En qué consiste el «macriperonismo»

A continuación, sus principales conceptos:
El Gobierno, más allá de todos los temas que ocupan la agenda pública hoy en la Argentina, está preocupado por un tema central (con toda lógica, porque es una de las fluctuaciones de la economía que normalmente más afecta a la política): la historia está plagada de cambios políticos producidos por recesiones, caídas en el nivel de actividad económica, achicamiento de la economía, pérdida de empleo. Todo esto es lo que el Gobierno está anunciando que va a pasar en los próximos meses, ¿cuántos meses? Nadie lo sabe. ¿Con qué profundidad? También es difícil saberlo.
Los factores que alimentan este fenómeno, esta retracción de la economía, muchos son conocidos: una altísima tasa de interés; la devaluación, que detiene la economía hasta que se sepa cuál va a ser el nivel real de tipo de cambio.
Ahora aparece otro fenómeno al que el Gobierno le presta especialmente atención, que son los cuadernos de las coimas y su efecto en la economía, ¿por qué? Los bancos, sobre todos los internacionales y en especial los estadounidenses, son muy reacios, prácticamente se niegan, a prestarle dinero a empresas que tienen un riesgo reputacional, aunque no estén condenados los directivos de esas compañías en causas penales, con que aparezcan en los diarios con algún ruido moral alrededor, el banco se retraer y el que les prestó dinero tiene que dar explicaciones dentro del propio banco
Esto es lo que está pasando y el oficialismo lo mira con mucha preocupación, no solo para la obra pública tradicional, sobre todo para los programas de Participación Pública Privada (PPP), que eran los que venían con financiamiento privado y en los que Macri confiaba para que sirvieran como vector de dinamismo económico ahora que por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) había que cortar los programas de obra pública convencionales y financiados por el Estado
Después, hay otro problema, delicadísimo, y al que es muy difícil encontrarle solución porque plantea un dilema importante: ¿qué se hace con las empresas que admiten haber pagado coimas para conseguir contratos? ¿Esos contratos siguen teniendo valor? El Estado, que debe pagar los certificados de obra, ¿hay algún funcionario que se anime a firmar el cheque?

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