La fiscal general Gabriela Boquín acusó ayer a la cúpula del Correo Argentino de impulsar el vaciamiento de la compañía durante el último año y medio para beneficiar al Grupo Macri y perjudicar al Estado nacional y otros acreedores, según surge de un dictamen que presentó ayer en los tribunales comerciales.
Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra. Y planteó que la compañía debe devolver los fondos al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.
La fiscal presentó ayer su dictamen, de 88 carillas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno pidió a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.
Durante esos 120 días, además, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín asumió la representación del Estado en el concurso en reemplazo del Ministerio de Comunicaciones. Y se encaminaba a elevar a la Justicia su propio informe, que se anticipaba que sería crítico para el Gobierno, según reconstruyó LA NACIÓN, pero fue desplazado de su cargo antes de que lo enviara.
En su dictamen de ayer, en tanto, Boquín enumeró una extensa lista de presuntas «irregularidades en la tramitación del concurso», en las que no ahorró críticas a los ejecutivos y abogados del Correo, la jueza de primera instancia, y síndicos que intervinieron en el expediente del concurso desde 2001.
Tanto desde el Gobierno como desde el Correo objetan y critican la actuación de Boquín. Le atribuyen militar en la agrupación cercana al kirchnerismo, Justicia Legítima, y una sintonía con los intereses y objetivos de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, enfrentada con la Casa Rosada.
Pero Boquín niega haber militado en Justicia Legítima como así también trabajar de manera coordinada con -o bajo las órdenes de- Gils Carbó; aunque sí se reconoce cercana al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante los primeros dos años del kirchnerismo, Ricardo Nissen.
Éste es el tercer dictamen crítico de Boquín en el concurso del Correo. En el primero, que presentó en febrero, afirmó que el acuerdo alcanzado por el grupo Macri con el Gobierno era abusivo, perjudicial para el Estado e implicaba «una condonación de la deuda» por más de $ 4277 millones. En el segundo, acusó al Correo de demandar al Estado en condiciones más agresivas que las que se le reclamaba a la propia empresa. Desde el Correo, rechazaron todas sus presentaciones. Tras su primer dictamen, le atribuyeron numerosas «inexactitudes», barajar cifras sobre el supuesto perjuicio para el Estado de un modo «llamativo y espurio» y arribar a «conclusiones erróneas» con una notoria «liviandad».
Pero para Boquín, los máximos responsables del Correo actuaron con dolo durante estos años al impulsar el presunto vaciamiento de la empresa por más de medio millón de pesos al mes desde marzo de 2016 por distintas vías, pero siempre con Sideco y Socma -dos empresas del grupo Macri- como beneficiarias finales. Por ejemplo, con el cobro en bonos de un crédito millonario que el Correo contra el Ministerio de Trabajo nacional. O el alquiler de oficinas a Sideco por al menos $ 144.000 al mes a pesar de que el Correo declara ahora sólo cuatro empleados y que, según la fiscal, sería «posible obtener oficinas con un costo del 15% del valor que paga».
Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra. Y planteó que la compañía debe devolver los fondos al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.
La fiscal presentó ayer su dictamen, de 88 carillas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno pidió a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.
Durante esos 120 días, además, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín asumió la representación del Estado en el concurso en reemplazo del Ministerio de Comunicaciones. Y se encaminaba a elevar a la Justicia su propio informe, que se anticipaba que sería crítico para el Gobierno, según reconstruyó LA NACIÓN, pero fue desplazado de su cargo antes de que lo enviara.
En su dictamen de ayer, en tanto, Boquín enumeró una extensa lista de presuntas «irregularidades en la tramitación del concurso», en las que no ahorró críticas a los ejecutivos y abogados del Correo, la jueza de primera instancia, y síndicos que intervinieron en el expediente del concurso desde 2001.
Tanto desde el Gobierno como desde el Correo objetan y critican la actuación de Boquín. Le atribuyen militar en la agrupación cercana al kirchnerismo, Justicia Legítima, y una sintonía con los intereses y objetivos de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, enfrentada con la Casa Rosada.
Pero Boquín niega haber militado en Justicia Legítima como así también trabajar de manera coordinada con -o bajo las órdenes de- Gils Carbó; aunque sí se reconoce cercana al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante los primeros dos años del kirchnerismo, Ricardo Nissen.
Éste es el tercer dictamen crítico de Boquín en el concurso del Correo. En el primero, que presentó en febrero, afirmó que el acuerdo alcanzado por el grupo Macri con el Gobierno era abusivo, perjudicial para el Estado e implicaba «una condonación de la deuda» por más de $ 4277 millones. En el segundo, acusó al Correo de demandar al Estado en condiciones más agresivas que las que se le reclamaba a la propia empresa. Desde el Correo, rechazaron todas sus presentaciones. Tras su primer dictamen, le atribuyeron numerosas «inexactitudes», barajar cifras sobre el supuesto perjuicio para el Estado de un modo «llamativo y espurio» y arribar a «conclusiones erróneas» con una notoria «liviandad».
Pero para Boquín, los máximos responsables del Correo actuaron con dolo durante estos años al impulsar el presunto vaciamiento de la empresa por más de medio millón de pesos al mes desde marzo de 2016 por distintas vías, pero siempre con Sideco y Socma -dos empresas del grupo Macri- como beneficiarias finales. Por ejemplo, con el cobro en bonos de un crédito millonario que el Correo contra el Ministerio de Trabajo nacional. O el alquiler de oficinas a Sideco por al menos $ 144.000 al mes a pesar de que el Correo declara ahora sólo cuatro empleados y que, según la fiscal, sería «posible obtener oficinas con un costo del 15% del valor que paga».
