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Bariloche: acusan al intendente de alentar los saqueos
Cuando ordenó el desplazamiento del intendente de Bariloche , Omar Goye, por su responsabilidad política en los saqueos del 20 de diciembre pasado, Cristina Kirchner no advirtió que estaba impulsando un nuevo movimiento autodestructivo. Los encargados de depositar la cabeza de Goye sobre el escritorio presidencial, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el senador Miguel Pichetto, todavía no lograron su objetivo. Pero en el empeño han desatado una crisis que se escenifica en la provincia, pero salpica al gobierno nacional en el lugar menos conveniente: la figura de Alicia Kirchner, probable candidata a encabezar la lista de diputados nacionales del oficialismo en la decisiva contienda de la provincia de Buenos Aires.
El juez Ricardo Calcagno dispuso la detención de cinco integrantes de la Cooperativa 1º de Mayo, entre ellos sus dos líderes, Miguel Mansilla, «el Mohicano», y José Paredes. Weretilneck denunció que, después de los saqueos, Goye pagó a esa organización 100.000 pesos por trabajos que, se presume, beneficiaron al municipio. La cooperativa a la que apuntaron el magistrado y el gobernador no es, como prometía la versión de los desmanes que ofreció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, un títere de los conspiradores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Se trata de una de las tantas instituciones que integran el plan Argentina Trabaja, que administra la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Los miembros de la 1º de Mayo se habían acostumbrado a provocar disturbios sin sanción alguna. Por ejemplo: el 12 de octubre pasado, enfervorizados por su pasión indigenista, intentaron derribar el monumento a Julio Roca en el Centro Cívico de la ciudad. Goye les adelantó que no los denunciaría. Al contrario, al día siguiente negoció con los cabecillas la extensión de nuevos recursos en el marco del plan que conduce la cuñada de la Presidenta. Junto a Goye estuvo aquella vez Ernesto Paillalef, el ministro de Acción Social de Río Negro.
Paillalef es el representante político de Alicia Kirchner en la provincia. Llegó al gabinete de Weretilneck después de haber colaborado con ella en la Nación. Apenas terminaron los saqueos, mantuvo una reunión muy amigable con los dirigentes de la cooperativa que, según el juez, los habían organizado. El gobernador se vio obligado a censurarlo: «Mi gobierno no se reúne con delincuentes», dijo. Paillalef visitó a Alicia Kirchner el viernes pasado, horas antes de que la justicia provincial arrestara a sus amigos.
La exhibición de este entramado abre varios interrogantes. Los fondos que, según el gobernador, repartió Goye después de los saqueos, ¿procedían del plan Argentina Trabaja? ¿Corresponden a prestaciones reales o ficticias? ¿Cómo se controlan? Estas incógnitas se vuelven más preocupantes si se da fe a lo que afirmó el gobernador de Río Negro: la organización que habría realizado los saqueos, y que es financiada por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, «tiene ramificaciones en Rosario y el conurbano bonaerense». Cuesta creerlo, pero el hiperkirchnerista Weretilneck termina coincidiendo con el opositor Barrionuevo, cuando el sábado pasado dijo: «Tenemos información de la Justicia que dice que los involucrados en los saqueos pertenecen a grupos ligados al Gobierno».
Las recriminaciones del gobernador al intendente Goye pueden ser también contraproducentes. Hace una semana el portal rionegrino NoticiasNet publicó que Weretilneck repartió más de 400.000 pesos entre afiliados a la Uocra para evitar la toma de supermercados. El responsable directo de esa piñata preventiva fue el ministro de Obras Públicas y antiguo jefe montonero Fernando Vaca Narvaja.
Mientras con una singular clarividencia anticipa que el juez Calcagno realizará nuevos allanamientos, Weretilneck sigue sin poder defenestrar a Goye. El sábado visitó Bariloche con Pichetto para saludar a un grupo de senadores estadounidenses que visitaron la ciudad junto con la embajadora Vilma Martínez -antes esos legisladores fueron agasajados por Amado Boudou y Cecilia Nahón, sucesora de Jorge Argüello en Washington-. Pero ese objetivo protocolar permitió al gobernador y al senador mantener una nueva reunión con Goye para obligarlo a renunciar. Tampoco esta vez tuvieron éxito.
Weretilneck impulsó a los concejales de Bariloche que pertenecen a su partido, el Frente Grande, para que promuevan el juicio político del intendente. Todavía no convenció a todos. Si lo logra, pondrá en marcha un proceso complejo, que requiere que las acusaciones sean avaladas por el 20% del padrón electoral para, recién entonces, someter el veredicto a un referéndum.
Pichetto, para cumplir con su parte, convocó a una reunión del PJ provincial, que él conduce, para discutir también la caída de Goye. No bien lo hizo, comenzaron a escucharse algunos pedidos para que él mismo deje esa jefatura. Debería cuidarse Pichetto: el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se ha propuesto debilitarlo impulsando a Martín Soria, intendente de General Roca e hijo del difunto gobernador de la provincia.
A Cristina Kirchner se le ha escapado de las manos la puja que ella misma desató. Río Negro está asistiendo a un divorcio entre el Frente Grande de Weretilneck, que obedece a la jefatura nacional de Abal Medina y Nilda Garré, y el peronismo clásico de Goye, que estaba sometido hasta antes de los saqueos a Pichetto.
Esta intriga sería una anécdota si no fuera porque su formato reproduce, como una reducción a escala, el drama secreto del oficialismo nacional..
Bariloche: acusan al intendente de alentar los saqueos
Cuando ordenó el desplazamiento del intendente de Bariloche , Omar Goye, por su responsabilidad política en los saqueos del 20 de diciembre pasado, Cristina Kirchner no advirtió que estaba impulsando un nuevo movimiento autodestructivo. Los encargados de depositar la cabeza de Goye sobre el escritorio presidencial, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el senador Miguel Pichetto, todavía no lograron su objetivo. Pero en el empeño han desatado una crisis que se escenifica en la provincia, pero salpica al gobierno nacional en el lugar menos conveniente: la figura de Alicia Kirchner, probable candidata a encabezar la lista de diputados nacionales del oficialismo en la decisiva contienda de la provincia de Buenos Aires.
El juez Ricardo Calcagno dispuso la detención de cinco integrantes de la Cooperativa 1º de Mayo, entre ellos sus dos líderes, Miguel Mansilla, «el Mohicano», y José Paredes. Weretilneck denunció que, después de los saqueos, Goye pagó a esa organización 100.000 pesos por trabajos que, se presume, beneficiaron al municipio. La cooperativa a la que apuntaron el magistrado y el gobernador no es, como prometía la versión de los desmanes que ofreció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, un títere de los conspiradores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Se trata de una de las tantas instituciones que integran el plan Argentina Trabaja, que administra la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Los miembros de la 1º de Mayo se habían acostumbrado a provocar disturbios sin sanción alguna. Por ejemplo: el 12 de octubre pasado, enfervorizados por su pasión indigenista, intentaron derribar el monumento a Julio Roca en el Centro Cívico de la ciudad. Goye les adelantó que no los denunciaría. Al contrario, al día siguiente negoció con los cabecillas la extensión de nuevos recursos en el marco del plan que conduce la cuñada de la Presidenta. Junto a Goye estuvo aquella vez Ernesto Paillalef, el ministro de Acción Social de Río Negro.
Paillalef es el representante político de Alicia Kirchner en la provincia. Llegó al gabinete de Weretilneck después de haber colaborado con ella en la Nación. Apenas terminaron los saqueos, mantuvo una reunión muy amigable con los dirigentes de la cooperativa que, según el juez, los habían organizado. El gobernador se vio obligado a censurarlo: «Mi gobierno no se reúne con delincuentes», dijo. Paillalef visitó a Alicia Kirchner el viernes pasado, horas antes de que la justicia provincial arrestara a sus amigos.
La exhibición de este entramado abre varios interrogantes. Los fondos que, según el gobernador, repartió Goye después de los saqueos, ¿procedían del plan Argentina Trabaja? ¿Corresponden a prestaciones reales o ficticias? ¿Cómo se controlan? Estas incógnitas se vuelven más preocupantes si se da fe a lo que afirmó el gobernador de Río Negro: la organización que habría realizado los saqueos, y que es financiada por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, «tiene ramificaciones en Rosario y el conurbano bonaerense». Cuesta creerlo, pero el hiperkirchnerista Weretilneck termina coincidiendo con el opositor Barrionuevo, cuando el sábado pasado dijo: «Tenemos información de la Justicia que dice que los involucrados en los saqueos pertenecen a grupos ligados al Gobierno».
Las recriminaciones del gobernador al intendente Goye pueden ser también contraproducentes. Hace una semana el portal rionegrino NoticiasNet publicó que Weretilneck repartió más de 400.000 pesos entre afiliados a la Uocra para evitar la toma de supermercados. El responsable directo de esa piñata preventiva fue el ministro de Obras Públicas y antiguo jefe montonero Fernando Vaca Narvaja.
Mientras con una singular clarividencia anticipa que el juez Calcagno realizará nuevos allanamientos, Weretilneck sigue sin poder defenestrar a Goye. El sábado visitó Bariloche con Pichetto para saludar a un grupo de senadores estadounidenses que visitaron la ciudad junto con la embajadora Vilma Martínez -antes esos legisladores fueron agasajados por Amado Boudou y Cecilia Nahón, sucesora de Jorge Argüello en Washington-. Pero ese objetivo protocolar permitió al gobernador y al senador mantener una nueva reunión con Goye para obligarlo a renunciar. Tampoco esta vez tuvieron éxito.
Weretilneck impulsó a los concejales de Bariloche que pertenecen a su partido, el Frente Grande, para que promuevan el juicio político del intendente. Todavía no convenció a todos. Si lo logra, pondrá en marcha un proceso complejo, que requiere que las acusaciones sean avaladas por el 20% del padrón electoral para, recién entonces, someter el veredicto a un referéndum.
Pichetto, para cumplir con su parte, convocó a una reunión del PJ provincial, que él conduce, para discutir también la caída de Goye. No bien lo hizo, comenzaron a escucharse algunos pedidos para que él mismo deje esa jefatura. Debería cuidarse Pichetto: el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se ha propuesto debilitarlo impulsando a Martín Soria, intendente de General Roca e hijo del difunto gobernador de la provincia.
A Cristina Kirchner se le ha escapado de las manos la puja que ella misma desató. Río Negro está asistiendo a un divorcio entre el Frente Grande de Weretilneck, que obedece a la jefatura nacional de Abal Medina y Nilda Garré, y el peronismo clásico de Goye, que estaba sometido hasta antes de los saqueos a Pichetto.
Esta intriga sería una anécdota si no fuera porque su formato reproduce, como una reducción a escala, el drama secreto del oficialismo nacional..
