El kirchnerismo está demostrando que para instaurar su capitalismo de Estado no requiere una reforma constitucional. Ayer Julio De Vido anunció que la licitación para adjudicar frecuencias de telefonía celular había sido anulada. Ahora el Gobierno creará una empresa pública para intervenir en ese negocio. Casi a la misma hora, los gremialistas oficialistas examinaban lo que creen inminente: la estatización progresiva de las obras sociales. El titular de YPF, Miguel Galuccio, le dio a esta deriva estatizante una matriz internacional.
A falta de un acuerdo con Exxon o Chevron, comunicó una negociación con la rusa Gazprom, la segunda compañía estatal a la que corteja, después de la venezolana Pdvsa.
En un aparte del Comité Central Confederal que realizó ayer el sector de la CGT enfrentado a Hugo Moyano, José Luis Lingeri informó las novedades que le había notificado la superintendenta de Salud, Liliana Korenfeld. Comentó que, por más que doblen la espalda ante la Presidenta, sus «cajas» seguirán asfixiadas. El Estado no les devolverá los $ 14.000 millones que, según ellos, ha retenido por error. Deberán conformarse con $ 2000 millones más por año, distribuidos según la cantidad de afiliados y el nivel salarial de cada organización. El Gobierno los ha tratado como si fueran gerentes de energéticas en busca de tarifa.
Tampoco hay buenas noticias en el terreno más escabroso: las causas penales por la adulteración de documentos para arrancar subsidios a la Superintendencia no se cierran para Moyano, pero tampoco para ellos.
Los gremialistas ya no consiguen disimular(se) que el trato sellado con Néstor Kirchner en el molde tradicional del peronismo fue suspendido por su viuda. Una de las señales de esa ruptura es el avance del Estado sobre la salud, tal como exige la izquierda oficialista. El primer paso sería que el PAMI se encargara de las compras que realizan hoy las obras sociales. Sobre todo las de medicamentos. Los grandes laboratorios, saludados por la Presidenta en Tecnópolis, felices. El paso siguiente sería reemplazar a los gremios en otras prestaciones, hasta la constitución de un seguro nacional de salud, de cuño alfonsinista. El diseño, que estudia el interventor en el PAMI, Luciano Di Cesare, impactaría sobre las empresas de prepago, que capturan casi toda su clientela por derivación de los gremios.
La disputa de la CGT facilita este avance estatal sobre el sector. Los adversarios de Moyano todavía no definieron al nuevo secretario general. Pero es muy difícil que sea el candidato de la señora de Kirchner. Como una trabajadora más, ella propuso al metalúrgico Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes con veleidades izquierdistas y bien vinculado con el sistema financiero de los Estados Unidos, por la vía conyugal. Pero «los Gordos» y los «independientes» le explicaron que eso sería imposible: si el secretario general no es Antonio Caló, el jefe de la UOM, habrá que optar por el mecánico Ricardo Pignanelli. «Ah, Pignanelli, ese gordito simpaticón?», cabeceó la Presidenta. La propuesta duró poco: Pignanelli teme dejar su silla en Smata a Mario Manrique, su segundo, un amigo de Moyano. Síntesis: ni en la nueva CGT ni en la de Moyano ni en la de Luis Barrionuevo el Gobierno contará con una conducción afín. ¿No será la hora de enfrentar a todos en nombre de la democratización sindical? En la reunión de ayer el único plan para enfrentar esa amenaza fue escribir un documento.
Las declaraciones de De Vido para «recuperar la soberanía del éter» refuerzan esta tendencia. Otra vez el ministro debió autoflagelarse por TV: la empresa que operará las frecuencias de telefonía retiradas de la licitación, Ar-Sat, está en manos de Guillermo Ruso, un militante de La Cámpora. Esta agrupación ha desplazado a De Vido de todos los sectores en los que tenía influencia. Ar-Sat operó hasta ahora la TV digital abierta gracias a los cuantiosos recursos presupuestarios que recibe. Otra Aerolíneas.
Para asignar las frecuencias a esta empresa pública, De Vido arguyó que Telefónica y Telecom constituyen un monopolio. Contradijo lo que la Comisión de Defensa de la Competencia dictaminó al autorizar la permanencia de Telecom Italia en Telecom. El ministro sostiene que después de esa aprobación los italianos compraron más acciones de Telecom a sus socios locales, los Werthein. Esas adquisiciones no fueron aprobadas por la Comisión. La explicación es misteriosa: «Mientras los W estén en Telecom, no les aprobemos nada». El dato confirma una versión muy insistente: desde la muerte del ex presidente, entre los Werthein y los Kirchner quedaron conversaciones inconclusas. Otra baja en el capitalismo de amigos.
De Vido anticipó que el Estado operará la telefonía móvil en asociación con privados. No debería sorprender que también en este negocio irrumpa José Luis Manzano. Esta fase izquierdizante del kirchnerismo coincide con el ascenso de Manzano, quien hoy ocupa una posición casi tan inevitable como Osvaldo Cornide. Sólo Axel Kicillof consigue eclipsarlo. Pero Manzano no lo cree: «Esto es Rusia y yo soy Putin», suele repetir.
A propósito de estas ensoñaciones, Galuccio visitó Moscú. Se entrevistó con el CEO de Gazprom, Alexei Miller, que secunda a Putin desde que ambos espiaban en Dresden para la KGB. Miller y Galuccio hablaron de hidrocarburos no convencionales, área sobre la que los rusos conocen poco, y, sobre todo, de exportaciones de gas natural licuado a la Argentina. Que no se entere De Vido: Gazprom está acusada en Europa de conductas monopólicas.
La peregrinación a Moscú es la contracara de la inquietante demora de Galuccio para conseguir inversiones de las petroleras dedicadas al shale gas. El presidente de YPF confesó la encerrona en su plan quinquenal. De los US$ 37.200 millones que prometió invertir en ese lapso, 32.600 millones saldrán del flujo de caja de la empresa. Galuccio supone que todos los años generará una renta equivalente al valor de mercado de YPF. La norteamericana EOG, líder mundial en explotación de recursos no convencionales, no alcanza ese objetivo. Pero Galuccio, se sabe, es mago. Aun así, sólo podría cumplir su sueño con una permanente suba de precios.
Pero la urgencia de YPF es el corto plazo. Los bancos locales deberán prestarle a una tasa inferior a la que pagan por los plazos fijos. Están dispuestos a hacerlo, pero por no más de 270 días. Para una petrolera es un suspiro. Mientras, un equipo del Citibank experto en la estructuración de bonos llegó a Buenos Aires y prepara un papel por unos US$ 250 millones con una tasa no inferior al 11,5%.
El límite de Galuccio, como el de cualquier productor de hidrocarburos, es el Gobierno. ¿Kicillof le permitirá la enorme suba de precios que necesitan sus inversiones? ¿Cuál es, en este caso, la «rentabilidad razonable»? ¿Será la de las demás compañías? Muchas empresas estatales han conseguido, por su competitividad internacional, mejorar la cultura económica de sus gobiernos. Es el caso de Petrobras en Brasil, de la china Cnooc y hasta de Gazprom. El desafío de Galuccio era influir, desde una YPF estatizada, en la racionalidad de la política energética. Es su duelo con Kicillof. Lo va perdiendo..
A falta de un acuerdo con Exxon o Chevron, comunicó una negociación con la rusa Gazprom, la segunda compañía estatal a la que corteja, después de la venezolana Pdvsa.
En un aparte del Comité Central Confederal que realizó ayer el sector de la CGT enfrentado a Hugo Moyano, José Luis Lingeri informó las novedades que le había notificado la superintendenta de Salud, Liliana Korenfeld. Comentó que, por más que doblen la espalda ante la Presidenta, sus «cajas» seguirán asfixiadas. El Estado no les devolverá los $ 14.000 millones que, según ellos, ha retenido por error. Deberán conformarse con $ 2000 millones más por año, distribuidos según la cantidad de afiliados y el nivel salarial de cada organización. El Gobierno los ha tratado como si fueran gerentes de energéticas en busca de tarifa.
Tampoco hay buenas noticias en el terreno más escabroso: las causas penales por la adulteración de documentos para arrancar subsidios a la Superintendencia no se cierran para Moyano, pero tampoco para ellos.
Los gremialistas ya no consiguen disimular(se) que el trato sellado con Néstor Kirchner en el molde tradicional del peronismo fue suspendido por su viuda. Una de las señales de esa ruptura es el avance del Estado sobre la salud, tal como exige la izquierda oficialista. El primer paso sería que el PAMI se encargara de las compras que realizan hoy las obras sociales. Sobre todo las de medicamentos. Los grandes laboratorios, saludados por la Presidenta en Tecnópolis, felices. El paso siguiente sería reemplazar a los gremios en otras prestaciones, hasta la constitución de un seguro nacional de salud, de cuño alfonsinista. El diseño, que estudia el interventor en el PAMI, Luciano Di Cesare, impactaría sobre las empresas de prepago, que capturan casi toda su clientela por derivación de los gremios.
La disputa de la CGT facilita este avance estatal sobre el sector. Los adversarios de Moyano todavía no definieron al nuevo secretario general. Pero es muy difícil que sea el candidato de la señora de Kirchner. Como una trabajadora más, ella propuso al metalúrgico Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes con veleidades izquierdistas y bien vinculado con el sistema financiero de los Estados Unidos, por la vía conyugal. Pero «los Gordos» y los «independientes» le explicaron que eso sería imposible: si el secretario general no es Antonio Caló, el jefe de la UOM, habrá que optar por el mecánico Ricardo Pignanelli. «Ah, Pignanelli, ese gordito simpaticón?», cabeceó la Presidenta. La propuesta duró poco: Pignanelli teme dejar su silla en Smata a Mario Manrique, su segundo, un amigo de Moyano. Síntesis: ni en la nueva CGT ni en la de Moyano ni en la de Luis Barrionuevo el Gobierno contará con una conducción afín. ¿No será la hora de enfrentar a todos en nombre de la democratización sindical? En la reunión de ayer el único plan para enfrentar esa amenaza fue escribir un documento.
Las declaraciones de De Vido para «recuperar la soberanía del éter» refuerzan esta tendencia. Otra vez el ministro debió autoflagelarse por TV: la empresa que operará las frecuencias de telefonía retiradas de la licitación, Ar-Sat, está en manos de Guillermo Ruso, un militante de La Cámpora. Esta agrupación ha desplazado a De Vido de todos los sectores en los que tenía influencia. Ar-Sat operó hasta ahora la TV digital abierta gracias a los cuantiosos recursos presupuestarios que recibe. Otra Aerolíneas.
Para asignar las frecuencias a esta empresa pública, De Vido arguyó que Telefónica y Telecom constituyen un monopolio. Contradijo lo que la Comisión de Defensa de la Competencia dictaminó al autorizar la permanencia de Telecom Italia en Telecom. El ministro sostiene que después de esa aprobación los italianos compraron más acciones de Telecom a sus socios locales, los Werthein. Esas adquisiciones no fueron aprobadas por la Comisión. La explicación es misteriosa: «Mientras los W estén en Telecom, no les aprobemos nada». El dato confirma una versión muy insistente: desde la muerte del ex presidente, entre los Werthein y los Kirchner quedaron conversaciones inconclusas. Otra baja en el capitalismo de amigos.
De Vido anticipó que el Estado operará la telefonía móvil en asociación con privados. No debería sorprender que también en este negocio irrumpa José Luis Manzano. Esta fase izquierdizante del kirchnerismo coincide con el ascenso de Manzano, quien hoy ocupa una posición casi tan inevitable como Osvaldo Cornide. Sólo Axel Kicillof consigue eclipsarlo. Pero Manzano no lo cree: «Esto es Rusia y yo soy Putin», suele repetir.
A propósito de estas ensoñaciones, Galuccio visitó Moscú. Se entrevistó con el CEO de Gazprom, Alexei Miller, que secunda a Putin desde que ambos espiaban en Dresden para la KGB. Miller y Galuccio hablaron de hidrocarburos no convencionales, área sobre la que los rusos conocen poco, y, sobre todo, de exportaciones de gas natural licuado a la Argentina. Que no se entere De Vido: Gazprom está acusada en Europa de conductas monopólicas.
La peregrinación a Moscú es la contracara de la inquietante demora de Galuccio para conseguir inversiones de las petroleras dedicadas al shale gas. El presidente de YPF confesó la encerrona en su plan quinquenal. De los US$ 37.200 millones que prometió invertir en ese lapso, 32.600 millones saldrán del flujo de caja de la empresa. Galuccio supone que todos los años generará una renta equivalente al valor de mercado de YPF. La norteamericana EOG, líder mundial en explotación de recursos no convencionales, no alcanza ese objetivo. Pero Galuccio, se sabe, es mago. Aun así, sólo podría cumplir su sueño con una permanente suba de precios.
Pero la urgencia de YPF es el corto plazo. Los bancos locales deberán prestarle a una tasa inferior a la que pagan por los plazos fijos. Están dispuestos a hacerlo, pero por no más de 270 días. Para una petrolera es un suspiro. Mientras, un equipo del Citibank experto en la estructuración de bonos llegó a Buenos Aires y prepara un papel por unos US$ 250 millones con una tasa no inferior al 11,5%.
El límite de Galuccio, como el de cualquier productor de hidrocarburos, es el Gobierno. ¿Kicillof le permitirá la enorme suba de precios que necesitan sus inversiones? ¿Cuál es, en este caso, la «rentabilidad razonable»? ¿Será la de las demás compañías? Muchas empresas estatales han conseguido, por su competitividad internacional, mejorar la cultura económica de sus gobiernos. Es el caso de Petrobras en Brasil, de la china Cnooc y hasta de Gazprom. El desafío de Galuccio era influir, desde una YPF estatizada, en la racionalidad de la política energética. Es su duelo con Kicillof. Lo va perdiendo..
