Si el dueño de una casa deja de pagar la hipoteca, el banco no dudará en embargarla. Pero si el Ministerio de Defensa no abona las anualidades de un buque de guerra, un carro de combate o un cazabombardero, ¿quién se atreverá a embargarlos?
Méndez: «Compramos armas que no íbamos a usar con dinero que no teníamos»
La situación puede parecer surrealista, pero es real. Las Fuerzas Armadas españolas han abordado en la última década un proceso de modernización sin precedentes. Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está obsoleto, disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.
Es verdad que muchos de estos proyectos tenían un objetivo más industrial que militar -permitir la privatización de una empresa pública o su integración en un consorcio multinacional- y que nunca existió un planeamiento global que permitiera asignar los recursos en función de las prioridades de los ejércitos. Pero ello fue posible porque se abusó de la compra a crédito, engordando una deuda que toca pagar ahora, en el peor momento.
La factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000.
Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de 2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).
Ya en 2011 el Ministerio de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones. La partida que recibió para pagar esos 19 grandes programas fue de 204,5 millones, inferior en 543 a la inicialmente prevista. Gracias a los créditos de Industria logró llegar a los 1.000 millones; y, aun así, faltaron 690 millones para cumplir los compromisos adquiridos con las empresas.
Si se tratara de un problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será mejor sino que se agravará en el futuro. El programa de pagos se diseñó de tal forma que en los primeros años, los de bonanza, las cuotas eran reducidas; mientras que ahora, en plena crisis, su cuantía se multiplica, hasta el punto de que a partir de 2014 será superior a la suma de todo el capítulo de inversiones del ministerio: 1.005 millones en 2011.
Según fuentes de Defensa, mantener los plazos previstos supondría que en 15 años las Fuerzas Armadas no podrían hacer ninguna nueva inversión y aun así no bastaría. Cuando se decidió la adquisición de las nuevas armas no se tuvo en cuenta el alto coste que supone mantenerlas operativas: más de 400 millones anuales ahora y 800 millones a medio plazo. En conjunto, según los cálculos de Defensa, harían falta 1.500 millones más al año para cumplir lo comprometido.
En su comparecencia ante el Congreso de octubre pasado para presentar los presupuestos de este año, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ya se refirió en términos muy duros a la política que ha llevado a esta situación. «No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora», admitió. Méndez precisó después que, «de los 27.000 millones de deuda», a las legislaturas del PP corresponden «23.000 y pico millones», y a las dos últimas del PSOE, «3.000 y pico».
Si tal alegría presupuestaria fue posible -«irresponsabilidad», la llamó Méndez- es porque los gastos de Defensa tuvieron un fuerte crecimiento a principios de este siglo, hasta llegar a 8.500 millones en 2008. Desde entonces han caído un 16%, limitándose este año a 7.154 millones.
Además, Defensa contaba con los ingresos derivados de la venta de viviendas y solares ocupados por antiguos cuarteles, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha secado ambas fuentes de ingresos. Si entre 2004 y 2007 se generaron por estos conceptos unos 500 millones anuales, en 2009 fueron 148 millones y en 2010 solo 100.
Con todo, lo que ha mantenido en pie el sistema son los créditos sin interés que, por unos 15.000 millones de euros, ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas. El problema es que ahora toca devolverlos.
Como todo acreedor que no puede atender sus obligaciones, lo primero que se ha planteado Defensa es la reestructuración de su deuda. Fuentes de dicho departamento confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria.
Las mismas fuentes reconocen que esta medida solo permitirá un alivio pasajero, sin resolver el problema de fondo. Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo.
Se traspasa material de guerra
La resolución del problema de la deuda pasa por suprimir algunos programas de armas o, al menos, reducir el número de unidades, según todas las fuentes consultadas. Seguramente es tarde para renunciar al EF-2000 o al Leopardo, pero no para cuestionarse si España necesita 87 cazabombarderos o 235 carros de combate.
El problema es que recortar el pedido puede suponer penalizaciones económicas, disparar el coste unitario y poner en graves dificultades a empresas emblemáticas del sector. Un ahorro mal meditado podría dar al traste con buena parte de las ventajas obtenidas en programas multinacionales.
Por eso, el Ministerio de Defensa busca una tercera vía que le permita reducir su pedido sin incumplir sus compromisos. Por ejemplo, traspasando a terceros países algunas de las unidades destinadas a España. Si se consuma la venta de 200 carros Leopardo a Arabia Saudí, los 50 primeros podrían proceder del pedido español y una fórmula similar sería de aplicación al EF-2000, como ya ha demostrado Reino Unido.
PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado la bola de nieve. Según Defensa, en las legislaturas del PP se comprometieron programas por más de 23.000 millones y, en las del PSOE, por algo más de 3.000. Sin embargo, en el último Consejo de Ministros se aprobó la segunda serie de los Buques de Acción Marítima, por lo que la deuda se ha engordado en 740 millones.
En lo que ambos partidos están de acuerdo es en que el calado de las medidas necesarias -recorte de programas, reducción de pedidos o condonación de créditos- requiere un pacto de Estado. Aunque nunca antes de las próximas elecciones.
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Méndez: «Compramos armas que no íbamos a usar con dinero que no teníamos»
La situación puede parecer surrealista, pero es real. Las Fuerzas Armadas españolas han abordado en la última década un proceso de modernización sin precedentes. Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está obsoleto, disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.
Es verdad que muchos de estos proyectos tenían un objetivo más industrial que militar -permitir la privatización de una empresa pública o su integración en un consorcio multinacional- y que nunca existió un planeamiento global que permitiera asignar los recursos en función de las prioridades de los ejércitos. Pero ello fue posible porque se abusó de la compra a crédito, engordando una deuda que toca pagar ahora, en el peor momento.
La factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000.
Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de 2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).
Ya en 2011 el Ministerio de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones. La partida que recibió para pagar esos 19 grandes programas fue de 204,5 millones, inferior en 543 a la inicialmente prevista. Gracias a los créditos de Industria logró llegar a los 1.000 millones; y, aun así, faltaron 690 millones para cumplir los compromisos adquiridos con las empresas.
Si se tratara de un problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será mejor sino que se agravará en el futuro. El programa de pagos se diseñó de tal forma que en los primeros años, los de bonanza, las cuotas eran reducidas; mientras que ahora, en plena crisis, su cuantía se multiplica, hasta el punto de que a partir de 2014 será superior a la suma de todo el capítulo de inversiones del ministerio: 1.005 millones en 2011.
Según fuentes de Defensa, mantener los plazos previstos supondría que en 15 años las Fuerzas Armadas no podrían hacer ninguna nueva inversión y aun así no bastaría. Cuando se decidió la adquisición de las nuevas armas no se tuvo en cuenta el alto coste que supone mantenerlas operativas: más de 400 millones anuales ahora y 800 millones a medio plazo. En conjunto, según los cálculos de Defensa, harían falta 1.500 millones más al año para cumplir lo comprometido.
En su comparecencia ante el Congreso de octubre pasado para presentar los presupuestos de este año, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ya se refirió en términos muy duros a la política que ha llevado a esta situación. «No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora», admitió. Méndez precisó después que, «de los 27.000 millones de deuda», a las legislaturas del PP corresponden «23.000 y pico millones», y a las dos últimas del PSOE, «3.000 y pico».
Si tal alegría presupuestaria fue posible -«irresponsabilidad», la llamó Méndez- es porque los gastos de Defensa tuvieron un fuerte crecimiento a principios de este siglo, hasta llegar a 8.500 millones en 2008. Desde entonces han caído un 16%, limitándose este año a 7.154 millones.
Además, Defensa contaba con los ingresos derivados de la venta de viviendas y solares ocupados por antiguos cuarteles, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha secado ambas fuentes de ingresos. Si entre 2004 y 2007 se generaron por estos conceptos unos 500 millones anuales, en 2009 fueron 148 millones y en 2010 solo 100.
Con todo, lo que ha mantenido en pie el sistema son los créditos sin interés que, por unos 15.000 millones de euros, ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas. El problema es que ahora toca devolverlos.
Como todo acreedor que no puede atender sus obligaciones, lo primero que se ha planteado Defensa es la reestructuración de su deuda. Fuentes de dicho departamento confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria.
Las mismas fuentes reconocen que esta medida solo permitirá un alivio pasajero, sin resolver el problema de fondo. Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo.
Se traspasa material de guerra
La resolución del problema de la deuda pasa por suprimir algunos programas de armas o, al menos, reducir el número de unidades, según todas las fuentes consultadas. Seguramente es tarde para renunciar al EF-2000 o al Leopardo, pero no para cuestionarse si España necesita 87 cazabombarderos o 235 carros de combate.
El problema es que recortar el pedido puede suponer penalizaciones económicas, disparar el coste unitario y poner en graves dificultades a empresas emblemáticas del sector. Un ahorro mal meditado podría dar al traste con buena parte de las ventajas obtenidas en programas multinacionales.
Por eso, el Ministerio de Defensa busca una tercera vía que le permita reducir su pedido sin incumplir sus compromisos. Por ejemplo, traspasando a terceros países algunas de las unidades destinadas a España. Si se consuma la venta de 200 carros Leopardo a Arabia Saudí, los 50 primeros podrían proceder del pedido español y una fórmula similar sería de aplicación al EF-2000, como ya ha demostrado Reino Unido.
PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado la bola de nieve. Según Defensa, en las legislaturas del PP se comprometieron programas por más de 23.000 millones y, en las del PSOE, por algo más de 3.000. Sin embargo, en el último Consejo de Ministros se aprobó la segunda serie de los Buques de Acción Marítima, por lo que la deuda se ha engordado en 740 millones.
En lo que ambos partidos están de acuerdo es en que el calado de las medidas necesarias -recorte de programas, reducción de pedidos o condonación de créditos- requiere un pacto de Estado. Aunque nunca antes de las próximas elecciones.
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