Por Augusto Costa
El gobierno de Mauricio Macri construyó un particular relato basado en la promesa de que en el “segundo semestre” de este año se comenzarían a ver las bondades de su programa económico, una vez que el conjunto de medidas que fue implementando desde que asumió surtieran efecto. Poco y nada de lo prometido se verificó en los hechos, y el resultado de su primer año de gestión es una economía en recesión, con mayor desempleo y pobreza, un déficit fiscal superior al heredado y un proceso de endeudamiento vertiginoso.
Lo único que tiene para mostrar el gobierno en su intento desesperado por dar alguna señal de que el rumbo de la política económica es el correcto es la desaceleración de la inflación desde los exorbitantes niveles a la que la habían llevado la devaluación, la reducción de retenciones, la desregulación del comercio interior y exterior y el tarifazo.
Más allá de que no queda claro que se trate de una tendencia firme y que el año va a cerrar con una inflación superior al 40%, es indudable que si los precios suben menos en el futuro es por las malas razones: la fuerte contracción de la actividad y el achicamiento de la economía que generó la política de ajuste del macrismo. A esto se suma el freno judicial al tarifazo en los servicios públicos, aunque esta medida ya fue revertida y –en consecuencia- la aplicación de las nuevas tarifas va a fogonear la suba de precios en los próximos meses.
La contracara de este proceso es la fuerte caída de los ingresos de asalariados, jubilados y beneficiarios de programas sociales. Según diversas estimaciones, la pérdida de poder adquisitivo en el último año fue en promedio del 10%, pero en los sectores más vulnerables impactó aún más, lo que llevó a un importante ajuste del consumo de las familias.
Este hecho, junto con la paralización de la obra pública y la pérdida de impacto de políticas de impulso al consumo y al mercado interno (Precios Cuidados, Ahora 12, SUBEneficio), generó un desplome de la actividad económica, el comercio y la industria. Los datos son inapelables: durante los primeros siete meses del año, la economía retrocedió un 2,3%; las ventas minoristas cayeron un 7,7% en septiembre y acumulan una disminución de 6,8% en los primeros nueve meses del año; y la producción industrial cayó un 5,7% en agosto y 4,2% en lo que va del 2016. Por su parte, la construcción tuvo un descenso del 3,8% en agosto y los despachos de cemento volvieron a caer en septiembre (-4,7%), lo que anuncia un nuevo retroceso.
En este contexto, es de particular relevancia la caída del consumo de carne, leche y harina, no sólo porque se trata de los productos más representativos de la mesa de los argentinos, sino porque refleja sin atenuantes el empeoramiento de la situación social y de las condiciones de vida de los sectores populares.
En el caso de la leche, durante el primer semestre de este año el consumo cayó un 19% respecto a 2015, alcanzando 11,62 litros por habitante. La última vez que se consumieron cantidades tan bajas de este alimento básico para la dieta de los argentinos fue en 2002. Con el resto de los productos lácteos viene ocurriendo algo similar, aunque con distinto grado de intensidad. El consumo de leche en polvo se derrumbó 47% entre 2015 y 2016, llegando a 570 gramos per cápita durante el primer semestre de este año, lo que representa casi la mitad del promedio de los últimos 15 años. Los quesos más demandados (blandos para pizza) bajaron 13% en la comparación interanual. Los únicos productos del sector que no sufrieron caídas en el consumo promedio son el dulce de leche y el yogur (con subas del 1%), aunque se trata de rubros de menor peso relativo en la demanda de los hogares.
Por su parte, 2016 es el peor año desde que se tiene registro en materia de consumo de carne vacuna, con sólo 55,2 kilos per cápita. En septiembre esa cifra fue aún menor (53,8 kilos per cápita), lo que implica consumo más bajo desde 2002. Esto significa una caída cercana al 8% respecto a los niveles consumidos en 2014 y 2015 (59,7 kilos por habitante). En el mismo sentido, también cayó significativamente el consumo de harina, que se redujo de 61,8 a 58,1 kilos per cápita entre 2015 y 2016 (-6,1%).
No se trata de un súbito cambio de preferencias de los consumidores que deciden dejar de demandar alimentos esenciales, sino del efecto de la suba de los precios y el achicamiento del bolsillo de la mayoría de los argentinos.
Recordemos que por el “apagón estadístico” que decretó el gobierno de Cambiemos al asumir, no es posible contar con indicadores oficiales del INDEC sobre la evolución de los precios desde que asumió Macri como presidente. No obstante, es posible reconstruir lo ocurrido tomando el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Según este índice, todos los productos lácteos sufrieron fuertes aumentos de precios como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional: entre octubre de 2015 y agosto de este año, la leche en polvo 27%, los quesos entre 35% y 45%, la manteca el 53% y el yogur 28%. Pero si tomamos el producto más consumido por los argentinos, la leche entera subió en promedio 46%.
Es más, teniendo en cuenta la eliminación de las dos principales leches en sachet de los listados del Programa Precios Cuidados por presión de las empresas, en el caso de La Serenísima y Sancor el precio se disparó de $10,50 a $18 o $19 desde diciembre.
La carne, en tanto, también experimentó importantes incrementos de precio en sus distintas presentaciones desde noviembre pasado: asado (38%), carne picada (43%), cuadrada (47%), cuadril (45%) y hamburguesas (45%). Finalmente, la harina subió 37% desde que el macrismo ganó las elecciones y anunció su paquete de medidas.
La contrapartida necesaria de esta escalada de precios es que lo que pagan de más los consumidores va directo a las arcas de los sectores concentrados del campo, los exportadores y la gran industria productora de alimentos, los verdaderos beneficiarios del programa económico de Cambiemos.
Estos tres casos ponen de manifiesto las consecuencias en términos de bienestar de las políticas económicas del actual gobierno. Pero en vez de reconocer el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos que provocan sus medidas, los funcionarios de Cambiemos celebran la desaceleración de la suba precios en el país y se vanaglorian del presunto éxito de su política anti-inflacionaria. Esto es el ajuste en la práctica: una fiesta de los sectores concentrados y una mesa de los argentinos cada vez más vacía.
El gobierno de Mauricio Macri construyó un particular relato basado en la promesa de que en el “segundo semestre” de este año se comenzarían a ver las bondades de su programa económico, una vez que el conjunto de medidas que fue implementando desde que asumió surtieran efecto. Poco y nada de lo prometido se verificó en los hechos, y el resultado de su primer año de gestión es una economía en recesión, con mayor desempleo y pobreza, un déficit fiscal superior al heredado y un proceso de endeudamiento vertiginoso.
Lo único que tiene para mostrar el gobierno en su intento desesperado por dar alguna señal de que el rumbo de la política económica es el correcto es la desaceleración de la inflación desde los exorbitantes niveles a la que la habían llevado la devaluación, la reducción de retenciones, la desregulación del comercio interior y exterior y el tarifazo.
Más allá de que no queda claro que se trate de una tendencia firme y que el año va a cerrar con una inflación superior al 40%, es indudable que si los precios suben menos en el futuro es por las malas razones: la fuerte contracción de la actividad y el achicamiento de la economía que generó la política de ajuste del macrismo. A esto se suma el freno judicial al tarifazo en los servicios públicos, aunque esta medida ya fue revertida y –en consecuencia- la aplicación de las nuevas tarifas va a fogonear la suba de precios en los próximos meses.
La contracara de este proceso es la fuerte caída de los ingresos de asalariados, jubilados y beneficiarios de programas sociales. Según diversas estimaciones, la pérdida de poder adquisitivo en el último año fue en promedio del 10%, pero en los sectores más vulnerables impactó aún más, lo que llevó a un importante ajuste del consumo de las familias.
Este hecho, junto con la paralización de la obra pública y la pérdida de impacto de políticas de impulso al consumo y al mercado interno (Precios Cuidados, Ahora 12, SUBEneficio), generó un desplome de la actividad económica, el comercio y la industria. Los datos son inapelables: durante los primeros siete meses del año, la economía retrocedió un 2,3%; las ventas minoristas cayeron un 7,7% en septiembre y acumulan una disminución de 6,8% en los primeros nueve meses del año; y la producción industrial cayó un 5,7% en agosto y 4,2% en lo que va del 2016. Por su parte, la construcción tuvo un descenso del 3,8% en agosto y los despachos de cemento volvieron a caer en septiembre (-4,7%), lo que anuncia un nuevo retroceso.
En este contexto, es de particular relevancia la caída del consumo de carne, leche y harina, no sólo porque se trata de los productos más representativos de la mesa de los argentinos, sino porque refleja sin atenuantes el empeoramiento de la situación social y de las condiciones de vida de los sectores populares.
En el caso de la leche, durante el primer semestre de este año el consumo cayó un 19% respecto a 2015, alcanzando 11,62 litros por habitante. La última vez que se consumieron cantidades tan bajas de este alimento básico para la dieta de los argentinos fue en 2002. Con el resto de los productos lácteos viene ocurriendo algo similar, aunque con distinto grado de intensidad. El consumo de leche en polvo se derrumbó 47% entre 2015 y 2016, llegando a 570 gramos per cápita durante el primer semestre de este año, lo que representa casi la mitad del promedio de los últimos 15 años. Los quesos más demandados (blandos para pizza) bajaron 13% en la comparación interanual. Los únicos productos del sector que no sufrieron caídas en el consumo promedio son el dulce de leche y el yogur (con subas del 1%), aunque se trata de rubros de menor peso relativo en la demanda de los hogares.
Por su parte, 2016 es el peor año desde que se tiene registro en materia de consumo de carne vacuna, con sólo 55,2 kilos per cápita. En septiembre esa cifra fue aún menor (53,8 kilos per cápita), lo que implica consumo más bajo desde 2002. Esto significa una caída cercana al 8% respecto a los niveles consumidos en 2014 y 2015 (59,7 kilos por habitante). En el mismo sentido, también cayó significativamente el consumo de harina, que se redujo de 61,8 a 58,1 kilos per cápita entre 2015 y 2016 (-6,1%).
No se trata de un súbito cambio de preferencias de los consumidores que deciden dejar de demandar alimentos esenciales, sino del efecto de la suba de los precios y el achicamiento del bolsillo de la mayoría de los argentinos.
Recordemos que por el “apagón estadístico” que decretó el gobierno de Cambiemos al asumir, no es posible contar con indicadores oficiales del INDEC sobre la evolución de los precios desde que asumió Macri como presidente. No obstante, es posible reconstruir lo ocurrido tomando el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Según este índice, todos los productos lácteos sufrieron fuertes aumentos de precios como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional: entre octubre de 2015 y agosto de este año, la leche en polvo 27%, los quesos entre 35% y 45%, la manteca el 53% y el yogur 28%. Pero si tomamos el producto más consumido por los argentinos, la leche entera subió en promedio 46%.
Es más, teniendo en cuenta la eliminación de las dos principales leches en sachet de los listados del Programa Precios Cuidados por presión de las empresas, en el caso de La Serenísima y Sancor el precio se disparó de $10,50 a $18 o $19 desde diciembre.
La carne, en tanto, también experimentó importantes incrementos de precio en sus distintas presentaciones desde noviembre pasado: asado (38%), carne picada (43%), cuadrada (47%), cuadril (45%) y hamburguesas (45%). Finalmente, la harina subió 37% desde que el macrismo ganó las elecciones y anunció su paquete de medidas.
La contrapartida necesaria de esta escalada de precios es que lo que pagan de más los consumidores va directo a las arcas de los sectores concentrados del campo, los exportadores y la gran industria productora de alimentos, los verdaderos beneficiarios del programa económico de Cambiemos.
Estos tres casos ponen de manifiesto las consecuencias en términos de bienestar de las políticas económicas del actual gobierno. Pero en vez de reconocer el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos que provocan sus medidas, los funcionarios de Cambiemos celebran la desaceleración de la suba precios en el país y se vanaglorian del presunto éxito de su política anti-inflacionaria. Esto es el ajuste en la práctica: una fiesta de los sectores concentrados y una mesa de los argentinos cada vez más vacía.
