Té de tilo –parte III de III– (sobre Papel Prensa)

Clarín citó, en la tapa de su edición del domingo 18/12 –blanca por segunda vez en un año–, el artículo 32 dela ConstituciónNacional. Que reza, textualmente, lo siguiente: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”. Se mencionó, también, en medio del debate por el proyecto de ley que quiere la declaración de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, el artículo 13 de la Convención Americana de DDHH: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos (…)”.

Vayamos a los bifes de una: ¿de qué manera algún artículo de la nueva ley colisiona con tales principios? La forma de establecer la inconstitucionalidad de una ley –que no puede declararse sobre un proyecto, sino una vez que sea sancionado y en un caso en concreto con sola validez para tal– pasa por la comparativa entre el artículo de una ley con alguno de los postulados constitucionales y la colisión que de ello surja. En toda la discusión (que por cierto lleva más de un año, no nació hace cinco minutos), no han podido, ni Clarín, ni quienes acuerdan con su postura; sustentar la postura que se desprende de la tapa del 18/12. Ni lo ha intentado, siquiera. Quizás porque no se trata de ello. No se puede, bajo ningún concepto, establecer como sinónimos “regulación” (lo que pretende el proyecto de ley) y “restricción” (lo que prohíbela CN). Así de fácil, con la sola literalidad del articulado, podría liquidarse la cuestión. Porque también vale mencionar que si de algún lado provienen restricciones es de los actuales propietarios mayoritarios del paquete accionario de PP: que establecen cupos, cuotas y precios diferenciados sobre los consumidores que son, además, sus competidores en otros mercados. Cubre los costos de su materia prima con la venta que hace de la misma a sus competidores. Proyectan, Clarín yLa Nación, su posición dominante en el mercado de producción de papel para diarios, sobre otros mercados.

También pasa con Cablevisión, que en muchos lugares, por ser única oferente de servicio (lo que justificó el pedido, por parte del PEN, de bajas o eliminación de aranceles en tales sitios como condición de aprobación de la fusión, por cuanto pueden compensar con el engorde de la cartera de clientes en otras latitudes), decide con que canales compite las señales de cable del grupo económico al que pertenece. Federico Bernal en Tiempo Argentino documentó la excepcionalidad mundial de que provean papel los mismos que compiten en el mercado gráfico. Se las verían en figurillas para negar la afectación del interés económico general, por cuanto necesariamente alteran la ecuación económica del competidor, con perjuicios, entonces, para los consumidores. Ya dijimos que acá no se castigan monopolios per se, sino perjuicios derivados del ejercicio de tal posición. Y no sólo por el lado de los costos viene la cosa. Porque es ridículo sostener que la empresa compite con la importación con arancel cero, cuando importar tiene complicaciones que van más allá del precio en sí. Son, todas, situaciones denunciadas desde mucho antes de la llegada del kirchnerismo al poder y sostenidas hasta el día de la fecha por un diario muy poco oficialista como Ámbito Financiero. Y que importó el copamiento, por parte de Clarín, de muchos medios del interior y la liquidación de competidores.

El 32 nació de la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Como los diarios de Buenos Aires se deshacían en insultos para con Justo José de Urquiza, y frente al temor de que el vencedor de Cepeda (Urquiza) se tomase venganza, la provincia de Buenos Aires, en ocasión de hacer sus propuestas de reforma ala CN 1853 en virtud de lo acordado en San José de Flores en 1859, solicitó sustraer de la jurisdicción federal en la materia. Desde allí se puede observar que el sentido del mismo hace a los contenidos, que no son tocados por esta ley, como no fueron tocados porla Leyde Medios en 2009. Damian Loretti escribió en Página 12 que en EEUU, de cuya primera enmienda a su propia CN se nutre el espíritu de nuestro artículo 32, se sostiene el mismo criterio, y cita abundante jurisprudencia que sustenta su postura en cuanto a que no está prohibida cualquier tipo de regulación sobre la producción de papel para diarios. Cuando se discutióla Leyde Medios, Alberto Rodríguez Saá pretendió enmarcar tal discusión en el artículo 32. Ridícula posición, por cuanto tal regulación, por imperio del hoy artículo 75, inciso 19, está puesta en cabeza del Parlamento (le confiere la potestad de dictar leyes que “regulen los espacios culturales y audiovisuales”). Además, ya antes existía un recorrido jurisprudencial efectuado por nuestra Corte Suprema estableciendo la potestad del COMFER en materia audiovisual en varios casos en los que disputó tal competencia con las provincias.

En cualquier caso, hay nulo cuestionamiento institucional de carácter –por llamarle de alguna forma– técnico. “Altísima exposición y transparencia, diálogo de poderes.”, dijo, sobre el proyecto, ya el año pasado, Gustavo Arballo. En definitiva, un marco regulatorio bastante suave, como ya lo fuera el dela Leyde Medios (más permisiva que otras normativas en la materia en el mundo); y plagado de instancias de control, participación y revisión por parte de variadas instituciones y actores de la vida cívica del país: una bicameral permanente conformada por senadores y diputados; una Comisión Federal Asesora, donde confluirán representantes de los diarios privados de todo el país que no formen parte del capital accionario de la empresa –y no guarde ningún tipo de relación con ellos– y representantes de los usuarios y consumidores y de los trabajadores (gráficos, prensa y canillitas); y un Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios.   

Y por si faltara algo a todo esto, el mismo proyecto enuncia la necesidad de cubrir la cuota total de papel que insume el mercado local. Y que debe, para ello, procurarse un plan de inversiones que aumente la producción de Papel Prensa. Porque además, el Poder Ejecutivo puede, en el marco de sus facultades constitucionales, impulsar el cese de la necesidad de importar cualquier producto, entre ellos el papel para diarios, y disponer lo necesario a los fines de reemplazarla por producción nacional. Si porque los accionistas privados no quieren aportar lo necesario a tal fin, ¿Qué culpa tendría el Estado? ¿De parte de quien vendría, entonces, la restricción si los accionistas privados se negaran a aportar para cubrir la totalidad de la necesidad nacional de insumo de papel, y se manifestasen contrarios a  establecer precios y tratamiento de cupos y cuotas igualitarios?  

Mucho se oyó de lo que “podría hacer” el Gobierno, en adelante, siempre malo, con una ley “como esta” en sus manos, siempre presta a “castigar voces críticas”, según sostienen sus críticos. Su pasado lo condena, concluyen. Si fuera por ello, hay que decir que hablamos del gobierno que impulsó la despenalización del delito de opinión cumpliendo con un fallo dela CorteInteramericanade DDHH. Y cuya iniciativa reguladora en materia audiovisual mereció halagos de la mismísima relatoría de libertad de expresión dela ONU, por iniciativa de su titular, Frank Le Rué.

La de Papel Prensa es la historia de la piedra fundamental en la construcción de Clarín como monstruo del negocio info comunicacional en Argentina. Y como actor político ineludible, también, por cuanto fue el negocio que selló la alianza que trabó el grupo con el Proceso, que inaugurar, en 1976, el programa neoliberal de gestión del Estado en Argentina e inició el derrotero de la aniquilación de las capacidades estatales de regulación.

En definitiva, se trata de la instrumentalización del valor libertad de prensa como herramienta del avance los esquemas de negocios ampliados, complejizados y profundizados de que forman parte los integrantes de tales conglomerados. Que operaron, históricamente, en directa colisión con los intereses de las mayorías populares, y cuya domesticación y limitación es necesaria si se pretende encarar una política de reconciliación con la dignidad de aquellas. Los últimos días se celebraron los diez años del estallido del neoliberalismo atendido por sus propios dueños en Argentina. Proceso del que el bloque de poder arriba mencionado fue directo beneficiario, en buena medida porque el crecimiento de sus negocios lo fue también el de su poder de lobby con el que minaron la capacidad de decisión del Estado. El senador Marcelo Fuentes (el mejor, a mi criterio, del bloque del FPV) dio, durante la sesión, cátedra a estos respectos. Y Aníbal también, enfatizando sobre el papel de bobo que hizo el Estado durante 28 años, poniéndola toda sin poder decir ni “a”.

Ergo, es al revés de lo que se dice: para reestablecer la plena vigencia de la legalidad democrática, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, es necesaria la reeducación de Clarín que será también la de una forma de operar en política de vastos factores extrainstitucionales de la trama de poder socioeconómico nacional.    

Y ahora sí, basta para mí.

Acerca de Pablo D

Abogado laboralista. Apasionado por la historia y la economía, en especial, desde luego, la de la República Argentina.

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18 comentarios en «Té de tilo –parte III de III– (sobre Papel Prensa)»

  1. Puntos flojos: Porqué una empresa debería ampliar su producción obligada por el estado? El estado tiene otro camino si quiere que se produzca más papel de diario, como obligar a Papel del tucumán a hacerlo, o directamente promover o crear otra empresa. Ampliar una producción, recuerdo, empieza por plantar nuevos árboles para después cortarlos, es un proyecto de largo plazo. Con una normativa semejante, el Estado podría apropiarse de cualquier empresa privada.
    El peligro para la prensa no oficialista radica también en que el estado controla la importación. Si la comisión no le da el papel nacional con el pretexto de repartirlo mejor, y le dificultan la importación, esta configurado el peligro para esos diarios de no poder expresarse.
    Por supuesto se tu respuesta «Esa es la idea», vas a decir. Entonces sacate la máscara.

    1. Mariano T
      Creo que tu pregunta inicial no está bien formulada. Porque aquí lo que trata no es de una empresa cualquiera a la cual el Estado le estaría obligando a aumentar la producción.
      Aquí estamos hablando de una empresa/sociedad creada por el Estado, mediante los decretos 4008 y 43 de 1969 y 1971 respectivamente, para instalar una fábrica de papel de diario con dinero público, es decir, de todos, y era una empresa única que debía a su vez respetar las reglas de la «sana competencia»

      Y seguramente si el Estado propiciara la creación de otra empresa de producción de papel prensa, con fondos públicos, la oposición sería peor que la actual, además seguramente iría en contra de lo decidido en aquella oportunidad y recibiría juicios millonarios por competencia desleal, intervención del estado enla económía, ruptura de acuerdos, etc, etc

      Es decir, me parece -y digo me parece pues no soy un estudioso de ello- que es inviable que el Estado ponga una nueva empresa de fabricación de papel prensa, además de no verle sentido, pues de lo que se trata es de que la que está funcione como debe funcionar. Pagamos muchísmo por ella durante muchos años para regalarla a manos de gente inescrupulosa y aprovechada

      Y en ese «debe funcionar» nunca hay que olvidar ni perder de vista que fueron nuestros dineros los que crearon esa empresa y permiten que hoy sus ejecutivos ganen más de 100000 dólares por mes, que sería lo de menos, si no fuera porque está en juego el acceso/restricción al principal e inevitable insumo de los diarios: el papel

      La pregunta es: si esta sociedad fue creada por el Estado (un gobierno dictatorial, dicho sea de paso, pero sigue siendo el Estado), pagada con fondos públicos, es decir, de toda la sociedad, ¿no tiene la gente común el derecho a inmiscuirse en el funcionamiento del Estado y de cómo se manejan los dineros públicos? ¿y no tiene Argentina un sistema de elección que posibilita a la gente elegir a quienes dirigirán el ejecutivo y quienes formarán parte del legistativo para tomar esas decisiones?

      Dicho de otra manera, ¿no tiene la gente la posibilidad de hacer que una empresa que fue creada por el Estado y con fondos del estado, aumente la producción de una mercancía que es escasa y costosa cuando es escasa?
      Si fue una fábrica pensada en proveer de papel a los diarios de argentina, ¿por qué no deberá aumentar su producción si no lo hace y prefiere prácticas contra la competencia garantizando la provisión para los dos más grandes diarios del país, casualmente accionistas -uno mayoritario-, y a un precio especial para ellos?

      Respecto al «miedo» que el Estado controle la importanción de papel en detrimento de los diarios que pueden alzar una voz contraria al gobierno, vendiéndoseles el papel más caro, es cierto que el Estado en teoría podría proceder de cualquier forma, y tal vez vos pienses entonces que es mejor que el estado no exista salvo para reprimir a la gente, y que no se meta en lo ecónomico, que esto sólo lo regule el mercado. Pero bueno, esa es una posición típica de los liberales, de los neoliberales, etc y cuando ganaron las elecciones o impusieron sus políticas a través de golpes de estado cívico-militares, así nos fue, por lo menos así nos fue mal para una mayoría de la población. Pero hoy esa posición no es mayoritaria en Argentina y la gente votó por un gobierno que hace intervenir al Estado. En todo caso si está disconforme, cada dos años hay elecciones y cada cuatro presidenciales.

      Además, respecto al «control», por un lado los diarios/corporaciones más opositoras al gobierno tienen su cuota de papel sin problemas y el gobierno de CFK ha manifestado que le interesa por sobre manera la producción y defensa del mercado interno por lo que es coherente el aumento de la producción de papel en Argentina, y también coherente los que prefieren importar las cosas, como sería si no se aumentara la producción de papel. De nuevo los dos modelos de país.

      En vez de hablar de peligros hipotécos debería hablarse sobre realidades concretas que han ido contra los pequeños diarios sobre estos últimos teinta y pico de años, producto de las políticas monopólicas y descontroladas de empresas como el grupo Clarin y La Nación. Y la ley viene a poner un poco más de justicia en esas relaciones injustas.

      Y otro peligro no hipotético sino real es el intento de Clarín y La Nación de excluir al Estado Nacional como socio, comprándole su capital, en base a un artículo de un estatuto original que daba esa posibilidad a los diez años.

      No creo que lo logren, pero de ser así se caería -supongo- la imposibilidad de crear una nueva empresa de papel prensa con fondos del Estado.

      Por otro lado, debería tenerse en cuenta -los jueces- que esa cláusula 8 del Estatuto Social de Papel Prensa no provienen de un acuerdo entre particulares sino de un Decreto del Ejecutivo. Y el ejecutivo puede definir que es mejor para Argentina y para dicha sociedad creada para un bien importante, que siga manteniendo dicha cuota societaria.
      Y si Clarín y cía si quieren hacer valer aquella cláusula también está el hecho de que en aquel decreto hay otras condiciones que no se cumplieron y que Clarín y Nación los hicieron desaparecer el modificaciones al estatuto donde el 49% del paquete accionario debía ser ofrecido al público en genereal y a los que compraban papel de diario

      No va ser una historia corta todo esto, pero la ley que salió, cuando se pueda aplicar, ayuda un poco a terminar con tantas arbitrariedades

      1. PapelPrensa fue creada como empresa del Grupo Abril, entonces propiedad de la familia Civita, con el estado como socio minoritario. Y capitalista minoritario. Cuando el terrorismo de Estado fue introducido por el gobierno peronista via la TripleA, los Civita fueron presionados con amenazas de la TripleA para que vendieran sus acciones a Graiver. Los Civita no tuvieron otra alternativa que vender, irse de Argentina y cerrar la editorial Abril. Todo ese verso de la empresa financiada por el estado y apropiada por particulares no es cierto.

      2. Hola Guillermo
        Tus argumentos son exactamente los mismos que los del Grupo Clarín, y si no mirá por ejemplo

        http://www.clarin.com/politica/historia-inventada-quedarse-Papel-Prensa_0_322767914.html

        Sólo te faltó poner la conexión del grupo Graiver con Montoneros.

        En la historia oficial de Clarín

        «La empresa nació en 1972 de la mano de la Editorial Abril, de César Civita, luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando este último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus bancos en el exterior, fue ofrecida por sus dueños a Fapel, sociedad constituida por los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Fapel había nacido dos años antes para construir otra fábrica de papel, pero decidió abandonar su proyecto para asegurar la continuidad del de Papel Prensa, empresa que en ese momento se encontraba endeudada y paralizada. La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época

        La historia es más larga y compleja en realidad. Y calculo que en algún momento la Justicia terminará dictaminando algo, no sé qué, pero espero que se arroje algo más de luz sobre ello.

        En realidad la cronología es distinta a la que decís, Guillermo

        En 1969 el Estado -presidente de facto Onganía- crea un Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, para crear la primer empresa nacional de papel prensa, y cobró al respecto un impuesto que encareció un 10% por diez años las importaciones de papel de diario, lo que por supuesto fue objetado por muchos, entre otros por la asociación de periodistas adepa.

        En 1971 se dispuso -Lanusse- que la futura empresa debería tener un 51% de capital nacional -privado- y el resto lo pondría el Estado y llamó a una licitación para ello. Nadie cumplió con los requisitos

        En mayo de 1972 nuevamente el Estado/Lanusse firmó una adjudicación directa a Civita, Dodetti y Rey, recibiendo acciones de clase A y por supuesto al Estado sólo de clase B (es decir, el Estado ponía plata y mucho más que los demás, pero no tenía igual poder que los privados)
        A fines de 1972 Rey -y no Civita- había comprado cerca del 80% de las acciones de clase A
        Graiver le compra primero a Civita (en 1993) sus acciones (26%)
        y así sigue comprnado hasta pasa a controlar la totalidad de Papel Prensa
        Curiosamente es Graiver quien empieza a recibir amenazas de la Triple A, lo que no señalás, y ello está documentado en la época, por lo que se muda a EEUU, y al poco tiempo muere, a los 35 años, en confuso «accidente», en un año también «confuso», en 1976

        En 1977, Videla, se traspasan las acciones de los Graiver a los tres diarios (La Nación -Bartolomé Mitre-, Clarín -Magnetto- y La Prensa -Patricio Peralta Ramos), creo que reunidos en una empresa llamada Fapel que es quien luego cede sus acciones los tres diarios..

        Años después Ramos diría:
        Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios –escribió Ramos–. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vende a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”

        Conclusión
        Todo ese verso de la empresa financiada por el estado y apropiada por particulares no es cierto.
        es un verso para los defienden al «debil» Clarín, yo pagué de mi bolsillo para aquel fondo, y lo hicieron todos los que compraban diarios en aquella época. Eso no es verso
        Y también el Estado puso plata de muchas formas, favoreciendo a esa empresa -incluso son subvenciones a energía, etc- y esa plata del Estado sale de nosotros ¿eso también es verso?

      3. Así que, según esta versión, ‘la triple A presionó a los Civita para que le vendan sus acciones a… Graiver, el banquero de Montoneros!!!!!!!!
        Si después de esto alguien los toma en serio…

      4. Tratemos de aclarar un poco lo de Civitas, Graiver y compañía.
        «En el gobierno peronista, el ministro de Economía Ber Gelbard decidió poner al frente del proyecto a su propio hombre. Impuso a Civita un ahogo reglamentario,(*) paralizando los créditos del Banade para Papel Prensa, y lo obligó a vender su 26 % al banquero David Graiver.» Mochkofsky,Graciela. Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder. Planeta. Bs.As. 2011. Pág. 70.-
        En igual sentido cuenta María Seoane que: «Gelbard había contribuido a ahogar a la editorial Abril de Civita con la Resolución 100 del Ministerio de Economía…que obligaba a la presentación de declaraciones juradas para la importación de papel prensa e imponía un arancel alto para su compra en el exterior…Esto reforzaba la obsesión de Gerlbard por ser propietarios de los medios o, en su defecto, de la principal materia prima de los medios gráficos, el papel de diario, para condicionarlos, aunque éste fuera un objetivo inconfesable tanto en él como en Perón, que lo respetaba. Después de todo, la suya era una obsesión fomentada por el gobierno peronista cuya relación con los medios era tormentosa y, también violenta, sobre todo con la prensa de izquierda. La prensa de izquierda se prohibía. La táctica con la prensa comercial era comprarla o usar la publicidad oficial para favorecerla o perjudicarla». En: El burgués maldito. Planeta. Bs. As. 1998. Pags. 279/280.
        (*) Estos muchachos son incorregibles. Cuando semejanza con la actual ley de papel para todos no es mera coincidencia.

    2. Fernando, con ese último argumento que ponés, de las subvenciones a la energía, etc. te enterrás solo. No es serio, todas las empresas -y los bienes de los particulares- estarían expuestas a la expropiación sin más por parte del Estado.

      1. Hola Diego
        No sé de dónde sacás que alguien plantea expropiar algo a alguien por las subvenciones.

        Lo que estábamos hablando -al menos ese fue el origen de esta discusión, la pregunta inicial de Mariano T., es si el Estado podría «obligar» a incrementar la producción de una empresa.

        Lo que traté de poner de manifiesto es que esa empresa no es cualquier empresa: no fue creada entre particulares y de golpe el Estado intenta intervenir: se origina por un decreto del PE, y lo que es más importante aún, en su capital inicial hubo un aporte fundamental de toda la sociedad, mediante un impuesto también decidido por el Ejecutivo que a su vez era también el legislativo -decreto-ley, para crear ese fondo/capital para montar esa fábrica.
        Lo de las subvenciones lo puse como un ejemplo de favoritismo a esa empresa por años, y ni siquiera hoy estoy seguro si no tienen algún tipo de subvención, lo que sería totalmente injusto si lo fuera.
        Jamás una subvención, por otro lado, podría ser motivo de expropiación por el mismo concepto de subvención, que significa que no hay contrapartida directa del otro lado (si indirecta, un compromiso con un precio, con un servicio, etc)
        En todo caso el Estado lo máximo que puede hacer con respecto a las subvenciones es retirarlas, no darlas. Jamás expropiar.
        Y como dije, aquí lo que estamos hablando si el Estado puede plantear subir la producción de una empresa de la cual es socia, de la cual puso su capital inicial. Y yo creo que sí. Y si esa mayor producción implica un mayor aporte de capital a los demás socios, ni siquiera los puede obligar a poner más capital, pues si no quieren hacerlo, bueno, el capital saldrá de otro lado (es una sociedad anónima) y lo que terminaría pasando es que cambiarían las alícuotas de la participación de cada socio. Forma parte de las reglas básicas de la economía capitalista, y ni los liberales o neoliberales podrían objetar eso, salvo claro, los que quieren mantener tanto sea el nivel actual de producción de papel para seguir como hasta ahora con sus manejos, como el actual nivel de porcentaje de capital societario (o incrementarlo a su favor).
        No hay mucho más que eso.

      2. Fernando, comparto básicamente lo que decís. Yo te marcaba expresamente el argumento de las subvenciones. Con ese argumento no justificás ninguna desición que se tome para con ninguna empersa. Ese argumento no es del mismo orden que el resto que vos exponés. Esos otros argumentos sí permiten pasar a analizar las puntualidades de la historia de Papel Prensa, así como también los sentidos de ética y de justicia que se están queriendo imponer. Por eso te decía antes que con lo de los subsidios te tirás tierra encima.

      3. Hay una falacia ahí. Es una empresa mixta, con aportes tanto del estado, como accionista minoritario, como de los sucesivos socios privados(no se si en el caso de Graiver puso un mango). Por otro lado, lo malo es que haya un monopolio, aunque sea mixto, y lo bueno es que no es un monopolio completo, porque se puede importar papel, que sobra en el mundo a muy buenos precios. No veo la ventaja en consumir más árboles argentinos en vez de árboles chilenos o finlandeses.

    3. Mariano T: «¿Por qué una empresa debería ampliar su producción obligada por el estado?». Porque, justamente, no es privada, sino que está sometida a legislación distinta a la Civil pues el Estado tiene participación en ella.

      «El estado tiene otro camino si quiere que se produzca más papel de diario, como obligar a Papel del Tucumán a hacerlo, o directamente promover o crear otra empresa.». Puede ser, pero optó por otro camino y no violó ninguna ley al hacerlo, no cabe el chillido cuando no se hace exactamente lo que a uno le hubiera gustado que se hubiese hecho. POr otro lado, ¿por qué sería mejor haber hecho eso que decís vos en vez de lo que se hizo?

      «Ampliar una producción, recuerdo, empieza por plantar nuevos árboles para después cortarlos, es un proyecto de largo plazo. Con una normativa semejante, el Estado podría apropiarse de cualquier empresa privada.». Así es. Que inviertan, pues. El Estado no se va a apropiar de ninguna empresa privada porque, por empezar, Papel Prensa no lo es; y para continuar, los derechos políticos que pudieran acrecer del incremento de inversión del Estado serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, de la que dije que es «donde confluirán representantes de los diarios privados de todo el país que no formen parte del capital accionario de la empresa –y no guarde ningún tipo de relación con ellos– y representantes de los usuarios y consumidores y de los trabajadores (gráficos, prensa y canillitas)». ¿Qué riesgo entraña todo ello? Super vigilado estará todo eso. Y en última instancia no implica ningún tipo de apropiación. En última instancia, que inviertan, insisto: hasta ahora no han puesto un sólo peso.

      «El peligro para la prensa no oficialista radica también en que el estado controla la importación. Si la comisión no le da el papel nacional con el pretexto de repartirlo mejor, y le dificultan la importación, esta configurado el peligro para esos diarios de no poder expresarse. Por supuesto se tu respuesta: ‘Ésa es la idea’, vas a decir. Entonces sacate la máscara.». La normativa dispone que habrá igualdad de cupos, cuotas y precios para todos. Ya está eso. Y habrá, insisto, mil instancias de verificación. Que empiece la oposición por integrarse a los órganos, no como han hecho con los que instituyó la Ley de Medios. La idea es que no pase lo que pasa ahora que es algo que no pasa en ningún lugar del mundo, ya que a ustedes tanto les gusta el mundo: no existe otro caso de diarios vendiendo a sus competidores la materia prima de la actividad. ¿Acá es necesario? Ok, pero tiene que estar regulado. Hoy hay, quieras vos reconocerlo o no no interesa, discriminación y desigualdad para con algunos actores. Clarín saca un diario de 3 kg. (de pura propaganda, si contás las páginas es lo mismo que los otros en info) porque los demás le garpan el papel y encima se lo cobran más barato. Se terminó. Y si hay que importar, con todas las dificultades que ello implica, importarán todos por igual. Que vos quieras ver en eso atentados contra la libertad de prensa es tema tuyo. La importación tiene arancel cero gracias a ESTE gobierno, no al Espíritu Santo. Ya no ocurre que se dificulte la importación. ¿Quién quieren que la maneje, acaso, esa función, a ver los sabios? Insisto: hay instancias de control tanto como de revisión. Eso ofrece el Gobierno. Y ustedes mala leche.

      «lo bueno es que no es un monopolio completo, porque se puede importar papel, que sobra en el mundo a muy buenos precios.». Hoy hay buenos precios. Mañana vaya uno a saber. Por otro lado, las dificultades que implica importar para los diarios, invalidan el argumento.

      «No veo la ventaja en consumir más árboles argentinos en vez de árboles chilenos o finlandeses.». La importación está sometida a distintas dificultades -fletes, capacidad de almacenamiento, registro de importación, etc.-. Costos que encarecen el argumento pavo ese de que es más barato importar. Por otro lado, insisto: porque es decisión del Gobierno promover la no importación, ¿qué hay con eso?

      Para los demás: la historia de la empresa se discute en otras instancias. Para el caso de la ley interesa que se justifique la situación actual sobre el mercado de papel en Argentina, inexistente en otros lados del mundo y que justifica esta reforma que se ha implementado. Corta.

      1. Tampoco es algo nuevo, en muchos lugares los diarios han tenido acciones de papeleras, que no es buen negocio si logran tener buen abastecimiento de papel, es mejor invertir en otros medios.
        Una sociedad anónima con el Estado como socio minoritario no se rige por la ley civil? Qué le aplicás el código de justicia militar?
        Salvo que el contrato constitutivo lo indicara, nadie puede ser obligado a invertir, y si es el accionista mayoritario mucho menos. Una vez cumplido el contrato inicial, y si no hay uno nuevo, el accionista minoritario no puede obligar a los mayoritarios a licuar su capital, es una confiscación en la medida en que sus acciones pierden valor porque nadie va a querer ser socio minoritario de un gobierno que esta en ese negocio no para ganar dinero sino para restringir la libertad de prensa.
        Pero como bien lo marca Fontevecchia, la clave es si hay o no control de importaciones, por la libertad de los medios a adquirir papel por otra vía que no sea comprárselo al estado.

      1. Confieso que pensé que Ud ni para el Purgatorio calificaba (debe ser esa mala costumbre de demonizar al adversario).
        Feliz Navidad, Daio

  2. Pablo, tenes un link al decreto de NK que autoriza la fusion? Todo el mundo habla de eso, pero creo que nadie o casi nadie lo leyo completo.

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