Con un peligroso sesgo autoritario

La batalla contra Hugo Moyano ingresó en una tregua precaria. El pulido contra Daniel Scioli continúa incesante y silencioso, porque el gobernador de Buenos Aires parece resignado a que ocurra de ese modo. La única ofensiva que Cristina Fernández ha decidido desenmascarar en las últimas semanas es la que ejecuta contra el periodismo que no está dispuesto a someterse a su régimen.
En apenas diez días, su Gobierno obtuvo en el Congreso (Diputados y el Senado) la sanción de la ley que declaró de interés público la producción y comercialización de papel de diarios. Otro embuste kirchnerista con un juego de palabras: el Gobierno dispondrá los precios y la cuotificación del papel para el mercado interno pero controlará, además, la importación. Esa es una acechanza que penderá sobre la prensa escrita. No se concebiría de otra manera ni aquí, ni en Francia ni en Islandia.
El otro gran objetivo de la ley sería el de confiscar encubiertamente (art. 41) la empresa Papel Prensa, que tiene como accionistas principales a La Nación y Clarín , con el Estado como socio minoritario. Dos cláusulas transitorias indican que la empresa deberá satisfacer toda la demanda interna – ahora cubre el 70%– para lo cual debería presentar un plan de inversiones cada tres años. Si no lo hiciera, lo haría el Estado a cambio del crecimiento accionario y el dominio de la empresa.
La mayoría de las asociaciones periodísticas del país cuestionan la ley. Salió a respaldarla, en cambio, el Grupo Uno , la organización más grande del interior. Sus caras visibles son el ex ministro menemista, José Luis Manzano, y el abogado Daniel Vila, quien este año fracasó en un intento de destronar a Julio Grondona en la AFA. Ambos, pero en especial Manzano, poseen muy buenos contactos con el gobierno de Cristina. El interlocutor oficial más frecuente es Juan Manuel Abal Medina.
Siempre se sospecharon las razones del ascenso del hombre que reemplazó en la Jefatura de Gabinete al ahora raso senador Aníbal Fernández. Los hechos las están corroborando: Abal Medina no está para coordinar las diferentes áreas de gobierno; está sólo para ocuparse de la ofensiva contra los medios no adictos.
Una acción judicial del Grupo Uno en Mendoza, justamente, disparó el allanamiento y el pedido de intervención para Cablevisión . La empresa pertenece a Clarín con 1.700 empleados y 1.300 contratados. La orden del juez mendocino Walter Bento, desbarrada de la cabeza a los pies, apuntó a romper la fusión de Cablevisión y Multicanal que Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, convalidaron en el 2007 . El mismo objetivo por el cual, bajo el slogan de la democratización informativa, fue sancionada la ley de medios. El artículo 161, que dispararía tal desmembramiento, está bajo una medida cautelar con vigencia hasta fines del 2013.
Cristina quiere acortar esos plazos.
Vila y Manzano fueron durante un buen tiempo críticos a la ley de medios que también podía afectarlos. Pero abandonaron la resistencia no se sabe bien por qué motivos. O quizá sí: en los medios de su propiedad la publicidad oficial habría crecido un 700% durante el 2011.
La disposición de la Justicia mendocina, donde Cablevisión no está radicada, tuvo además una ejecución política de otra identidad.
La intervención espectacular y desmedida de un grupo de élite de la Gendamería . Los gendarmes estuvieron allí, varios sin saber por qué lo hacían, por orden de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Pudo haberse realizado el mismo procedimiento de otra manera. Tal vez hubiera alcanzado con un par de policías.
La intención intimidatoria fue imposible de ocultar .
Cablevisión y Papel Prensa forman parte de la misma estrategia del Gobierno para domesticar a medios de comunicación donde prevalece un espíritu crítico. Salvo las sanciones de leyes económicas en el Congreso y la fractura para el gremio de los peones rurales, el resto de las decisiones políticas del poder que comanda Cristina, desde su reasunción, han estado dirigidas contra aquellas empresas .
Diputados y el Senado hicieron su aporte con la ley del papel de diarios. Pero el procurador General, Esteban Righi, produjo un dictamen llamativo en sus consideraciones por el cual pidió a la Corte Suprema el fin inmediato de la medida cautelar por el artículo 161. La Secretaría de Derecho Humanos, que depende de la Presidencia, reclamó al juez Julián Ercolini la indagatoria y el embargo de bienes de altos directivos de La Nación y Clarín, en una causa que el kirchnerismo ideó para vincular la adquisición de Papel Prensa, en años de la dictadura, con supuestos crímenes de lesa humanidad. La andanada no concluyó en esa estación: la AFIP de Ricardo Echegaray inhibió todos los bienes del diario La Nación a raíz de un litigio impositivo, protegido por una medida cautelar hasta que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Existen otros 23 medios en igual situación que no fueron afectados , entre ellos alguno del grupo Vila-Manzano.
La actitud del gobierno de Cristina con la prensa crítica se ha tornado más autoritaria desde que puso en marcha su segundo mandato. La cronología de los hechos es, en ese aspecto, elocuente. Amenazas todavía más graves se esconden en otras leyes que el kirchnerismo acaba de sancionar en el Congreso para intentar disipar sospechas que se ciernen sobre la Argentina. Diputados y senadores aprobaron dos proyectos que elevan penas para los actos considerados terroristas – reclamo del GAFI, organismo internacional contra el lavado de dinero– y que castiga la manipulación del mercado para hacer subir o bajar el precio de las mercancías.
¿Cuál sería el problema para la prensa? La definición sobre qué se considerará terrorismo. El peronismo suele extraviar con facilidad sus límites. Aquella misma palabra, asimilada a la subversión , fue la que detonó el decreto de Isabel Perón en 1975 que ordenó el aniquilamiento. El punto de partida para que los militares realizaran una cacería de brujas y consumaran la tragedia nacional a partir de 1976.
José Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), precisó que bajo la imputación de aquella ley podrían caer también los medios de comunicación. Explicó que la prensa puede sembrar temor en la población y provocar corridas bancarias. Eso afectaría la gobernabilidad. Florencio Randazzo lo descalificó.
¿A quién creerle? Amado Boudou, el vicepresidente, le colocó nombres propios al enunciado de Sbatella: en el plenario del Senado aseguró que La Nación y Clarín atentan contra la libertad y la democracia.
La vaguedad de la figura legal votada abriría las compuertas a los abusos del poder.
Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete, en su artículo de pág. 6, menciona antecedentes de la revolución bolchevique y el nazismo. La historia argentina también ofrece su muestra: en 1953 Juan Perón, acosado por sabotajes, conminó con pena de prisión al que “por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu causando un daño para la Nación”.
Cristina habla de otra cosa . De la democratización informativa y de la distribución de la palabra. Siempre con tono épico y pretensión refundadora.
Pero nunca le hizo caso a un fallo de marzo de la Corte Suprema que exigió al Gobierno darle publicidad oficial al diario Perfil.
La Presidenta ensaya su propia narración frente a cada episodio. No dejó pasar ni un día antes de atribuir la muerte de Ivan Heyn, el joven subsecretario de Comercio, al trauma del sufrimiento que habrían padecido él y su familia en la crisis del 2001. En efecto, ese sufrimiento existió. Como ocurrió con millones de argentinos. Pero la Policía y la Justicia de Uruguay, donde murió el economista, no saben aún con certeza si se trató de un suicidio o de una muerte accidental producto de algún acto imprudente.
Sucede que para Cristina los militantes de La Cámpora, a la que pertenecía Heyn, serían protagonistas de bronce de una gesta de este tiempo, inmunes a cualquier debilidad o deshonra. Esa visión idealizada, quizás una rémora setentista, habría causado su última dura discusión con Scioli. Fue a propósito del choque de los camporistas con la Policía bonaerense en la Legislatura. Esa investigación la fiscaliza Gabriel Mariotto, el vicegobernador que impuso la Presidenta. Scioli, Alberto Pérez, su jefe de Gabinete, y Ricardo Casal, el ministro de Seguridad, están en jaque.
Cristina también presentó como un hallazgo el tope anunciado a la tasa de crédito de mutuales a jubilados. Un sistema que se realiza a través de la ANSeS, que deduce del haber la cuota del préstamo. El sistema regía con un claro sentido usurario, con tasas de hasta el 122% anual.
Pero tuvo vigencia los ocho años de kirchnerismo . Y los jubilados recurrían a él por necesidad.
Tantas facilidades para el Gobierno parecen posibles por un poder desbalanceado . Cristina supone que el 54% de los votos le permite todo. La oposición asoma desconcertada y sumisa. Quizás ahora tome conciencia de dos cuestiones: su inoperancia cuando consiguió en el 2009 una heterogénea mayoría parlamentaria; los gravísimos defectos de su última ingeniería electoral. La carga cabría también a Mauricio Macri, gran triunfador en Capital.
Aquella enorme supremacía de Cristina podría dar ciertas garantías a la gobernabilidad. Pero los valores que afloran en la discusión de su segundo mandato – las libertades y el derecho irrestricto a la opinión– trasuntarían un claro retroceso en la democracia.
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