El ministro de Justicia, Julio Alak, defendió ayer en el Senado los proyectos de ley que incorporan al Código Penal una serie de delitos económicos con el argumento de que «es hora de que se aplique sanción penal a los poderosos», al tiempo que negó que la iniciativa que agrava los delitos vinculados al terrorismo que impulsa la Casa Rosada pueda permitir la represión de la protesta social.
En ese sentido, Alak aseguró que el proyecto antiterrorista se realizó «tomando en consideración los puntos de vista de los organismos de derechos humanos», aunque admitió que la iniciativa no contó con el consenso total de ese tipo de organizaciones.
El ministro de Justicia concurrió ayer al Senado para defender una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir delitos económicos y ampliar las penas a delitos vinculados con acciones terroristas, reclamados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los tres obtuvieron dictamen ayer y estarían en condiciones de ser debatidos en el recinto de la Cámara alta la semana próxima, salvo que el kirchnerismo alcance un acuerdo político con la oposición que le permita tratarlos sobre tablas en alguna de las sesiones previstas para mañana y pasado.
La UCR objetó los proyectos por considerar que las figuras creadas y sus definiciones son imprecisas. «Esta ley agrava genéricamente todos los delitos del Código Penal y no es ajena a la intención del Poder Ejecutivo de reprimir la protesta social en un contexto que se avizora de conflicto social», afirmó Mario Cimadevilla (Chubut).
Por su parte, el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff (Formosa), cuestionó que, según la interpretación realizada por el Poder Ejecutivo, se pueda considerar como un acto terrorista una corrida bancaria.
Esta figura penal está incluida en uno de los proyectos aprobados en comisión ayer por el oficialismo y que fue defendido por el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, y el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
Vanoli defendió la penalización de delitos económicos en el hecho de que «hasta ahora sólo son motivo de sanciones económicas». Sbattella, por su parte, citó como ejemplos de acciones económicas desestabilizadoras de la democracia los golpes de mercado que, aseguró, sufrieron Raúl Alfonsín, en 1989, y Fernando de la Rúa en su último año de gobierno.
Los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo son tres. El más polémico es una suerte de reedición de la ley de subversión económica, derogada en los primeros meses del gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002. Esta iniciativa tipifica delitos, como la alteración artificial del mercado financiero y la intermediación irregular no autorizada por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores..
En ese sentido, Alak aseguró que el proyecto antiterrorista se realizó «tomando en consideración los puntos de vista de los organismos de derechos humanos», aunque admitió que la iniciativa no contó con el consenso total de ese tipo de organizaciones.
El ministro de Justicia concurrió ayer al Senado para defender una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir delitos económicos y ampliar las penas a delitos vinculados con acciones terroristas, reclamados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los tres obtuvieron dictamen ayer y estarían en condiciones de ser debatidos en el recinto de la Cámara alta la semana próxima, salvo que el kirchnerismo alcance un acuerdo político con la oposición que le permita tratarlos sobre tablas en alguna de las sesiones previstas para mañana y pasado.
La UCR objetó los proyectos por considerar que las figuras creadas y sus definiciones son imprecisas. «Esta ley agrava genéricamente todos los delitos del Código Penal y no es ajena a la intención del Poder Ejecutivo de reprimir la protesta social en un contexto que se avizora de conflicto social», afirmó Mario Cimadevilla (Chubut).
Por su parte, el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff (Formosa), cuestionó que, según la interpretación realizada por el Poder Ejecutivo, se pueda considerar como un acto terrorista una corrida bancaria.
Esta figura penal está incluida en uno de los proyectos aprobados en comisión ayer por el oficialismo y que fue defendido por el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, y el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
Vanoli defendió la penalización de delitos económicos en el hecho de que «hasta ahora sólo son motivo de sanciones económicas». Sbattella, por su parte, citó como ejemplos de acciones económicas desestabilizadoras de la democracia los golpes de mercado que, aseguró, sufrieron Raúl Alfonsín, en 1989, y Fernando de la Rúa en su último año de gobierno.
Los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo son tres. El más polémico es una suerte de reedición de la ley de subversión económica, derogada en los primeros meses del gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002. Esta iniciativa tipifica delitos, como la alteración artificial del mercado financiero y la intermediación irregular no autorizada por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores..
