Argentina
Buena praxis
Por Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y economista de la GEENaP
Buena praxis
Los análisis sobre los controles cambiarios, destacados por la prensa opositora, nuevamente arguyen “mala praxis” de la política económica e insisten con que el crecimiento de los últimos nueve años obedeció a un contexto mundial favorable. El eje de las críticas es simple: el Gobierno buscó concentrar el poder a cualquier costo y provocó una intervención asfixiante en la economía. Esa ambición lo llevó a la necesidad de incrementar sus ingresos mediante una creciente presión impositiva y una excesiva emisión monetaria. Su socio, una industria subsidiada y protegida, no pudo abastecer la demanda provocada por el aumento del gasto público. El resultado fue una inflación alarmante que deterioró la competitividad y postergó la inversión. Los ahorristas, víctimas de megacrisis devaluatorias y procesos hiperinflacionarios, salieron a convertir, como sea, sus ahorros a dólares para preservar su poder de compra.
Los opinadores a sueldo no renuevan su visión a pesar de la colosal recesión que soportamos entre 1998 y el 2002, luego de haber seguido sus recomendaciones durante casi tres décadas, ni aun frente a los efectos de su aplicación en la crisis europea. Según su razonamiento, el descontrol de las finanzas públicas de los países afectados por la crisis global es la causa principal del creciente desempleo, que este año romperá la marca de 200 millones de desocupados en el mundo, según la OIT. También se quejan por la falta de seguridad jurídica. En China y el sudeste asiático parecería que existe, donde, por la fuerza, los obreros deben trabajar más de catorce horas diarias por menos de u$s300 mensuales.
Tampoco reflexionan sobre el efecto de esa explotación. El hecho de que los excedentes del nuevo ordenamiento de la producción hayan provocado una colosal expansión del comercio es visto como el máximo logro del neoliberalismo. En sólo ocho años (entre el 2001 y el 2008) la exportación mundial aumentó más que en los cincuenta y seis años anteriores. Que los envíos de mercaderías asiáticas a los Estados Unidos y a la Unión Europea hayan implicado el abandono de sus plataformas productivas más demandantes de trabajadores tampoco está en el foco de sus análisis. Que la contrapartida haya sido un absurdo endeudamiento que postergó el estallido de una crisis inminente, también se escondió. Una vez pinchada la burbuja financiera, en el 2008, los nuevos 15 millones de desempleados de los países desarrollados, para ellos, es el resultado de la “falta de señales positivas al mercado”. Así, la sobreproducción asiática no puede ser absorbida, pierde valor y persigue nuevos mercados.
Ante ese escenario internacional, se afirma una política nacional de desendeudamiento que evita los condicionamientos de política económica de la banca internacional. En sólo nueve años logró reducir diez veces la deuda pública en manos de acreedores privados –actualmente representa el 14,3% del PBI–. A pesar del costo político que implica el enojo de ahorristas condenados a descreer de su moneda, el Gobierno no da un paso atrás. Mucho más fácil hubiera sido regresar a los mercados internacionales de crédito para refinanciar la deuda y, de ese modo, liberar recursos para que los ahorristas sigan acumulando dólares. Sin embargo, esa política, como todas las que sufrió el país entre 1976 y el 2002, hubiera sido cortoplacista. A la larga, como demuestra la historia nacional, el endeudamiento somete a la economía a los vaivenes del estrés financiero y abre las puertas a la injerencia nociva de los representantes de los grandes grupos especulativos internacionales.
El proyecto nacional erosiona la rentabilidad de la inversión financiera y orienta los capitales al desarrollo productivo, donde pueden obtener una mayor ganancia. El sostenido aumento del gasto público, desde el 2003, fue un pilar estratégico en un contexto mundial de contracción del consumo. Con énfasis en la inclusión social y la capacitación, logró que más de 2,5 millones de ancianos pudieran contar con un ingreso a pesar de haber sido desplazados del mercado laboral en los ’90 y que casi 3,6 millones de niños hoy reciban la asignación universal por hijo y accedan a la educación pública. La decisión de más que triplicar el presupuesto que se destinaba hasta fines de la convertibilidad (en términos de PBI) sostiene este esquema.
El fortalecimiento del mercado interno promovió una inversión récord en el 2011. Alcanzó casi el 25% del PBI –máximo desde mediados de la década del ’70–, siendo la industria nacional la única de América latina que ganó participación en el PBI en los últimos nueve años, además de ser dinamizadora de la generación de 5 millones de empleos.
Mientras los países desarrollados sufren el desmantelamiento de sus fábricas y la escasez de demanda, las reglas de juego planteadas en la Argentina se contraponen a los negocios especulativos y promueven que la industria, la generación de puestos de trabajo, la capacitación y la inclusión social constituyan el vehículo para el desarrollo de nuestra sociedad.
Buena praxis
Por Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y economista de la GEENaP
Buena praxis
Los análisis sobre los controles cambiarios, destacados por la prensa opositora, nuevamente arguyen “mala praxis” de la política económica e insisten con que el crecimiento de los últimos nueve años obedeció a un contexto mundial favorable. El eje de las críticas es simple: el Gobierno buscó concentrar el poder a cualquier costo y provocó una intervención asfixiante en la economía. Esa ambición lo llevó a la necesidad de incrementar sus ingresos mediante una creciente presión impositiva y una excesiva emisión monetaria. Su socio, una industria subsidiada y protegida, no pudo abastecer la demanda provocada por el aumento del gasto público. El resultado fue una inflación alarmante que deterioró la competitividad y postergó la inversión. Los ahorristas, víctimas de megacrisis devaluatorias y procesos hiperinflacionarios, salieron a convertir, como sea, sus ahorros a dólares para preservar su poder de compra.
Los opinadores a sueldo no renuevan su visión a pesar de la colosal recesión que soportamos entre 1998 y el 2002, luego de haber seguido sus recomendaciones durante casi tres décadas, ni aun frente a los efectos de su aplicación en la crisis europea. Según su razonamiento, el descontrol de las finanzas públicas de los países afectados por la crisis global es la causa principal del creciente desempleo, que este año romperá la marca de 200 millones de desocupados en el mundo, según la OIT. También se quejan por la falta de seguridad jurídica. En China y el sudeste asiático parecería que existe, donde, por la fuerza, los obreros deben trabajar más de catorce horas diarias por menos de u$s300 mensuales.
Tampoco reflexionan sobre el efecto de esa explotación. El hecho de que los excedentes del nuevo ordenamiento de la producción hayan provocado una colosal expansión del comercio es visto como el máximo logro del neoliberalismo. En sólo ocho años (entre el 2001 y el 2008) la exportación mundial aumentó más que en los cincuenta y seis años anteriores. Que los envíos de mercaderías asiáticas a los Estados Unidos y a la Unión Europea hayan implicado el abandono de sus plataformas productivas más demandantes de trabajadores tampoco está en el foco de sus análisis. Que la contrapartida haya sido un absurdo endeudamiento que postergó el estallido de una crisis inminente, también se escondió. Una vez pinchada la burbuja financiera, en el 2008, los nuevos 15 millones de desempleados de los países desarrollados, para ellos, es el resultado de la “falta de señales positivas al mercado”. Así, la sobreproducción asiática no puede ser absorbida, pierde valor y persigue nuevos mercados.
Ante ese escenario internacional, se afirma una política nacional de desendeudamiento que evita los condicionamientos de política económica de la banca internacional. En sólo nueve años logró reducir diez veces la deuda pública en manos de acreedores privados –actualmente representa el 14,3% del PBI–. A pesar del costo político que implica el enojo de ahorristas condenados a descreer de su moneda, el Gobierno no da un paso atrás. Mucho más fácil hubiera sido regresar a los mercados internacionales de crédito para refinanciar la deuda y, de ese modo, liberar recursos para que los ahorristas sigan acumulando dólares. Sin embargo, esa política, como todas las que sufrió el país entre 1976 y el 2002, hubiera sido cortoplacista. A la larga, como demuestra la historia nacional, el endeudamiento somete a la economía a los vaivenes del estrés financiero y abre las puertas a la injerencia nociva de los representantes de los grandes grupos especulativos internacionales.
El proyecto nacional erosiona la rentabilidad de la inversión financiera y orienta los capitales al desarrollo productivo, donde pueden obtener una mayor ganancia. El sostenido aumento del gasto público, desde el 2003, fue un pilar estratégico en un contexto mundial de contracción del consumo. Con énfasis en la inclusión social y la capacitación, logró que más de 2,5 millones de ancianos pudieran contar con un ingreso a pesar de haber sido desplazados del mercado laboral en los ’90 y que casi 3,6 millones de niños hoy reciban la asignación universal por hijo y accedan a la educación pública. La decisión de más que triplicar el presupuesto que se destinaba hasta fines de la convertibilidad (en términos de PBI) sostiene este esquema.
El fortalecimiento del mercado interno promovió una inversión récord en el 2011. Alcanzó casi el 25% del PBI –máximo desde mediados de la década del ’70–, siendo la industria nacional la única de América latina que ganó participación en el PBI en los últimos nueve años, además de ser dinamizadora de la generación de 5 millones de empleos.
Mientras los países desarrollados sufren el desmantelamiento de sus fábricas y la escasez de demanda, las reglas de juego planteadas en la Argentina se contraponen a los negocios especulativos y promueven que la industria, la generación de puestos de trabajo, la capacitación y la inclusión social constituyan el vehículo para el desarrollo de nuestra sociedad.
