17 de Marzo de 2015
Decisión del tribunal superior de justicia de la ciudad
Revocaron un pronunciamiento que impedía al gobierno PRO el uso de las pistolas eléctricas.
Mauricio Macri sigue disfrutando de la «mayoría automática» que el oficialismo porteño tiene en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. Ayer, la máxima instancia jurídica capitalina revocó un fallo de segunda instancia que impedía al gobierno utilizar las pistolas eléctricas Taser. «Es un paso atrás para nuestra democracia que las Fuerzas de Seguridad cuenten con Neopicanas que torturan a los ciudadanos. El fallo del TSJ es una burla a la democracia», escribió en su cuenta de Twitter Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de la Secretaría de DD HH y autor de la demanda que había frenado la compra de las armas.
«Una decisión judicial puede expedirse acerca de un conflicto entre un derecho y un uso ocurrido o programado efectivamente», puede leerse en el fallo. «…Hacerlo acerca de empleos puramente conjeturales no será sino invadir las atribuciones de los órganos políticos», se explica a continuación. El escrito fue redactado por Luis Francisco Lozano y seguido por sus colegas, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, mientras que Inés Weinberg De Roca se expresó en el mismo sentido con diferentes argumentos. La única magistrada que rechazó la apelación del PRO fue Alicia Ruiz.
Lozano también argumenta que «el análisis judicial en una etapa tan prematura no podría rendir frutos buenos, como no los ha rendido hasta este momento con medidas cautelares que impidieron males hipotéticos a costa de frustrar ventajosas aplicaciones reales».
En su dictamen de acompañamiento a lo fijado por Lozano, Conde y Casás expresan un argumento contradictorio. «El modo en que aquí se decide de ninguna manera importa emitir opinión desaprobatoria sobre la decisión del Poder Ejecutivo de implementar el uso de las armas Taser X-26», explicaron. A pesar de ello, Conde y Casás opinan que las Taser no son más peligrosas que las armas de fuego que utiliza la Policía Metropolitana. «… los dispositivos de marras (…) no denotan una potencialidad de daño a la salud o de peligro a la vida mayor que la que resulta de la provisión de armas de fuego a las fuerzas de seguridad», puede leerse en el fallo.
«Es oportuno recordar, una vez más, que los derechos y garantías que sostienen la pretensión del Sr. Pisoni resultan constitucionalmente exigibles», explica Ruiz.
Para Ruiz, la justicia puede intervenir en la denuncia, ya que «el control jurisdiccional de la actividad administrativa es constitucional» y no es invasiva de otros poderes cuando están afectados «derechos fundamentales». «
Junto a la CEPAS
En la serie de encuentros que viene realizando con precandidatos, la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social (CEPAS) se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde fue recibido por el titular de la CEPAS, el obispo Jorge Lozano.
