Sumando al debate sobre el Pacto de Olivos

Días pasados se discutió, acá y acá, sobre algunos aspectos cuestionables de la reforma constitucional de 1994. Vale decir, ante todo, que quien esto escribe piensa que la actual versión de la CN es infinitamente superior a lo que era la anterior, versión 1853/60 (atemperada por la ilegítima modificación impuesta por la Fusiladora en 1957, tendiente a validar en derecho lo que en los hechos era la proscripción política del peronismo y el silenciamiento y violencia física total y absoluto al que se sometía al más de sesenta por ciento de población que adhería al movimiento; y que por terminar, en el medio, recogiendo –de forma desprolija, claro- algunos de los aspectos de la que fue la mejor constitución que tuvo este país, la de 1949, vio truncado sus objetivos de máxima).

La superioridad de nuestra actual carta magna por sobre su antecesora (base legal sobre la que se asentó un modelo de autoritarismo de mercado excluyente, muy lejano al liberalismo, y atravesado por la violencia contra las masas populares), es casi indiscutible.

Hay, sin embargo, un par de cuestiones que deberían salvarse. Varias fueron mencionadas en los posts citados, el presente quiere tomar dos y abundar un poco más sobre ellos.

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Era -sigue siendo- sana la idea original de los constituyentes del `53, en cuanto a que sean las legislaturas provinciales las que designen a los representantes de las provincias en el Congreso Nacional. El Senador debe(ría) funcionar como agente del Gobernador en el plano nacional, el hecho de que no sea designado en forma directa no hace mella en la voluntad popular, que después de todo es la que consagra a los legisladores locales.

En la actualidad, se dan situaciones ridículas: Santa Fé, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Salta, son representadas, todas, por senadores que se identifican como opositores; Misiones, por todos oficialistas; Macri no tiene hombres propios que defiendan su gestión en el Senado; Urtubey y Schiaretti, tampoco; Reutemann y Giustiniani, compiten en sus respectivos pagos, pero son aliados a nivel nacional (ídem pasa con Verna y Marino –compiten por La Pampa-, Juez y Mestre –por Córdoba-, Torres y Viana –por Misiones-, Nito Artaza y Juez –por ser el payaso del grupo-).

Hay que reconocerlo, la innovación -nacida de la cabeza de Alfonsín para reservarle bolsas de trabajo a los correligionarios- ha hecho agua, es (atento a sus objetivos, tanto los declarados -ya expuestos aquí-, como los no declarados -que el radicalismo preservase lugares de poder-) un rotundo fracaso.

Volver al esquema anterior, o bien encontrar alguna reformulación que tienda a consolidar el predominio de los grandes partidos, ayudará a encuadrar mejor los posicionamientos políticos. Hoy en día, la Cámara es un archipiélago indescifrable, plagada de minibloques -circunstanciales en su mayoría, y otros más duraderos-, interbloques, acuerdos estilo UTE (Unión Transitoria de Empresas). Senadores que se pasan de bando: Sobre todo del kirchnerismo hacia la oposición, siete de los actuales senadores fueron electos como kirchneristas y hoy revistan en Resto del Senado (Basualdo, Romero, Escudero, Pérez Alsina, Rached, Verani, Bongiorno).

El único bloque más o menos bien conformado, y que a la sazón es mayoría por organicidad y cohesión puertas adentro, es el del FPV, y el Grupo A pretende ignorarlo.

Se ha hecho imposible, desde hace tiempo y se acentuó durante 2010, elaborar acuerdos políticos (y que encima, cuando se dan, son bastardeados de corruptos). Que haya un berenjenal en la cámara baja, vaya y pase: Es allí donde están los representantes del pueblo, y es aceptable que refleje la mayor diversidad que efectivamente hay en la sociedad. La cámara alta, en cambio, que es donde se juega la suerte de las gestiones locales, donde se desarrolla el juego político propiamente dicho, está pidiendo un cambio de lógica.

Desde acá, sugerimos volver al sistema anterior.

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Sobre el Consejo de la Magistratura ya varias veces ha sentado su postura Segundas Lecturas. Nada que implique despolitizar las decisiones de estado será acompañado desde este espacio.

Antes de la reforma los jueces eran designados por medio del visto bueno de la comisión de acuerdos del Senado, y el voto del pleno de la cámara. El político se involucra con esa decisión, y eso puede ser sopesado a su debido tiempo por el votante, como uno de los ítems a incluir en la evaluación que se hace del desempeño del mismo.

El motivo para crearlo fue que era necesario desinvolucrar de la selección de los jueces los favores políticos. Como si los jueces no hiciesen política.

Por otro lado, nada de lo que se proponía logró, ni con la conformación actual –la resultante de la reforma de 2006-, ni mucho menos con la anterior.

No existe razón alguna que justifique el hecho de que la corporación de jueces y la corporación de abogados tengan voz y voto en la designación y remoción de Sus Señorías. Años se ha pasado la teoría rompiéndose la cabeza para ver como se hace para acercar más al único poder no electivo del estado, el judicial, al pueblo. El Consejo de la Magistratura, tira todo ese recorrido al demonio.

La obra de Montesquieu no implicaba, como muchos pretenden, la división de poderes, porque el poder es uno, lo que se dividen son las funciones. Y así y todo, ello no significa que deban operar como compartimientos estancos. Hay interconexión: el poder legislativo ejerce funciones similares a las del poder judicial cuando lleva a cabo el juicio político; el poder ejecutivo es colegislador, y tiene a mano la potestad del decreto, como función naturalmente legislativa.

Y se ha previsto la vigilancia interconectada: el legislativo revisa los DNU; el ejecutivo tiene que prestar su acuerdo a las leyes, en virtud de su función co legislativa, mediante el veto o la promulgación.

Los jueces, Consejo de la Magistratura mediante, no son vigilados por ninguno de los otros dos poderes, se controlan a sí mismos.

Desde acá, sugerimos ídem que el apartado anterior.

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Feliz primavera atrasada para todos.

Acerca de Pablo D

Abogado laboralista. Apasionado por la historia y la economía, en especial, desde luego, la de la República Argentina.

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8 comentarios en «Sumando al debate sobre el Pacto de Olivos»

  1. ya he señalado en comentarios anteriores que existe una psicologia social que explica la conducta de los abogados y los jueces,que tiene que ver con un poder derivado de un ascenso social propios de la carrera y su vinculacion a intereses propiciados por un sistema economico que aleja su intervencion del origen romano del tribuno defensor de la victima,por lo que es nuy interesante revisar la deontologia de la profesion o etica profesional para entender lo que sucede.

      1. Pablo D:
        Con relación al tema de los senadores, siempre se entendió que, a diferencia de los diputados que representan a la totalidad del pueblo de la Nación, los senadores representan a las provincias, no son agentes del gobernador, por eso los elegía originariamente la legislatura local. Con la reforma del 94, si bien cambia el sistema de elección, no por eso debe cambiar su naturaleza.
        En cuanto a la justicia, me parece que no es tan así en cuanto a que los jueces se controlan por sí mismo.-
        Recapitulemos. La Corte la sigue eligiendo el ejecutivo, con acuerdo del senado, y los jueces están controlados por la Cámara de Diputados (art. 53 CN) y por el senado (art.59 C.N..- Los demás jueces federales los sigue eligiendo el Poder Ejecutivo, de la terna que le eleva el Consejo de la Magistratura; puede elegirlos o no, si no los acepta hay que volver a seleccionar otros. El Consejo está integrando además de los representantes de los jueces, abogados, ámbito académico y científico por los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, todo ello de manera que exista equilibrio entre ellos.- Legisladores, magistrados y abogados integran el jurado de enjuiciamiento de los jueces.- La política también controla a los jueces.-

      2. Siempre la práctica fue que los senadores representasen el deseo de los gobernadores de turno en el Senado. En función del federalismo, la presencia de los senadores en el parlamento nacional supone darle peso real a las necesidades de los agentes ejecutivos locales. Los elegían las legislaturas, pero siempre tenía peso la opinión del goberna en eso, dada la negociación entre poderes en el ámbito interno. Es discutible, pero yo prefiero como antes: dos senadores por provincia y elegidos por las legislaturas locales. La experiencia hasta acá, por otro lado, nos demuestra lo dificil de cumplimentar aquello de dos por la mayoría y uno por la minoría. En mi opinión hay que tender a hacer confluir las posturas nacionales en una cantidad mucho menor de expresiones, en función de viabilizar la negoaciación política y entonces optimizar el funcionamiento institucional: no hay el uno sin el otro.

        Insisto, no me alcanza con que haya un par de legisladores nacionales en el Consejo. No quiero, en mi modelo, que la elección de los magistrados pase por otro lado que no sea el de la política. Sin intermediaciones.

  2. Los jueces fecerales, que son todos un desastre, fueron elegidos por el sistema anterior, que era puja entre el viejo Saadi y los radicales.
    Me parece que el sistema nuevo va a generar mejores jueces, cuando pueda funcionar como corresponde, y se llenen las vacantes de jueces que hay que llenar.
    En cuanto a los senadores, que respondan al gobernador no implica que no haya minibloques, también todo lo contrario. Pero el sistema anterior estabecía senadores por 9 años y gobernadores por 4, así que solo en la primer parte de su mandato se reflejaba eso.

  3. Pablo D:
    Cuando vos expresas que: «En mi opinión hay que tender a hacer confluir las posturas nacionales en una cantidad mucho menor de expresiones, en función de viabilizar la negociación política y entonces optimizar el funcionamiento institucional: no hay el uno sin el otro.» te ubicas dentro del espíritu de la última ley de reforma política, donde se busca establecer una especie de bipartidismo, eliminando a las fuerzas menores. Si es así me parece preocupante. El pueblo tiene todo el derecho a expresarse por intermedio del partido político que mejor lo represente, sin que el hecho de que la multitud de fuerzas dificulte la acción de gobierno, sea un impedimento para ello. Cuando se impide a las fuerzas menores intervenir en las contiendas electorales, la democracia puede degradarse y terminar no en dos fuerzas políticas, sino en una sola.-
    Saludos.-

    1. Momento. Tu última afirmación, ¿no peca de dogmática? Contale de tu miedo al bipartidismo a yankees, ingleses, gallegos. Yo estoy de acuerdo en que participen fuerzas menores porque ayudan a salir de las paridades, evitando el empate y la situación de parálisis. De acuerdo. Una cosa eran el partido de Alsogaray, el PI, el Movimiento Popular Neuquino, o el Socialismo hoy. Eran, son, partidos con coherencia ideológica, bases programáticas, continuidad. Y con sustento y basamento legal, por supuesto. Ahora, vos tomá el caso de Solidaridad e Igualdad: van en provincia con Sabbatella, en provincia con Pino, luego se dividen, arman interbloques. Entonces, yo lo que digo es, paremos la pelota, armemos partidos, chicos si se quiere (la ley electoral nueva no pone requisitos incumplibles, vamos a ser sinceros), pero respetemos la democracia de partidos, y no permitamos kioscos electorales que no tienen continuidad en el tiempo y terminan operando como distorsionadores del debate político. Si están organizados, bárbaro, que participen. Pero pulular como almas libres armando el equipo cinco minutos antes del cierre de listas, no me parece. Saludos.

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