Voces opositoras y moderadas se levantaron por el decreto del presidente Mauricio Macri que abre la posibilidad de que recursos naturales, como el gas y el petróleo, sean usados como garantía de pago de la deuda externa. En la Legislatura provincial ingresó ayer un proyecto para manifestar rechazo, mientras que en el Congreso se buscará proponer una suerte de blindaje a los yacimientos y a las regalías (ver aparte).
“El debate se genera porque la Argentina no honró sus obligaciones en algunas oportunidades y esto pone en duda qué pasa si no pagamos. La verdad es que esto forma parte del cambio que está viviendo el país: si se toma deuda, es para honrarla”, consideró el diputado Alejandro Vidal (UCR), quien evaluó que “es un detalle que nos puede afectar como productores de gas y petróleo, pero está la Constitución Nacional que establece que los recursos alojados en el subsuelo pertenecen a las provincia”. “A priori, no tendría ninguna consecuencia inmediata”, sostuvo.
El dominio originario de los recursos naturales que, constitucionalmente, corresponde a las provincias fue justamente el argumento utilizado, como paliativo o agravante, por la mayoría de quienes se pronunciaron sobre el tema. El exgobernador Jorge Sapag dijo que este es “innegociable e irrenunciable” (ver aparte).
En cambio, el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, dijo que el presidente Mauricio Macri cometió un “exceso de facultades” y cuestionó la actitud del gobernador Omar Gutiérrez “porque está incurriendo en no defender la soberanía ni los recursos naturales de la provincia”. “Está entregando los recursos, no al presidente, sino a fondos extranjeros. Esto debería pasar por la Cámara de Diputados, pero al margen de eso, entendemos que hay una clara violación del federalismo y la autonomía provincial”, planteó.
El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) opinó que el decreto “da una nueva vuelta de tuerca en la sumisión a las multinacionales”. Su par Raúl Podestá (NE-FG) presentó un proyecto de declaración para rechazar el decreto 29/2017 y expresar “preocupación por el nivel de endeudamiento contraído por el Poder Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2015”. A través de otro proyecto de resolución, consulta al gobernador si se firmó algún acuerdo con Nación para facultarla a comprometer recursos naturales como garantía de pago.
A la presentación se sumaron Eduardo Fuentes (NE-FG), Guillermo Carnaghi, Nanci Parrilli, Ayelén Gutiérrez (FpV) y Mariano Mansilla (FPN-UNE).
“El debate se genera porque la Argentina no honró sus obligaciones en algunas oportunidades y esto pone en duda qué pasa si no pagamos. La verdad es que esto forma parte del cambio que está viviendo el país: si se toma deuda, es para honrarla”, consideró el diputado Alejandro Vidal (UCR), quien evaluó que “es un detalle que nos puede afectar como productores de gas y petróleo, pero está la Constitución Nacional que establece que los recursos alojados en el subsuelo pertenecen a las provincia”. “A priori, no tendría ninguna consecuencia inmediata”, sostuvo.
El dominio originario de los recursos naturales que, constitucionalmente, corresponde a las provincias fue justamente el argumento utilizado, como paliativo o agravante, por la mayoría de quienes se pronunciaron sobre el tema. El exgobernador Jorge Sapag dijo que este es “innegociable e irrenunciable” (ver aparte).
En cambio, el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, dijo que el presidente Mauricio Macri cometió un “exceso de facultades” y cuestionó la actitud del gobernador Omar Gutiérrez “porque está incurriendo en no defender la soberanía ni los recursos naturales de la provincia”. “Está entregando los recursos, no al presidente, sino a fondos extranjeros. Esto debería pasar por la Cámara de Diputados, pero al margen de eso, entendemos que hay una clara violación del federalismo y la autonomía provincial”, planteó.
El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) opinó que el decreto “da una nueva vuelta de tuerca en la sumisión a las multinacionales”. Su par Raúl Podestá (NE-FG) presentó un proyecto de declaración para rechazar el decreto 29/2017 y expresar “preocupación por el nivel de endeudamiento contraído por el Poder Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2015”. A través de otro proyecto de resolución, consulta al gobernador si se firmó algún acuerdo con Nación para facultarla a comprometer recursos naturales como garantía de pago.
A la presentación se sumaron Eduardo Fuentes (NE-FG), Guillermo Carnaghi, Nanci Parrilli, Ayelén Gutiérrez (FpV) y Mariano Mansilla (FPN-UNE).
