Roberto Lavagna EX MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION
Una de las maneras más habituales de llegar a una mala decisión es hacer un planteo errado del problema.
Ese es el caso actual del conflicto con los holdouts; esto es, la pequeña parte de los acreedores que no ingresaron voluntariamente al mayor canje de deuda de 2005 y al, mal hecho, mini-canje de 2010.
Si a cualquier ciudadano le preguntaran si quiere que haya un tifón, la respuesta es fácil y no necesita de ningún experto: no, por supuesto que no.
Ese es el caso del default: nadie quiere que se produzca y eso es obvio.
Las cosas son diferentes si hay que elegir entre un tifón o un tsunami, sin posibilidad de escapar de uno o de otro. En ese caso con tristeza, sabiendo que habrá costos, seguramente cualquiera dirá: mejor el tifón, es menos grave, menos destructivo que el tsunami.
Esta última y no la primera situación es la que hoy existe sobre la deuda.
Hay que elegir entre tomar la decisión de pagar donde sea a la amplia mayoría que ingresó al canje (93%) usando cualquier mecanismo disponible, respetando el pago en la moneda acordada (en general dólares o euros) y absolutamente libre de toda restricción para disponer de él, o sea que sus titulares puedan enviarlo a sus destinos en el exterior con el mismo efecto que si se hubiera cobrado en Nueva York.
Eso es el equivalente al tifón.
La otra alternativa, la que prefieren los fondos especulativos, es que el país les pague, siguiendo lo dispuesto por un juez norteamericano, aun cuando ello implique (al menos hasta el próximo 1° de enero de 2015) que durante años queden hipotecadas las relaciones financieras con el exterior por miles de juicios que podrá hacer el 93% que aceptó una quita del 75% de sus acreencias y ahora ve que unos pocos privilegiados reciben el 100%.
Esta segunda alternativa es el tsunami.
Los argentinos sabemos por experiencia cuando hubo que salir del “corralón” y del “corralito” derivados del derrumbe de la convertibilidad, del costo de ciertas decisiones de la justicia que no atienden la realidad económico-social.
Hubo “amparos”, en general en favor no de pequeños ahorristas sino de grandes ahorristas que liberaban los fondos sin tomar en cuenta que ese proceder perjudicaba al conjunto en un contexto socioeconómico con el 52% de la población en situación de pobreza.
Luchamos legal y jurídicamente contra esa visión estrecha de la justicia frenando en lo posible esos amparos privilegiados. La situación es similar ahora con la decisión del juez Griesa.
También sabemos que siempre se amenaza al país con graves consecuencias si no hace lo que algunos intereses defienden sin decirnos las consecuencias más graves resultantes de hacerles caso.
Con esas dos experiencias hay que enfrentar la situación actual.
Argentina debe cumplir como lo ha venido haciendo escrupulosamente desde 2005 con lo que fue la reestructuración de deuda más grande a nivel internacional.
Debe privilegiar al 93% que aceptó una quita sin precedentes y no hipotecar su futuro por cumplir con una decisión judicial que incluso ha chocado a observadores internacionales claramente ligados al sistema financiero como el Financial Times y su editorialista estrella Martin Wolf, ello sin olvidar a gobiernos (Estados Unidos, Francia, Brasil), premios noveles y gurúes económicos. Debe además seguir buscando “inmediatamente y sin interrupciones” (dixit el juez) las vías de acuerdo necesario con la ínfima minoría litigante, pero sin poner en riesgo lo central.
Esa es la condición irrenunciable.
Claro está que esta postura que implica elegir el mal menor, en nada excusa los graves errores del Gobierno que en los últimos años ha desatendido el tema externo (2005 en adelante), que desató la inflación (2007), el freno al crecimiento (desde 2011) y nos llevó nuevamente como sociedad a los desequilibrios fiscales (2009) y de las cuentas externas (2011), al crecimiento de la pobreza y el desempleo y que cree que hacer política económica y social es ponerle un pie en la cabeza, ahogando, al sector privado al tiempo que reparte tarde y mal subsidios devaluados por la inflación con billetes emitidos sin respaldo.
Estos errores son otro tema que los argentinos habremos de resolver democráticamente en tiempo y forma señalados por nuestra Constitución. Por ahora no caigamos en la trampa de evitar el tifón para caer en el tsunami.
Una de las maneras más habituales de llegar a una mala decisión es hacer un planteo errado del problema.
Ese es el caso actual del conflicto con los holdouts; esto es, la pequeña parte de los acreedores que no ingresaron voluntariamente al mayor canje de deuda de 2005 y al, mal hecho, mini-canje de 2010.
Si a cualquier ciudadano le preguntaran si quiere que haya un tifón, la respuesta es fácil y no necesita de ningún experto: no, por supuesto que no.
Ese es el caso del default: nadie quiere que se produzca y eso es obvio.
Las cosas son diferentes si hay que elegir entre un tifón o un tsunami, sin posibilidad de escapar de uno o de otro. En ese caso con tristeza, sabiendo que habrá costos, seguramente cualquiera dirá: mejor el tifón, es menos grave, menos destructivo que el tsunami.
Esta última y no la primera situación es la que hoy existe sobre la deuda.
Hay que elegir entre tomar la decisión de pagar donde sea a la amplia mayoría que ingresó al canje (93%) usando cualquier mecanismo disponible, respetando el pago en la moneda acordada (en general dólares o euros) y absolutamente libre de toda restricción para disponer de él, o sea que sus titulares puedan enviarlo a sus destinos en el exterior con el mismo efecto que si se hubiera cobrado en Nueva York.
Eso es el equivalente al tifón.
La otra alternativa, la que prefieren los fondos especulativos, es que el país les pague, siguiendo lo dispuesto por un juez norteamericano, aun cuando ello implique (al menos hasta el próximo 1° de enero de 2015) que durante años queden hipotecadas las relaciones financieras con el exterior por miles de juicios que podrá hacer el 93% que aceptó una quita del 75% de sus acreencias y ahora ve que unos pocos privilegiados reciben el 100%.
Esta segunda alternativa es el tsunami.
Los argentinos sabemos por experiencia cuando hubo que salir del “corralón” y del “corralito” derivados del derrumbe de la convertibilidad, del costo de ciertas decisiones de la justicia que no atienden la realidad económico-social.
Hubo “amparos”, en general en favor no de pequeños ahorristas sino de grandes ahorristas que liberaban los fondos sin tomar en cuenta que ese proceder perjudicaba al conjunto en un contexto socioeconómico con el 52% de la población en situación de pobreza.
Luchamos legal y jurídicamente contra esa visión estrecha de la justicia frenando en lo posible esos amparos privilegiados. La situación es similar ahora con la decisión del juez Griesa.
También sabemos que siempre se amenaza al país con graves consecuencias si no hace lo que algunos intereses defienden sin decirnos las consecuencias más graves resultantes de hacerles caso.
Con esas dos experiencias hay que enfrentar la situación actual.
Argentina debe cumplir como lo ha venido haciendo escrupulosamente desde 2005 con lo que fue la reestructuración de deuda más grande a nivel internacional.
Debe privilegiar al 93% que aceptó una quita sin precedentes y no hipotecar su futuro por cumplir con una decisión judicial que incluso ha chocado a observadores internacionales claramente ligados al sistema financiero como el Financial Times y su editorialista estrella Martin Wolf, ello sin olvidar a gobiernos (Estados Unidos, Francia, Brasil), premios noveles y gurúes económicos. Debe además seguir buscando “inmediatamente y sin interrupciones” (dixit el juez) las vías de acuerdo necesario con la ínfima minoría litigante, pero sin poner en riesgo lo central.
Esa es la condición irrenunciable.
Claro está que esta postura que implica elegir el mal menor, en nada excusa los graves errores del Gobierno que en los últimos años ha desatendido el tema externo (2005 en adelante), que desató la inflación (2007), el freno al crecimiento (desde 2011) y nos llevó nuevamente como sociedad a los desequilibrios fiscales (2009) y de las cuentas externas (2011), al crecimiento de la pobreza y el desempleo y que cree que hacer política económica y social es ponerle un pie en la cabeza, ahogando, al sector privado al tiempo que reparte tarde y mal subsidios devaluados por la inflación con billetes emitidos sin respaldo.
Estos errores son otro tema que los argentinos habremos de resolver democráticamente en tiempo y forma señalados por nuestra Constitución. Por ahora no caigamos en la trampa de evitar el tifón para caer en el tsunami.
