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Cirigliano apuesta a una rebaja de penas por el choque de Once
Espera el fallo en su mansión de Barrio Parque. Los colectivos del Grupo Plaza, en manos de su hermano Mario. Lujos y miedos del ex zar de los trenes
Cirigliano apuesta a una rebaja de penas por el choque de Once
Alejandro Bercovich
A una semana de cumplirse diez meses del choque del tren Sarmiento que mató a 51 personas en la estación de Once, el ex concesionario y dueño de Cometrans, Claudio Cirigliano, pasa sus días en la imponente mansión de Barrio Parque donde vive custodiado las 24 horas junto a su mujer y a su hija más chica. Apenas abandona esos lujosos 700 metros cuadrados cubiertos para hacerse chequeos cardíacos semanales en el sanatorio Mater Dei, donde quince días atrás quedó internado durante todo un fin de semana. Según fuentes de su entorno, su relativa calma de los últimos meses trocó en un estado algo más alterado mientras se acerca la fecha en que la Cámara Federal deberá ratificar o modificar la decisión del juez Claudio Bonadío de procesarlo por “estrago doloso”, que podría enviarlo a la cárcel hasta por 20 años.
El ex zar de los trenes y su batallón de abogados aún albergan expectativas de que la Sala II de la Cámara reduzca antes de fin de año las penas que estableció Bonadío al procesarlo a mediados de octubre junto a otros directivos de la empresa y funcionarios de Transporte. Gracias a una prórroga de último momento, Cirigliano ganó tiempo hasta el jueves próximo para argumentar contra su procesamiento. Y apuesta a que la Cámara cambie la carátula a “estrago culposo”, que sólo prevé cinco años de cárcel.
Las casi 50 líneas de colectivos urbanos e interurbanos que todavía administra el grupo Cirigliano están a cargo del hermano de Claudio, Mario, también procesado en la megacausa de Once. Lo mismo ocurre con la fábrica de vagones que el holding familiar posee en San Martín, EMFER, que volvió a trabajar a toda máquina el último mes gracias a los 54 coches que le pidió reacondicionar para el Sarmiento el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
En una coincidencia, según revelaron a este diario fuentes de la compañía, el plazo que fijó el Gobierno para la entrega de esos vagones reacondicionados es el 22 de febrero, cuando se cumple un año del peor siniestro ferroviario de toda la historia porteña. Los coches son los mismos que chocaron el verano pasado: los viejos Toshiba japoneses modelo 1958, que sólo surcan las vías argentinas y dejaron de usarse décadas atrás en el resto del mundo.
En los tribunales de Comodoro Py, la investigación judicial acumula 48 cuerpos centrales y otros 26 cuerpos de pericias contables. Por eso uno de los abogados de las víctimas, Gregorio Dalbón, pidió a principios de diciembre separar la pesquisa sobre el choque de la que se sigue sobre el presunto desvío de subsidios estatales, lo cual tardará más en esclarecerse. En línea con el fiscal Federico Delgado, el querellante que más víctimas representa también apeló los sobreseimientos del maquinista Marcos Córdoba y del jefe de la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, quien sigue en funciones en el Ministerio del Interior y Transporte. Pero además, Dalbón pidió que se cite a indagatoria como imputado al ministro de Planificación, Julio De Vido, hasta ahora al margen de la investigación.
La mansión donde Cirigliano espera ser juzgado cuenta con “detalles de categoría y lujo” que atraviesan sus seis habitaciones, ocho baños y oficinas anexas, repartidos en cuatro plantas unidas por un ascensor. Según la pericia socioambiental que ordenó Bonadío, a la que accedió BAE, el hombre se mudó allí con su familia de una casa más modesta en Boedo en 1993, cuando la pyme familiar que había heredado empezaba a convertirse en un imperio al calor de sus conexiones políticas.
El empresario, de 48 años, toma medicamentos para prevenir posibles arritmias y sigue una dieta rica en potasio para no afectar el cinturón gástrico que se colocó para adelgazar en 2008. “Casi no trabaja. Está abocado a su familia, a la causa judicial y a su salud”, dijo a BAE una fuente de su entorno.
En rigor, las que le quitan el sueño ya son dos causas: en septiembre último, otra sala de la Cámara Federal porteña ratificó el juicio oral que sigue en su contra por presuntas dádivas. La Justicia investiga allí si hubo contraprestaciones oficiales espurias por los viajes a Córdoba, Uruguay y Brasil que Cirigliano pagó para el ex secretario Ricado Jaime y otros funcionarios de la Secretaría de Transporte.
La megacausa por las muertes de Once y el desvío de subsidios por más de $3.000 millones que estimó Bonadío tiene varios cursos posibles. Luego del jueves 20, cuando venza la última prórroga para las apelaciones, le toca mover a la Sala II, que integran los jueces Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun. Los querellantes esperan que se pronuncie antes de la feria judicial de enero. De no hacerlo, su pronunciamiento sería en febrero, muy cerca del primer aniversario del choque y de los actos y movilizaciones que preparan para esa fecha los familiares de las víctimas.
Si los camaristas entienden que no hubo estrago doloso sino culposo –es decir, involuntario–, los querellantes apelarán ante la Cámara de Casación para evitar la reducción de penas que eso llevaría implícito. El fiscal Delgado, además, quiere que se incluya a los ex secretarios Jaime y Juan Pablo Schiavi en la asociación ilícita armada para desviar los millonarios subsidios estatales, que según Bonadío sólo integraban los concesionarios privados.
Como los únicos antecedentes parecidos son las causas que investigaron la caída del avión de Lapa en Aeroparque y el incendio del boliche Cromañón, también en Once, el desenlace de la investigación aún es incierto. Los propios patrocinantes de las víctimas admiten que es difícil probar que hubo intención de matar a los pasajeros. Apuestan más al agravante que representan las reiteradas advertencias de los organismos de control sobre las fallas de seguridad que había en los rieles antes del choque.
En el Gobierno, en tanto, aspiran a acotar el daño a Jaime, Schiavi y Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario vinculado al gremio de maquinistas La Fraternidad. Mientras, Randazzo prepara una serie de anuncios para mostrar que el Estado reaccionó luego de la tragedia. Lo probado, según el juez Bonadío, es que en la concesión “se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”.
La confortable vigilia de Cirigliano en Barrio Parque –parecida a la de Jaime, que aguarda en un complejo de torres en Puerto Madero– no hacen más que confirmar que ese enriquecimiento existió. Y que fue tan cuantioso como veloz.
Cirigliano apuesta a una rebaja de penas por el choque de Once
Espera el fallo en su mansión de Barrio Parque. Los colectivos del Grupo Plaza, en manos de su hermano Mario. Lujos y miedos del ex zar de los trenes
Cirigliano apuesta a una rebaja de penas por el choque de Once
Alejandro Bercovich
A una semana de cumplirse diez meses del choque del tren Sarmiento que mató a 51 personas en la estación de Once, el ex concesionario y dueño de Cometrans, Claudio Cirigliano, pasa sus días en la imponente mansión de Barrio Parque donde vive custodiado las 24 horas junto a su mujer y a su hija más chica. Apenas abandona esos lujosos 700 metros cuadrados cubiertos para hacerse chequeos cardíacos semanales en el sanatorio Mater Dei, donde quince días atrás quedó internado durante todo un fin de semana. Según fuentes de su entorno, su relativa calma de los últimos meses trocó en un estado algo más alterado mientras se acerca la fecha en que la Cámara Federal deberá ratificar o modificar la decisión del juez Claudio Bonadío de procesarlo por “estrago doloso”, que podría enviarlo a la cárcel hasta por 20 años.
El ex zar de los trenes y su batallón de abogados aún albergan expectativas de que la Sala II de la Cámara reduzca antes de fin de año las penas que estableció Bonadío al procesarlo a mediados de octubre junto a otros directivos de la empresa y funcionarios de Transporte. Gracias a una prórroga de último momento, Cirigliano ganó tiempo hasta el jueves próximo para argumentar contra su procesamiento. Y apuesta a que la Cámara cambie la carátula a “estrago culposo”, que sólo prevé cinco años de cárcel.
Las casi 50 líneas de colectivos urbanos e interurbanos que todavía administra el grupo Cirigliano están a cargo del hermano de Claudio, Mario, también procesado en la megacausa de Once. Lo mismo ocurre con la fábrica de vagones que el holding familiar posee en San Martín, EMFER, que volvió a trabajar a toda máquina el último mes gracias a los 54 coches que le pidió reacondicionar para el Sarmiento el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
En una coincidencia, según revelaron a este diario fuentes de la compañía, el plazo que fijó el Gobierno para la entrega de esos vagones reacondicionados es el 22 de febrero, cuando se cumple un año del peor siniestro ferroviario de toda la historia porteña. Los coches son los mismos que chocaron el verano pasado: los viejos Toshiba japoneses modelo 1958, que sólo surcan las vías argentinas y dejaron de usarse décadas atrás en el resto del mundo.
En los tribunales de Comodoro Py, la investigación judicial acumula 48 cuerpos centrales y otros 26 cuerpos de pericias contables. Por eso uno de los abogados de las víctimas, Gregorio Dalbón, pidió a principios de diciembre separar la pesquisa sobre el choque de la que se sigue sobre el presunto desvío de subsidios estatales, lo cual tardará más en esclarecerse. En línea con el fiscal Federico Delgado, el querellante que más víctimas representa también apeló los sobreseimientos del maquinista Marcos Córdoba y del jefe de la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, quien sigue en funciones en el Ministerio del Interior y Transporte. Pero además, Dalbón pidió que se cite a indagatoria como imputado al ministro de Planificación, Julio De Vido, hasta ahora al margen de la investigación.
La mansión donde Cirigliano espera ser juzgado cuenta con “detalles de categoría y lujo” que atraviesan sus seis habitaciones, ocho baños y oficinas anexas, repartidos en cuatro plantas unidas por un ascensor. Según la pericia socioambiental que ordenó Bonadío, a la que accedió BAE, el hombre se mudó allí con su familia de una casa más modesta en Boedo en 1993, cuando la pyme familiar que había heredado empezaba a convertirse en un imperio al calor de sus conexiones políticas.
El empresario, de 48 años, toma medicamentos para prevenir posibles arritmias y sigue una dieta rica en potasio para no afectar el cinturón gástrico que se colocó para adelgazar en 2008. “Casi no trabaja. Está abocado a su familia, a la causa judicial y a su salud”, dijo a BAE una fuente de su entorno.
En rigor, las que le quitan el sueño ya son dos causas: en septiembre último, otra sala de la Cámara Federal porteña ratificó el juicio oral que sigue en su contra por presuntas dádivas. La Justicia investiga allí si hubo contraprestaciones oficiales espurias por los viajes a Córdoba, Uruguay y Brasil que Cirigliano pagó para el ex secretario Ricado Jaime y otros funcionarios de la Secretaría de Transporte.
La megacausa por las muertes de Once y el desvío de subsidios por más de $3.000 millones que estimó Bonadío tiene varios cursos posibles. Luego del jueves 20, cuando venza la última prórroga para las apelaciones, le toca mover a la Sala II, que integran los jueces Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun. Los querellantes esperan que se pronuncie antes de la feria judicial de enero. De no hacerlo, su pronunciamiento sería en febrero, muy cerca del primer aniversario del choque y de los actos y movilizaciones que preparan para esa fecha los familiares de las víctimas.
Si los camaristas entienden que no hubo estrago doloso sino culposo –es decir, involuntario–, los querellantes apelarán ante la Cámara de Casación para evitar la reducción de penas que eso llevaría implícito. El fiscal Delgado, además, quiere que se incluya a los ex secretarios Jaime y Juan Pablo Schiavi en la asociación ilícita armada para desviar los millonarios subsidios estatales, que según Bonadío sólo integraban los concesionarios privados.
Como los únicos antecedentes parecidos son las causas que investigaron la caída del avión de Lapa en Aeroparque y el incendio del boliche Cromañón, también en Once, el desenlace de la investigación aún es incierto. Los propios patrocinantes de las víctimas admiten que es difícil probar que hubo intención de matar a los pasajeros. Apuestan más al agravante que representan las reiteradas advertencias de los organismos de control sobre las fallas de seguridad que había en los rieles antes del choque.
En el Gobierno, en tanto, aspiran a acotar el daño a Jaime, Schiavi y Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario vinculado al gremio de maquinistas La Fraternidad. Mientras, Randazzo prepara una serie de anuncios para mostrar que el Estado reaccionó luego de la tragedia. Lo probado, según el juez Bonadío, es que en la concesión “se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”.
La confortable vigilia de Cirigliano en Barrio Parque –parecida a la de Jaime, que aguarda en un complejo de torres en Puerto Madero– no hacen más que confirmar que ese enriquecimiento existió. Y que fue tan cuantioso como veloz.
