28/11/12
Las consecuencias de pretender jugar siempre a todo o nada están a la vista. Una sobredosis de tensión inconveniente invade a la política por la proximidad del 7D. Se trata del viernes de la próxima semana, fecha que Cristina Fernández estableció como un límite inflexible y caprichoso para aplicar de un sopetón dos artículos de la ley de medios (161 y 45) amparados hasta ese día por una medida cautelar.
Ayer la Corte Suprema, ante una presentación del Grupo Clarín , reclamó al juez Horacio Alfonso un fallo definitivo en un plazo perentorio sobre la constitucionalidad o no del artículo 161. Refiere a la desinversión que deberían hacer las empresas de comunicación. Alfonso le confesó al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que está sufriendo amenazas personales y familiares.
Clarín adujo denegación de justicia por la ausencia de un fallo de fondo y por los obstáculos que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Julio Alak, colocó para evitarlo. Entre esos obstáculos figuran el vaciamiento del fuero Civil y Comercial donde, por distintos motivos, resultaron apartados 10 magistrados.
Ayer, ciudadanos convocados por redes sociales y los trabajadores de Cablevisión, al parecer el objetivo perseguido por el kirchnerismo para hacer valer la ley de medios, marcharon a la Plaza Lavalle exigiendo el resguardo de su fuente de trabajo y una Justicia independiente.
Días antes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, habían aludido al supuesto compromiso oficial de conservar los empleos. ¿Tenían tomada la decisión, más allá del progreso de la Justicia, de ir por la captura de la empresa de televisión por cable? El propio Sabbattela fue demandado ayer por dirigentes del radicalismo que lo acusan de no interpretar con equivalencias la ley de medios. Apuntaron a la protección que el diputado con licencia de Nuevo Encuentro hace, sobre todo, de las empresas Telefónica –poseedora de ocho canales de aire– y del grupo del empresario K, Cristóbal López, flamante titular de C5N y Radio 10 . Mandamás también, en su emporio multirubro, de áreas de explotación petrolera y de casinos.
Clarín había presentado la semana anterior una denuncia contra funcionarios del Gobierno por instigación a la violencia al acusar a la empresa de armar protestas e intentos golpistas durante la rebelión salarial en Gendarmería y Prefectura. También había mencionado en el escrito a periodistas K como posibles testigos. Decidió rectificarse –marginar a los periodistas de la presentación– después de airadas reacciones. La guerra de nervios cruza todo el escenario y facilita los errores políticos.
Luego del fallo de ayer de la Corte Suprema es muy probable que el 7D del kirchnerismo se termine convirtiendo en una simple frustración del calendario.
Es difícil suponer que el juez Alfonso, de primera instancia, pueda dictar un fallo en tan poco tiempo. Durante más de dos años, por obstinación del Gobierno, no se hizo nada en esa dirección. Cualquiera fuese la determinación del magistrado llegaría una apelación. Del Gobierno o del Grupo Clarín , según entendieran afectados sus intereses. Más adelante debería intervenir la Cámara Civil y Comercial. Empezaría, de ese modo, otro circuito judicial que sólo un hechizo podría resolver en apenas diez días.
Pese a todo, resulta llamativo el empeño presidencial por seguir apostando todas las fichas al 7D. Llamativo pero, también, poco sorprendente si se hurgaran algunos antecedentes.
Las cruzadas han sido siempre la dilección de los Kirchner. Juntos empujaron en el 2008 el conflicto con el campo, desoyeron consejos de armonía y forzaron una votación de la resolución 125 en el Senado que sabían casi perdida. La notificación de la derrota corrió por cuenta del entonces vicepresidente, Julio Cobos. ¿No aprendió nada Cristina de esa traumática experiencia? “El 54% la hizo impermeable a cualquier pensamiento que no sea el suyo”, deslizó un kirchnerista que no siguió en el poder durante el segundo mandato.
Cristina tiene por esa intransigencia, sin dudas, un problema. El problema quedó reflejado en las protestas populares del 13S y el 8N de las cuales tuvo registro –se encerró con su hijo Máximo en Olivos durante la segunda oleada– pero a las que también descalificó. Algo similar sucedió con la huelga del martes 20 del sindicalismo opositor. Claro que ese desconocimiento le puede salir caro a corto plazo: ya se iniciaron los contactos –un asado el fin de semana largo– entre la CGT de Hugo Moyano y la central obrera K de Antonio Caló. Pablo Micheli, de la CTA, y Luis Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca, no fueron parte del convite. Habrá que ver qué dicen en los próximos días. Moyano y su amigo, Gerardo Martinez, jefe de la UOCRA, coincidieron en que la unidad de conducción y de acción del sindicalismo están en marcha. Tal vez, Tomada se arrepienta de pensar y declarar que un gremialismo dividido perjudica al Gobierno.
Más problemas que Cristina, sin embargo, tendría a corto plazo Sabbatella. En su afán por trepar, el diputado aceptó un cargo, el de la AFSCA, que le cuelga con holgura en cada flanco. Primero se aferró aun discurso (“La ley de medios será aplicada para todos”) con el cual aspiró a flotar sin turbulencias un tiempo.
Pero las presiones kirchneristas se tornaron implacables.
Empezó a correr el riesgo de ser observado, en ese mundo hostil, como un débil. Endureció su palabra y accedió a los compromisos asumidos por los K cuando fabricaron la norma. En el viraje cometió desbarros y dijo disparates. Una ley sobre los derechos de la industria de la comunicación requiere más que de la opinión de periodistas y académicos. Sabbatella tampoco es ninguna de esas cosas.
El titular de la AFSCA ya habría quedado pagando varias veces ante exigencias de Carlos Zannini. El secretario Legal y Técnico es el eco de Cristina. Sabbatella ha buscado refugio en La Cámpora donde aún le dan cobijo. Aunque tampoco incondicional. Dicen que Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, estos últimos días, no anduvieron deslizando ninguna lindeza sobre él.
A Sabbatella el 7D lo invade de angustia. Sobre todo luego del pronunciamiento de ayer de la Corte Suprema. Está obligado a contentar a Cristina. Y no sabe cómo.
Las consecuencias de pretender jugar siempre a todo o nada están a la vista. Una sobredosis de tensión inconveniente invade a la política por la proximidad del 7D. Se trata del viernes de la próxima semana, fecha que Cristina Fernández estableció como un límite inflexible y caprichoso para aplicar de un sopetón dos artículos de la ley de medios (161 y 45) amparados hasta ese día por una medida cautelar.
Ayer la Corte Suprema, ante una presentación del Grupo Clarín , reclamó al juez Horacio Alfonso un fallo definitivo en un plazo perentorio sobre la constitucionalidad o no del artículo 161. Refiere a la desinversión que deberían hacer las empresas de comunicación. Alfonso le confesó al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que está sufriendo amenazas personales y familiares.
Clarín adujo denegación de justicia por la ausencia de un fallo de fondo y por los obstáculos que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Julio Alak, colocó para evitarlo. Entre esos obstáculos figuran el vaciamiento del fuero Civil y Comercial donde, por distintos motivos, resultaron apartados 10 magistrados.
Ayer, ciudadanos convocados por redes sociales y los trabajadores de Cablevisión, al parecer el objetivo perseguido por el kirchnerismo para hacer valer la ley de medios, marcharon a la Plaza Lavalle exigiendo el resguardo de su fuente de trabajo y una Justicia independiente.
Días antes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, habían aludido al supuesto compromiso oficial de conservar los empleos. ¿Tenían tomada la decisión, más allá del progreso de la Justicia, de ir por la captura de la empresa de televisión por cable? El propio Sabbattela fue demandado ayer por dirigentes del radicalismo que lo acusan de no interpretar con equivalencias la ley de medios. Apuntaron a la protección que el diputado con licencia de Nuevo Encuentro hace, sobre todo, de las empresas Telefónica –poseedora de ocho canales de aire– y del grupo del empresario K, Cristóbal López, flamante titular de C5N y Radio 10 . Mandamás también, en su emporio multirubro, de áreas de explotación petrolera y de casinos.
Clarín había presentado la semana anterior una denuncia contra funcionarios del Gobierno por instigación a la violencia al acusar a la empresa de armar protestas e intentos golpistas durante la rebelión salarial en Gendarmería y Prefectura. También había mencionado en el escrito a periodistas K como posibles testigos. Decidió rectificarse –marginar a los periodistas de la presentación– después de airadas reacciones. La guerra de nervios cruza todo el escenario y facilita los errores políticos.
Luego del fallo de ayer de la Corte Suprema es muy probable que el 7D del kirchnerismo se termine convirtiendo en una simple frustración del calendario.
Es difícil suponer que el juez Alfonso, de primera instancia, pueda dictar un fallo en tan poco tiempo. Durante más de dos años, por obstinación del Gobierno, no se hizo nada en esa dirección. Cualquiera fuese la determinación del magistrado llegaría una apelación. Del Gobierno o del Grupo Clarín , según entendieran afectados sus intereses. Más adelante debería intervenir la Cámara Civil y Comercial. Empezaría, de ese modo, otro circuito judicial que sólo un hechizo podría resolver en apenas diez días.
Pese a todo, resulta llamativo el empeño presidencial por seguir apostando todas las fichas al 7D. Llamativo pero, también, poco sorprendente si se hurgaran algunos antecedentes.
Las cruzadas han sido siempre la dilección de los Kirchner. Juntos empujaron en el 2008 el conflicto con el campo, desoyeron consejos de armonía y forzaron una votación de la resolución 125 en el Senado que sabían casi perdida. La notificación de la derrota corrió por cuenta del entonces vicepresidente, Julio Cobos. ¿No aprendió nada Cristina de esa traumática experiencia? “El 54% la hizo impermeable a cualquier pensamiento que no sea el suyo”, deslizó un kirchnerista que no siguió en el poder durante el segundo mandato.
Cristina tiene por esa intransigencia, sin dudas, un problema. El problema quedó reflejado en las protestas populares del 13S y el 8N de las cuales tuvo registro –se encerró con su hijo Máximo en Olivos durante la segunda oleada– pero a las que también descalificó. Algo similar sucedió con la huelga del martes 20 del sindicalismo opositor. Claro que ese desconocimiento le puede salir caro a corto plazo: ya se iniciaron los contactos –un asado el fin de semana largo– entre la CGT de Hugo Moyano y la central obrera K de Antonio Caló. Pablo Micheli, de la CTA, y Luis Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca, no fueron parte del convite. Habrá que ver qué dicen en los próximos días. Moyano y su amigo, Gerardo Martinez, jefe de la UOCRA, coincidieron en que la unidad de conducción y de acción del sindicalismo están en marcha. Tal vez, Tomada se arrepienta de pensar y declarar que un gremialismo dividido perjudica al Gobierno.
Más problemas que Cristina, sin embargo, tendría a corto plazo Sabbatella. En su afán por trepar, el diputado aceptó un cargo, el de la AFSCA, que le cuelga con holgura en cada flanco. Primero se aferró aun discurso (“La ley de medios será aplicada para todos”) con el cual aspiró a flotar sin turbulencias un tiempo.
Pero las presiones kirchneristas se tornaron implacables.
Empezó a correr el riesgo de ser observado, en ese mundo hostil, como un débil. Endureció su palabra y accedió a los compromisos asumidos por los K cuando fabricaron la norma. En el viraje cometió desbarros y dijo disparates. Una ley sobre los derechos de la industria de la comunicación requiere más que de la opinión de periodistas y académicos. Sabbatella tampoco es ninguna de esas cosas.
El titular de la AFSCA ya habría quedado pagando varias veces ante exigencias de Carlos Zannini. El secretario Legal y Técnico es el eco de Cristina. Sabbatella ha buscado refugio en La Cámpora donde aún le dan cobijo. Aunque tampoco incondicional. Dicen que Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, estos últimos días, no anduvieron deslizando ninguna lindeza sobre él.
A Sabbatella el 7D lo invade de angustia. Sobre todo luego del pronunciamiento de ayer de la Corte Suprema. Está obligado a contentar a Cristina. Y no sabe cómo.
