WASHINGTON.- Patricia Bullrich habla con seguridad y confianza. Ante las críticas por por el caso Chocobar, despliega una férrea defensa de la política oficial con las fuerzas de seguridad: dice que el Gobierno tiene que «proteger» a la policía, que antes estaban «paralizadas», y que eso ayuda a salvar vidas y bajar el delito.
«Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan que el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima», dijo la ministra de Seguridad, en un encuentro con periodistas argentinos en la embajada argentina en Washington.
Bullrich cerró una visita a la capital de Estados Unidos en la cual se llevó el compromiso de la Agentina Antidrogas (DEA, según sus siglas en inglés) de incrementar la presencia en el país en un «task force» en Misiones, que se sumará a la que el Gobierno abrió en Salta para combatir el narcotráfico. La ministra pidió en el Congreso duplicar la asistencia al país.
«El año pasado nos dieron 700.000 dólares. Nuestra apuesta es a duplicarlo», dijo
En el FBI, Bullrich avanzó en la cooperación para la capacitación de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), a la cual el Gobierno aspira a reformar para convertir en una fuerza abocada a la investigación de crímenes de narcotráfico, contrabando, secuestros, homicidios complejos, trata, lavado de dinero, anticorrupción.
«Estamos trabajando un modelo de policía federal real, en todo el territorio, dedicada a la investigación de crímenes. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en el modelo educativo, de un modelo de policía de seguridad típica a un modelo de investigación e inteligencia. Estuvimos trabajando con el FBI en ese tema», indicó la ministra.
Al referirse a la polémica en torno al caso Chocobar, que generó críticas la oposición, abogados, y organismos de derechos humanos, Bullrich insistió en el principio de que las acciones del Estado «son legítimas, hasta que se demuestra lo contario», y ofreció un respaldo sin fisuras para las fuerzas de seguridad: «Necesitamos policías que sepan que el trabajo no va a ser su tumba».
«Un principio básico de la teoría del Estado es que se presume que las acciones del Estado son legítimas, hasta que se demuestra lo contrario. Se presumen legítimas. Se presume que un funcionario trabaja correctamente, que un policía hace lo que tiene que hacer, que un embajador hace lo que tiene que hacer. Se presume legítima la función del Estado. La excepción es la ilegitimidad, no la regla. Nosotros habíamos convertido en regla la ilegitimidad. Ahora tenemos que volver a la presunción de que si un policía en un enfrentamiento, digamos, tiene una acción, no se puede investigar cada acción de cada policía en cada enfrentamiento, a menos que haya una excepcionalidad», indicó.
-Hay críticos que advierten que esta doctrina va en contra de garantías constitucionales y el derecho internacional.
-Esto no va en contra de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales lo que plantean es que la Argentina tiene un modelo del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Tiene un modelo weberiano. Nosotros tenemos un modelo de monopolio de la fuerza, en las fuerzas. Eso significa que las acciones que se realizan para defender a la población, a terceros, como dice la Constitución, a la propiedad, son legítimas. Cuando un miembro de una fuerza policial, en persecución de un delito, de un delincuente, tiene que utilizar su arma, está haciendo una acción legítima. A menos que haya sido él parte del problema, haya sido él parte del delincuente, y no del Estado.
-José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo que con esto el gobierno «parece respaldar violencia policial».
-El representante de HRW tiene una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia, el aumento de tasas de homicidio. Nosotros cuando llegamos teníamos la tasa de homicidio en siete puntos cada 100.000, la hemos bajado a 5,2 en dos años. Hemos salvado vidas. Nuestra manera de ver las cosas nos está dando resultados positivos en todo el país. Hemos bajado homicidios, hemos desarmado bandas, y ahora tenemos que bajar un delito que nos preocupa mucho que es el robo cotidiano.
-¿No cree que el uso de inteligencia, datos, mapas del crimen, es más efectivo que una doctrina que muchos ven como mano dura, o gatillo fácil?
Nosotros tenemos mapas de calor del delito de todo tipo. Sabemos cuáles son las zonas más violentas, dónde se cometen más crímenes. Tenemos policiamiento inteligente en todo el país. El mapa del delito en la Argentina, hoy, funciona en todas las provincias, y todo eso lo estamos conectando a un centro nacional de inteligencia criminal.
-¿Qué garantía le da a la gente que teme una mayor brutalidad policial? Acá pasa…
-En la Argentina es al revés. A la policía le decían hay un asalto en Santa Fé y Pueyrredón, iba a Las Heras y Pueyrredón. ¿Por qué? Porque si iba a Santa Fé y Pueyrredón, tenía problemas. Siempre tenía problemas. Que un juez tome cada vez que hay un enfrentamiento en la Argentina el caso, lo que genera es parálisis. Para combatir el delito, como lo estamos haciendo, necesitamos policías que vayan al lugar del hecho y repriman el delito en el momento, y no que una vez que se cometió el delito lleguen a hacer la parte forense, como estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el policía sabía que si llegaba y tenía un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso. Eso generó parálisis de las fuerzas de seguridad. No actuaban. Caminá por las policías del país, y todas las policías del país te dicen «nuestra acción era no hacer». Si vos querés tener una verdadera política de seguridad, tenés que generarle a las fuerzas la idea de que si actúan ante el delito, vos los vas a proteger. Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima. Si hay acciones ilegítimas, este es el gobierno que más policías ha metido preso, entre la nación, las policías locales y la provincia de Buenos Aires. No aceptamos ningún tipo connivencia, de corrupción, de poliladrón. A la vez que tenemos esta vara muy alta en cuanto a no permitir la corrupción policial y cortar todos el financiamiento ilegal de la policía, le damos a la policías la capacidad de trabajar en el marco de su función sin que cada vez que se realiza una acción terminen presos.
-¿No teme que se cometan abusos, excesos?
No. Creo que para la población pagar policías paralizadas es lo peor que nos puede pasar. Así es como creció la tasa de homicidios y creció la tasa de robos. Tenemos que bajarla. Es muy alta la tasa de robos. Para poder trabajar, necesitamos policías que sepan que el trabajo no va a ser su tumba.
-¿Hay una interna con el ministro Germán Garavano?
-No. No hay ningún enfrentamiento. La discusión que se está dando con el código penal hay una comisión en la que participamos todos. Y todavía el código penal que va a selir todavía no está. Al revés, con Garavano hemos tenido un trabajo conjunto en todos los temas.
«Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan que el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima», dijo la ministra de Seguridad, en un encuentro con periodistas argentinos en la embajada argentina en Washington.
Bullrich cerró una visita a la capital de Estados Unidos en la cual se llevó el compromiso de la Agentina Antidrogas (DEA, según sus siglas en inglés) de incrementar la presencia en el país en un «task force» en Misiones, que se sumará a la que el Gobierno abrió en Salta para combatir el narcotráfico. La ministra pidió en el Congreso duplicar la asistencia al país.
«El año pasado nos dieron 700.000 dólares. Nuestra apuesta es a duplicarlo», dijo
En el FBI, Bullrich avanzó en la cooperación para la capacitación de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), a la cual el Gobierno aspira a reformar para convertir en una fuerza abocada a la investigación de crímenes de narcotráfico, contrabando, secuestros, homicidios complejos, trata, lavado de dinero, anticorrupción.
«Estamos trabajando un modelo de policía federal real, en todo el territorio, dedicada a la investigación de crímenes. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en el modelo educativo, de un modelo de policía de seguridad típica a un modelo de investigación e inteligencia. Estuvimos trabajando con el FBI en ese tema», indicó la ministra.
Al referirse a la polémica en torno al caso Chocobar, que generó críticas la oposición, abogados, y organismos de derechos humanos, Bullrich insistió en el principio de que las acciones del Estado «son legítimas, hasta que se demuestra lo contario», y ofreció un respaldo sin fisuras para las fuerzas de seguridad: «Necesitamos policías que sepan que el trabajo no va a ser su tumba».
«Un principio básico de la teoría del Estado es que se presume que las acciones del Estado son legítimas, hasta que se demuestra lo contrario. Se presumen legítimas. Se presume que un funcionario trabaja correctamente, que un policía hace lo que tiene que hacer, que un embajador hace lo que tiene que hacer. Se presume legítima la función del Estado. La excepción es la ilegitimidad, no la regla. Nosotros habíamos convertido en regla la ilegitimidad. Ahora tenemos que volver a la presunción de que si un policía en un enfrentamiento, digamos, tiene una acción, no se puede investigar cada acción de cada policía en cada enfrentamiento, a menos que haya una excepcionalidad», indicó.
-Hay críticos que advierten que esta doctrina va en contra de garantías constitucionales y el derecho internacional.
-Esto no va en contra de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales lo que plantean es que la Argentina tiene un modelo del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Tiene un modelo weberiano. Nosotros tenemos un modelo de monopolio de la fuerza, en las fuerzas. Eso significa que las acciones que se realizan para defender a la población, a terceros, como dice la Constitución, a la propiedad, son legítimas. Cuando un miembro de una fuerza policial, en persecución de un delito, de un delincuente, tiene que utilizar su arma, está haciendo una acción legítima. A menos que haya sido él parte del problema, haya sido él parte del delincuente, y no del Estado.
-José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo que con esto el gobierno «parece respaldar violencia policial».
-El representante de HRW tiene una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia, el aumento de tasas de homicidio. Nosotros cuando llegamos teníamos la tasa de homicidio en siete puntos cada 100.000, la hemos bajado a 5,2 en dos años. Hemos salvado vidas. Nuestra manera de ver las cosas nos está dando resultados positivos en todo el país. Hemos bajado homicidios, hemos desarmado bandas, y ahora tenemos que bajar un delito que nos preocupa mucho que es el robo cotidiano.
-¿No cree que el uso de inteligencia, datos, mapas del crimen, es más efectivo que una doctrina que muchos ven como mano dura, o gatillo fácil?
Nosotros tenemos mapas de calor del delito de todo tipo. Sabemos cuáles son las zonas más violentas, dónde se cometen más crímenes. Tenemos policiamiento inteligente en todo el país. El mapa del delito en la Argentina, hoy, funciona en todas las provincias, y todo eso lo estamos conectando a un centro nacional de inteligencia criminal.
-¿Qué garantía le da a la gente que teme una mayor brutalidad policial? Acá pasa…
-En la Argentina es al revés. A la policía le decían hay un asalto en Santa Fé y Pueyrredón, iba a Las Heras y Pueyrredón. ¿Por qué? Porque si iba a Santa Fé y Pueyrredón, tenía problemas. Siempre tenía problemas. Que un juez tome cada vez que hay un enfrentamiento en la Argentina el caso, lo que genera es parálisis. Para combatir el delito, como lo estamos haciendo, necesitamos policías que vayan al lugar del hecho y repriman el delito en el momento, y no que una vez que se cometió el delito lleguen a hacer la parte forense, como estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el policía sabía que si llegaba y tenía un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso. Eso generó parálisis de las fuerzas de seguridad. No actuaban. Caminá por las policías del país, y todas las policías del país te dicen «nuestra acción era no hacer». Si vos querés tener una verdadera política de seguridad, tenés que generarle a las fuerzas la idea de que si actúan ante el delito, vos los vas a proteger. Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima. Si hay acciones ilegítimas, este es el gobierno que más policías ha metido preso, entre la nación, las policías locales y la provincia de Buenos Aires. No aceptamos ningún tipo connivencia, de corrupción, de poliladrón. A la vez que tenemos esta vara muy alta en cuanto a no permitir la corrupción policial y cortar todos el financiamiento ilegal de la policía, le damos a la policías la capacidad de trabajar en el marco de su función sin que cada vez que se realiza una acción terminen presos.
-¿No teme que se cometan abusos, excesos?
No. Creo que para la población pagar policías paralizadas es lo peor que nos puede pasar. Así es como creció la tasa de homicidios y creció la tasa de robos. Tenemos que bajarla. Es muy alta la tasa de robos. Para poder trabajar, necesitamos policías que sepan que el trabajo no va a ser su tumba.
-¿Hay una interna con el ministro Germán Garavano?
-No. No hay ningún enfrentamiento. La discusión que se está dando con el código penal hay una comisión en la que participamos todos. Y todavía el código penal que va a selir todavía no está. Al revés, con Garavano hemos tenido un trabajo conjunto en todos los temas.
