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El Gobierno debe explicar en la Corte el reparto de fondos
El Gobierno endurece su postura y no reconocerá la deuda exigida
José Manuel de la Sota estaba a punto de quedar absolutamente solo. Algunos gobernadores peronistas, que él frecuenta con insistencia, se hicieron a un lado cuando los invitó a participar de su sublevación ante el gobierno federal. Otros callaron. Mauricio Macri también estaba solo en su batalla contra Cristina Kirchner por el conflicto en los subterráneos porteños. Ningún gobernador se había puesto de su lado.
A De la Sota lo salvó la Corte Suprema, que ayer decidió habilitar su litigio contra la administración nacional y llamó a una audiencia de conciliación. A Macri lo liberaron de su suplicio las encuestas, que señalaban que la parálisis de los subtes estaba dañando más a la Presidenta que al jefe del gobierno porteño. Justicia y encuestas son, por ahora, los únicos límites objetivos para un poder cada vez más renuente a reconocer los límites.
La decisión de la Corte encierra varios mensajes. El primero de ellos es que el máximo tribunal decidió tomar a su cargo la cuestión federal. Los gobernadores no hablan en público, pero todos aceptan en reserva que se han convertido en rehenes de los recursos nacionales. Es Cristina Kirchner quien decide, personalmente, qué gobernador recibirá fondos nacionales y cuánto recibirá.
Las provincias son Estados federales sólo en lo institucional, pero los gobernadores son, en los hechos, meros delegados del gobierno nacional en la administración de sus economías. El resultado no sólo viola la letra y el espíritu de la Constitución (que ordenó hace 18 años la sanción de una ley de coparticipación que nunca se hizo), sino que trastorna seriamente la permanencia del sistema político democrático. Ninguna política es creíble cuando los gobernadores elegidos por el voto popular terminan siendo, por obra de la presión financiera, meros aplaudidores de los monólogos presidenciales.
El segundo mensaje de la Corte Suprema consiste en que ha decidido impulsar el cumplimiento de sus sentencias. El caso de Córdoba es patético. El gobierno nacional no está cumpliendo el resultado de un arbitraje de la Corte entre la administración de los Kirchner y Córdoba. Son fondos para el pago a jubilados, que el gobierno de De la Sota estima en unos 1200 millones de pesos. Eso es lo que está ahora en el tribunal, aunque el gobernador cordobés reclama también otros 1000 millones en concepto de pagos atrasados por obras públicas.
En privado
A diferencia de las anteriores audiencias públicas de conciliación en los casos de Santa Fe, Catamarca y la propia Córdoba, esta vez la audiencia será privada. «Queremos que se resuelva el problema», dijo uno de los miembros del tribunal. También es cierto que en los casos anteriores los jueces supremos debían conocer los detalles de los problemas planteados. Esta vez lo conocen. Fueron ellos mismos quienes participaron de los acuerdos entre el gobierno nacional y el cordobés. La presentación de De la Sota sólo acreditó ahora el incumplimiento por parte de la Nación de tales acuerdos.
En rigor, De la Sota se está preparando para otra presentación ante la Corte por el 15 por ciento de indebida retención de la coparticipación que la Nación les hace a todas las provincias. Esa retención formó parte de un pacto entre el gobierno federal y las provincias, en 1992, cuando se privatizaron los fondos de pensión. Fue una contribución de las provincias a la Nación, que ya había perdido la recaudación previsional, para que les siguiera pagando a los viejos jubilados. Cristina Kirchner no les devolvió esa retención a las provincias cuando estatizó las AFJP y retomó la recaudación previsional. En el reciente caso de Buenos Aires, fue ella quien dispuso, luego de un largo conflicto político, que la Anses le prestara dinero a Daniel Scioli para pagar el medio aguinaldo a los empleados públicos provinciales. El relato cristinista habló de un generoso favor al gobernador bonaerense, cuando, en rigor, la Presidenta se queda con fondos que les pertenecen legítimamente a las provincias.
De la Sota rompió ese pacto fiscal, pero lo hizo con los ojos puestos en la experiencia de Santa Fe. Esta provincia recurrió a la Corte para denunciar que aquel viejo acuerdo había perdido razón de ser. El procurador del tribunal estimó que el pacto entre Santa Fe y la Nación seguía vigente porque no se había cumplido ninguno de los requisitos para su ruptura. Ahora, De la Sota hizo sancionar por el Parlamento cordobés la ruptura del pacto. Está haciendo lo que Santa Fe, otra provincia ahogada financieramente por la Nación, no había hecho. Es previsible que el próximo planteo de De la Sota ante la Corte se refiera a esa retención del 15%. El gobernador pidió que se sumaran todas las provincias (todas están afectadas), pero hasta ahora ninguna se animó a tanto.
Camino a 2015
Más allá de la legitimidad de sus planteos, De la Sota está también haciendo su camino hacia una eventual candidatura presidencial. Convertido en la principal refutación peronista al kirchnerismo, el gobernador debería prepararse para tiempos inclementes. El cristinismo no tolera ninguna amenaza de sucesión que no sea la de una Cristina Kirchner sucediéndose a sí misma. ¿Ejemplos? El más reciente es el de Macri. El Estado nacional está a punto de convertir a la Capital, en el mejor de los casos, en un Estado confederado. Tiene poco o nula responsabilidad en sus asuntos.
Una llamada telefónica de la Casa Rosada, sin embargo, destrabó el conflicto de los subterráneos, según aseguraron varias fuentes coincidentes. ¿Por qué no hizo esa llamada cinco días antes y les evitó a millones de argentinos atravesar el tormento y el caos? ¿Quién puede levantar un paro no puede, acaso, promoverlo? Sea como sea, el gobierno nacional actuó cuando recibió las últimas encuestas. De cada diez consultados, cuatro le atribuían la responsabilidad a la Presidenta, dos a Macri y el resto se repartía entre los dirigentes sindicales y la empresa concesionaria, Metrovías. Es decir, el conflicto afectaba a Macri, pero afectaba más a la Presidenta. Es el caso casi calcado de la última crisis con Scioli por el medio aguinaldo. También entonces una mayoría social le endilgaba a Cristina Kirchner más responsabilidad que al gobernador. La Presidenta retrocedió entonces.
También retrocedió ahora. Hizo llamar por teléfono a los metrodelegados después de que hasta su ministro de Trabajo desapareciera de uno de los conflictos laborales más penosos para amplios sectores sociales. Las encuestas pudieron más que el visible sufrimiento de la gente de a pie..
El Gobierno debe explicar en la Corte el reparto de fondos
El Gobierno endurece su postura y no reconocerá la deuda exigida
José Manuel de la Sota estaba a punto de quedar absolutamente solo. Algunos gobernadores peronistas, que él frecuenta con insistencia, se hicieron a un lado cuando los invitó a participar de su sublevación ante el gobierno federal. Otros callaron. Mauricio Macri también estaba solo en su batalla contra Cristina Kirchner por el conflicto en los subterráneos porteños. Ningún gobernador se había puesto de su lado.
A De la Sota lo salvó la Corte Suprema, que ayer decidió habilitar su litigio contra la administración nacional y llamó a una audiencia de conciliación. A Macri lo liberaron de su suplicio las encuestas, que señalaban que la parálisis de los subtes estaba dañando más a la Presidenta que al jefe del gobierno porteño. Justicia y encuestas son, por ahora, los únicos límites objetivos para un poder cada vez más renuente a reconocer los límites.
La decisión de la Corte encierra varios mensajes. El primero de ellos es que el máximo tribunal decidió tomar a su cargo la cuestión federal. Los gobernadores no hablan en público, pero todos aceptan en reserva que se han convertido en rehenes de los recursos nacionales. Es Cristina Kirchner quien decide, personalmente, qué gobernador recibirá fondos nacionales y cuánto recibirá.
Las provincias son Estados federales sólo en lo institucional, pero los gobernadores son, en los hechos, meros delegados del gobierno nacional en la administración de sus economías. El resultado no sólo viola la letra y el espíritu de la Constitución (que ordenó hace 18 años la sanción de una ley de coparticipación que nunca se hizo), sino que trastorna seriamente la permanencia del sistema político democrático. Ninguna política es creíble cuando los gobernadores elegidos por el voto popular terminan siendo, por obra de la presión financiera, meros aplaudidores de los monólogos presidenciales.
El segundo mensaje de la Corte Suprema consiste en que ha decidido impulsar el cumplimiento de sus sentencias. El caso de Córdoba es patético. El gobierno nacional no está cumpliendo el resultado de un arbitraje de la Corte entre la administración de los Kirchner y Córdoba. Son fondos para el pago a jubilados, que el gobierno de De la Sota estima en unos 1200 millones de pesos. Eso es lo que está ahora en el tribunal, aunque el gobernador cordobés reclama también otros 1000 millones en concepto de pagos atrasados por obras públicas.
En privado
A diferencia de las anteriores audiencias públicas de conciliación en los casos de Santa Fe, Catamarca y la propia Córdoba, esta vez la audiencia será privada. «Queremos que se resuelva el problema», dijo uno de los miembros del tribunal. También es cierto que en los casos anteriores los jueces supremos debían conocer los detalles de los problemas planteados. Esta vez lo conocen. Fueron ellos mismos quienes participaron de los acuerdos entre el gobierno nacional y el cordobés. La presentación de De la Sota sólo acreditó ahora el incumplimiento por parte de la Nación de tales acuerdos.
En rigor, De la Sota se está preparando para otra presentación ante la Corte por el 15 por ciento de indebida retención de la coparticipación que la Nación les hace a todas las provincias. Esa retención formó parte de un pacto entre el gobierno federal y las provincias, en 1992, cuando se privatizaron los fondos de pensión. Fue una contribución de las provincias a la Nación, que ya había perdido la recaudación previsional, para que les siguiera pagando a los viejos jubilados. Cristina Kirchner no les devolvió esa retención a las provincias cuando estatizó las AFJP y retomó la recaudación previsional. En el reciente caso de Buenos Aires, fue ella quien dispuso, luego de un largo conflicto político, que la Anses le prestara dinero a Daniel Scioli para pagar el medio aguinaldo a los empleados públicos provinciales. El relato cristinista habló de un generoso favor al gobernador bonaerense, cuando, en rigor, la Presidenta se queda con fondos que les pertenecen legítimamente a las provincias.
De la Sota rompió ese pacto fiscal, pero lo hizo con los ojos puestos en la experiencia de Santa Fe. Esta provincia recurrió a la Corte para denunciar que aquel viejo acuerdo había perdido razón de ser. El procurador del tribunal estimó que el pacto entre Santa Fe y la Nación seguía vigente porque no se había cumplido ninguno de los requisitos para su ruptura. Ahora, De la Sota hizo sancionar por el Parlamento cordobés la ruptura del pacto. Está haciendo lo que Santa Fe, otra provincia ahogada financieramente por la Nación, no había hecho. Es previsible que el próximo planteo de De la Sota ante la Corte se refiera a esa retención del 15%. El gobernador pidió que se sumaran todas las provincias (todas están afectadas), pero hasta ahora ninguna se animó a tanto.
Camino a 2015
Más allá de la legitimidad de sus planteos, De la Sota está también haciendo su camino hacia una eventual candidatura presidencial. Convertido en la principal refutación peronista al kirchnerismo, el gobernador debería prepararse para tiempos inclementes. El cristinismo no tolera ninguna amenaza de sucesión que no sea la de una Cristina Kirchner sucediéndose a sí misma. ¿Ejemplos? El más reciente es el de Macri. El Estado nacional está a punto de convertir a la Capital, en el mejor de los casos, en un Estado confederado. Tiene poco o nula responsabilidad en sus asuntos.
Una llamada telefónica de la Casa Rosada, sin embargo, destrabó el conflicto de los subterráneos, según aseguraron varias fuentes coincidentes. ¿Por qué no hizo esa llamada cinco días antes y les evitó a millones de argentinos atravesar el tormento y el caos? ¿Quién puede levantar un paro no puede, acaso, promoverlo? Sea como sea, el gobierno nacional actuó cuando recibió las últimas encuestas. De cada diez consultados, cuatro le atribuían la responsabilidad a la Presidenta, dos a Macri y el resto se repartía entre los dirigentes sindicales y la empresa concesionaria, Metrovías. Es decir, el conflicto afectaba a Macri, pero afectaba más a la Presidenta. Es el caso casi calcado de la última crisis con Scioli por el medio aguinaldo. También entonces una mayoría social le endilgaba a Cristina Kirchner más responsabilidad que al gobernador. La Presidenta retrocedió entonces.
También retrocedió ahora. Hizo llamar por teléfono a los metrodelegados después de que hasta su ministro de Trabajo desapareciera de uno de los conflictos laborales más penosos para amplios sectores sociales. Las encuestas pudieron más que el visible sufrimiento de la gente de a pie..
