WASHINGTON.- Patricia Bullrich habla con seguridad y confianza. Ante las crÃticas por por el caso Chocobar, despliega una férrea defensa de la polÃtica oficial con las fuerzas de seguridad: dice que el Gobierno tiene que «proteger» a la policÃa, que antes estaban «paralizadas», y que eso ayuda a salvar vidas y bajar el delito.
«Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan que el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legÃtima», dijo la ministra de Seguridad, en un encuentro con periodistas argentinos en la embajada argentina en Washington.
Bullrich cerró una visita a la capital de Estados Unidos en la cual se llevó el compromiso de la Agentina Antidrogas (DEA, según sus siglas en inglés) de incrementar la presencia en el paÃs en un «task force» en Misiones, que se sumará a la que el Gobierno abrió en Salta para combatir el narcotráfico. La ministra pidió en el Congreso duplicar la asistencia al paÃs.
«El año pasado nos dieron 700.000 dólares. Nuestra apuesta es a duplicarlo», dijo
En el FBI, Bullrich avanzó en la cooperación para la capacitación de agentes de la PolicÃa Federal Argentina (PFA), a la cual el Gobierno aspira a reformar para convertir en una fuerza abocada a la investigación de crÃmenes de narcotráfico, contrabando, secuestros, homicidios complejos, trata, lavado de dinero, anticorrupción.
«Estamos trabajando un modelo de policÃa federal real, en todo el territorio, dedicada a la investigación de crÃmenes. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en el modelo educativo, de un modelo de policÃa de seguridad tÃpica a un modelo de investigación e inteligencia. Estuvimos trabajando con el FBI en ese tema», indicó la ministra.
Al referirse a la polémica en torno al caso Chocobar, que generó crÃticas la oposición, abogados, y organismos de derechos humanos, Bullrich insistió en el principio de que las acciones del Estado «son legÃtimas, hasta que se demuestra lo contario», y ofreció un respaldo sin fisuras para las fuerzas de seguridad: «Necesitamos policÃas que sepan que el trabajo no va a ser su tumba».
«Un principio básico de la teorÃa del Estado es que se presume que las acciones del Estado son legÃtimas, hasta que se demuestra lo contrario. Se presumen legÃtimas. Se presume que un funcionario trabaja correctamente, que un policÃa hace lo que tiene que hacer, que un embajador hace lo que tiene que hacer. Se presume legÃtima la función del Estado. La excepción es la ilegitimidad, no la regla. Nosotros habÃamos convertido en regla la ilegitimidad. Ahora tenemos que volver a la presunción de que si un policÃa en un enfrentamiento, digamos, tiene una acción, no se puede investigar cada acción de cada policÃa en cada enfrentamiento, a menos que haya una excepcionalidad», indicó.
-Hay crÃticos que advierten que esta doctrina va en contra de garantÃas constitucionales y el derecho internacional.
-Esto no va en contra de las garantÃas constitucionales. Las garantÃas constitucionales lo que plantean es que la Argentina tiene un modelo del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Tiene un modelo weberiano. Nosotros tenemos un modelo de monopolio de la fuerza, en las fuerzas. Eso significa que las acciones que se realizan para defender a la población, a terceros, como dice la Constitución, a la propiedad, son legÃtimas. Cuando un miembro de una fuerza policial, en persecución de un delito, de un delincuente, tiene que utilizar su arma, está haciendo una acción legÃtima. A menos que haya sido él parte del problema, haya sido él parte del delincuente, y no del Estado.
-José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo que con esto el gobierno «parece respaldar violencia policial».
-El representante de HRW tiene una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia, el aumento de tasas de homicidio. Nosotros cuando llegamos tenÃamos la tasa de homicidio en siete puntos cada 100.000, la hemos bajado a 5,2 en dos años. Hemos salvado vidas. Nuestra manera de ver las cosas nos está dando resultados positivos en todo el paÃs. Hemos bajado homicidios, hemos desarmado bandas, y ahora tenemos que bajar un delito que nos preocupa mucho que es el robo cotidiano.
-¿No cree que el uso de inteligencia, datos, mapas del crimen, es más efectivo que una doctrina que muchos ven como mano dura, o gatillo fácil?
Nosotros tenemos mapas de calor del delito de todo tipo. Sabemos cuáles son las zonas más violentas, dónde se cometen más crÃmenes. Tenemos policiamiento inteligente en todo el paÃs. El mapa del delito en la Argentina, hoy, funciona en todas las provincias, y todo eso lo estamos conectando a un centro nacional de inteligencia criminal.
-¿Qué garantÃa le da a la gente que teme una mayor brutalidad policial? Acá pasa…
-En la Argentina es al revés. A la policÃa le decÃan hay un asalto en Santa Fé y Pueyrredón, iba a Las Heras y Pueyrredón. ¿Por qué? Porque si iba a Santa Fé y Pueyrredón, tenÃa problemas. Siempre tenÃa problemas. Que un juez tome cada vez que hay un enfrentamiento en la Argentina el caso, lo que genera es parálisis. Para combatir el delito, como lo estamos haciendo, necesitamos policÃas que vayan al lugar del hecho y repriman el delito en el momento, y no que una vez que se cometió el delito lleguen a hacer la parte forense, como estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el policÃa sabÃa que si llegaba y tenÃa un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso. Eso generó parálisis de las fuerzas de seguridad. No actuaban. Caminá por las policÃas del paÃs, y todas las policÃas del paÃs te dicen «nuestra acción era no hacer». Si vos querés tener una verdadera polÃtica de seguridad, tenés que generarle a las fuerzas la idea de que si actúan ante el delito, vos los vas a proteger. Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legÃtima. Si hay acciones ilegÃtimas, este es el gobierno que más policÃas ha metido preso, entre la nación, las policÃas locales y la provincia de Buenos Aires. No aceptamos ningún tipo connivencia, de corrupción, de poliladrón. A la vez que tenemos esta vara muy alta en cuanto a no permitir la corrupción policial y cortar todos el financiamiento ilegal de la policÃa, le damos a la policÃas la capacidad de trabajar en el marco de su función sin que cada vez que se realiza una acción terminen presos.
-¿No teme que se cometan abusos, excesos?
No. Creo que para la población pagar policÃas paralizadas es lo peor que nos puede pasar. Asà es como creció la tasa de homicidios y creció la tasa de robos. Tenemos que bajarla. Es muy alta la tasa de robos. Para poder trabajar, necesitamos policÃas que sepan que el trabajo no va a ser su tumba.
-¿Hay una interna con el ministro Germán Garavano?
-No. No hay ningún enfrentamiento. La discusión que se está dando con el código penal hay una comisión en la que participamos todos. Y todavÃa el código penal que va a selir todavÃa no está. Al revés, con Garavano hemos tenido un trabajo conjunto en todos los temas.
«Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan que el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legÃtima», dijo la ministra de Seguridad, en un encuentro con periodistas argentinos en la embajada argentina en Washington.
Bullrich cerró una visita a la capital de Estados Unidos en la cual se llevó el compromiso de la Agentina Antidrogas (DEA, según sus siglas en inglés) de incrementar la presencia en el paÃs en un «task force» en Misiones, que se sumará a la que el Gobierno abrió en Salta para combatir el narcotráfico. La ministra pidió en el Congreso duplicar la asistencia al paÃs.
«El año pasado nos dieron 700.000 dólares. Nuestra apuesta es a duplicarlo», dijo
En el FBI, Bullrich avanzó en la cooperación para la capacitación de agentes de la PolicÃa Federal Argentina (PFA), a la cual el Gobierno aspira a reformar para convertir en una fuerza abocada a la investigación de crÃmenes de narcotráfico, contrabando, secuestros, homicidios complejos, trata, lavado de dinero, anticorrupción.
«Estamos trabajando un modelo de policÃa federal real, en todo el territorio, dedicada a la investigación de crÃmenes. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en el modelo educativo, de un modelo de policÃa de seguridad tÃpica a un modelo de investigación e inteligencia. Estuvimos trabajando con el FBI en ese tema», indicó la ministra.
Al referirse a la polémica en torno al caso Chocobar, que generó crÃticas la oposición, abogados, y organismos de derechos humanos, Bullrich insistió en el principio de que las acciones del Estado «son legÃtimas, hasta que se demuestra lo contario», y ofreció un respaldo sin fisuras para las fuerzas de seguridad: «Necesitamos policÃas que sepan que el trabajo no va a ser su tumba».
«Un principio básico de la teorÃa del Estado es que se presume que las acciones del Estado son legÃtimas, hasta que se demuestra lo contrario. Se presumen legÃtimas. Se presume que un funcionario trabaja correctamente, que un policÃa hace lo que tiene que hacer, que un embajador hace lo que tiene que hacer. Se presume legÃtima la función del Estado. La excepción es la ilegitimidad, no la regla. Nosotros habÃamos convertido en regla la ilegitimidad. Ahora tenemos que volver a la presunción de que si un policÃa en un enfrentamiento, digamos, tiene una acción, no se puede investigar cada acción de cada policÃa en cada enfrentamiento, a menos que haya una excepcionalidad», indicó.
-Hay crÃticos que advierten que esta doctrina va en contra de garantÃas constitucionales y el derecho internacional.
-Esto no va en contra de las garantÃas constitucionales. Las garantÃas constitucionales lo que plantean es que la Argentina tiene un modelo del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Tiene un modelo weberiano. Nosotros tenemos un modelo de monopolio de la fuerza, en las fuerzas. Eso significa que las acciones que se realizan para defender a la población, a terceros, como dice la Constitución, a la propiedad, son legÃtimas. Cuando un miembro de una fuerza policial, en persecución de un delito, de un delincuente, tiene que utilizar su arma, está haciendo una acción legÃtima. A menos que haya sido él parte del problema, haya sido él parte del delincuente, y no del Estado.
-José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo que con esto el gobierno «parece respaldar violencia policial».
-El representante de HRW tiene una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia, el aumento de tasas de homicidio. Nosotros cuando llegamos tenÃamos la tasa de homicidio en siete puntos cada 100.000, la hemos bajado a 5,2 en dos años. Hemos salvado vidas. Nuestra manera de ver las cosas nos está dando resultados positivos en todo el paÃs. Hemos bajado homicidios, hemos desarmado bandas, y ahora tenemos que bajar un delito que nos preocupa mucho que es el robo cotidiano.
-¿No cree que el uso de inteligencia, datos, mapas del crimen, es más efectivo que una doctrina que muchos ven como mano dura, o gatillo fácil?
Nosotros tenemos mapas de calor del delito de todo tipo. Sabemos cuáles son las zonas más violentas, dónde se cometen más crÃmenes. Tenemos policiamiento inteligente en todo el paÃs. El mapa del delito en la Argentina, hoy, funciona en todas las provincias, y todo eso lo estamos conectando a un centro nacional de inteligencia criminal.
-¿Qué garantÃa le da a la gente que teme una mayor brutalidad policial? Acá pasa…
-En la Argentina es al revés. A la policÃa le decÃan hay un asalto en Santa Fé y Pueyrredón, iba a Las Heras y Pueyrredón. ¿Por qué? Porque si iba a Santa Fé y Pueyrredón, tenÃa problemas. Siempre tenÃa problemas. Que un juez tome cada vez que hay un enfrentamiento en la Argentina el caso, lo que genera es parálisis. Para combatir el delito, como lo estamos haciendo, necesitamos policÃas que vayan al lugar del hecho y repriman el delito en el momento, y no que una vez que se cometió el delito lleguen a hacer la parte forense, como estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el policÃa sabÃa que si llegaba y tenÃa un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso. Eso generó parálisis de las fuerzas de seguridad. No actuaban. Caminá por las policÃas del paÃs, y todas las policÃas del paÃs te dicen «nuestra acción era no hacer». Si vos querés tener una verdadera polÃtica de seguridad, tenés que generarle a las fuerzas la idea de que si actúan ante el delito, vos los vas a proteger. Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legÃtima. Si hay acciones ilegÃtimas, este es el gobierno que más policÃas ha metido preso, entre la nación, las policÃas locales y la provincia de Buenos Aires. No aceptamos ningún tipo connivencia, de corrupción, de poliladrón. A la vez que tenemos esta vara muy alta en cuanto a no permitir la corrupción policial y cortar todos el financiamiento ilegal de la policÃa, le damos a la policÃas la capacidad de trabajar en el marco de su función sin que cada vez que se realiza una acción terminen presos.
-¿No teme que se cometan abusos, excesos?
No. Creo que para la población pagar policÃas paralizadas es lo peor que nos puede pasar. Asà es como creció la tasa de homicidios y creció la tasa de robos. Tenemos que bajarla. Es muy alta la tasa de robos. Para poder trabajar, necesitamos policÃas que sepan que el trabajo no va a ser su tumba.
-¿Hay una interna con el ministro Germán Garavano?
-No. No hay ningún enfrentamiento. La discusión que se está dando con el código penal hay una comisión en la que participamos todos. Y todavÃa el código penal que va a selir todavÃa no está. Al revés, con Garavano hemos tenido un trabajo conjunto en todos los temas.
