Contestándole a Joaquín

Cristina Fernández es la jefe/a de estado que a menor cantidad de DNU y vetos ha acudido desde recuperada la democracia en 1983. Además, los utiliza en el marco de la ley 26.122, reglamentaria de ambas herramientas. Es decir, lo hace en forma menos plena de lo que lo hicieron quienes se valieron del uso de DNU previa su recepción constitucional (Alfonsín y el primer mandato de Menem), o, ya incluidas ellas en el texto fundamental, aprovechándose de la mora de doce años que hubo en la sanción de la ley que la CN mandó dictar en la reforma de 1994 para dar tratamiento legislativo a la potestad acordada al Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso 3º (Menem II, De La Rúa, Duhalde. Kirchner pone punto final al incumplimiento constitucional en 2006, promoviendo la 26.122).

Por otro lado, desde el 24 de agosto de 2010, se ha convertido, Cristina, en la única presidenta en la historia de la República Argentina que, desde sancionada la primer constitución nacional, en 1853, ejerce su gobierno sin absoluta ninguna de las llamadas facultades delegadas.

Más aún, en el año 2009, tras la derrota sufrida en las elecciones de renovación legislativa de medio término, la actual primera mandataria promovió una ley que acotó la facultad acordada al Jefe de Gabinete de Ministros para redistribuir partidas del presupuesto nacional a no más del 5% del total del mismo.

La nueva Ley de Medios implicó una autolimitación del actual Gobierno nacional en sus potestades sobre la autoridad de aplicación de los servicios de comunicación audiovisual: Se pasó del modelo de un único interventor designado en forma discrecional por el Poder Ejecutivo, al actual, en el que se ha conformado un órgano de siete miembros en el que convergen representantes del oficialismo y la oposición parlamentaria, con más un Consejo Federal representativo de las provincias, los sindicatos, las universidades y los sectores públicos y privados de la comunicación; una comisión bicameral de fiscalización parlamentaria del cumplimiento del nuevo texto legal; y, finalmente, un «Defensor del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisuales». En resumidas cuentas, se dejó de lado un esquema cerrado para pasar a otro indiscutiblemente implica “rodearse la manzana”, como quien dice. El proyecto Papel Prensa tiene similares intenciones.

Del mismo modo, la ley de movilidad jubilatoria, aprobada en 2008 a propuesta del Frente Para la Victoria, establece dos aumentos obligatorios y automáticos por año, atados a la salud de la economía, lo cual significa reducir la discrecionalidad de cualquier poder ejecutivo que llegue al poder, de aquí en adelante, en cuanto a otorgar o no aumentos al sector pasivo.

Por último, chicanas y subjetividades al margen, es absolutamente indiscutible que el gobierno de Cristina ha dirimido todas y cada una de las batallas que planteó en el seno del Poder Legislativo (donde actualmente es minoría). Cualquiera sea el conflicto –político, económico y/o social- que uno quiera recordar del actual período (125, Aerolíneas, AFJP, adelantamiento de elecciones, Ley de Medios, matrimonio igualitario y demás), se procesó mediante el libre juego de las instituciones.

No olvidar, por último, la enorme cantidad de fallos judiciales que han habido en contra de las más variadas decisiones que adoptó CFK (uso de reservas, remoción de Redrado, Ley de Medios, grilla de TV, entre muchas otras), y la reducción de discrecionalidad en la potestad que la CN otorga al ejecutivo para la designación de ministros de la CSJN en que incurrió -sin estar obligado a ello, en 2003- Néstor Kirchner, quien, además, también renunció (en 2006) a completar la integración del cuerpo con afines, optando, en cambio, por proponer la reducción en la cantidad de miembros del mismo.

A la luz de lo expuesto, cada cual podrá sacar sus propias conclusiones, y elaborar, luego, las respuestas que mejor considere a las preguntas retóricas que se formula Morales Solá, y que se reproducen en el inicio de este post.