En diciembre del año 2002, la Secretaría de Ciencia y técnica, que dependía en aquel momento del Ministerio de Educación de la Nación, decidió crear la Biblioteca Electrónica.
El proyecto se dio a través de un acuerdo bilateral con Brasil, en el marco del “Programa de modernización tecnológica II”, financiado con fondos del BID.
Básicamente, el proyecto consiste en: la SECYT contrata una serie de bases de datos con texto completo de artículos de publicaciones periódicas científicas, y brinda acceso a ellas a las universidades nacionales.
En 2004 la financiación del BID finalizó, y la SECyT continuó bancando el proyecto con fondos propios. Para ese entonces, ya se había incorporado el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), como beneficiario. Es decir, las universidades privadas también tendrían acceso al menos a una parte de los recursos contratados por la secretaría, y con una serie de limitaciones pertinentes para la maximización de los beneficios. La limitación principal es la cantidad de accesos simultáneos por Universidad. De un inicial de un acceso, hoy son cuatro los posibles.
En 2007, con la decisión de convertir a la SECyT en Ministerio, el proyecto dejó de pertenecer a la órbita de Educación. Hoy depende del MINCyT, Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, a cargo de Alejandro Cecatto, Subsecretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Mario Lattuada.
El presupuesto, del año 2009, del proyecto fue de $ 41.500.000. Con eso se contrató 16 productos, de los cuales 8 fueron extendidos también a las universidades privadas.
Las universidades privadas, hoy por hoy, no hacen ningún aporte directo a la financiación del proyecto, que funciona básicamente como un subsidio del orden de los $ 10.000.000. La contraprestación que originalmente las universidades privadas brindarían por este servicio que reciben gratis, son sus proyectos de investigación. Sin embargo, no hay ninguna evaluación cuantitativa ni cualitativa por parte del MINCyT que permita estimar cuál es el aporte patriótico que estas universidades estarían haciendo por esa vía.
Esto no quita que en algunos ámbitos suela escucharse algunas quejas respecto del proyecto: el Ministerio no negocia bien con los proveedores, los productos que se les otorga a las universidades privadas son de menor calidad y cuantitativamente pocos respecto a los que reciben las universidades nacionales, cuatro accesos simultáneos no alcanzan.
Las autoridades del CRUP y los representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica maniobran, sin embargo, muy bien para que estas quejas no trasciendan demasiado los ámbitos en que se efectúan y el proyecto no se aborte como consecuencia.
Este año, con el cambio de Ministro de Economía, se produjo un hecho que alentó el debate en el seno del CRUP. Economía retuvo una partida del MINCyT, que hizo que éste no pudiera afrontar un pago a uno de los proveedores. Se cortó uno de los servicios del proyecto. Finalmente, Boudou liberó la partida, el pago se efectuó y el servicio se normalizó.
Pero en el CRUP quedó la idea flotando de “qué pasa si vienen un día y te dicen que no hay presupuesto?”. Por supuesto, nadie quiere poner un mango para que la porquería ésta se sostenga, aunque nadie quiere tampoco que deje de existir, y aún se reclama que mejore.
Mi humilde sugerencia a los muchachos del CRUP es que piensen que todo lo que no hagan hoy para fortalecer el servicio lo van a pagar con recargo ante un cambio de autoridades. No va a ser fácil encontrar gestiones con tanta generosidad a la hora de otorgar subsidios. Y la realidad es que uno tiende a naturalizar las concesiones ajenas, y hasta a creer ingenuamente que nunca cesarán.
