Desde este blog hablamos más de una vez del Estado colonizado por los intereses concentrados de la economía que ejercen un poder político sobre la organización de la sociedad, y por tanto con varias instituciones del Estado que por acción u omisión defienden sus intereses. Esta colonización sucedió especialmente desde 1975 a 2003 (de hecho cuanto más antigüedad tiene el personal más colonizado por estos intereses suele estar, ver el caso de la justicia y de Cancillería).
Cortita y al pie porque hace calor y estamos de vacaciones, y nadie tiene tiempo para cosas serias (?).
Esa colonización, con ejemplares excepciones, se mantiene hasta el presente, aunque la voluntad política de algunos de sus miembros hace que por momentos no se note, es posible que si desapareciera esa voluntad política de las filas del Estado (escenario extremo por suerte improbable), tendríamos las mismas políticas que durante los 90s, en 2 meses.
Hablando de excepciones, estaba viendo esta noticia en Cronista:
En esta oportunidad, el Gobierno intenta darle cierta racionalidad a la restricción: no podrán girar divisas al extranjero aquellas firmas que estén en la mira de la AFIP por sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones, por ejemplo, o que sean investigadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por sospechas de lavado de activos, o que no hayan presentado al Ministerio de Economía sus planes de inversión y toda la información relacionada con costos y márgenes de rentabilidad que solicita la Secretaría de Comercio Interior. «Tenían la intención de comunicar que iba a haber una liberalización, pero, en la práctica, sacar dividendos va a ser más difícil», dijo una fuente del sector manufacturero.
El Banco Central (BCRA) ya autorizaba la venta de divisas para distribuir utilidades en el exterior de a cuentagotas y de manera discrecional, de acuerdo a las negociaciones de cada empresa con el Ministerio de Economía y a la disponibilidad de dólares. Con excepción de los bancos, cuyo esquema de distribución de dividendos está reglado por el Central, el resto de las empresas tiene formalmente libre disponibilidad para girar divisas al exterior… si las consigue. Desde los tiempos del secretario de Comercio Guillermo Moreno, se tornó casi obligatorio para las multinacionales el anuncio de una inversión para poder sacar dividendos.
Ahora, el ministro de Economía avanzó en darle cierta institucionalidad a esa restricción. El cruce de datos es similar al que prometieron el 14 de noviembre último, al crear la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de Operaciones del Comercio Exterior, dependiente de la Jefatura de Gabinete, luego de que AFIP denunciara a la multinacional Procter & Gamble por sobrefacturar importaciones para, así hacerse de más divisas de las necesarias para pagar sus compras. Se coteja información de AFIP y Aduana, el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la UIF y el Palacio de Hacienda.
Varias cosas, que te las punteo con viñetas para no pensar tanto en una redacción integrada.
El Estado nacional y popular es el que se construye a través de la integración de todas sus áreas. El escritorio separado, la oficina aislada, con un técnico detrás sólo sirve para atender un modelo (en general algo impuesto de manera fría) y que el mercado se regule según sus propias fuerzas, obviamente esto lleva a prevalecer al más fuerte.
El «técnico» es el que está indicado a aplicar un modelo específico, no tiene margen político para discutir con intereses que obviamente nunca atienden al conjunto sino su beneficio particular. Hablar así de técnicos es un eufemismo para no decir que hay una clara política de beneficio a sectores económicos con mucho poder político. Eso cambió desde 2003, gracias a la clara voluntad política de Néstor y Cristina Kirchner de modificar los objetivos del Estado, pero el aparato del Estado no cambió tanto. El ejemplo que acompaña este post, es una excepción fundamental para entender el camino del cambio que requiere el Estado argentino.
Cuando hay objetivos claros y varias áreas integradas se mejora la búsqueda de objetivos, se hace más difícil o imposible la corrupción y el lobby no puede ser prebendario sino que debe estar justificado en proyectos de inversión, que beneficien a un conjunto. Porque para convencer a mucha gente se precisa argumentos, porque poco sentido tiene convencer a una parte en cuestiones que requieren unanimidad.
