, los dos legisladores santafesinos convalidaron 125.
El rol de ambos santafesinos será discutido en las próximas sesiones del senado nacional en su desesperada búsqueda por recuperar credibilidad social.
Los detalles del trabajo de ambos santafesinos muestra algunas diferencias. La señora Gurdulich, por ejemplo, se mostró muy complaciente a la hora de las privatizaciones de los servicios de gas en las provincias; mientras que Massat no tuvo inconvenientes a la hora del aumento de los peajes, las renegociaciones por el transporte ferroviario y por Aguas Argentinas, entre otras.
La Bicameral
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones se conformó mediante la ley 23.696 y comenzó su trabajo en 1990.
Su presidenta fue la senadora por el justicialismo santafesino, Liliana Gurdulich de Correa.
El primer dictamen de la estratégica comisión, verdadera síntesis de la década menemista, fue la modificación de los pliegos para la privatización de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones. También ese mismo día se cambiaron los pliegos para la licitación de Aerolíneas Argentinas. Era el 28 de marzo de 1990.
Pero el gran día de la ex senadora santafesina fue el 8 de noviembre de 1990.
Esa jornada quedó consagrada como la distribución de las provincias entre las principales empresas que explotarían el servicio de gas en cada uno de los estados argentinos. La concesión del negocio del gas natural en La Plata, La Rioja – Catamarca, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Capital Federal – Gran Buenos Aires, Río Negro, Bahía Blanca, Neuquén, Tucumán – Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy y Provincia de Buenos Aires, se hizo posible a pesar de la disidencia total expresada por el diputado demócrata progresista Alberto Natale. La presidenta votó por la afirmativa en todos los casos en esa “maratónica” jornada.
Después le tocó votar a favor de la privatización de la Caja Nacional de Ahorros y Seguros, de los ramales ferroviarios Rosario – Bahía Blanca y hasta del Hipódromo Argentino.
En 1992, su último año como presidenta de la Comisión Bicameral, la señora Gurdulich también se anotó entre quienes privatizaron Obras Sanitarias a partir de la aprobación de los pliegos el 30 de abril, aunque los cuatro legisladores radicales de entonces se manifestaron en disidencia parcial. Su último trabajo fue avalar la licitación y adjudicación de los accesos a Buenos Aires.
Como primera presidenta de la Comisión, Liliana Gurdulich terminó avalando 64 procesos de concesión, licitación y renegociaciones a favor de empresas privadas. Todo un record.
El turno de Massat.
El que fuera dos veces intendente de Villa Ocampo, una de las ciudades más pobres de Santa Fe, Jorge Massat, se hizo cargo de la presidencia de la Comisión Bicameral a partir de 1996. Llegó de la mano de Carlos Reutemann.
Lo primero que hizo Massat el 14 de marzo de 1996 fue cancelar la concesión de una terminal portuaria.
Luego vinieron la renegociación de los contratos con Ferrocarriles Metropolitanos, la reestructuración tarifaria de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el barajar y dar de nuevo en Aguas Argentinas, su participación en los nuevos acuerdos por el dragado del Paraná y el aumento en las tarifas de los peajes el 25 de febrero de 1998.
Como presidente de la comisión, el senador Massat, desde el 14 de marzo de 1996 al 22 de junio de 1999, aprobó 61 dictámenes en la etapa de las renegociaciones.
Allí se condonaron deudas de grandes grupos económicos, como ocurrió con diez millones de pesos que no pagó Techint para la continuidad de la explotación de Ferroexpreso Pampeano o con las inversiones que no hicieron los adjudicatarios de las concesiones de los servicios viales.
En la década del menemismo, dos santafesinos, Liliana Gurdulich de Correa y Jorge Massat, concentraron el 78 por ciento de dictámenes a favor de los grandes grupos económicos que explotan los servicios privatizados. Dos muestras más de la provincia “invencible”.
Diciembre de 2001
Una orden bajó desde lo alto del poder político de la administración de Carlos Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.
Eso es lo que se desprende de los nueve cuerpos que contienen los testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados de diciembre pasado, siete en el Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de suboficiales y oficiales de La Santafesina SA.
Cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio.
La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados.
Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años.
El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durantes los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, siete muertes en el Gran Rosario. Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.
Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente.
Esta síntesis forma parte de lo volcado en la causa sobre los cuatro primeros asesinatos cometidos por la policía horas antes de la declaración del estado de sitio por los restos del gobierno nacional. Todo está allí, lo dicho y lo que no se dice, se infiere con claridad. Si hubo una orden política que tuvo como principales responsables a Domínguez, Alvarez y Storani, ¿podía Reutemann desconocer las consecuencias de lo que podía suceder?.
Nadie en el poder judicial santafesino se hizo esta pregunta hasta el presente, enero de 2009.
No es otra cosa que demandar la misma explicación que le pidieron, en su momento, al ex presidente de la Nación, Fernando De La Rúa.
El desborde del Salado
(Abril 2003)
Las promesas incumplidas
“El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se ha propuesto como objetivo replantear la planificación general de los estudios y de las obras a ejecutar, para definir, en una visión más amplia, el conjunto de las prioridades existentes en función de las necesidades, de los recursos disponibles y de su programación en el tiempo”, decía el Informe a la Asamblea Legislativa en la inauguración del 119º período de sesiones ordinarias el primero de mayo de 2001.
El gobernador era Carlos Reutemann y en el sutítulo dedicado a “obras hidráulicas” se destacaba que “la definición del proyecto ejecutivo para resolver, en forma definitiva, el abastecimiento de agua potable en 151 localidades del oeste provincial a través de la alternativa que resulte de un análisis comparativo técnico, económico y ambiental”.
También se anunciaba “la continuación del programa de saneamiento y de defensas hídricas para resolver los inconvenientes que afectan las áreas productivas y urbanas de la provincia. En esa línea se inscribe la reglamentación de la ley 11.730, de regulación de uso del suelo en áreas inundables”.
El apartado dedicado a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas Servicio Provincial de Agua Rural se afirmaba que “un aspecto fundamental para el desempeño de este organismo son las condiciones imperantes que afectan no solo al territorio provincial sino también al país. La gran variabilidad en la distribución -en cantidad y tiempo- de las precipitaciones ha provocado situaciones extremas -inundaciones y sequías- en numerosas regiones del ámbito provincial, en ciertos casos en forma simultánea, que obliga a actuar en una permanente situación de emergencia hídrica”.
Tal situación, seguía el informe presentado por el gobernador a la Asamblea Legislativa, “provoca un continuo ajuste de las medidas destinadas al manejo y control de excedentes y déficit hídrico, de allí que para lograr una mayor efectividad de las diferentes líneas de acción se trabajó y se trabajará” en distintos puntos que entonces fueron descriptos.
Entre otros: “Se activaron las tareas a través de los Comités de Cuencas interjurisdiccionales y con las provincias vecinas, como ejemplo de ello se puede citar: Comité Interjurisdiccional del río Pasaje-Juramento-Salado: el tema básico representa la compleja distribución de caudales para cada provincia y con usos múltiples. Se logró un significativo avance sobre el estudio de pérdidas de caudales, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba”.
Tres años después el Salado se llevó cada una de estas palabras al fondo de la ciudad inundada.
No se sabe dónde fue a parar aquel “significativo avance sobre el estudio de pérdida de caudales” que se hizo con los investigadores de la universidad cordobesa.
Tampoco hay un relevamiento de los trabajos que supuestamente se hicieron en la zona oeste de la provincia, territorio atravesado por las aguas del Salado.
Aquel mensaje de dos años atrás no fue controlado ni evaluado.
Ni por el oficialismo ni por la oposición.
En diciembre de 2002, el gobierno de Reutemann redobló la apuesta informativa sobre las obras realizadas desde 1999 y presentó un balance de gestión.
Dentro del segmento dedicado a las “obras hidráulicas” lo único que se destaca en relación a lo citado en el informe de 2001 con respecto a las inundaciones en lugares cercanos a la ciudad capital es el “refuerzo de defensas en las localidades de Saladero Cabal, Helvecia, San José del Rincón y La Guardia Centro” y la “canalización y obras de artes en Cuenca del Arroyo de las Conchas”.
Entre las obras ejecutadas se señalaba la “reconstrucción Puente Colgante y obras complementarias”.
El capítulo dedicado a Medio Ambiente se lee que se trabajó “en el diseño de una política de planificación ambiental, entendida como punto de partida en el camino hacia el desarrollo sustentable y como un proceso participativo e integrador que opera sobre lo económico, lo social y lo ambiental”.
Ni una sola línea vinculada a las inundaciones. Aunque hay un párrafo que sobresale por su desparpajo: “Hemos realizado numerosos ensayos en nuestro laboratorio, tendientes al control ambiental de calidad de suelo, agua, efluentes industriales y control de la contaminación de cursos superficiales y profundos de agua. También brindamos asesoramiento y efectuamos tareas para terceros como un servicio sin cargo para la comunidad, alcanzando a hospitales, escuelas, municipios y comunas y distintas dependencias oficiales”.
Si los laboratorios estudiaban la calidad del agua alguien debió darse cuenta del caudal de los ríos que recorren la geografía provincial.
Si alguien asesoró durante tres años a las distintas instituciones mencionadas es porque se tenía un permanente relevamiento informativo sobre lo que ocurría con y en los recursos y accidentes naturales de la provincia.
Semejante cantidad de información, sin embargo, parece refugiarse en lugares inaccesibles para el gobernador.
Estos documentos oficiales de la administración Reutemann demuestran el tamaño de la responsabilidad política en todo lo concerniente a lo sucedido con el desborde del Salado.
Las cosas que se hicieron no sirvieron y las que se estaban realizando no se terminaron.
Una cuestión de metros
“De haber seguido la construcción aunque sea un kilómetro más, se hubiera evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte de la ciudad”, dijo la revista Tercermundo en relación a la interrupción de la defensa del Salado a la altura del hipódromo santafesino.
“El agua que inundó casi un tercio del caso urbano de la ciudad ingresó exclusivamente por ese lugar. Más allá de que si hubo o no presiones de interesados o de propietarios de los terrenos por los que tenía que pasar la defensa eso no deja de lado la responsabilidad del Estado, que debía hacer esa defensa de la forma que fuera porque la utilidad pública que tiene excede los intereses personales. El problema es que allí pasa el caño que alimenta de gas natural a la ciudad, así que se decidió no hacerlo, cuestión discutible porque si ponemos en la balanza la catástrofe que tuvimos, al lado de haber quedado sin gas la ciudad, el problema hubiese sido menor”
Apuntó que la contención de emergencia de casi 600 metros se hizo en cinco días por lo que quedó en evidencia la desidia del gobierno en no haber construido las obras de defensa en tiempo y forma y no después de la invasión de las aguas.
Si se sabía
“La ciudad Capital no estaba desprotegida ante la crecida del Salado. La provincia se endeudó en más de 25 millones de dólares sólo para la construcción de defensas que luego debieron ser dinamitadas en algunos puntos para salvar Santa Fe”, sostienen los periodistas y directores de la revista “Tercer Mundo” en su número dedicado íntegramente a la inundación.
Afirman que “en mayo de 1994 el entonces Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Carlos Mercier, junto al subsecretario de Obras Públicas, hoy senador provincial por el PJ, Daniel Depetris, realizan la apertura de la presentación de ofertas técnicas y económicas para la construcción de la zona oeste de la Circunvalación en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional número 11 y la Avenida Blas Parera en inmediaciones del Hipódromo de Las Flores. Se le adjudicó a la Empresa Victorio Américo Gualtieri la realización del primer tramo de la obra”.
El propio Mercier calificaba a la obra como fundamental porque “su construcción significa la protección de más de un tercio de la población de la capital provincial”.
Los redactores remarcaron que “da terror la certeza del dato de Mercier evidenciando el conocimiento que tenía el Ejecutivo provincial en cuanto lo que significaba socialmente la obra”.
Agregaron que “el agua del Salado entró a la ciudad por la intersección del terraplén con el Hipódromo. La duda que debe despejar el Ejecutivo es:¿el sector se rompió?, o ¿el sector nunca existió?”.
El nuevo terraplén
Ahora el gobierno de Carlos Reutemann anunciará la prolongación hasta Recreo de las defensas de la ciudad de Santa Fe contra las aguas del Salado.
Serán 23 kilómetros de terraplén con un costo de 50 millones de pesos y se deberá complementar con puentes más anchos en la autopista a Rosario.
El actual Ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, sostuvo que “se trabaja reflotando el Plan Federal de Infraestructura elaborado por la provincia” a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que paga el estado nacional y está a disposición de la provincia.
El funcionario agregó que “se acordó un paquete de obras para tratar de reacondicionar toda la red vial de la cuenca del río Salado, entre la que es imprescindible la readecuación del puente de la autopista Santa Fe – Rosario, al que hay que aumentar la luz para posibilitar un mayor paso de agua”.
Mientras se avanza en este nuevo proyecto el único funcionario que pagó los costos políticos de tanta desidia acumulada fue el ingeniero Ricardo Fratti.
El 6 de mayo pasado se produjo su renuncia al cargo de director de Obras Hidráulicas.
Fratti ya había acumulado una serie de once advertencias y pedidos de renuncia de la cúpula de Obras Hidráulicas que por carta le hicieron llegar a las propias manos de Reutemann distintas instituciones, especialmente de la zona sur de la provincia.
En su momento, cada una de estas advertencias y los pedidos de renuncia no se tuvieron en cuenta.
Fratti siguió en su puesto hasta que tuvo que dejarlo como consecuencia de tanta mentira y desidia acumuladas.