Era casi imposible probar que la decisión política era delito

Desde el punto de vista técnico era previsible que Carlos Menem iba a ser absuelto. Desde el punto de vista político, era un final cantado.
Menem había decidido instrumentar la venta de armas a través de varios decretos secretos. Y esos decretos, en suma, instrumentaban una decisión que, básicamente, es de carácter político.
El delito de contrabando es doloso: significa que para condenar a alguien por ese delito hay que probarle la intención de engañar.
Nada más difícil: era casi imposible pretender probarle a Menem, jefe del Estado en aquellos años, que bajo la decisión política plasmada en varios decretos, existía la intención de engañar al Estado. Sólo se podría haber logrado esa prueba si se hubiese acreditado que Menem sabía que las armas estaban siendo desviadas porque él mismo lo había ordenado o lo consintió.
En otras palabras, lo que había hecho Menem en aquellos años olía a algo muy irregular, pero de ahí a probar que esa irregularidad encubría un delito había un camino casi imposible de recorrer.
También era difícil probarles a los funcionarios inferiores a Menem la intención de engañar: ellos cumplían órdenes estampadas en un decreto y en directivas de toda una cadena de mandos del Gobierno.
Entonces, quedaba poco margen para acreditar que alguien había querido desviar las armas.
Naturalmente, la decisión de absolver a Menem no fue sólo jurídica, sino eminentemente política. Había muchos motivos para adoptarla:
Menem es un aliado del kirchnerismo.
Soltarle la mano a Menem hubiese puesto al Senado en la incómoda posición de tener de desaforar al ex presidente y, además, hubiese sido una mala señal para otros aliados.
El fallo de condena también hubiese también creado un mal precedente: en efecto, si un decreto de exportación de armas pudiese dar lugar a una condena, ¿por qué no habría de condenarse a un presidente por entrar al megacanje, por pagar la deuda al FMI o por estatizar las AFJP? Es decir, se abriría una puerta de final incierto.
La solución absolutoria cerró la puerta a todos esos problemas. Se puede estar de acuerdo con eso o sostener lo contrario. Pero quizá el error estuvo en el inicio, cuando el fiscal Carlos Stornelli imputó el delito de contrabando, casi imposible de probar.
Ahora, por más que la Fiscalía apele el fallo absolutorio, la Cámara de Casación demorará, al menos, cuatro o cinco años en expedirse. Y después viene la Corte. En suma, nada amenaza a Menem..