15 de Julio de 2013Ante la inminente firma del acuerdo entre YPF y la empresa transnacional Chevron, para explotar el petróleo y gas no convencional en la cuenca del Neuquén, principalmente en la formación de Vaca Muerta, desde Plataforma 2012 queremos alertar que este hecho constituye nada menos que una vuelta de tuerca en el proceso de falsa estatización de YPF, que concluye en la entrega de nuestros bienes naturales a Chevron, para que éste lucre con la destrucción de nuestros territorios y del ambiente. Una vez más los argentinos nos vemos confrontados a una estafa, cuyos responsables son el gobierno nacional y sus socios provinciales.
Hace poco más de un año, el oficialismo anunciaba con bombos y platillos la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaba en manos de Repsol. Se habló de modo grandilocuente de “renacionalización” del petróleo, se impulsó un discurso triunfalista que evitaba cualquier referencia autocrítica a la responsabilidad directa que el propio oficialismo tuvo en el proceso de vaciamiento de YPF. Manipulando las legítimas aspiraciones de una gran parte de la sociedad argentina, se impulsó una ley que fue aprobada por el congreso nacional en una votación a libro cerrado, soslayando de ese modo la posibilidad de abrir un debate democrático de fondo sobre la crisis energética estructural que atraviesa nuestro país.
En mayo de 2012, a través de un documento titulado “Por una verdadera estatización de los recursos energético. La crisis de YPF o el fracaso de una política energética”,(1) desde Plataforma 2012 nos pronunciamos críticamente sobre el tema, argumentando, entre otras cuestiones, que la anunciada “reconquista” de YPF adolecía de sustanciales errores para cumplir con las metas que dice proponerse, puesto que no contemplaba los aspectos estructurales de la cuestión energética y carecía de una mirada estratégica de mediano y largo plazo. Sosteníamos que la ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; que no asistíamos a una verdadera estatización de la empresa; que no existía una propuesta de largo plazo que apuntara a la diversificación de la matriz energética; alertábamos de que el país se aprestaba a ingresar peligrosamente en la explotación del gas y petróleo no convencional, a través de la fractura hidráulica o fracking, una metodología muy controvertida que ha sido prohibida en varios países, sin siquiera abrir debate o informar sobre sus gravosas consecuencias ambientales.
Los hechos que se han sucedido en los últimos meses muestran, lamentablemente, la actualidad de ese documento. Lejos de avanzar en la conformación de una sociedad de Estado que garantizara el control de los bienes naturales, YPF buscó de manera desesperada y por todos los medios asociarse con grandes empresas transnacionales, que son las que hoy dominan el mercado energético, sobre todo en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Desde el comienzo, el socio anunciado fue la multinacional petrolera Chevron, de origen norteamericano, en estos momentos el cuarto productor de petróleo en nuestro país.
La entrega llave en mano de los yacimientos de la cuenca del Neuquén a Chevron encontró una serie de escollos legales, sobre todo, debido a la sentencia judicial que pesaba sobre esta empresa, expedida por la justicia ecuatoriana, que condenó a Chevron (que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares, por graves delitos ambientales, cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos originarios. Un primer embargo sobre los bienes de Chevron en nuestro país, emitido por un juzgado, respaldado por los acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador, demoraría el acuerdo inminente. Sin embargo, hace menos de un mes, a pedido de la Procuradora Nacional A.Gils Carbó, y posteriormente, a través de un rápido fallo a favor de Chevron, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se levantó el embargo que pesaba sobre la empresa, allanando de este modo concreción de dicha entrega.
Muchos se preguntaban cuáles serían las condiciones del acuerdo que firmarían Chevron e YPF. Poco se sabía acerca del contenido del acuerdo, más allá de las efusivas declaraciones del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag y sus funcionarios, quienes hablan de un “segundo descubrimiento del petróleo”. Algunos analistas adelantaron que, tal como había sucedido en otros países –por ejemplo, en Ucrania- las condiciones serían leoninas, difíciles de digerir para un gobierno que se dice nacional y popular. Veinticuatro horas antes de la firma del acuerdo trascendió que el gobierno creó, por decreto, un régimen de promoción de inversión de hidrocarburos, a la medida de Chevron, que prevé beneficios para las empresas que presenten proyectos de explotación de un monto no inferior a 1.000 millones de dólares.
A la manera de la legislación minera de los años `90, este decreto otorga la exención a pagar los derechos de exportación a partir del quinto año de ejecución del proyecto; establece la libre disponibilidad (100 %) de las divisas provenientes de la dicha exportación; no propone una reglamentación de la extracción que prevea los impactos ambientales que ocurrieron en otros lugares del mundo con el fracking, entre otros puntos controvertidos. Agreguemos que la ley 17.319 de Hidrocarburos no autoriza a otorgar exenciones al pago del derecho de exportación. Resaltamos esto porque las modificaciones impositivas ahora fueron hechas por Decreto y deben hacerse por ley.
En nuestro país las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta; en Entre Ríos, ya son 10 los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro departamentos -dos de los cuáles enfrentan hoy un veto-. Por otro lado, una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking (aquel que había sido inaugurado por la presidenta). Y más aún, recientemente, la Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus territorios ancestrales.(2)
Desde Plataforma 2012 rechazamos este nuevo giro en la política energética, que entrega YPF a Chevron, para que éste lucre con los bienes naturales de los argentinos y destruya los territorios y el ambiente, y nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan contra el avance de la frontera hidrocarburífera, mediante el fracking, defendiendo la vida y el territorio.
(1) http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
(2) http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=4678&Itemid=3
Hace poco más de un año, el oficialismo anunciaba con bombos y platillos la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaba en manos de Repsol. Se habló de modo grandilocuente de “renacionalización” del petróleo, se impulsó un discurso triunfalista que evitaba cualquier referencia autocrítica a la responsabilidad directa que el propio oficialismo tuvo en el proceso de vaciamiento de YPF. Manipulando las legítimas aspiraciones de una gran parte de la sociedad argentina, se impulsó una ley que fue aprobada por el congreso nacional en una votación a libro cerrado, soslayando de ese modo la posibilidad de abrir un debate democrático de fondo sobre la crisis energética estructural que atraviesa nuestro país.
En mayo de 2012, a través de un documento titulado “Por una verdadera estatización de los recursos energético. La crisis de YPF o el fracaso de una política energética”,(1) desde Plataforma 2012 nos pronunciamos críticamente sobre el tema, argumentando, entre otras cuestiones, que la anunciada “reconquista” de YPF adolecía de sustanciales errores para cumplir con las metas que dice proponerse, puesto que no contemplaba los aspectos estructurales de la cuestión energética y carecía de una mirada estratégica de mediano y largo plazo. Sosteníamos que la ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; que no asistíamos a una verdadera estatización de la empresa; que no existía una propuesta de largo plazo que apuntara a la diversificación de la matriz energética; alertábamos de que el país se aprestaba a ingresar peligrosamente en la explotación del gas y petróleo no convencional, a través de la fractura hidráulica o fracking, una metodología muy controvertida que ha sido prohibida en varios países, sin siquiera abrir debate o informar sobre sus gravosas consecuencias ambientales.
Los hechos que se han sucedido en los últimos meses muestran, lamentablemente, la actualidad de ese documento. Lejos de avanzar en la conformación de una sociedad de Estado que garantizara el control de los bienes naturales, YPF buscó de manera desesperada y por todos los medios asociarse con grandes empresas transnacionales, que son las que hoy dominan el mercado energético, sobre todo en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Desde el comienzo, el socio anunciado fue la multinacional petrolera Chevron, de origen norteamericano, en estos momentos el cuarto productor de petróleo en nuestro país.
La entrega llave en mano de los yacimientos de la cuenca del Neuquén a Chevron encontró una serie de escollos legales, sobre todo, debido a la sentencia judicial que pesaba sobre esta empresa, expedida por la justicia ecuatoriana, que condenó a Chevron (que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares, por graves delitos ambientales, cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos originarios. Un primer embargo sobre los bienes de Chevron en nuestro país, emitido por un juzgado, respaldado por los acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador, demoraría el acuerdo inminente. Sin embargo, hace menos de un mes, a pedido de la Procuradora Nacional A.Gils Carbó, y posteriormente, a través de un rápido fallo a favor de Chevron, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se levantó el embargo que pesaba sobre la empresa, allanando de este modo concreción de dicha entrega.
Muchos se preguntaban cuáles serían las condiciones del acuerdo que firmarían Chevron e YPF. Poco se sabía acerca del contenido del acuerdo, más allá de las efusivas declaraciones del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag y sus funcionarios, quienes hablan de un “segundo descubrimiento del petróleo”. Algunos analistas adelantaron que, tal como había sucedido en otros países –por ejemplo, en Ucrania- las condiciones serían leoninas, difíciles de digerir para un gobierno que se dice nacional y popular. Veinticuatro horas antes de la firma del acuerdo trascendió que el gobierno creó, por decreto, un régimen de promoción de inversión de hidrocarburos, a la medida de Chevron, que prevé beneficios para las empresas que presenten proyectos de explotación de un monto no inferior a 1.000 millones de dólares.
A la manera de la legislación minera de los años `90, este decreto otorga la exención a pagar los derechos de exportación a partir del quinto año de ejecución del proyecto; establece la libre disponibilidad (100 %) de las divisas provenientes de la dicha exportación; no propone una reglamentación de la extracción que prevea los impactos ambientales que ocurrieron en otros lugares del mundo con el fracking, entre otros puntos controvertidos. Agreguemos que la ley 17.319 de Hidrocarburos no autoriza a otorgar exenciones al pago del derecho de exportación. Resaltamos esto porque las modificaciones impositivas ahora fueron hechas por Decreto y deben hacerse por ley.
En nuestro país las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta; en Entre Ríos, ya son 10 los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro departamentos -dos de los cuáles enfrentan hoy un veto-. Por otro lado, una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking (aquel que había sido inaugurado por la presidenta). Y más aún, recientemente, la Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus territorios ancestrales.(2)
Desde Plataforma 2012 rechazamos este nuevo giro en la política energética, que entrega YPF a Chevron, para que éste lucre con los bienes naturales de los argentinos y destruya los territorios y el ambiente, y nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan contra el avance de la frontera hidrocarburífera, mediante el fracking, defendiendo la vida y el territorio.
(1) http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
(2) http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=4678&Itemid=3
