Hoy puede ser el peor día de la historia de Repsol en mucho tiempo. El Gobierno argentino enfila la recta final para quedarse con su filial YPF, la joya de la corona de Repsol. Desde que empezó la incertidumbre sobre su futuro, YPF ha caído en barrena en la bolsa. Y lo sigue haciendo. Hoy baja en torno al 3%.
Lo que discute el Gobierno argentino no es ya si se interviene o nacionaliza la compañía, sino como armar jurídicamente el proceso para darle apariencia legal. Según algunas fuentes, en lo que está trabajando el Gobierno argentino es en modificar la ley de hidrocarburos del país para declarar de interés público la compañía (“utilidad pública”) y así poder proceder a la compra forzada de entre un 30% y un 50% del capital. Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha intentado en los últimos días negociar un acuerdo de paz con el Gobierno argentino, pero al parecer no ha prosperado. Una de las propuestas de Repsol ha sido la de cambiar la cúpula de YPF y nombrar a una personalidad empresarial argentina afín al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La modificación de la ley de hidrocarburos daría cobertura legal para que el Estado argentino vuelva a tener un paquete de control en YPF, que compraría a precio de mercado. Hay que tener en cuenta que, desde que dura la incertidumbre sobre el futuro de la petrolera, su capitalización en bolsa ha caído en picado. La compañía ahora vale un tercio menos de lo que valía a comienzos de año. Su valor actual es de 45.000 millones de pesos argentinos, unos 10.000 millones de dólares.
Hoy está prevista una reunión de los gobernadores de las provincias productoras de petróleo en Argentina para decidir medidas sobre YPF. La prensa local también menciona la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner realice una intervención pública a las 19.00 horas en Buenos Aires (24.00 horas en España).
«Por interés público»
Intervención, injerencia en la gestión, compra a saldo, expropiación, nacionalización… Llámesele como quiera, siempre con el apellido “por interés público”.
Jorge Sapag, gobernador de la provincia argentina de Neuquén, la de más recursos petrolíferos del país, hablaba a ayer abiertamente de que las provincias argentinas podrán participar en la gestión de YPF gracias a la implantación de un nuevo modelo “mixto”, público y privado.
Sapag, una de las autoridades regionales más influyentes en el Gobierno central de Cristina Fernández de Kirchner, se adelantaba así a la decisión que puede salir hoy de la reunión de gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos, la Ofephi, con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y podría ratificarse en el encuentro posterior que se ha solicitado con la presidenta del país.
“Pensamos en una sociedad de economía mixta. El Estado va a querer gobernarla [YPF] y alentar la inversión privada, con participación de las provincias en el directorio [consejo de administración]”, afirmó Sapag en declaraciones a la prensa argentina, cuya única duda es cómo se materializaría en la práctica este desembarco. Una de las ideas que barajan las autoridades argentinas es ampliar a 25 el número de miembros del consejo de YPF (ahora son 17) para permitir la entrada de representantes de las provincias productoras de hidrocarburos (hay una decena).
La prensa argentina ha barajado todo tipo de alternativas para que la Administración vuelva a tomar el control de YPF. La posibilidad de una expropiación directa crearía problemas legales e inseguridad jurídica en un país que, como Argentina, necesita atraer inversión extranjera para explotar sus hidrocarburos, como el megayacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén. Precisamente, ésta es la baza que está jugando Repsol. La petrolera española quiere actuar de llave para atraer inversores.
Ya ha entablado contactos con gigantes petroleros como el chino CNOOC para crear una alianza en el país. CNOOC está ya en Argentina a través de Bridas, la segunda petrolera, con la familia Bulgheroni. Otra posibilidad es que el grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, que tiene un 25% de YPF, venda su participación, dando así lugar a un nuevo equilibrio de fuerzas en el accionariado.
La Administración argentina aspira a tener el 51% o, al menos, un 30%. El problema es a qué precio y de dónde saca los recursos. Mientras tanto, crece la preocupación en el Gobierno español del PP. Se teme que Repsol pierda peso en su joya de la corona y tenga que deshacer posiciones a precio de saldo.
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