¿El silencio de los inocentes?

Por Espacio Carta Abierta
A la Corte Suprema de Justicia
Hoy los argentinos vivimos con estupor el descaro con que sectores del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal operan políticamente como un partido de oposición.
Mientras la Argentina toda espera que cumplan su deber esclareciendo miles de causas criminales, entre ellas algunas emblemáticas como los ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada del Estado de Israel, sectores significativos del Poder Judicial pretenden tapar sus incapacidades, intereses corporativos y complicidades con los poderes fácticos sobreactuando actitudes opositoras. Para ello se esconden detrás del homenaje al fiscal Nisman cuya muerte, que requiere urgente esclarecimiento, conmueve al país.
Estos fiscales no son ignotos funcionarios, encarnación de una Justicia aséptica. Han tenido activa participación para turbar las transformaciones que el gobierno democráticamente elegido puso en marcha legítimamente: han frenado leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; han trabado los intentos por democratizar sus órganos; han convalidado la invitación de la oposición a violar la Constitución al no cubrir las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; han abusado de las cautelares, de las prescripciones y en general han promovido la judicialización de la política. Ahora, atentan contra la figura presidencial al tratar de dar cauce de modo imperioso, sin el menor fundamento jurídico, a la denuncia reciente del Fiscal Nisman.
Además, con el pretexto de defender las instituciones, desafían al Poder Ejecutivo con el llamado a la marcha del 18 de febrero, donde funcionarios del Ministerio Público Fiscal y magistrados exigen JUSTICIA, en términos abstractos, universales, como si no fuera esa su propia área de incumbencia como funcionarios.
¿Es ésta la gobernabilidad deseable proclamada tantas veces desde la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?
¿Es concebible que en nuestro sistema republicano, con el debido respeto a la división de poderes, la Corte se mantenga en silencio frente a esta convocatoria desestabilizadora, impulsada por Jueces y fiscales?
¿No será ésta la forma en que la Corte pretende erigir al Poder Judicial como el verdadero custodio de una República conservadora, que ponga freno a los procesos de inclusión social y soberanía que se han venido gestando en esta última década bajo gobiernos democráticamente elegidos? ¿Es casual que esto ocurra en un año de elecciones presidenciales, cuando la oposición dispersa confía cada vez menos en desbancar en las urnas al proyecto nacional y popular? ¿No han sido suficientes los constantes embates de la prensa que multiplican las difamaciones, las presiones de los sojeros, las de los buitres y sus títeres locales…?
Sres. Jueces de la Corte Suprema de Justicia, es su deber, su responsabilidad histórica frenar esta autonomización de uno de los poderes de la República, esta evidente partidización política de los magistrados del Poder Judicial que pone en riesgo la vida institucional de un régimen democrático.
Es urgente que, como Supremos Jueces, hagan escuchar una palabra que sostenga la institucionalidad, que no es otra que la preservación de las garantías constitucionales para las autoridades legítimamente elegidas, desautorizando a este Partido Judicial en gestación, que parece cumplir hoy el rol desestabilizador que en otros tiempos cumplieron las Fuerzas Armadas.
Si hay jueces y fiscales que tienen la vocación de servicio y quieren legítimamente participar en política, que lo hagan ganando representatividad de cara a la sociedad.
Que no pretendan lograrlo a partir de su condición de magistrados o miembros del Ministerio Público Fiscal. De esta última manera harían un daño irreparable a la ya dañada confianza de nuestro pueblo en la Justicia.
A los argentinos nos costó mucho reconstruir las instituciones, recuperar y sostener la democracia y avanzar en un camino de dignidad y justicia para todos y todas. Esperamos, necesitamos que nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA asuma su rol institucional y las responsabilidades que le competen.