ECONOMIA › NOMBRAN EN JEFATURA DE MINISTROS AL REPRESENTANTE DE UNA COMPAñIA URUGUAYA OFF-SHORE
Nicanor Moreno Crotto, coordinador de Asuntos Legales de Marcos Peña, fue denunciado por la Procelac por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de Snowy SA para estafar al Estado nacional.
Por Fernando Krakowiak
El presidente Mauricio Macri designó el viernes al abogado Nicanor Moreno Crotto como coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete. El flamante funcionario fue denunciado el 4 de diciembre por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de la firma uruguaya Snowy SA, de la cual es representante legal, para estafar al Estado nacional. Esta compañía se dedicó en la década del 90 a comprar deuda de una empresa del Grupo Gotelli para ayudarlo a levantar una quiebra y recuperar una serie de activos y ahora le reclama al Banco Central el cobro de títulos públicos emitidos por la dictadura como parte del proceso de estatización de la deuda externa privada, en el cual también estuvo involucrado Gotelli. El monto exigido es de casi 312 mil dólares sin contar intereses, pero se estima que el Grupo Gotelli, a quien la Procelac vincula con Snowy, tiene más bonos de esa época en otras de sus firmas.
Snowy S.A. es una compañía domiciliada en Montevideo que, según la ley uruguaya 11.073 que habilitó su constitución, no puede realizar en ese país ninguna actividad comercial, salvo tener acciones en otras sociedades offshore. Esto significa que, si bien está radicada en Uruguay, se trata de una compañía que sólo opera en otros países. En la denuncia de Procelac se afirma que sus accionistas son los uruguayos Julio Carlevaro Carbo y José Ismael Feo Scarsi, mientras que como presidente y único director figura Alfredo Acevedo, los cuales aparecen como directores de otras 127 empresas domiciliadas en Panamá, un país calificado como paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Snowy abrió una sucursal en Argentina en diciembre de 2008, la cual fue constituida por el abogado Nicanor Moreno Crotto, en su carácter de representante legal, y la registró ante AFIP como una firma del rubro “ventas al por mayor de prendas de vestir”, aunque desde entonces no hay constancia de que haya vendido algo. El domicilio real declarado por la compañía es Avenida del Libertador 16051, San Isidro, una casa de familia. La vivienda está alquilada y sus habitantes identificaron como propietaria a Mercedes María Moreno Klappenbach, una militante del PRO cercana a la diputada macrista Cornelia Schmidt Liermann, con quien integra la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA). En la investigación de Procelac, se le tomó declaración testimonial a Klappenbach y cuando se le preguntó si conocía a Snowy SA la mujer respondió: “No sé qué es Snowy. Nunca recibí correspondencia a su nombre y lo sé porque la correspondencia la retiro yo”, aclaró. También le preguntaron si conocía a Nicanor Moreno Crotto y aseguró que es hijo de su hermano.
Entre 1994 y 1997, Snowy adquirió un conjunto de créditos de la quiebra de la empresa argentina Sebastián Badaracco SA, una firma que tenía como accionista mayoritario en 1987, año en que entró en cesación de pagos, al empresario Ricardo Pablo Gotelli. En el expediente de la quiebra, el síndico calificó como “fraudulenta y culpable” la conducta de los directores de la firma e identificó un abuso en la toma de créditos. “De los 27 acreedores insinuados, 13 de ellos corresponde a créditos tomados en instituciones bancarias o particulares, sin que se identificase el destino de los fondos y haciendo presumir la desviación de los mismos hacia empresas vinculadas y accionistas”, remarcó el síndico a partir del análisis de los balances. Incluso se destacó que el propio Gotelli aparecía favorecido por créditos de la sociedad.
Para adquirir parte de los créditos de la quiebra, Snowy desembolsó 181.581 dólares y 960.110 pesos, y luego, sorpresivamente, pidió el levantamiento de dicha quiebra. “Estas circunstancias resultan sugestivas, ya que si analizamos estos hechos notamos que una sociedad extrajera ajena al procedimiento concursal, se presenta espontáneamente informando que adquirió la mayor parte de los créditos verificados en la quiebra, y, lo que resulta especialmente llamativo: inicia sus presentaciones prestando conformidad para el levantamiento de dicha quiebra, en lugar de iniciar presentaciones para hacer efectivos sus créditos cedidos”, remarca el fiscal general Carlos Gonella en la denuncia de la Procelac.
En representación de Sebastián Badaracco SA, y para agilizar el trámite de la conclusión de la quiebra, el abogado Jorge Luis Albertalli, agregó el convenio de cancelación de pasivos celebrado con el Banco Central mediante la entrega de Bonos de Absorción Monetaria (BAM), existentes en el activo de Badaracco. De este modo, se cancelaron créditos con entidades financieras que estaban siendo liquidadas por el Central, como el Banco de Italia y Río de la Plata (BIRP), vinculado también al Grupo Gotelli, el cual fue vaciado. Snowy, por lo tanto, no sólo posibilitó el levantamiento de la quiebra al comprar parte de su deuda sino también al prestar conformidad para cancelar deudas pendientes utilizando los BAM, unos títulos de deuda pública que en 1982 otorgó el Banco Central para su colocación entre aquellas firmas deudoras en el exterior que se habían acogido al régimen de seguro de cambio, que había posibilitado la estatización de la deuda privada.
Lo que denuncia Gonella en la presentación de la Procelac es que es el mismo Gotelli quien está detrás de la maniobra llevada adelante por Snowy para adquirir los créditos de la quiebra e identifica dos objetivos: “(a) impedir que sus propios acreedores percibieran tal activo y (b) evadir al correcto proceso de liquidación y distribución de activos que establece la Ley de Concursos y Quiebras en el marco del proceso falencial de Sebastian Baradacco –recordemos que él mismo es el principal accionista de la firma–”, señala Gonella.
La compra de los activos se realizó entre 1994 y 1997, pero Snowy recién abrió una sucursal en el país a fines de 2008, a través de Nicanor Moreno Crotto, quien ahora es coordinador de Asuntos Legales del jefe de Gabinete Marcos Peña. La decisión de abrir esa sucursal luego de haber operado en el país como sociedad extranjera tuvo un objetivo puntual. El 22 de julio del año pasado, el periodista Pablo Waisberg publicó en el portal Infojus que Snowy le reclama judicialmente al Banco Central el pago de 311.893 dólares en concepto de BAM que estaban en poder de la firma Badaracco, a lo que resta sumarle los intereses, los cuales aún no han sido calculados. Ese reclamo recién fue posible a partir de abril de 2007 cuando prescribió una causa iniciada por el penalista David Baigún, quien a fines de 1985 había logrado que se aplique una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, por considerar que esos bonos eran parte de una maniobra ilegal destinada a estafar al Estado, la cual describió en un informe elaborado cuando estaba al frente del Centro de Estudios y Asuntos Penales del Banco Central. Una vez prescripta la causa, por inacción judicial, los tenedores de los títulos volvieron a embestir contra el Banco Central para cobrar los BAM, entre ellos Snowy, que tuvo que abrir una sucursal en el país para poder hacerlo.
Nicanor Moreno Crotto, coordinador de Asuntos Legales de Marcos Peña, fue denunciado por la Procelac por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de Snowy SA para estafar al Estado nacional.
Por Fernando Krakowiak
El presidente Mauricio Macri designó el viernes al abogado Nicanor Moreno Crotto como coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete. El flamante funcionario fue denunciado el 4 de diciembre por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de la firma uruguaya Snowy SA, de la cual es representante legal, para estafar al Estado nacional. Esta compañía se dedicó en la década del 90 a comprar deuda de una empresa del Grupo Gotelli para ayudarlo a levantar una quiebra y recuperar una serie de activos y ahora le reclama al Banco Central el cobro de títulos públicos emitidos por la dictadura como parte del proceso de estatización de la deuda externa privada, en el cual también estuvo involucrado Gotelli. El monto exigido es de casi 312 mil dólares sin contar intereses, pero se estima que el Grupo Gotelli, a quien la Procelac vincula con Snowy, tiene más bonos de esa época en otras de sus firmas.
Snowy S.A. es una compañía domiciliada en Montevideo que, según la ley uruguaya 11.073 que habilitó su constitución, no puede realizar en ese país ninguna actividad comercial, salvo tener acciones en otras sociedades offshore. Esto significa que, si bien está radicada en Uruguay, se trata de una compañía que sólo opera en otros países. En la denuncia de Procelac se afirma que sus accionistas son los uruguayos Julio Carlevaro Carbo y José Ismael Feo Scarsi, mientras que como presidente y único director figura Alfredo Acevedo, los cuales aparecen como directores de otras 127 empresas domiciliadas en Panamá, un país calificado como paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Snowy abrió una sucursal en Argentina en diciembre de 2008, la cual fue constituida por el abogado Nicanor Moreno Crotto, en su carácter de representante legal, y la registró ante AFIP como una firma del rubro “ventas al por mayor de prendas de vestir”, aunque desde entonces no hay constancia de que haya vendido algo. El domicilio real declarado por la compañía es Avenida del Libertador 16051, San Isidro, una casa de familia. La vivienda está alquilada y sus habitantes identificaron como propietaria a Mercedes María Moreno Klappenbach, una militante del PRO cercana a la diputada macrista Cornelia Schmidt Liermann, con quien integra la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA). En la investigación de Procelac, se le tomó declaración testimonial a Klappenbach y cuando se le preguntó si conocía a Snowy SA la mujer respondió: “No sé qué es Snowy. Nunca recibí correspondencia a su nombre y lo sé porque la correspondencia la retiro yo”, aclaró. También le preguntaron si conocía a Nicanor Moreno Crotto y aseguró que es hijo de su hermano.
Entre 1994 y 1997, Snowy adquirió un conjunto de créditos de la quiebra de la empresa argentina Sebastián Badaracco SA, una firma que tenía como accionista mayoritario en 1987, año en que entró en cesación de pagos, al empresario Ricardo Pablo Gotelli. En el expediente de la quiebra, el síndico calificó como “fraudulenta y culpable” la conducta de los directores de la firma e identificó un abuso en la toma de créditos. “De los 27 acreedores insinuados, 13 de ellos corresponde a créditos tomados en instituciones bancarias o particulares, sin que se identificase el destino de los fondos y haciendo presumir la desviación de los mismos hacia empresas vinculadas y accionistas”, remarcó el síndico a partir del análisis de los balances. Incluso se destacó que el propio Gotelli aparecía favorecido por créditos de la sociedad.
Para adquirir parte de los créditos de la quiebra, Snowy desembolsó 181.581 dólares y 960.110 pesos, y luego, sorpresivamente, pidió el levantamiento de dicha quiebra. “Estas circunstancias resultan sugestivas, ya que si analizamos estos hechos notamos que una sociedad extrajera ajena al procedimiento concursal, se presenta espontáneamente informando que adquirió la mayor parte de los créditos verificados en la quiebra, y, lo que resulta especialmente llamativo: inicia sus presentaciones prestando conformidad para el levantamiento de dicha quiebra, en lugar de iniciar presentaciones para hacer efectivos sus créditos cedidos”, remarca el fiscal general Carlos Gonella en la denuncia de la Procelac.
En representación de Sebastián Badaracco SA, y para agilizar el trámite de la conclusión de la quiebra, el abogado Jorge Luis Albertalli, agregó el convenio de cancelación de pasivos celebrado con el Banco Central mediante la entrega de Bonos de Absorción Monetaria (BAM), existentes en el activo de Badaracco. De este modo, se cancelaron créditos con entidades financieras que estaban siendo liquidadas por el Central, como el Banco de Italia y Río de la Plata (BIRP), vinculado también al Grupo Gotelli, el cual fue vaciado. Snowy, por lo tanto, no sólo posibilitó el levantamiento de la quiebra al comprar parte de su deuda sino también al prestar conformidad para cancelar deudas pendientes utilizando los BAM, unos títulos de deuda pública que en 1982 otorgó el Banco Central para su colocación entre aquellas firmas deudoras en el exterior que se habían acogido al régimen de seguro de cambio, que había posibilitado la estatización de la deuda privada.
Lo que denuncia Gonella en la presentación de la Procelac es que es el mismo Gotelli quien está detrás de la maniobra llevada adelante por Snowy para adquirir los créditos de la quiebra e identifica dos objetivos: “(a) impedir que sus propios acreedores percibieran tal activo y (b) evadir al correcto proceso de liquidación y distribución de activos que establece la Ley de Concursos y Quiebras en el marco del proceso falencial de Sebastian Baradacco –recordemos que él mismo es el principal accionista de la firma–”, señala Gonella.
La compra de los activos se realizó entre 1994 y 1997, pero Snowy recién abrió una sucursal en el país a fines de 2008, a través de Nicanor Moreno Crotto, quien ahora es coordinador de Asuntos Legales del jefe de Gabinete Marcos Peña. La decisión de abrir esa sucursal luego de haber operado en el país como sociedad extranjera tuvo un objetivo puntual. El 22 de julio del año pasado, el periodista Pablo Waisberg publicó en el portal Infojus que Snowy le reclama judicialmente al Banco Central el pago de 311.893 dólares en concepto de BAM que estaban en poder de la firma Badaracco, a lo que resta sumarle los intereses, los cuales aún no han sido calculados. Ese reclamo recién fue posible a partir de abril de 2007 cuando prescribió una causa iniciada por el penalista David Baigún, quien a fines de 1985 había logrado que se aplique una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, por considerar que esos bonos eran parte de una maniobra ilegal destinada a estafar al Estado, la cual describió en un informe elaborado cuando estaba al frente del Centro de Estudios y Asuntos Penales del Banco Central. Una vez prescripta la causa, por inacción judicial, los tenedores de los títulos volvieron a embestir contra el Banco Central para cobrar los BAM, entre ellos Snowy, que tuvo que abrir una sucursal en el país para poder hacerlo.
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