EL PLAN ECONÓMICO AL QUE CRISTINA NO SE ANIMÓ

Cristina de Kirchner tenía un plan económico para su segundo mandato. Lucía sólido y lo había ideado el equipo del Palacio de Hacienda que la había acompañado en la última parte de su primera gestión. Se basaba en volver a los mercados financieros internacionales con tasas de interés de un dígito, solucionar los problemas con los centros económicos mundiales, reducir drásticamente el volumen de subsidios, aumentar la producción energética, solucionar la crisis del INDEC con la colaboración del FMI, acelerar una devaluación ordenada y retornar en 2012 a los superávits gemelos. Incluso avanzaba en la marca a fondo de Guillermo Moreno, al que se le daría un ultimátum: o bajaba la inflación en serio o debería dejar su cargo.
El programa había sido pensado por los entonces ministro de Economía, Amado Boudou; secretario de Finanzas, Adrián Lorenzino; su número dos, Adrián Cosentino; y el viceministro, Roberto Feletti. Contaba con el aval de la jefa de Estado, que incluso aceptó que Boudou nombrara a su sucesor, Lorenzino, para que el plan se concretara.
Pero algo falló. O muchas cosas a la vez. Y todo derivó en un nuevo plan, plagado de improvisaciones, con el cepo como abanderado inesperado.
¿Cómo era ese plan que habían pensado Boudou, Lorenzino, Cosentino y Feletti? La teoría era volver rápidamente a la base económica que había sido el leitmotiv de la credibilidad del kirchnerismo primario: solvencia fiscal como as de espadas ante cualquier embestida ortodoxa. Esa visión histórica era demostrar que ningún planteo ortodoxo del pasado había logrado lo que pudieron exhibir Néstor Kirchner y los primeros años de Cristina de Kirchner: superávit fiscal de no menos del 3% del PBI y un resultado positivo de exportaciones sobre importaciones de no menos de 12.000 millones de dólares, pero con ambas variables en aumento. Para esto, entre los cuatro funcionarios que manejaban el Palacio de Hacienda en los últimos dos años de la primera gestión de Cristina de Kirchner pensaron las bases teóricas sobre las que debería avanzarse.
Financiamiento Externo: Boudou, Lorenzino y Cosentino ya habían tendido puentes con varios bancos internacionales para sondear la posibilidad de emitir deuda externa voluntaria, en un regreso triunfal de la Argentina a los mercados. De hecho, dos entidades le habían garantizado un interés de un dígito; algo más alto que para Brasil o Uruguay, pero aceptable. El entonces ministro de Economía tenía buena relación con los bancos que habían participado en el canje de deuda de 2010 (Barclays, Citibank y Deutsche Bank), y pensaba que entre los tres podrían organizar la colocación. Para esta operación, que podría haberse realizado a comienzos de 2011, se prefirió esperar a después de las elecciones presidenciales de ese año y, luego, al pago de los primeros vencimientos del año pasado. Incluso hubo un número que había en mente para toda la colocación voluntaria: u$s 15.000 millones. Ese dinero debería alcanzar para garantizar todos los compromisos financieros de 2012 y la demanda energética de ese año, lo que a su vez permitiría que las reservas nunca bajaran de los u$s 50.000 millones.
Organismos financieros internacionales: Boudou estaba convencido de que un acuerdo con el Club de París estaba cercano ya a fines de 2010. Éste incluía el reconocimiento de una deuda más intereses de casi 9.000 millones de dólares, con un pago al contado de mil millones y el resto en cuotas durante cinco años. Era un acuerdo además atado a la vuelta a los mercados internacionales. El acuerdo se suspendió porque los países más duros del organismo (curiosamente comandados por Holanda, entre otros) aseguraban que la única manera de cerrar el pacto era que la Argentina aceptara las inspecciones del FMI. Boudou y Lorenzino suspendieron en su momento el diálogo porque consideraron políticamente imposible que se avalaran las misiones del Fondo en medio de la campaña electoral, dadas las embestidas kirchneristas al organismo que ya manejaba Christine Lagarde. Pero una vez conseguida la victoria de octubre de 2011 se podría volver a negociar este punto. Se consideraba fundamental cerrar el conflicto con el Club de París porque se tenía como dato en esos días que empresas europeas con nombre y apellido tenían inversiones a punto de anunciarse, pero por una cuestión de financiamiento del Banco Central Europeo (BCE) se necesitaba la normalización de esa deuda en default.
La otra discusión que se entablaría sería la normalización de los problemas que la Argentina tenía con el CIADI. En ese organismo del Banco Mundial el país mantenía a octubre de 2011 juicios perdidos por unos 10.000 millones de dólares, los que se buscarían resolver con un plan de pagos a largo plazo. Aún no estaba el planteo de Repsol por la renacionalización de YPF que llevó ese dinero a una ya inmanejable cifra de 20.000 millones de dólares. Pero antes de esto, con la solución de los problemas con el CIADI, la Argentina se garantizaría el retorno de los votos positivos de EE.UU. en el Banco Mundial, y la liberación de no menos de 5.000 millones de dólares para obra pública, dinero con el que, obviamente, no se pudo contar.
Reducción de subsidios: A números de fines de 2011, el nivel de subsidios a los servicios públicos (electricidad, gas, combustibles para el transporte público y agua), llegaba a los 40.000 millones de pesos. Para volver a un superávit fiscal se necesitaba una reducción drástica de este monto. Además, se buscaría renegociar las inversiones de Edenor, Edesur y Edelap y Metrogas, y que en cuatro años se terminaran los cortes de energía y gas. Lo que se pensó era esperar a ganar las elecciones y luego aplicar un plan serio de readecuación de las tarifas, comenzando por la Capital Federal. Incluía también el plan de traspaso del servicio del subte y del transporte colectivo al Gobierno porteño de Mauricio Macri y a la gestión bonaerense de Daniel Scioli. Además, desde 2012, las negociaciones paritarias no deberían contabilizar más la ayuda pública para completar los sueldos de los trabajadores de las empresas de servicios públicos, y el arreglo sobre la fuente del dinero debería llegar directamente de lo que negociaran empresarios y trabajadores. En paralelo, también se tendría que arreglar con Repsol un incremento serio de la producción petrolera, dado que ya YPF estaba en una situación crítica.
Normalización del INDEC: Boudou en persona había negociado con el FMI la llegada de una misión del organismo para que trabajara en la preparación de un nuevo índice de inflación nacional que se aplicaría durante 2013, que tendría sus primeros resultados en 2014 y que para 2015 ya estuviera profesionalizado. Incluso hubo técnicos del organismo trabajando casi en secreto en el país y se esperaba que para el último trimestre de 2012, durante la cumbre del Fondo de Japón, el acuerdo podría ser anunciado abiertamente. Sería, además, el cierre de casi una década de alejamiento diplomático del país con el FMI, aunque ya no se aplicarían más sus recetas.
Superávit comercial: Sólo manteniendo los acuerdos comerciales vigentes, con una ayuda de la economía interna brasileña, con la solución de los problemas de relaciones con Europa y la apertura de tratados con mercados no tradicionales (por ejemplo el norte de África, Oriente o Europa del Este y Rusia) se volvería a récords de exportaciones. Mientras tanto, se irían controlado los volúmenes de importaciones (sosteniendo las máximas morenistas), pero con una etapa de más profesionalismo a la hora de decidir qué productos podrían ingresar y cuáles no. El superávit no bajaría de los 12.000 millones de dólares, pero con importaciones y exportaciones en alza.
Adecuación del tipo de cambio: Suponían los integrantes de aquel equipo económico que cuando la colocación de deuda voluntaria estuviera garantizada, con los superávits gemelos operativos, con la relación con el mundo financiero garantizada, los subsidios en baja y la situación energética bajo control se podría ir pensando en una readecuación del tipo de cambio. Para esto se iría muñequeando la forma en que se comportara el mercado financiero local, cuidando que las expectativas estuvieran controladas. Nunca se fijó un precio que debería tener el dólar, pero se buscaría un nuevo valor competitivo durante 2012.
Según los impulsores políticos y económicos de este plan general, era la fórmula ideal para poner en práctica la sintonía fina definida por la jefa de Estado reelecta. Garantizaría además cuatro años más de crecimiento, y terminaría de convertir el manejo económico del país en un modelo serio y a largo plazo. La industrialización y el crecimiento del modelo de redistribución estarían asegurados.
No pudo ser.
A dos días de la reelección de octubre de 2011 tuvo lugar una corrida cambiaria y una presión sobre el dólar con una fuerza que no se veía desde hacía dos años. No había sido la primera. De hecho, durante septiembre había habido varias amenazas, pero ninguna con la fuerza de la de aquel martes. Varios representantes del ala política del Gobierno creyeron ver en esa embestida un intento claro y concreto de golpe financiero para forzar una devaluación. Las declaraciones desde Punta del Este, en una revista de actualidad, de un banquero examigo del oficialismo, sobre las necesidades de cambios fueron la prueba para confirmar las sospechas de Olivos sobre lo que en el mercado financiero se estaba tramando. Alguien propuso la solución para el problema y la lección que debería darse a los operadores: restringir el acceso a los dólares y prohibir el atesoramiento en moneda extranjera. Para acceder a las divisas se aplicaría un sistema informático que instrumentaría la AFIP y que analizaría la capacidad económica de cada argentino para otorgar los dólares, euros o la moneda que necesite, y ni un centavo más. Para el resto, se utilizará la tarjeta de crédito. Se la convenció a Cristina de Kirchner de que, bajo el amparo del 54% de los votos, el público aceptará la medida como una forma de profundizar el modelo y llevarlo hacia una nueva dimensión: que el peso sea una moneda fuerte y aceptada íntegramente para cualquier operación dentro del país, e incluso en el exterior.
En algún momento, con Brasil las operaciones se harían en pesos o reales, saltando el dólar. Nacía el cepo, que recién se reconocería como una medida real a mediados de 2012.
El frente externo no ayudó tampoco a aplicar aquel ya lejano plan de Boudou, Lorenzino, Feletti y Cosentino. Estados Unidos y la Unión Europea no fueron flexibles con la exigencia local para que cualquier acuerdo con el Club de París y la Argentina se firmara sin la necesidad de pasar por el FMI y sus molestas inspecciones. Gran Bretaña, Japón, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Bélgica y España se sumaron a la posición del Gobierno de Barack Obama contra el país, y pasaron a exigir el regreso de las misiones del Fondo a Buenos Aires. Pero además, en algún momento de fines de 2011, estos Estados perdieron la paciencia en el CIADI y comenzaron a exigirle al Gobierno argentino que reconociera la existencia de los juicios de empresas de esos países con sentencia firme y, obviamente, pague el pasivo de unos 10.000 millones de dólares. Mientras tanto, y cada vez con más vehemencia, la posibilidad de tomar créditos del Banco Mundial quedaría vedada. La situación perdura hasta hoy, con el agravamiento del juicio por otros u$s 10.000 millones iniciado por la española Repsol luego de la estatización de la petrolera.
Tampoco avanzaron las negociaciones con el FMI por la aplicación de un nuevo índice de inflación. Para abril de 2012, durante la asamblea de primavera del organismo de Washington, la Argentina oficialmente decidió que no se avanzara en la aplicación del nuevo IPC nacional con la fiscalización y los consejos del Fondo, con lo que finalmente el plan quedó en la nada. Un año después, el directorio del organismo aprobaba una moción de censura contra la Argentina, que en septiembre tendrá aplicación concreta.
La Justicia de Estados Unidos hizo lo suyo. En marzo de 2012, el juez de primera instancia Thomas Griesa decidió acelerar el juicio contra la Argentina iniciado por los fondos buitre. Terminó en noviembre del año pasado con el fallo con el que Griesa determinó que la razón era de los buitres y el país debía pagar el 100% al contado la deuda con estos acreedores. Si la Cámara de Nueva York no hubiera enviado un salvavidas al país, la Argentina habría entrado inmediatamente en default técnico en lugar de esperar el fallo de segunda instancia y, eventualmente, la apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Quizás el único terreno donde algo se avanzó de aquel plan fallido de octubre de 2011 fue en la decisión de reducir los subsidios. En un primer paso, hubo un plan de quite voluntario del aporte estatal al que los usuarios debían sumarse vía telefónica y que les eliminaba la ayuda pública para las tarifas de electricidad en Buenos Aires y el conurbano. Antes ese subsidio se quitó para los barrios más acomodados y las viviendas nuevas de cierto nivel. Sin embargo, de casi un millón de usuarios que deberían haber quedado sin ese subsidio, no más de 100.000 se plegaron al plan y otros tantos fueron quitados de facto. La situación más compleja se dio, sin embargo, con el traspaso de los subtes al Gobierno porteño. Aquí salió a la luz el ADN del Gobierno nacional: una negociación que podría hacer sido civilizada se transformó en una disputa política casi personal entre Cristina de Kirchner y Mauricio Macri, que finalmente terminó en los tribunales. Estas dos malas experiencias hicieron que la política de reducción de subsidios se suspendiera, y que el nivel de gasto público en este ítem siga siendo un problema.
De aquel plan de octubre de 2011 poco queda. El Waterloo terminó siendo la mala fortuna política que cayó sobre su mentor principal, el vicepresidente Amado Boudou, que finalmente dejó de ser el hombre fuerte de la economía argentina.
@cburgueno