Ante el inminente tratamiento del proyecto de ley que regula el mercado del papel para diarios, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) pidió al Senado que respete el derecho de propiedad del sector privado y evite la «injerencia estatal indebida».
En un claro rechazo a la ofensiva del Gobierno para lograr el control de Papel Prensa , la entidad advirtió que «la injerencia estatal indebida en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete la vigencia de preceptos constitucionales».
La carta de AEA, que lleva la firma de su presidente, Jaime Campos, fue remitida al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en su condición de titular del Senado, donde el oficialismo procuraría convertir mañana la iniciativa en ley.
AEA sostiene que «el control estatal sobre el papel para diarios atentaría seriamente contra la libertad de prensa, necesaria para asegurar el libre intercambio de información, ideas y opiniones propio de una sociedad plural y democrática».
«El derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio es un factor fundamental para movilizar las energías del sector privado, impulsar las inversiones productivas y promover así el desarrollo del país», explica la entidad en la carta.
Tras recordar que «desde AEA siempre hemos sostenido que en una sociedad democrática moderna el ámbito específico propio de las empresas privadas debe ser respetado», la entidad rechaza la iniciativa que tiende a lograr el control estatal sobre Papel Prensa , aprobada la semana última en la Cámara de Diputados.
«El proyecto implica que los legítimos propietarios de una empresa pierdan su control efectivo -elemento esencial del derecho de propiedad- y al mismo tiempo sufran una grave pérdida patrimonial en el valor de sus tenencias accionarias, por el drástico cambio de reglas de juego que se impone», advierte el texto firmado por Campos. «Su aplicación -añade el titular de AEA- llevaría, en última instancia, a la estatización monopólica de una actividad actualmente desarrollada en el ámbito del sector privado bajo reglas de libre competencia.»
También la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci) condenó el proyecto, que considera contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 señala expresamente que «no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos».
«Si la verdadera intención es garantizar el pluralismo informativo y la viabilidad de la prensa escrita, se deben atender los problemas que tienen las empresas periodísticas, en vez de vulnerar lo acordado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poniendo en manos del Estado las decisiones relativas a la producción nacional, la importación y la distribución del papel para diarios», señaló la institución, que reúne a más de 3000 emisoras gratuitas de radio y TV, más de 700 operadores de cable, unos 600 canales y más de 300 diarios y revistas de todo el país.
La Cemci recordó que «el acceso al papel para impresión de diarios es esencial para la actividad» y reclamó que se garantice la libertad de importación sin arancel, sin cupo y sin trabas burocráticas, y se atienda «la mayor preocupación de las empresas periodísticas, que ven afectada su continuidad por la carga tributaria que soportan desde hace años».
Pidió, además, a los legisladores que «se ajusten al plexo legal de nuestro país, no intervengan desde el Estado en la provisión de papel para diarios, permitan la libre importación, revisen la excesiva carga tributaria de los medios escritos y establezcan pautas claras para la distribución de la publicidad oficial»..
En un claro rechazo a la ofensiva del Gobierno para lograr el control de Papel Prensa , la entidad advirtió que «la injerencia estatal indebida en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete la vigencia de preceptos constitucionales».
La carta de AEA, que lleva la firma de su presidente, Jaime Campos, fue remitida al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en su condición de titular del Senado, donde el oficialismo procuraría convertir mañana la iniciativa en ley.
AEA sostiene que «el control estatal sobre el papel para diarios atentaría seriamente contra la libertad de prensa, necesaria para asegurar el libre intercambio de información, ideas y opiniones propio de una sociedad plural y democrática».
«El derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio es un factor fundamental para movilizar las energías del sector privado, impulsar las inversiones productivas y promover así el desarrollo del país», explica la entidad en la carta.
Tras recordar que «desde AEA siempre hemos sostenido que en una sociedad democrática moderna el ámbito específico propio de las empresas privadas debe ser respetado», la entidad rechaza la iniciativa que tiende a lograr el control estatal sobre Papel Prensa , aprobada la semana última en la Cámara de Diputados.
«El proyecto implica que los legítimos propietarios de una empresa pierdan su control efectivo -elemento esencial del derecho de propiedad- y al mismo tiempo sufran una grave pérdida patrimonial en el valor de sus tenencias accionarias, por el drástico cambio de reglas de juego que se impone», advierte el texto firmado por Campos. «Su aplicación -añade el titular de AEA- llevaría, en última instancia, a la estatización monopólica de una actividad actualmente desarrollada en el ámbito del sector privado bajo reglas de libre competencia.»
También la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci) condenó el proyecto, que considera contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 señala expresamente que «no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos».
«Si la verdadera intención es garantizar el pluralismo informativo y la viabilidad de la prensa escrita, se deben atender los problemas que tienen las empresas periodísticas, en vez de vulnerar lo acordado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poniendo en manos del Estado las decisiones relativas a la producción nacional, la importación y la distribución del papel para diarios», señaló la institución, que reúne a más de 3000 emisoras gratuitas de radio y TV, más de 700 operadores de cable, unos 600 canales y más de 300 diarios y revistas de todo el país.
La Cemci recordó que «el acceso al papel para impresión de diarios es esencial para la actividad» y reclamó que se garantice la libertad de importación sin arancel, sin cupo y sin trabas burocráticas, y se atienda «la mayor preocupación de las empresas periodísticas, que ven afectada su continuidad por la carga tributaria que soportan desde hace años».
Pidió, además, a los legisladores que «se ajusten al plexo legal de nuestro país, no intervengan desde el Estado en la provisión de papel para diarios, permitan la libre importación, revisen la excesiva carga tributaria de los medios escritos y establezcan pautas claras para la distribución de la publicidad oficial»..
