El empresario Marcos Levín será procesado

El juez federal de Salta, Julio Bavio, dictó ayer el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Marcos Levín por el delito de instigador de imposición de tormentos a un exgremialista y exempleado de la transportista La Veloz del Norte, de la que el imputado era el principal accionista. Junto a Levín también fueron procesados los comisarios retirados de la Policía de la provincia, Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Almirón. Las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada por Víctor Manuel Cobos, quien declaró que el 22 de enero de 1977 fue detenido por los nombrados cuando se encontraba cumpliendo sus tareas en la mencionada empresa. Según Cobos, lo condujeron hasta la Seccional 4 de Policía donde fue instigado por Bocos para que asumiera de que junto a otros compañeros robaban boletos y talonarios de la firma. Dijo que ante su negativa le vendaron los ojos, le sujetaron el cuello con una piola, lo desvistieron y esposaron. Que nuevamente sus agresores pretendieron que asumiera aquel ilícito y como se negó fue golpeado en el estómago, le torcieron los brazos, lo que le produjo la rotura de ligamentos en sus hombros. Acto seguido fue sometido a una sesión de picana eléctrica en los genitales. Cobos relató que los tormentos continuaron al día siguiente, bajo amenaza de que tendría el mismo final que su hermano Martín Miguel que el año anterior había sido asesinado por un grupo de tareas de la Policía. En la resolución de Bavio se expresa que quedó probado que el comisario Bocos y los otros comisarios trabajaban para la empresa de Levín. Señala que el mencionado vínculo se acreditó no solo por los dichos de los testigos que recordaron haberlo visto cumplir tareas en la empresa, sino por el propio reconocimiento del comisario. También el juez señala que la presencia de Levín en la seccionar 4, a cargo de Almirón, era frecuente, como lo afirmaron varios testigos. Cobos afirmó que mientras estuvo preso, Levín concurría a esa dependencia para verificar si había firmado la declaración reconociendo la comisión de hechos ilícitos. La causa fue elevada a juicio por delito de lesa humanidad

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