La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha cambiado su discurso respecto de los conflictos colectivos laborales acusando a ciertos sindicatos y a ciertos dirigentes sindicales de utilizar la huelga y los reclamos como un acto extorsivo o de sabotaje, en lugar de ser un auténtico reclamo de los intereses profesionales de los trabajadores representados. Todavía no ha cambiado en los hechos que respalden sus afirmaciones. No caben dudas, que la nueva etapa impone un marco de concertación social entre el Gobierno Nacional, la representación empresaria y la CGT, que hoy no es viable con el frente sindical fracturado. El pacto social impone negociaciones salariales cautelosas, que operen detrás de la inflación y como un componente que procure desacelerarla. Para enfrentar un acuerdo como el pregonado, precios y salarios solo pueden armonizarse en un contexto de paz social.
¿Cómo se articula una política de Estado como la doctrina por la cual no se admite ninguna forma de criminalización de la protesta, con el hecho de que ciertas acciones gremiales se las considere sabotaje o extorsión? Sin dudas, la política general no ha cambiado, con excepción de que las medidas o acciones realizadas por la CGT disidente se realicen en contra de la política oficial del Gobierno Nacional. No parece que pueda armonizarse el derecho de huelga en el sentido que se le ha dado en el plano de la realidad durante los últimos ocho años. En efecto, estamos enfrentando un nuevo modelo en donde la medida de fuerza no va a ser calificada o cualificada por el Ministerio de Trabajo por la representatividad del gremio que promueva la medida, ni por su causa u objeto que la inspira, ni tampoco por el modo en que la misma se ejecuta, ni por la observancia de los procedimientos legales, sino por el hecho de si la medida se lleva adelante contra el Gobierno Nacional.
En rigor, esta incongruencia se presenta por una simple razón: se ha fracturado la alianza que se extendió por ocho años entre la Gestión K y la CGT liderada por Hugo Moyano. Quién inició el proceso que desencadenó este drama en la cúpula del poder no tiene hoy relevancia, y solo se espera un recambio razonable cuando culmine el mandato en junio próximo. A todos preocupa la transición y las decisiones que adopte el dirigente camionero, que tuvo un poder adicional por atribución en función de la confianza que le atribuyeron el ex presidente Néstor Kirchner y que luego, por un lapso similar le asignó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero el poder no es ilimitado ni eterno, y tarde o temprano se extingue o declina por causas que podemos denominar genéricamente como humanas. A Hugo Moyano le quedará el poder que generó por sí ante el frente empresario, en base a un sistema de reclamos basado en la exteriorización de un sistema de reclamación, con una dosis de violencia física y psicológica que no puede proyectarse en una democracia que se precie de ser tal, y en la que se cultive la calidad de las instituciones y la prevalencia de la ley a favor de todos.
La huelga es un derecho constitucional limitado como cualquier derecho, que debe respetar el resto de los derechos fundamentales que sustenta nuestra Carta Magna. Es más, la huelga es un derecho de jerarquía menor al derecho a trabajar, a ejercer toda industria o actividad productiva lícita, al derecho de transitar, o al derecho de propiedad, (arts. 14, 14 bis, 16 y 17, Constitución Nacional). La democracia no puede ni debe generar privilegios, y debe contribuir a que los que se hubieren concedido se restablezcan sobre la comunidad y sus derechos. En rigor, el cambio de paradigmas en materia de conflictos laborales, y de las diversas formas de canalizar las protestas sociales, son parte de la búsqueda de una mejor calidad de las instituciones democráticas.
La nueva etapa es claramente un acto de responsabilidad del Gobierno Nacional en su conjunto, donde el enemigo común es la inflación, y todos deben hacer su contribución para vencerla. Ni la paz social, ni salarios razonables, ni precios adecuados son posibles sin una clara acción coordinada de todos los sectores. A tal fin, es importante que se le brinde a todo lo que se aproxima como desafío inminente la máxima trasparencia. De nada vale reafirmar que los salarios acordados convencionalmente sigan el curso de la inflación real, o lo que ahora pregonan los gremios, de la evolución de la góndola de los productos de primera necesidad, si no se transitan los carriles de montos y valores confiables, cuyas consecuencias en el costo laboral estén acotados a los límites que impongan las circunstancias. Todos conocen el síndrome del diario de Yrigoyen, a través del cual se trasmite información falsa sobre el curso de los hechos reales y sus consecuencias. En un contexto como el que se presenta, el año 2011 generó algunos riesgos de desvíos de la política salarial y de precios que son un alerta rojo de que lo que reaparecerá en febrero como el comienzo del curso de la política del 2012. La prueba de fuego se visualizará en febrero próximo cuando comiencen las negociaciones del nuevo período. Allí se enfrentarán dos desafíos: el primero se relaciona con los parámetros inflacionarios que se emplearán para fijar los ajustes del primer trimestre o cuatrimestre vencido. Los valores de los ajustes se deberá conformar y acordar por plazo vencido, como se lo resuelve en las economías líderes (Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, y otros). El procedimiento impone la concertación en cada trimestre o cuatrimestre, ya que no es posible utilizar ninguna cláusula o fórmula indexatoria, que obviamente pone en peligro cualquier política anti-inflacionaria.
Somos lo que protegemos y lo que defendemos, y debemos aceptar las consecuencias del modelo pregonado, que tarde o temprano puede volverse en contra de sus mentores. ¿Cómo compatibilizar las políticas de redistribución del ingreso con una postura restrictiva en materia de puja por mayores y mejores ingresos? ¿Cómo hacer para que las acciones y los reclamos que antes tuvieron como blanco a las empresas y a las entidades empresarias, hoy no se vuelvan contra el Gobierno Nacional o contra el Estado mismo?
Habrá que arbitrar el poder necesario para disciplinar, comprometer, y hacer cumplir lo pactado a los sindicatos, a las dos o tres CGT que existen hoy, y a los empresarios en todas sus manifestaciones, desde las grandes empresas a las Pymes, desde los servicios a la industria, desde el agro a los sectores financieros.
¿Cómo se articula una política de Estado como la doctrina por la cual no se admite ninguna forma de criminalización de la protesta, con el hecho de que ciertas acciones gremiales se las considere sabotaje o extorsión? Sin dudas, la política general no ha cambiado, con excepción de que las medidas o acciones realizadas por la CGT disidente se realicen en contra de la política oficial del Gobierno Nacional. No parece que pueda armonizarse el derecho de huelga en el sentido que se le ha dado en el plano de la realidad durante los últimos ocho años. En efecto, estamos enfrentando un nuevo modelo en donde la medida de fuerza no va a ser calificada o cualificada por el Ministerio de Trabajo por la representatividad del gremio que promueva la medida, ni por su causa u objeto que la inspira, ni tampoco por el modo en que la misma se ejecuta, ni por la observancia de los procedimientos legales, sino por el hecho de si la medida se lleva adelante contra el Gobierno Nacional.
En rigor, esta incongruencia se presenta por una simple razón: se ha fracturado la alianza que se extendió por ocho años entre la Gestión K y la CGT liderada por Hugo Moyano. Quién inició el proceso que desencadenó este drama en la cúpula del poder no tiene hoy relevancia, y solo se espera un recambio razonable cuando culmine el mandato en junio próximo. A todos preocupa la transición y las decisiones que adopte el dirigente camionero, que tuvo un poder adicional por atribución en función de la confianza que le atribuyeron el ex presidente Néstor Kirchner y que luego, por un lapso similar le asignó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero el poder no es ilimitado ni eterno, y tarde o temprano se extingue o declina por causas que podemos denominar genéricamente como humanas. A Hugo Moyano le quedará el poder que generó por sí ante el frente empresario, en base a un sistema de reclamos basado en la exteriorización de un sistema de reclamación, con una dosis de violencia física y psicológica que no puede proyectarse en una democracia que se precie de ser tal, y en la que se cultive la calidad de las instituciones y la prevalencia de la ley a favor de todos.
La huelga es un derecho constitucional limitado como cualquier derecho, que debe respetar el resto de los derechos fundamentales que sustenta nuestra Carta Magna. Es más, la huelga es un derecho de jerarquía menor al derecho a trabajar, a ejercer toda industria o actividad productiva lícita, al derecho de transitar, o al derecho de propiedad, (arts. 14, 14 bis, 16 y 17, Constitución Nacional). La democracia no puede ni debe generar privilegios, y debe contribuir a que los que se hubieren concedido se restablezcan sobre la comunidad y sus derechos. En rigor, el cambio de paradigmas en materia de conflictos laborales, y de las diversas formas de canalizar las protestas sociales, son parte de la búsqueda de una mejor calidad de las instituciones democráticas.
La nueva etapa es claramente un acto de responsabilidad del Gobierno Nacional en su conjunto, donde el enemigo común es la inflación, y todos deben hacer su contribución para vencerla. Ni la paz social, ni salarios razonables, ni precios adecuados son posibles sin una clara acción coordinada de todos los sectores. A tal fin, es importante que se le brinde a todo lo que se aproxima como desafío inminente la máxima trasparencia. De nada vale reafirmar que los salarios acordados convencionalmente sigan el curso de la inflación real, o lo que ahora pregonan los gremios, de la evolución de la góndola de los productos de primera necesidad, si no se transitan los carriles de montos y valores confiables, cuyas consecuencias en el costo laboral estén acotados a los límites que impongan las circunstancias. Todos conocen el síndrome del diario de Yrigoyen, a través del cual se trasmite información falsa sobre el curso de los hechos reales y sus consecuencias. En un contexto como el que se presenta, el año 2011 generó algunos riesgos de desvíos de la política salarial y de precios que son un alerta rojo de que lo que reaparecerá en febrero como el comienzo del curso de la política del 2012. La prueba de fuego se visualizará en febrero próximo cuando comiencen las negociaciones del nuevo período. Allí se enfrentarán dos desafíos: el primero se relaciona con los parámetros inflacionarios que se emplearán para fijar los ajustes del primer trimestre o cuatrimestre vencido. Los valores de los ajustes se deberá conformar y acordar por plazo vencido, como se lo resuelve en las economías líderes (Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, y otros). El procedimiento impone la concertación en cada trimestre o cuatrimestre, ya que no es posible utilizar ninguna cláusula o fórmula indexatoria, que obviamente pone en peligro cualquier política anti-inflacionaria.
Somos lo que protegemos y lo que defendemos, y debemos aceptar las consecuencias del modelo pregonado, que tarde o temprano puede volverse en contra de sus mentores. ¿Cómo compatibilizar las políticas de redistribución del ingreso con una postura restrictiva en materia de puja por mayores y mejores ingresos? ¿Cómo hacer para que las acciones y los reclamos que antes tuvieron como blanco a las empresas y a las entidades empresarias, hoy no se vuelvan contra el Gobierno Nacional o contra el Estado mismo?
Habrá que arbitrar el poder necesario para disciplinar, comprometer, y hacer cumplir lo pactado a los sindicatos, a las dos o tres CGT que existen hoy, y a los empresarios en todas sus manifestaciones, desde las grandes empresas a las Pymes, desde los servicios a la industria, desde el agro a los sectores financieros.
