SOCIEDAD › LA JUSTICIA CLAUSURO LOS “RETENES” DEL PENAL DE VILLA DEVOTO
Tras la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional, que halló “celdas de castigo” donde se aplicaba a los internos un “régimen inhumano” de castigo, la Justicia ordenó la clausura preventiva de esos espacios en el centro penitenciario.
En respuesta a un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizado el martes pasado, el juez subrogante Gustavo Pierretti ordenó la clausura preventiva de los “retenes” de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, tomando en cuenta que se trata de lugares que carecen de agua, baños, luz artificial y duchas, y que son utilizados como “celdas de castigo”. La decisión de Pierretti, a cargo del juzgado 33, fue en respuesta a una denuncia penal presentada contra las autoridades de la unidad penitenciaria por el fiscal general a cargo de la Procuvin, Miguel Palazzani, con el acompañamiento de los fiscales ad-hoc José Nebbia y Fernando Vallone, de la coordinadora del Área de Encierro, Bárbara Franco, y el titular de la fiscalía nacional 7, Justo Joaquín Rovira.
Los representantes del Ministerio Público justificaron la medida cautelar en el hecho de que los llamados “retenes” constituyen la aplicación a los detenidos de un “régimen inhumano” que estaban padeciendo desde hacía varios días un total de 13 personas y de cuya situación tomó conocimiento la Procuvin el viernes 6 de mayo, durante una inspección sorpresiva que realizó en el penal de Villa Devoto. Tras el recorrido, el fiscal Palazzani calificó de “gravísima violación a los derechos humanos” el panorama descubierto.
Los detenidos permanecían en lugares que, en el peor de los casos, podrían ser utilizados en forma transitoria, por pocas horas, dado que no cuentan con instalaciones que tengan las más mínimas condiciones de alojamiento. En esos sitios, los 13 detenidos “eran sometidos a un régimen de aislamiento grupal durante todo el día”.
En la resolución judicial se señaló que las condiciones de detención impuestas a las víctimas violaban “varias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año pasado.
En el escrito firmado por Palazzani se denunció a las autoridades del penal de Devoto “por alojar a 13 personas en lugares de detención que provocan una gravísima violación a los derechos humanos”. La Procuvin pidió en su presentación “que se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6” de Devoto, por ser esa “la medida cautelar más idónea” ante tales circunstancias.
La situación de los 13 internos fue constatada durante una inspección que, sin previo aviso, realizaron el viernes 6 de mayo Vallone, Franco, los secretarios ad-hoc Cristina Mengarelli y Lucas Logioco, el licenciado Juan Introzzi y Luciana Virgolini. En esa ocasión, pudieron advertir que en los denominados “retenes” de los módulos mencionados se encontraban alojadas las 13 personas. Además de padecer falta de agua, de baños, de duchas y de luz artificial, esos lugares estaban “sucios, con ventanas que carecen de cerramientos” y allí los detenidos eran mantenidos “con alimentación brindada en forma inadecuada y con la atención sanitaria deficiente”. En ese marco general “los colchones y la ropa de cama tampoco eran las apropiados, e incluso se detectó que en muchos casos ni siquiera existía la ropa de cama y los colchones”.
La Procuvin viene denunciando desde hace tiempo la existencia de esos sitios y en esta ocasión recordó que el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, luego de un monitoreo efectuado el 23 de febrero de 2016, había recomendado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la clausura definitiva de esos sectores que son utilizados “como lugares de castigo”.
Estos hechos son de larga data. Hace exactamente un año, en mayo de 2015, la Defensoría General de la Nación había hecho público que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se habían comprometido a terminar con la existencia de “retenes” en el penal de Villa Devoto. En esa ocasión, el compromiso asumido fue el de “trasladar a un lugar adecuado” a los internos que vivían en esos lugares y que habían sido encontrados allí durante una anterior “visita sorpresa” de miembros del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.
En esa ocasión se había señalado que, debido a las malas condiciones de alojamiento, los detenidos debían “hacer sus necesidades fisiológicas en baldes, botellas o bolsas”, que permanecían “junto con ellos durante todo el día”, hasta que eran retiradas por los guardias. En ese momento, por lo demás, también se pudo comprobar cómo los internos castigados “debían convivir con estos baldes y bolsas, lo que conllevó que se sienta un fuerte olor nauseabundo en la mayoría de los ‘retenes’”.
En esa ocasión, el penoso cuadro fue presenciado por varios jefes de la unidad penitenciaria, quienes se comprometieron a poner fin a algo que, un año más tarde, se constató que sigue vigente, sin miras de solución.
Tras la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional, que halló “celdas de castigo” donde se aplicaba a los internos un “régimen inhumano” de castigo, la Justicia ordenó la clausura preventiva de esos espacios en el centro penitenciario.
En respuesta a un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizado el martes pasado, el juez subrogante Gustavo Pierretti ordenó la clausura preventiva de los “retenes” de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, tomando en cuenta que se trata de lugares que carecen de agua, baños, luz artificial y duchas, y que son utilizados como “celdas de castigo”. La decisión de Pierretti, a cargo del juzgado 33, fue en respuesta a una denuncia penal presentada contra las autoridades de la unidad penitenciaria por el fiscal general a cargo de la Procuvin, Miguel Palazzani, con el acompañamiento de los fiscales ad-hoc José Nebbia y Fernando Vallone, de la coordinadora del Área de Encierro, Bárbara Franco, y el titular de la fiscalía nacional 7, Justo Joaquín Rovira.
Los representantes del Ministerio Público justificaron la medida cautelar en el hecho de que los llamados “retenes” constituyen la aplicación a los detenidos de un “régimen inhumano” que estaban padeciendo desde hacía varios días un total de 13 personas y de cuya situación tomó conocimiento la Procuvin el viernes 6 de mayo, durante una inspección sorpresiva que realizó en el penal de Villa Devoto. Tras el recorrido, el fiscal Palazzani calificó de “gravísima violación a los derechos humanos” el panorama descubierto.
Los detenidos permanecían en lugares que, en el peor de los casos, podrían ser utilizados en forma transitoria, por pocas horas, dado que no cuentan con instalaciones que tengan las más mínimas condiciones de alojamiento. En esos sitios, los 13 detenidos “eran sometidos a un régimen de aislamiento grupal durante todo el día”.
En la resolución judicial se señaló que las condiciones de detención impuestas a las víctimas violaban “varias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año pasado.
En el escrito firmado por Palazzani se denunció a las autoridades del penal de Devoto “por alojar a 13 personas en lugares de detención que provocan una gravísima violación a los derechos humanos”. La Procuvin pidió en su presentación “que se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6” de Devoto, por ser esa “la medida cautelar más idónea” ante tales circunstancias.
La situación de los 13 internos fue constatada durante una inspección que, sin previo aviso, realizaron el viernes 6 de mayo Vallone, Franco, los secretarios ad-hoc Cristina Mengarelli y Lucas Logioco, el licenciado Juan Introzzi y Luciana Virgolini. En esa ocasión, pudieron advertir que en los denominados “retenes” de los módulos mencionados se encontraban alojadas las 13 personas. Además de padecer falta de agua, de baños, de duchas y de luz artificial, esos lugares estaban “sucios, con ventanas que carecen de cerramientos” y allí los detenidos eran mantenidos “con alimentación brindada en forma inadecuada y con la atención sanitaria deficiente”. En ese marco general “los colchones y la ropa de cama tampoco eran las apropiados, e incluso se detectó que en muchos casos ni siquiera existía la ropa de cama y los colchones”.
La Procuvin viene denunciando desde hace tiempo la existencia de esos sitios y en esta ocasión recordó que el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, luego de un monitoreo efectuado el 23 de febrero de 2016, había recomendado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la clausura definitiva de esos sectores que son utilizados “como lugares de castigo”.
Estos hechos son de larga data. Hace exactamente un año, en mayo de 2015, la Defensoría General de la Nación había hecho público que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se habían comprometido a terminar con la existencia de “retenes” en el penal de Villa Devoto. En esa ocasión, el compromiso asumido fue el de “trasladar a un lugar adecuado” a los internos que vivían en esos lugares y que habían sido encontrados allí durante una anterior “visita sorpresa” de miembros del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.
En esa ocasión se había señalado que, debido a las malas condiciones de alojamiento, los detenidos debían “hacer sus necesidades fisiológicas en baldes, botellas o bolsas”, que permanecían “junto con ellos durante todo el día”, hasta que eran retiradas por los guardias. En ese momento, por lo demás, también se pudo comprobar cómo los internos castigados “debían convivir con estos baldes y bolsas, lo que conllevó que se sienta un fuerte olor nauseabundo en la mayoría de los ‘retenes’”.
En esa ocasión, el penoso cuadro fue presenciado por varios jefes de la unidad penitenciaria, quienes se comprometieron a poner fin a algo que, un año más tarde, se constató que sigue vigente, sin miras de solución.
